La revolución es ahora

Relanzan el proyecto de ley que propone un régimen reparatorio para trans y travestis víctimas de violencia institucional. La identidad de género: de delito a derecho humano.

El jueves 6 de octubre se presentó en el Congreso el proyecto que propone un “Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional por motivos de identidad de género”. El proyecto 2526 busca el reconocimiento por parte del Estado de la violencia institucional a la que fueron sometidas sistemáticamente las personas trans y travestis por las fuerzas de seguridad pública; y en especial a aquellas que fueron detenidas de manera ilegítima a causa de los edictos policiales vigentes hasta 1995.

Tal como se desarrolla en los fundamentos del proyecto, los edictos policiales fueron la herramienta básica de las políticas de persecución orientadas a la normalización de grupos sociales considerados “desviado” por el poder estatal:entre ellos, lxs trans. Estos instrumentos le daban a la policía la potestad de emitir los edictos, de juzgar, interpretarlos y de aplicarlos. Las trans y travestis fueron marcadas como esos cuerpos e identidades a perseguir, patologizar y marginar. Sus trayectorias de vida están signadas por episodios de detención arbitraria, golpizas, abuso y tortura por parte de la policía. “Los edictos policiales sirvieron como excusa legal para encarcelarnos, el crimen fue nuestra identidad”, afirmó Norma Girardi de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual en el acto de presentación.

Esta iniciativa, que ya cuenta con la firma de 22 diputados y diputadas de todo el arco político, fue impulsada por Lohana Berkins, militante travesti y líder de ALITT hasta su muerte en febrero de este año, junto con Marlene Wayar, referente del colectivo trans y militante de Futuro Transgenérico. El proyecto fue redactado e impulsado por Abogad*s por los Derechos Sexuales (Abosex). Dice la letra que serán beneficiarias de este régimen las personas mayores de 40 años a las que se les haya aplicado el inciso f “los que se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario” y el inciso h “personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieran al acto carnal” del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina.

El régimen de reparación contempla el otorgamiento de una pensión graciable para las víctimas, al igual que perciben las víctimas del terrorismo de Estado en los 70. Dos años atrás, cuando este y otros proyectos similares se presentaron por primera vez en el Congreso, se generaron frívolos e irrespetuosos discursos que denunciaban un supuesto privilegio de las personas trans por poder acceder a esta pensión. No: de lo que se trata es de reconocer las violaciones de un Estado sobre una población que fue sistemáticamente perseguida y excluida de la ciudadanía. El privilegio siempre fue ajeno.

Por otra parte, las personas trans de más de 40 años, es decir las destinatarias de esta reparación, no son muchas. De acuerdo a un informe de ALITT, se estima que el promedio de vida de las personas trans es de 35 años  -qué privilegio-, por lo que las “sobrevivientes” nos son demasiadas. De acuerdo a los impulsores del proyecto, se trata de un universo posible muy restringido de aproximadamente 300 personas a nivel nacional.

En tanto a partir de la Ley de Identidad de Género, el Estado argentino reconoció a la identidad de género autopercibida como un derecho humano. Ergo, se considera que la criminalización de esta identidad durante la vigencia de los edictos policiales fue una violación de los derechos humanos. Marlene Wayar expresó que se trata de crímenes de lesa humanidad, puesto que fueron cometidos por un Estado contra una comunidad en particular.

“Somos las olvidadas de la democracia”, sentenció la activista trans Jorgelina Belardo ayer en el Congreso. De modo constante, señalan que para ellas el Estado terrorista y  desaparecedor no terminó en 1983. “No sé cuántas veces entré y salí de la cárcel”; “Me acuerdo de escuchar cómo golpeaban a una compañera en un calabozo mientras le gritaban ‘Dale, puto, ¿cómo te llamas?’”; “Las travas merecemos morir de viejas, no asesinadas por el odio y la violencia”. Entre lágrimas de memoria por las compañeras que no están, pero también de orgullo por continuar conquistando espacios de legitimación, las activistas trans presentes en el encuentro sumaron su adhesión y fuerza a esta iniciativa.

Entre la presentación original de este proyecto de ley en el 2014 y este relanzamiento en el 2016, pasaron muchas cosas. Entre ellas, se fueron dos luchadoras por los derechos de las trans y travestis, que hoy se hicieron carne en la voz de cada una de las oradoras. A una semana del aniversario del asesinato de Diana Sacayán, fueron eternos los gritos de “Justicia”, “Diana presente” y “Furia Travesti”. Y para todas fue una inspiración indudable la de la “travestiarca” (al decir de la propia Diana) Lohana Berkins: “El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más”.

En Argentina, podemos abortar: qué dicen las leyes

El aborto no punible está contemplado en el Código Penal desde 1921 para los casos de violación y de peligro para la salud y la vida de la mujer. En un fallo de 2012, la Corte Suprema instó a desarticular los obstáculos médicos y judiciales para garantizar que se realice de manera rápida, accesible y segura.

Desde hace 95 años las mujeres tienen derecho a interrumpir legalmente su embarazo. Sin embargo, casi nunca lo pueden ejercer. Aun cuando se encuadra en las situaciones previstas por la ley, son denunciadas policial y judicialmente y se les ponen frenos burocráticos para dilatar. A esto se suma la violencia psicológica y la condena social. ¿Pero qué dicen las leyes?

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La reivindicación por el aborto legal, seguro y gratuito es, sin dudas, una de las luchas centrales de los movimientos feministas y de mujeres en Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983. Cada año, esta consigna llena plazas y calles, se alza en pancartas, se inscribe en los cuerpos y se enardece en los gritos. Al Congreso, a la Casa Rosada, a la sociedad toda. Articulada centralmente en la Campana Nacional por el Derecho al Aborto Legal, esta batalla se libra fuera y dentro de las instituciones. El 30 de junio de 2016, se presentó por sexta vez el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero, mientras tanto, ¿con qué herramientas contamos hoy para ejercer nuestro derecho a decidir?

Ni una menos 2016
Ni una menos 2016

El aborto se encuentra regulado en nuestro país por el Código Penal vigente desde 1921. Esta norma vino a modificar el Código anterior, sancionado en 1887, que, al igual que sus antecesores coloniales, sancionaba el aborto en todas las circunstancias y lo castigaba con prisión. Tres décadas más tarde fue reemplazado por el Código que rige hasta el día de hoy, que en el artículo 86 establece las causales por las que el aborto practicado por un “médico diplomado” con el consentimiento de la mujer no será considerado punible: en caso de peligro para la salud o la vida cuando éste no pudiera evitarse por otros medios (inciso 1) o si el embarazo proviene de “una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (inciso 2). A pesar de que se encuentra vigente desde hace casi cien años, en la práctica se ha dado una situación de inaccesibilidad sistemática a los abortos no punibles, principalmente porque durante décadas se debatió sobre el alcance del inciso 1 y se cuestionaba si el inciso 2 permitía el aborto para todos los casos de mujeres víctimas de violación, o si sólo aplicaba cuando la mujer violada tenía alguna discapacidad intelectual/psico-social.

Sin embargo, el 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el fallo que se conoce como “F.A.L.”, que zanjó definitivamente esta larga discusión doctrinaria, pronunciándose a favor de la interpretación más amplia que reconoce el derecho de toda mujer víctima de violación a interrumpir el embarazo originado en tales circunstancias, y no solo en los casos de personas con discapacidad mental. A su vez, estableció que el único requisito para acceder a una interrupción legal del embarazo es que la mujer, o cuando fuera necesario su representante legal, realice una declaración jurada donde afirme que el embarazo es producto de una violación. No es necesaria la denuncia policial u orden judicial, y su requerimiento por parte de profesionales de la salud para acceder a este derecho es denunciable.

Por otra parte, en relación a la causal de “peligro para la salud o para la vida”, se indicó que debe considerarse una visión integral de la salud como “completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones” (Organización Mundial de la Salud). De esta forma, el peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la misma, no requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. De acuerdo al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, actualizado por el Ministerio de Salud de la Nación en abril de 2015, de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, el “peligro para la salud” incluye también el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima.

El fallo en cuestión marcó un punto de inflexión en relación al reconocimiento del derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo. Aclaró el marco general de interpretación y aplicación y definió que en las circunstancias descriptas es siempre el Estado, como garante de la administración de la salud, el que tiene la obligación “de poner a disposición de quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura. Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama” (CSJN, 2012: considerando 25). A su vez, en relación a otra de las polémicas, el fallo expresa que toda/o profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando no se traduzca en la dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica. La objeción de conciencia es siempre individual y no institucional. De acuerdo a esto, todos los efectores de salud en los que se practiquen interrupciones legales del embarazo deberán garantizar su realización en los casos con derecho a acceder a ella.

Este fallo no está aislado, sino que por el contrario, es coherente con la normativa nacional e internacional sobre derechos sexuales y reproductivos. En 1985, se ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) mediante la Ley 23.179, de jerarquía constitucional de acuerdo a la reforma de 1994, en la que se reconoce, por primera vez, a nivel internacional el derecho de las mujeres a reproducirse o no reproducirse como elección autónoma. Recuperando este espíritu, en 2002 se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable mediante la Ley 25.673 con el objetivo de alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación o violencia. Otras leyes relacionadas, centradas en la salud sexual y reproductiva y en el principio de autonomía, son la ley 25.929 (conocida como la Ley de Parto Humanizado) y la ley 26.130 (sobre el derecho a las intervenciones de contracepción quirúrgica). Por último, ley 26.485 de la de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009, define la violencia contra la libertad reproductiva como “aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos”. En su decreto reglamentario 1.011/2010 expresa que incurren en violencia contra la libertad reproductiva los/as profesionales de la salud que no brindan el asesoramiento necesario o la provisión de todos los medios anticonceptivos, como así también los/as que se niegan a realizar prácticas lícitas atinentes a la salud reproductiva. Asimismo, establece que “trato deshumanizado” es el trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la mujer o al/la recién nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no.

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La despenalización del aborto es una demanda central del feminismo y de absoluta vigencia. Pero es tan importante como eso difundir y exigir que se cumplan las que leyes que ya tenemos.  Porque todavía prevalece la criminalización, como en el caso de “Belén”, joven tucumana condenada a ocho años de prisión por un aborto espontáneo. En relación a la situación general, en el reciente informe “Políticas públicas de salud sexual y reproductiva”, el CELS expresa: “Respecto del acceso a los servicios de aborto cuando son legales, a nivel nacional existe un inadecuado nivel de institucionalización que imprime a la práctica una sombra de ilegalidad, a pesar de la claridad de la norma y de la interpretación que hizo el máximo tribunal de nuestro país”.

Boom inmobiliario popular

Para poder tener sus casas, ocuparon los terrenos que un empresario decía suyos. La policía los reprimió mientras dormían. La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley presentado por la Asamblea de Legítimos Ocupantes para expropiar esas tierras. Para que se promulgue solo falta la firma del Daniel Scioli. Aún a la espera.

Él es Rene Ramos Flores.

Rene Ramos Flores.
Rene Ramos Flores.

Y ahora va a tener su casa en los terrenos que Alberto Mattioli, mejor conocido como El estafador, El dueño de la mitad de La Plata, El que le roba hasta a los muertos, alquilaba ilegalmente.

Es que Alberto Mattioli, al frente de una “empresa familiar dedicada a emprendimientos inmobiliarios donde cuenta la persona como centro de atención con sus necesidades, deseos y requerimientos” -según lo indica su página web-, es en realidad una persona que se apropia de tierras que no son suyas, las alquila, y cuando vecinos de la zona intentan recuperar esas tierras para construir sus casas, los denuncia.

Así pasó en la localidad de Abasto, La Plata, en los terrenos ubicados entre las calles 520 a 530 y de 213 a 217.

Esas tierras fueron adquiridas en los años 60 por Zelindo Lentini, presidente del club Estudiantes de La Plata en la década del 80. Allí fundó y radicó la empresa Texlen, que quebró en el 2001 y empezó a contraer una deuda con el Estado. Lentini falleció en el 2007 y Mattioli, mediante un supuesto poder que Lentini le dejó y nunca presentó ante la Justicia, se declaró administrador de esos terrenos ociosos. Cercó el lugar y lo empezó a alquilar a quinteros.

Los terrenos desalojados.
Los terrenos desalojados.

El domingo 19 de abril vecinos de Abasto ingresaron a esos terrenos unidos en la Asamblea de Legítimos Ocupantes. Más de 300 familias entraron pacíficamente al predio, que no tenía alambrado, y empezaron a construir casillas improvisadas, algunas cerca de las tierras cultivadas por los quinteros pero sin afectar su producción. Mattioli, alegando que las familias estaban destruyendo la cosecha de sus inquilinos, denunció la ocupación.

¿Qué hizo el Poder Judicial con la denuncia de Mattioli? El Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Pablo Raele, ordenó desalojar el predio. El juez Raele no le exigió a Mattioli los títulos de propiedad, ni contempló que las tierras no estaban alambradas y que la ocupación había sido pacífica, ni mucho menos reparó en que la vivienda es un derecho al que todos los habitantes de la Argentina deben acceder. No hizo nada de eso, sino que utilizó la fuerza, esa que la Constitución reserva sólo para el Estado, para preservar los negocios ilegales de un individuo. Resultado: la represión de 300 familias que intentaban recuperar un predio usurpado por este empresario.

El domingo 3 de mayo llegó a los vecinos la orden de desalojar el predio, dictada por el Juzgado de Garantías Nº 3. A pesar de que el juez Arias, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata, había dispuesto una medida precautelar mediante la cual le ordenaba al Poder Ejecutivo de la Provincia que “se abstenga de llevar adelante la orden de desalojo”. Mientras todo el barrio estaba militarizado por centenas de gendarmes de la bonaerense, hasta el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, se hizo presente en el lugar el miércoles 5 de mayo y afirmó que “en estas tierras no va haber represión y se construirá un plan de viviendas para todas y todos”.

Adalberto, miembro de la Asamblea, relata lo que pasó ese día luego de la visita de Mariotto: “Para nosotros el miércoles fue un día de celebración, terminamos la asamblea decidiendo qué nombre ponerle al barrio, muchos chicos volvieron porque habíamos decidido que el día de la posible represión no haya chicos, ni madres, ni ancianos. Esa gente volvió y a partir de las 5 de la mañana del jueves comenzó la represión”.

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El acampe de la Asamblea de Legítimos Ocupantes.

Ingresaron los efectivos de la policía Bonaerense: unos 600 oficiales. Más del doble de la cantidad de gente que dormía en ese momento en las casillas, algunas más improvisadas, de lona y plástico, y otras mejor plantadas, con paredes de madera. Ingresaron sin dar voz, ni pedir que abandonen la zona de forma pacífica. Pisaron a la gente que dormía, la patearon, dispararon. Asesinaron a los perros, prendieron fuego las pertenencias de los vecinos. A los que lograron escapar los persiguieron por entre los campos linderos. Hubo más de 30 heridos y trece personas terminaron detenidas, incluyendo al abogado que defiende a los legítimos ocupantes

Víctor, también miembro de la Asamblea, cuenta junto con Adalberto lo que pasó esa madrugada: “La zaña que tuvieron con nosotros no se puede explicar, hasta chicos lastimaron. Y no fue que entraron y nos desalojaron, nos corrieron hasta Ruta 2 y por el medio del campo. Como si fuéramos salvajes. En esta época es algo inentendible que hayan tratado a la gente así”.

Adalberto remata, categórico: “Lo principal acá en Abasto es la necesidad de vivienda que hay. La gran cantidad de gente que ocupó los terrenos trabaja y alquila, todo ese dinero volcado a la especulación inmobiliaria, volcado a la construcción de la propia casa. Se acaba el negocio de unos cuantos”.

Mirá bien estas caras, porque todos ellos juntos, le ganaron a la especulación privada, esa que no vive sin una mano del Poder Judicial.

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Ganaron porque después de los palos no se abatieron. Se reunieron y acamparon una semana sobre la calle 212. Hicieron asambleas, reuniones, festivales, marchas. Sostuvieron la lucha que venían llevando a cabo hacía meses, lucha que tiene como eje central el derecho a la vivienda digna.

Le ganaron porque agrupados en la Asamblea de Legítimos Ocupantes presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para expropiar esas tierras. Y lo lograron. El proyecto se aprobó el 13 de mayo. Ahora los terrenos que antes explotaba ilegalmente Mattioli “serán destinados al desarrollo de planes de vivienda, teniendo en cuenta a sus actuales ocupantes (…) Los bienes expropiados por la presente ley se destinarán a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de los actuales ocupantes”.

Para que esta ley se promulgue necesita la firma del Daniel Scioli, que tiene diez dias para hacerlo, contando desde el 21 de mayo pasado. Mientras tanto los vecinos esperan. Algunos ya no tenían un lugar donde ir desde que empezó la toma, y aún no lo tienen. La Asamblea de Legítimos Ocupantes está acampando frente al predio. Las tierras siguen custodiadas por la policía. Por ahora las carpas del acampe son la casa de muchos vecinos del Abasto, y aunque el viento las vuele y el frio se cuele por las costuras, siguen plantadas firmes ante los terrenos que la Asamblea logró recuperar.

El progreso porteño

“La Ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados…

La oración se corta en seco y a la imagen se la chupa un punto en el centro de la pantalla. Los sentidos sensoriales del señor primero le indican que una oscuridad total ahora es dueña de su casa. Milésimas después, el silencio (que en realidad no es silencio si no que es el ruido de la calle, la banda sonora de la ciudad que suele estar tapada por el ruido del televisor). Se queda sentando en el sillón. No lo invadió la desorientación que amerita una escena de este tipo. Se queda sentado varios minutos más. Mira el techo y ahí permanece el ventilador con sus aspas inútiles, que se siguen moviendo apenas por inercia. Se percata del calor insoportable que se metió en su casa sin permiso.

Se cortó la luz. La puta madre.

El señor no se siente desorientado porque ya sabe, él vive en Caballito. Mira por la ventana y el edificio nuevo que le construyeron sobre su medianería sí tiene luz, y eso que todas las instalaciones son eléctricas, ni gas natural tiene. Se tira en la cama, ojalá que vuelva, reza, al menos se cortó a la hora de acostarse, piensa. Se duerme porque ya está acostumbrado, así es cuando vivís en ciertos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El señor tiene varias cosas que hacer, como trabajar todo el día, pero igual hace el reclamo a la empresa de electricidad. Desde la oficina llama y le dicen que es un corte aislado, que ya mandaron una cuadrilla a inspeccionar, que el número de su reclamo es el 126789. También le trata de pedir explicaciones al gobierno de su ciudad, llamó al 147 y esperó en línea, y esperó, y esperó, y esperó, tanto esperó que se le hizo la hora de volver a su casa.

Al volver en el colectivo, entre fantasías de ventiladores andando, agua fría y ascensores que suban y bajen, se pregunta: ¿Cómo puede ser que todos los veranos pase lo mismo?

El Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria de Planeamiento, informó que sólo entre 2001 a 2011 se otorgaron permisos para la construcción de 20 millones de m2. Seis barrios de los 47 que integran la Ciudad (Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Belgrano, Puerto Madero y Almagro) sumaron el 44% de todas las viviendas construidas.

Edesur y Edenor admiten que llevará cinco años de inversión constante brindar un servicio que pueda alimentar a toda la infraestructura nueva de Capital Federal, cálculo aproximado para alimentar a toda la Ciudad hoy, sin contar todos los edificios y shoppings que se van a construir en ese período.

Mientras tanto, en la Legislatura porteña, se votaron varios proyectos nuevos. Algunos apuntan a ceder terrenos para construcciones inmobiliarias, como shoppings y torres, y otras a atraerlas.

Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, cuenta lo que pasa en la Legislatura: “Hay más de 20 proyectos de ley para tratar de garantizar el derecho a la vivienda de los porteños, la de urbanización de villas por ejemplo, que no se tratan en la Legislatura, pero sí se tratan de forma express los proyectos que profundizan el modelo de ciudad neoliberal, como el del shopping en Caballito”.

A los vecinos de Caballito no les consultaron si querían un shopping en donde podría haber un parque. Sus argumentos son muy razonables: el destino del territorio, quieren que haya un parque; no quieren más edificaciones en su zona porque la sobreconstrucción ya causó colapso de servicios públicos, de cloacas y de tránsito.

El terreno donde la empresa IRSA quiere construir el shopping está compuesto por dos parcelas, una que era del club Ferrocarril Oeste y otra del Estado Nacional. Cuando Ferro entró en quiebra, hace doce años, le vendió su parcela a IRSA. El Estado Nacional no quiso ser menos y le vendió su pedazo de tierra a una empresa intermediaria que en 24 horas se la vendió a IRSA. La venta de tierras públicas debe autorizarse por ley en el Congreso Nacional. Eso nunca sucedió.

Por más de cinco años consecutivos se trató este proyecto en la Legislatura. Este último año legislativo tampoco lograron votarlo, la sesión tuvo que suspenderse por amenazas e insultos entre los legisladores.

Cómo Ceder Terrenos a las Empresas Inmobiliarias para Construir Mega Emprendimientos: APROBADO. Cómo Habilitar Espacios para la Inversión Privada: EN PROCESO.

La Boca, se convirtió en polo artístico. Lugano, en polo deportivo. Parque Patricios, polo tecnológico. Los polos son zonas libes de impuestos, lugares donde empresas privadas son invitadas a instalarse sin pagar impuestos, o hacerlo a tasas mínimas. Es una manera, y así lo admite la propia gestión macrista, de revalorizar una zona, atrayendo al capital privado para que invierta en el barrio.

“Por mucho tiempo el discurso de revalorizar una zona fue tomado como algo bueno: una zona disminuida, donde los inmuebles salen poco, el Estado debe impulsar la inversión. Lo que no se tiene en cuenta es que cuando revaloriza la zona produce efectos de gentrificación, un reemplazo de gente de bajos recursos por otra con más altos”, describe Jonatan Baldiviezo.

El precio de los inmuebles se eleva, el valor de los alquileres se multiplica, el costo de vida se encarece. “Están creando el contexto institucional legal y económico para que vengan a invertir pero a los pobladores originales los están expulsando”.

En la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) ya se aprobó el Plan Maestro, que establece la zona como Polo Deportivo, construye la Villa Olímpica y otorga títulos de propiedad a los propietarios de las villas, una manera de insertar lentamente la zona en el mercado. Al otorgar títulos de propiedad, el gobierno se exime de urbanizar, la situación precaria de los habitantes de los barrios queda legalizada. De esta manera, estas tierras se blanquean, pasan a poder ser compradas y vendidas legalmente en el mercado. (Ver nota anterior)

El Plan Maestro, como otras leyes vinculadas a la construcción de la Ciudad, lo aprobó el macrismo en la Legislatura con la ayuda del bloque kichnerista.

Los habitantes de las villas miseria pasaron en cuatro años de ser, según el Censo Nacional de 2010, de 160 mil habitantes a 270 mil, último dato del 2014 según la Secretaría de Habitat e Inclusión de la Ciudad. En el año 2006 la asignación presupuestaria para las villas era el 2,5% del total del presupuesto. En el año 2013 fue sólo del 0.8 %.

De esos datos se desprende también que al menos el 10% de los habitantes de la ciudad viven hacinados, mientras que un 26,7% (según el censo 2010) de los inmuebles porteños se encuentran deshabitados.

…abandonados. No es un gran negocio inmobiliario…

Otra vez la frase se corta. Esta vez no fue por un corte de luz, fue porque la señora no pudo seguir prestando atención. La lluvia está golpeando demasiado fuerte y el agua está empezando a entrar.

A levantar la heladera y la cocina, primero. Después la cama. Si queda tiempo tirar la ropa arriba de la cama. Y a esperar.

Eventualmente el agua baja, hasta las próximas lluvias. Mientras esperaba la señora pudo escuchar clarito decir al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Mauricio Macri, al Jefe de Gabinete del Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y a la Vice Jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, que la Ciudad de Buenos Aires no se inundó con las lluvias de principios de noviembre gracias a las obras ejecutadas por su gestión.

La señora vive en Saavedra. Ahí mismo donde varias manzanas se inundan cuando llueve, ahí mismo donde están construyendo una obra enorme, un nuevo metrobus como el de la 9 de Julio, sin el estudio de impacto ambiental necesario.

El metrobus norte se extenderá sobre Ciudad de Buenos Aires (Av. Cabildo) hasta Vicente López. Las obras comenzaron hace un año sin los convenios necesarios aprobados en la Legislatura ni el estudio de impacto ambiental que reclama la ley. Recién hace un mes se aprobó el Convenio Marco, que sólo presenta la obra, sin especificar ni cuánto se gastará, ni qué impacto social y ambiental tendrá. No hay estudio, no hay audiencia pública, ni dictamen técnico, porque el APRA (Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad) categorizó a la obra como de poca relevancia. Desde el Observatorio de la Ciudad denuncian que el APRA otorgó el permiso de obra con un único estudio hidráulico, una sola carilla sin datos técnicos, siendo Saavedra una zona inundable.

En cuanto a las declaraciones de las autoridades del Gobierno Porteño, la señora sabe que no son ciertas. Ella se inundó.

Según los informes que el GCBA envió al Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°10, en el marco de la causa caratulada “Carbón Mario Alberto y otros contra GCBA s/Amparo”, la única obra hidráulica en ejecución, no finalizada aún, es la de la Cuenca del Arroyo Medrano, que aún está en la primera etapa del cuenco amortiguador del Parque Sarmiento.

Respecto a las obras en la cuenca del Arroyo Vega, se encuentran en la etapa prelicitatoria para la ejecución de un proyecto millonario, que consiste en construir un túnel aliviador no debatido ni consensuado aún con los ciudadanos. En la cuenca del Arroyo Cildáñez, las topadoras del GCBA están realizando la remoción de suelos en el Lago Aliviador Soldati, alcanzando la línea de edificación de las viviendas de los vecinos de la Manzana N°10 del barrio Los Piletones y poniendo en riesgo las estructuras de sus casas. Durante las últimas lluvias de noviembre, los barrios Los Piletones, Fátima, Calacita, Ramón Carrillo y Rodrigo Bueno, estuvieron bajo el agua.

“El Código de Planeamiento no hace diferencia entre cuales son las zonas inundables o no. En la ciudad hay zonas que se inundan y se siguen construyendo torres con subsuelos. No refleja qué zonas ya están saturadas de la densidad de construcción” describe Jonatan, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: “el código está obsoleto y liberado para una construcción masiva en la ciudad”.

…es un gran desarrollo inmobiliario, la gente decidirá si lo compra o no”.

Ni la señora ni el señor terminaron de escuchar esta frase. Es que están en la Legislatura porteña tratando que les permitan opinar sobre las obras en sus barrios.

El tipo de gobierno que norma bajo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una democracia participativa. El Articulo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que “ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de la Ciudad”. Su artículo 76 también indica que todas las audiencias legislativas son públicas y que cualquier persona en los días de sesión puede ir, pedir la palabra y hablarle a los 60 legisladores, pero no se reglamentó para que efectivamente pueda hacerse.

“Hay herramientas jurídicas que no tenemos, por ejemplo no hay ninguna ley que obligue a desinvertir a los que tienen grandes cantidades de propiedades, como IRSA”, agrega Jonatan, aunque destaca que: “Aun así si se aplicara algo más básico que reside en la democracia participativa ninguna de estas obras que están avanzando en la Ciudad se hubiesen hecho con tanta velocidad, porque tendrían que darle poder de decisión a la gente”.

 

“­­La Ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados. No es un gran negocio inmobiliario, es un gran desarrollo inmobiliario, la gente decidirá si lo compra o no”.

Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño.

Atención policía

Frente al proyecto de Diputados de poder calificar de ilegales protestas sociales que son bien legítimas, la represión se ha recrudecido en todo el país utilizando desde infiltrados a balas de plomo y accidentes simulados.

A la altura del kilómetro 30 de la ruta Panamericana, donde se encuentra uno de los centros industriales más grandes del país, se toma el pulso de una realidad que involucra a trabajadores, gendarmes, automovilistas y a todos: el de la llamada “protesta social”.

Allí y desde hace años se discute cuerpo a cuerpo el derecho, la legitimidad y los límites de los reclamos laborales y también la respuesta del Estado frente a estos conflictos. Últimamente, apareciendo en su faceta más terrible: la coerción por parte de las fuerzas de seguridad.

En el último año se sucedieron una serie de represiones a trabajadores que tienen nuevas características, trazan una tendencia y rebotan en la campaña mediática y en los recintos políticos.

Mientras se discute en comisiones de la Cámara de Diputados un proyecto de ley -impulsado por  Diana Conti, Carlos Kunkel, María Teresa García, Sandra Mendoza, entre otros, todos del Frente para la Victoria-  que busca regular la protesta, Sergio Berni -Secretario de Seguridad de la Nación- dice que con el código penal basta para garantizar la circulación en las rutas federales. Patea el conflicto laboral al Ministerio de Trabajo que genera cada vez menos instancias de mediación, ciertos diarios publican como noticia la preocupación de los empresarios ante la preeminencia de comisiones internas obreras “de izquierda”, se difunden videos donde se demuestra la presencia de infiltrados en las manifestaciones, la gendarmería usa balas de goma, muestran armas de fuego, van con perros sin bozal, detienen ilegalmente y abren causas penales contra trabajadores.

Los casos de Lear y Donelley

“Cada vez son mayores los operativos”, dice de primera mano Jorge Medina, delegado de la comisión interna de la gráfica Donelley -cuya quiebra mereció la atención de la presidenta- y uno de los reprimidos en distintas secuencias de los últimos meses. La primera: el 8 de julio en la Panamericana cuando se acoplaban a la protesta de la autopartista Lear. Aquel martes se mostró el quiebre o el comienzo de la escalada represiva que siguió: “Había como una norma implícita de que toda protesta era en horario temprano, duraba un rato, venía gendarmería y se levantaba”, dice la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y representante de algunos trabajadores, Myriam Bregman.  “El 8 de julio generó un cambio absoluto y es porque la gendarmería no vino a negociar y dijo: `se van ya mismo porque vamos a pasar por acá, por arriba de ustedes´”.

El delegado Medina recuerda de la jornada: “La gendarmería avanza y nosotros retrocedemos, pero no nos dejan bajar de la ruta porque nos pusieron a la bonaerense al costado. Entonces empezó la represión y los disturbios, y en lugar de durar un rato la protesta duró todo el día. Hubo heridos, detenidos, ambulancias…”.

La siguiente represión ocurrió en Ciudad de Buenos Aires, cambiando también el actor represivo -esta vez la federal-: fue el jueves 26 de junio cuando trabajadores de Lear y Donelley marcharon desde Callao y Corrientes hasta la Cámara de Comercio Estadounidense, en contra de los despidos y suspensiones. Aquel día la policía tiró gases, rapartió palos y llevó detenidas  dos personas a la comisaría 5°.

En ambos casos, las represiones fueron respaldadas por declaraciones de Sergio Berni apelando a la “libre circulación” de rutas y calles, es decir planteando el viejo dilema del derecho a circular por sobre el derecho a la protesta. La nueva arista resultó ser la demonización de los sindicatos “de izquierda” como crítica a la forma de llevar adelante los reclamos.  “Es como que el foco de la criminalización lo están poniendo ahí, buscando el izquierdómetro y a partir de eso el origen de la protesta parece que no son los 200 despidos sino que es porque son de izquierda”. El delegado Medina opina  sobre los métodos de protesta: “Los cortes y los piquetes son los métodos tradicionales de la clase trabajadora que nos permitieron conquistas históricas, como las jornadas de ocho horas. Hay que tener en cuenta que, si llegamos a ese punto, es porque todas las otras instancias se agotaron”. Medina apunta al cerco entre la empresa, el gremio cómplice y el Ministerio de Trabajo. En los casos de estas empresas, luego de años de comisiones internas que respondían a la llamada “burocracia sindical”, y con el pulso de las explotaciones cotidianas, han ido ganando terrenos comisiones internas más combativas que no se quedan de brazos cruzados, cuestión que no implica que sean todas de izquierda: “De la comisión interna de Lear sólo uno se reivindica como `de izquierda´”, cuenta.

Con Berni al frente de las represiones, otra parte del oficialismo discutiendo la regulación de la protesta, la presidenta Cristina Fernández se encargó de ir contra las maniobras empresarias en Donelley al anunciar que se iba a aplicar  la Ley Antiterrorista a sus directivos: planteaba que la gráfica tenía accionistas de los fondos buitre y que la declaración de su quiebra era una maniobra especulativa en contra de los intereses del país. Medina interpreta: “Estamos a favor que se revise el accionar de la empresa, pero no apoyamos la Ley Antiterrorista, porque sabemos que se le aplica una vez a una empresa y cien veces a los trabajadores”. Actualmente Donelley se encuentra bajo control de los trabajadores mientras se resuelve su situación en una serie de audiencias en el Ministerio de Trabajo: “Nosotros planteamos la estatización de la planta con control obrero. Nos dijeron que sólo estatizaban servicios, pero nosotros podemos brindar un servicio de imprenta para el Estado”, dice Medina.

Denuncias y decreto

La abogada Bregman cuenta que, desde entonces, “estamos metiendo una denuncia por semana”, en referencia a las causas abiertas por el Estado contra los trabajadores y que éstos responden con denuncias a las propias fuerzas de seguridad. “Pedimos como medidas de prueba que gendarmería diga bajo qué protocolos de actuación intervinieron. Si fueron con perros sin bozal, tiraron balas de goma para dispersar, no dialogaron, ¿en qué protocolo está eso?”.

La pregunta apunta al decreto que la Secretaría de Seguridad, en 2011 a cargo de Nilda Garré, promovió para regular la actuación policial en manifestaciones sociales: entre otras medidas se prohibía la portación de armas de fuego, se restringía el de balas de goma únicamente al “uso defensivo” y obligaba al personal de la fuerza a portar una identificación advertible a simple vista. Estos estándares se habían fijado como resultados de la represión que terminó con muertos en la toma del Parque Indoamericano y del crimen de Mariano Ferreyra.

“Se había logrado una base de discusión importante que se pretendía que avance a contextos provinciales”, dice Paula Litvachky, responsable de Violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Incluso provincias que acataron los 21 puntos del decreto mostraron practicas muy regresivas también: Jujuy, Chaco, Tucumán; esto no pasa sólo acá. Se vienen viendo situaciones complejas con respuestas policiales regresivas y ahora aparecen con más preocupación algunos retrocesos de las propias fuerzas federales”. Litvachky enumera: “Portación de armas de fuego de policías, uso de escopetas de balas de goma para disuadir, uso de perros, preponderancia del operativo policial y situaciones particulares como el gendarme al que se vio tirarse arriba del auto simulando un accidente o la persona que aparece de civil como infiltrada. Esos son elementos preocupantes”.

-¿Qué cambió? Las respuestan parecen ser dos:

-“La frecuencia con que se están dando las protestas, y en el modo en cómo se están respondiendo. Vemos con preocupación cómo posiciona el Estado en la mayoría de los casos con una respuesta policial antes que política. Sin una actitud ingenua, a veces estas mediaciones políticas son complejas, pero estamos planteando que si bien esto es complejo y no tiene una respuesta unívoca y hay distintas miradas que hay que entender, nuestra preocupación y alerta, sobre todo por la historia de nuestro país, es la respuesta policial que se está dando a las protestas y los hechos de mayor violencia que se están produciendo.

– En esos términos el rol del Ministerio de Seguridad es central en reafirmar esos criterios de actuación más allá de la discusión que pueda haber política sobre los conflictos, y entendiendo que no se puede admitir que se retroceda sobre esos avances para la protección de las personas que protestas y de todas en general”, asegura  Litvachky.

Cómo avanzar

“La discusión para nosotros es que tenga mejor rango normativo”. Litvachky aclara que refiere esto para volver a respetar los estándares planteados en 2011 y no a la ley que se discute presentada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria en abril. En él, los puntos más polémicos giran en torno al planteo de declarar protestas como “legítimas” o “ilegítimas”. Para ser considerada “legítima” una protesta debe no impedir el funcionamiento de los servicios públicos -educación, salud, seguridad-, permitir la circulación parcial de personas y vehículos, especialmente la de grupos vulnerable, y establece que los organizadores deben informar de la manifestación ante la autoridad policial con 48 horas de anticipación: lugar, tiempo de duración, objeto de la protesta y manifestante delegado. Se crea la figura del “mediador” quien se contempla como “personal civil” del Ministerio de Seguridad y tendrá entre sus funciones pactar condiciones del “cese de la perturbación a derechos de terceros y canalizar las demandas al área correspondiente”.

Por parte del CELS Litvacky remarca sus diferencias con el proyecto: “Para nosotros es preocupante que se sostenga la separación entre protestas legítimas e ilegítimas, pacíficas y no pacíficas, pero sí sería muy importante que se le de rango legislativo a criterios de actuación policial en la línea que venimos charlando. La preocupación es que se quiera legislar en forma restrictiva y dando lugar a esta idea de que la protesta es abusiva o ilegítima. A partir de ahí hay que ver cuál es la propuesta que avanza, que no está clara la discusión ni dentro del propio bloque”.

Unas buenas

Las pocas buenas noticias en este sentido tienen que ver con dos decisiones  judiciales que ponen en jaque el accionar de las fuerzas de seguridad en dos casos relevantes: el de la represión por parte de la Metropolitana de la Sala Alberdi, y la que investiga a la Gendarmería por el llamado Proyecto X.

Por la primera,  el 13 de agosto fueron detenidos Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa, dos efectivos de la Metropolitana acusados de “tentativa de homicidio simple” de los periodistas Esteban Ruffa y Germán de los Santos, quienes recibieron impactos de bala de fuego aquella jornada. Analiza Litvachky: “Se sostiene que integrantes de la Metropolitana intervinieron de forma ilegitima en un procedimiento. Eso es muy importante por un lado porque rompe con las resistencias y las inercias judiciales que limitan los avances de los casos. Y por otro, porque el Gobierno de la Ciudad no ha condenado ni ha criticado la actuación policial cuando tienen este tipo de desenlaces. No ha habido un mensaje político manifestando que no está de acuerdo con este tipo de actuación policial. Y lo resuelto por la Justicia es muy claro: no se puede seguir admitiendo este tipo de prácticas. Lo que se debe exigir es una actuación administrativa, porque no son dos policías que se volvieron locos: acá hubo una seguidilla y aparece como una especie de patrón de intervención de la Metropolitana”.

La otra causa que apunta contra efectivos de la fuerza toca a gendarmes, en este caso investigados por su actuación en el llamado Proyecto X: un software de Gendarmería Nacional que reúne informes de todo el país desde, al menos, 2004 hasta 2012, referidos a movimientos sociales, gremios, partidos políticos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos, padres y madres de las víctimas de Cromañón, referentes villeros y centros de estudiantes. La causa estudia si el recabado de esta información es legal o no, y de la forma en que se obtuvo: infiltraciones, seguimientos, espionaje. Por la misma estaban citados a indagatoria una serie de gendarmes el último 12 de agosto, pero ninguno se presentó. No sólo eso: recién ese día designaron un abogado defensor y pidieron sacar copias de la causa. Dice Bergman, la denunciante del caso: “Recién ahora los gendarmes se dieron cuenta que tienen que defenderse. Que ya no es, como dijeron, una causa inexistente, sino que es una cosa seria por la que deben dar respuestas. Llega en un momento en que la intervención de gendarmería se reagudiza con las mismas características que denunciamos en esta causa”.

Amar, comer y resistir

Un nuevo restorán, quebrado por su antiguo dueño, está a punto de ser recuperado y puesto a funcionar por sus trabajadores. Se inspiraron en Alé Alé y otras experiencias gastronómicas cooperativas.

Al 355 de la calle Montevideo, en pleno centro porteño, un hombre y una mujer se paran delante de la puerta del restorán Lalo de Buenos Aires, leen los carteles blancos pegados en la fachada, y se miran entre extrañados y alarmados: se están enterando que el dueño decidió vaciar el comercio. “¿Y los trabajadores?”, le pregunta la mujer al señor, con los ojos abiertos y preocupados, pidiendo explicaciones.

Los trabajadores están a pocos metros de la pareja, adentro del local y en asamblea permanente. Están a la espera, pero nada quietos.

Alquiler y denuncia

Hernán Bianchi, abogado de los trabajadores recita alto y de corrido la situación legal: “El lunes tuvimos una audiencia en el juzgado civil 63, con el juez Pablo Torterolo, dos diputados que nos acompañaron (Juan Cabandié y José Cruz Campagnoli) y los 4 propietarios del restaurante”. El lunes que viene tienen que volver al juzgado para comprobar si aceptaron su propuesta, que consiste en pagarles seis meses por adelantado para quedarse en el lugar. “Se ratificó en el juzgado penal de instrucción número 9 a cargo del Doctor Rappa la denuncia por defraudación contra Juan Eduardo Costa González (“Lalo”), la sociedad, su contador y demás integrantes de este delito orquestado. Hemos presentado las pruebas y ahora está en manos de la fiscal Graciela Gils Carbó”, sigue el abogado, y sin tomar aliento cuenta que el viernes pasado fueron a una tercera audiencia en el Ministerio de Trabajo por el juicio laboral contra el ex dueño Lalo: “No se presentó nadie de la firma, ni Costa González, por lo que le pedimos al Ministerio que lo haga comparecer mediante la fuerza pública, o sea que, la próxima, la policía lo vaya a buscar a la casa”.

Juan Eduardo Costa González envió al Ministerio por escrito las causas de sus faltazos: “(…)por razones de evitar posibles agresiones verbales y físicas de quienes me despojaron de la posesión y bienes de mi propiedad, no he de concurrir a la audiencia(…) sorprende y causa estupor, la conducta de los trabajadores en cuestión, cuando la firma que represento, se encontraba en avanzadas conversaciones con los mismos a los fines de asegurarles la continuidad laboral en otro establecimiento gastronómico de la ciudad, posibilidad que los mismos frustraron, con la adopción de la medida de fuerza ilegal(…)”. Los trabajadores se tomaron la molestia de explicar que eso no sucedió de ninguna manera así, y que la “continuidad laboral” consistía en no respetarles los sueldos atrasados, no aceptarles la antigüedad, pagarles la mitad en negro y afectarles la jubilación, todo eso en un lindo restorán en San Telmo.

Mientras que Lalo, el dueño de la firma, no se presenta a las audiencias y que los dueños del local donde se aloja el restaurante decidan si aceptan la propuesta, los trabajadores no pueden empezar a trabajar. Por el juicio por usurpación que les inició Eduardo Costa tienen custodia policial las 24 horas de día, lo que les impide bajo cualquier punto de vista activar la cocina. Para que levanten esa orden policial “dependemos de la buena voluntad del fiscal de la Ciudad de Buenos Aires en el juicio por usurpación. Pero, aparentemente, está de vacaciones”, señala el abogado. Finalmente hace una pausa y, mientras se despide de los trabajadores de Lalo, asegura: “Estamos bien, estamos bien”._MG_7239

Trabajar sin patrón

Otro doctor, éste de la salud, aparece en escena. “Viene el médico en solidaridad porque es una situación difícil para nosotros, nos toma la presión, la glucosa”, explica Miguel Soriano, mozo y futuro tesorero de la Cooperativa de Trabajadores de Lalo de Buenos Aires que está en formación. “La cooperativa hay que firmarla nomás, ya casi está. Si levantan la custodia policial ya podemos trabajar. Estamos esperando para empezar a hacer un poco de plata porque ni para el colectivo tenemos”, profundiza. Luego de ofrecer agua y café, con la vocación de servicio a flor de piel, Miguel explica que él es un mozo de profesión, que no necesita papel ni lápiz para recordar el pedido y que tiene 34 años en gastronomía: “La mayoría de las veces que nosotros trabajamos para el patrón él estaría durmiendo y nosotros manejábamos el negocio”.

Qué hacer: “El mecanismo lo sabemos, a lo mejor ellos daban la directiva pero la tarea la hacíamos nosotros. Tenemos que aprender mucho, porque sabemos la parte operativa y no la administrativa, esa parte hay que ir aprendiéndola”, describe Luciano García, quien sería el presidente de la Cooperativa, y agrega que los trabajadores de Alé Alé les están enseñando a interiorizarse sobre esos temas.

“Seguro que el servicio va a mejorar, la calidad de las comidas. Por ejemplo, hasta ahora estábamos vendiendo pastas compradas, ahora las vamos a hacer acá, entonces por ese lado ya sabemos que va a ser otra cosa”, sigue Luciano sobre los cambios que se vienen y, mientras señala las estanterías de vino vacías, cuenta que el último tiempo no tenían platos para ofrecerles a los clientes: “No se podía trabajar, yo sufrí un ACV porque tenía muchos nervios. Venía a mi turno y había 5 bifes de lomo, 2 tiras de asado y vos decías ´a las 12 voy a tener mínimo 100 personas, ¿cómo hago?’ Trabajar en esas condiciones es muy difícil. Ahora aprendimos de esos errores y sabemos qué hacer”.

Este cachetazo, lejos de entristecerlo, a Miguel le enciende los ojos: “Nos hace ilusión porque sabemos que somos todos dueños”.

Los trabajadores de Lalo de Buenos Aires están esperanzados con que los dueños del local les den el alquiler por los próximos seis meses y en que pronto la custodia policial se levante para empezar a trabajar. El resto no les preocupa demasiado: ya saben, mejor que nadie, cómo es el trabajo. Miguel ejemplifica esa situación: cuenta que hay empleados que conocen cómo manejarse con los proveedores. Pero se frena en seco: “Empleados no, compañeros”.

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El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos

El Taricco de la Paternal es un símbolo de la cultura barrial de los 40. Hoy, un litigio legal por su recuperación – que incluye dueños fantasma y rechazos PRO en la Legislatura- pone en discusión el desplazamiento de los lugares de encuentro y la apropiación del mercado.

Barrio La Paternal. Año 1941. Casas bajas, pocos autos y muchas carpinterías, por la gran cantidad de nuevos inmigrantes que se habían ubicado en la zona. Mujeres vestidas con polleras o vestidos largos que combinaban con los colores de los guantes para mostrarse a la moda, bastante tiempo antes de la llegada de los jeans al país. Una vida menos acelerada, de mucha coquetería y salidas que se daban entre las confiterías y los cines.IMG_2396

Mismo barrio. Año 2014. Altos edificios, pocos espacios verdes y muchos estacionamientos, por la gran cantidad de nuevos vecinos que se ubicaron en la zona. Donde antes había siete cines, hoy seis edificios tapan un sol que no miramos, porque está por encima de nuestro celular, la nueva moda. De esos cines en pie solo queda uno, y sin funciones desde hace 23 años. El Cine Teatro Taricco, un ícono dormido de un barrio que empieza a despertarse para recuperarlo.

Luis Taricco, el dueño de una heladería en la esquina de “El camino a San Martín” y “Cayena” (hoy avenida San Martín y Nicasio Oroño), decidió en 1917 empezar a proyectar películas como si fuera una “heladería concert”. Como le funcionó compró el tercer lote de la cuadra, que era en forma de “L” y tenía una entrada más por la otra calle, ideal para meter escenografías o transformarlo en bambalinas.

En 1920 abría los ojos un cine-teatro que llevaba el apellido de Luis como nombre, con 1000 butacas, pullman, platea, dos palcos y un escenario bastante grande que podía funcionar como tal, o servir para separar la primera fila de la pantalla.

Por esa sala pasó una noche Carlitos Gardel, que tuvo que salir a cantar algunas canciones para satisfacer a la enorme cantidad de gente que había quedado en la calle. Engalanaron el teatro alguna vez Tita Merello y Mirtha Legrand cuando era actriz, poco tiempo después de haber cursado en la primaria pública “Mendoza”, a cuatro cuadras del Taricco.

Por los pasillos y butacas también pasó Víctor Fierro, que tiene minutos en tevé como los otros, pero es dueño de una de las pocas golosinerías que quedan todavía en la ciudad: galletitas por peso, bombones en serio y peluches enormes para completar el combo de galán de aquella época. Fierro, tan ícono del barrio como atento con sus clientes, fue a ver en el ‘41 un par de cintas traídas de afuera, y lo cuenta: “Lo que pasa es que al Taricco iba la muchachada, y yo de pibe iba. Me gustaba, pero cuando crecimos con mis amigos queríamos ver películas con mejores diálogos, con tramas más adultas. Y me tenía que ir al Cine Oeste, pero ahí ya tenías que ir bien empilchado, con un saco y zapatos”.

IMG_2405Siete cines, diez cuadras

El detalle de contar con un teatro y un techo corredizo que todavía existe y que servía para renovar el vaho que se condensaba durante las funciones, lo hacía al Taricco destacarse por encima de los otros seis que había a lo largo de diez cuadras sobre Avenida San Martín. Siete en total. Siete cines en diez cuadras. Donde hoy está la concesionaria de Fiat, Taraborelli, antes estaba el Cine Sena; a la cuadra siguiente del Taricco estaba el Cine Oeste, donde hoy se puede jugar al bowling; sobre Donato Álvarez, el Lorena; pasando Juan B. Justo estaba el Florencio Parravicini; en Gaona y Pujol el Carlos Pellegrini; y en el Cid Campeador abría sus puertas el Río de la Plata.

Bethy Ayerra, de 88 años, vivió en Chivilcoy, en La Plata y en el pasaje Tacuara del barrio de Floresta. Como pueblerina devenida en vecina de una gran ciudad siempre le sorprendió la cantidad de cines que había: “Es que estaba de moda. No existía la televisión, y la salida del fin de semana era ir a dejarse los ojos cuadrados mirando las series que mostraban domingo tras domingo”.

Bethy iba poco al cine con su marido, porque no compartían los géneros preferidos: “Mi marido me llevó a ver una película de terror, pero yo estaba embarazada y era muy terrible para mí. Era la de ese director conocido, la de la mujer en la bañadera”, recuerda sin recordar que vio “Psicosis” en su estreno de 1960.

Hubo un día que la carne y la leche fueron protagonistas de una obra de teatro. Es que si bien el Taricco es el único que mantiene su estructura externa, las reglas del mercado levantaron todas las butacas, desguazaron el Pullman dejando unas vigas enormes, y del escenario hicieron una cámara frigorífica. Lo convirtieron en un supermercado Minimax, la cadena de Nelson Rockefeller.  El Taricco, ya sin mística ni energía, se echaba a dormir.

La recuperación

La pelea por la recuperación comenzó en plena época de crisis en el 2001, no casualmente. “La Ciudad empezó a tomar conciencia de que el habitante tenía alguna influencia en lo que se podía hacer, entonces empezamos a juntarnos porque queríamos intervenir en diferentes cuestiones. Entre ellas, el Taricco”, dice Norberto Zanzi, miembro del Grupo Taricco que lleva adelante la lucha, quien admite que ese cine en la actualidad quizás estaría en el circuito comercial (tipo Village), y que era diferente simplemente por las circunstancias de la época.

Entonces, surgen preguntas que van quedando en el aire: ¿Qué significaría ese cine hoy? ¿Qué ganaríamos y qué perderíamos teniendo un cine nuevo, y en qué se diferenciaría? ¿Iría el mismo tipo de público que cuando funcionaba? ¿Hacia dónde se fueron corriendo esos espacios de encuentro? ¿Mejoraron o empeoraron?

Mientras construimos las respuestas, los miembros del Grupo Taricco lograron que en 2004 se declare “sitio de interés cultural” y de “protección cautelar”, para que no pueda ser modificado estructuralmente.

La Defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hizo una resolución diciendo que el edificio estaba en perfectas condiciones para reactivarlo. Por el lugar, por el terreno y por las circunstancias era importante que el Gobierno de la Ciudad lo recuperara y lo pusiera en funcionamiento. Concretamente, comprarlo a sus dueños y reinaugurarlo como Cine Teatro.

Incluso llegaron a tener una Ley de expropiación para el cine en 2005. Como toda ley era obligatoria, aunque contaba con una vigencia de 3 años. Pasó el tiempo y los Jefes de Gobierno: Ibarra, Macri y Telerman, que siendo el dueño de La Trastienda y conociendo las utilidades que puede dar un espacio así, no ejecutó una partida presupuestaria asignada de 800.000 pesos. En el 2008 caducó la ley y tuvieron que empezar de nuevo.

¿Por qué no se puede convencer a los dueños?Lo que ocurre es que ahora son siete dueños con distintos porcentajes de los que se saben los nombres, pero no han llegado a ninguno por la falta de datos en el Registro de la Propiedad Inmueble…

IMG_2371Estado y mercado

¿Por qué recuperar un espacio que corre el riesgo de volver a ser manejado según las reglas del mercado? ¿Cómo hacer para que esto no pase, si se lo entregan al Gobierno de la Ciudad? ¿Cuál es el proyecto? Los Taricco propusieron una forma particular de gobernarlo: que tenga un representante del GCBA, un representante de la Comuna, y 5 de las organizaciones barriales (que se agrupen todos los medios de comunicación del barrio, todas las cooperadoras escolares, y todas las asociaciones culturales), para evitar la experiencia del Teatro 25 de Mayo, hoy subsede del Centro Cultural San Martín.

“Los únicos que están oficialmente en contra del proyecto son los del PRO, por la plata que representaría ponerlo en valor y en funcionamiento. La presidenta de la Comisión de Cultura se opuso por el dinero, en vez de tener en cuenta si es viable o no”, cuenta Norberto, que además se junta con la comisión una vez por mes en la biblioteca popular Becciú para seguir soñando con recuperarlo.

El último proyecto, igual al anterior, fue presentado en agosto de 2013. Hablaron con diputados de todo el arco político y empezaron a firmarlo, llegando a un total de 17 firmas, entre actuales y los que ya terminaron su mandato. Pero el cine, como el trámite, sigue esperando que le den un cachetazo para despertarse, mientras los viejos sueñan con viejas épocas y los jóvenes se desvelan por recuperarlo.

La legalización de la precariedad

Avanza en la Legislatura porteña un proyecto de excepción para parcelar las villas del sur y dar títulos de propiedad, mientras las leyes de urbanización no se cumplen. Los bloques K y del Pro apoyan el proyecto y el mercado inmobiliario ya se prepara para entrar en juego.

El gobierno porteño tiene un plan, y un Plan para la Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Lo llaman Plan Maestro, pero los vecinos lo conocen como Plan Nefasto.

El proyecto ya está aprobado por la Legislatura porteña -con los bloques kichneristas y del Pro a favor- en una primera lectura y fue sometido a una audiencia pública. Ahora debe recorrer una serie de comisiones y luego está a sólo una segunda revisión, con votación, para ser aprobada.

El Plan Maestro – nombre colonizado de los Master Plan que denomina a las obras públicas de envergadura-, luego de ser modificado y achicado en diciembre del año pasado, tiene tres ejes: la instalación de una Villa Olímpica, la conformación de un Distrito del Deporte (zona libre de impuestos para las empresas relacionadas con ese rubro) y el parcelamiento de las villas en la zona sur.

Este tercer eje conlleva la entrega de títulos de propiedad a los dueños de casas en las villas lo que, a la ligera, parece positivo, pero que en las entrañas del proyecto tiene olor a cloaca sin urbanizar.  Lo cuenta el abogado Jonatan Baldiviezo, abogado especialista en temas inmobiliarios e integrante del Colectivo por la Igualdad. “Para parcelar, la ley actual exige muchos requisitos; entre ellos que las casas tengan permiso de obra por ejemplo. Como las que están fueron construidas de forma informal, no cumplen con nada de eso. Entonces como el gobierno para entregar títulos de propiedad primero tiene que parcelar, necesita una ley que le de excepciones para hacerlo”.

Esta es esa ley. Las casas de las villas no cumplen con ningún requisito necesario para existir legalmente dentro de una parcela determinada. No tienen las condiciones de ventilación o luz, en el mejor de los casos, para que el Estado permita un permiso de obra.  Esta ley garantiza esa excepción, dice que los planos de obra sólo deben mantener el contorno perimetral y no interno. “Esta ley da tantas excepciones que el gobierno ahora sí puede ir a parcelar y por ende entregar títulos de propiedad. Antes no lo podía hacer porque tenía que realizar todos los pasos de urbanización e infraestructura que permitan llegar al título de propiedad”, aclara Baldiviezo y profundiza: “El Plan hace que se salteen esos pasos y al saltearlos se desliga de la responsabilidad de urbanizar, ya que ninguna cláusula de la ley indica que el estado se hace cargo de los servicios públicos”.

lugano (4 de 8)Precariedad legalizada

Con las escrituras y títulos de propiedad la situación de precariedad en los barrios quedaría legalizada. “Este proyecto no va a garantizar una solución habitacional para todos, solamente a los propietarios, no resuelve el hacinamiento porque no van a dar más casas y deja de garantizar toda la cuestión de infraestructura, lo que es servicios públicos”, resume el abogado y se acomoda para desenmascarar la metodología del gobierno porteño: “El procedimiento que hace es más lento, a tiempo del mercado, que es este: si urbanizamos estos terrenos los perdemos definitivamente; para no perderlos, no urbanizamos, entregamos títulos de propiedad y de acá a muchos años vamos a terminar siendo propietarios de esas tierras. Si el Estado urbanizara, al prestar servicios públicos, la tierra valdría mucho más”.

El proyecto tuvo dos etapas. En la primera, un proyecto original era muy grande y tocaba todas las áreas de la Comuna 8. De todo eso sólo quedaron los tres ejes – Villa Olímpica, Distrito del Deporte y villas-, y  se agregó la venta de 70 hectáreas de la Comuna 8 para crear un fondo destinado a la urbanización de las villas. Sin embargo, los proyectos ya vigentes no tienen curso y, en el caso particular del Plan, no existe ninguna cláusula concreta sobre cómo urbanizar ni mencionaba costos. En resumen, se perdía tierra que podía ser utilizada para urbanización y se perdían espacios verdes y tierras públicas. Ese fondo, se plantea, era manejado por la Corporación Buenos Aires Sur, que el Estado creó en el 2001. Es decir: al ser del Estado la corporación, una vez que tiene los inmuebles puede venderlos sin pasar por la Legislatura. El proyecto nuevo elimina todo lo que es venta de tierras, deja de hablar de urbanización en cualquier término y habilita la entrega de títulos.

Ya hay antecedentes de esta política. En la villa 6, cerca, y la villa 19 en Dellepiane y General Paz, que tienen sus leyes particulares, se entregaron títulos de propiedad y a las familias hacinadas se les entregó el título en condominio: “Con el proceso de urbanización tendrían que entregarle una a cada una. A los inquilinos no se les entrega ningún título y se deja de invertir en infraestructura”, puntualiza Baldiviezo y coloca la frutilla de la torta: “La única obra grande que van a hacer es la Villa Olímpica donde hay espacios verdes funcionando como humedales. Si construyen ahí, se corre riesgo de que se inunden los alrededores”. Es decir, las villas.

Los vecinos

Diosnel y Gisela viven en la Villa 20 pero ahora están en puntos muy distantes de la ciudad. Diosnel camina los pasillos estrechos del barrio donde vive hace 30 años. Gisela está sentada en una silla de plástico, abajo de la “Carpa Villera” montada al lado del obelisco para reclamar, entre otras banderas, la urbanización definitiva de todas las villas de la Ciudad. Su reclamo está amparado, desde el 2005, en las leyes Nº 148, Nº 403 (Villa 1-11-14), Nº 1333 (Barrio Ramón Carrillo),  Nº 1770 (Villa 20),  Nº 1868 (Villa 21-24), Nº 3343 (Barrio Carlos Mugica, ex villa 31-31bis).

“Cloacas, luz, vereda, vivienda, la verdad que faltan muchas cosas en el barrio”, enumera Gisela mientras se acomoda en su asiento. Al mismo tiempo Diosnel señala hasta dónde le entra el agua en su casa cuando llueve: “Nos inundamos con agua sucia”. Rato antes de llegar a su casa, Diosnel cruzó por un puente sobre las vías que construyeron luego de la muerte de varios nenes atropellados por el tren. Ese paso les costó una semana de huelga de hambre a él y al padre de uno de los chicos.

“Acá hay una ley que dice que se tienen que hacer 1600 viviendas solamente para la gente de la villa 20, y eso no va a cubrir ni una cuarta parte de la necesidad de los inquilinos, y ni siquiera eso hicieron”, dice Diosnel y esa es su explicación de por qué la gente ocupó el predio pegado a la villa 20: porque desde el 11 de agosto del 2005 que salió esa ley hasta ahora “no pusieron un sólo ladrillo en el barrio, y la gente necesita la vivienda ahora”.

Diosnel y Gisela tienen bronca: “Al gobierno no le interesa como vive un villero, apuesta en invertir en otros lados antes que en una villa. El Plan Maestro no soluciona nada, le puede solucionar al gobierno para facturar ellos, pero al barrio no le soluciona nada”, redondea la mujer, se levanta y recorre la carpa que alberga desde hace dos semanas a seis personas en huelga de hambre. Diosnel: “no les conviene urbanizar las villas, porque así como nos tienen nos pueden usar como ellos quieren, por la necesidad”.

La figura de Diosnel se recorta en la puerta corrediza que separa a su casa del pasillo; no se escucha lo que habla porque un torneo de voley y los nenes jugando completan al silencio. A medida que se acerca, sus palabras se aclaran y está diciendo – repitiendo- que desde el 2005 en que salió la ley, no se hizo nada. Que por eso le llaman el Plan Nefasto del gobierno nacional y provincial, “porque los dos bloques le dieron la primera aprobación”. Diosnel hace una pausa y su sentencia se escucha ahora clarita: “Es el plan que nos quiere dejar excluidos totalmente de tener una vivienda digna”.

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Linchado, muerto e impune

A Lucas Navarro, 15 años, lo mataron porque intentó robar. Y la Justicia no condenó a nadie. En medio del bombardeo mediático de los linchamientos, su hermano lo recuerda en esta nota.

A Lucas Navarro lo lincharon el 28 de marzo de 2010. Tenía 15 años. Hubiera cumplido 20 el viernes pasado, 18 de abril. Trató de robar un auto que entraba en un chalet del barrio Los Pinos, en Isidro Casanova. La víctima de ese intento, Gastón Roda, se convirtió en asesino junto con su padre Horacio y Gastón Dillman, Adrián González y su padre Norberto. Dillman se le sentó encima mientras los demás lo pateaban hasta romperle el cráneo. La policía llegó media hora después de que empezó el problema. Cerca de 40 personas veían lo que estaba pasando y no hacían nada para evitarlo. Le preguntaban a Lucas de dónde era, qué había hecho. Al principio Lucas respondía desde el suelo a las preguntas, pero las patadas siguieron. Durante el juicio recordaron los gritos de “Llevátelo porque lo matamos”. Un policía le tomó el pulso y supuestamente todavía tenía, aunque muy leve. Lo esposaron estando inconsciente y lo metieron en el patrullero para llevarlo al hospital Paroissien, en el kilómetro 21 de la Ruta Nº 3. Cuando llegó, llegó muerto. “Fueron contra mi hermano y no contra los agresores”, se lamenta con la cabeza en alto Gastón Navarro, hermano de Lucas.

¿Quién era Lucas?

En la casa todos trabajaban. Eran cuatro hermanos varones, el padre y la madre. “Todos teníamos que laburar porque no es como era antes, que solo el padre lo hacía. Él se encontró solo y equivocó el camino. Él había dejado la escuela en 2009 y en 2010 volvió. Estaba mucho mejor. Recién empezaba la vuelta a la escuela cuando pasó esto. Lo que duele es que se crean que la madre de un delincuente, por así decirlo, no sufre. Todos sufrimos su falta ahora. Se creen que la madre del que delinque es prostituta, el padre vende falopa. Lo que no ven es que le puede pasar a cualquiera que un hijo equivoque el camino. Nosotros estábamos atrás de él, pero a veces llegaba con un celular robado y lo parábamos ahí nomás, pero el daño ya estaba hecho. La calle no es buena compañera. Él se encontró con pibes más grandes. Tampoco es fácil ayudar a un pibe que llegó a eso porque no sabés cómo va a reaccionar”, recuerda.

Justicia y objetividad

“A los dos días de que lo mataron, en la casa de la familia Ronda había un micro antimotín y habían vallado las dos esquinas. Yo me imagino que eso no les pasa a todos. Se imaginaban que los hermanos del pibe que mataron eran unos delincuentes. Nada que ver. No tiene por qué ser así. Nunca fui a tirar una piedra a la casa, nunca los insulté. Llegó, no por casualidad, al abogado Alejandro Bois, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. A un amigo suyo le habían matado un hermano en la represión del 2001, y Bois tomó el caso. Lograron llevarlo a juicio. La fiscal Silvina Breggia caratuló “Homicidio en agresión”, como si no hubiera habido intención de matarlo. “Yo pretendería que quien imparte justicia sea más objetivo que yo. ‘Usted está insultando mi inteligencia’, le dije. Si cinco tipos se sientan arriba de un pibe de 15 años que pesa 48 kilos y le pegan en grupo, sí querían matarlo. Todos los testigos apuntan a estas cinco personas. No lo pudimos revertir. Uno no espera que le pase una cosa así, entonces no sabe qué puerta tocar”. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 5 de La Matanza absolvió a los Gonzalez y los Ronda porque entendió que lo quisieron proteger. El mismo Tribunal había absuelto a todos los policías en el caso Gastón Duffau, muerto a golpes dentro de un patrullero. “Esas personas que deberían ser objetivas no lo son. En vez de resolver el caso de mi hermano, están pensando que el que mataron es un pibe chorro. Cuando empezaron a leer la sentencia, parecía que los iban a sentenciar. Después empezaron a dar vuelta la cosa y por poco no me hacen pedirles disculpas porque, decían, lo querían cuidar a mi hermano. Si lo querés proteger, lo agarrás, lo metés en tu casa y no le pegan más. Si querés proteger a una persona, lo hacés. ­­Gastón Dillman firmó un abreviado y los otros cuatro dicen que se sentaron arriba para que no lo golpearan. A nosotros ni se nos avisó de ese abreviado (juicio en el que acordó tres años de sentencia excarcelables). Yo lo tuve que reconocer en la morgue y era un monstruo. Te das cuenta de la saña con la que le pegaron. ¿Qué decís? ¿Que no lo querías matar? Yo confío en la Justicia si hago las cosas como tengo que hacer. Entiendo que puedo lograr justicia, pese al fallo de primera instancia en contra”, dice Navarro. Además de los testimonios, los peritos encontraron una inflamación en el empeine de un pie de Horacio Ronda. Supuestamente quiso frenar una patada. Gastón Navarro enumera las pruebas: “No hay que ser muy inteligente para pensar que es difícil frenar una patada con el empeine. El tipo le pegó una patada a mi hermano. Los testigos apuntan a que a ellos los ven golpeándolo”.

Los medios y el quilombo

Al mismo Gastón Navarro que le mataron un hermano lo invitó Mauro Viale a su programa de televisión. Sin avisarle, lo sentó frente al padre de una chica asesinada durante un robo. “Yo no voy a estar feliz de que me roben, pero no me voy a convertir en asesino”, tuvo que explicar en vivo, frente a una cámara, frente a otra cámara y frente a un hijo de puta que lo deja parado como un asesino a él, que le mataron un hermano. Con la misma calma, ahora reflexiona sobre esa entrevista: “A veces los medios buscan crear un quilombo. Y yo no tengo nada contra esa persona. A él le mataron una hija, a mí un hermano. Yo busco que el caso se conozca. No me importa la inclinación política del medio. Lamentablemente tengo que aprovechar este mal momento porque antes a mí no se me dio pelota”.-¿Qué pasa ahora con los linchamientos?-Ahora están de moda. De hecho se ve, son casos aislados, como fue un caso aislado el de Lucas, pero ahora se ven más porque apareció Gerardo Romano y supuestamente evitó uno. Pero no es de hoy. Por lo menos acá se ve muchísimo a la salida de los boliches. Lo terrible es que la gente piense que eso es justicia. Esta semana estuve en muchos medios y mucha gente llamaba para decir que hubieran hecho lo mismo, lo hubieran matado. Yo no creo que toda la gente que dice que mataría, mataría. Creo que la gente dice porque mucha gente lo dice. No creo que todos seamos asesinos.

-Pero te sentaron en el programa frente a una víctima, te pusieron del lado del delito.

-Cuando fuimos a juicio yo decía: “Soy una persona objetiva. Yo no defiendo a los chorros. No me va a poner feliz que me roben. De ahí a matar a una persona, estoy muy lejos”. Mi hermano pesaba 48 kilos y tenía 15 años. Si querés parar a una persona así, lo agarrás de una oreja, le metés una patada en el culo. Entiendo esa reacción. No puedo entender que cinco tipos se le sienten encima y le peguen hasta matarlo. Siendo cinco personas, alguno tiene que parar la cosa. Si no, formas parte de un asesinato. Parás a un delincuente y te convertís en un asesino. Mi hermano tenía que ir a un juzgado de menores o a un lugar donde se pudiera recuperar. No me puedo excusar en que un pibito entra y sale para matar a una persona.

-¿Qué impresión te parece que deja esta sentencia de primera instancia?

 -Queda como que la víctima son los que lo mataron. Ellos no son ninguna víctima de nada. Si mi hermano, yo estoy seguro, en vez de ir a delinquir, hubiera ido a jugar a la pelota y pasaba esto, el caso estaba resuelto. El problema es que mi hermano fue a robar. Entonces, mataron a un chorro, no mataron a una persona. Se creen que la gente sufre diferente. La justicia tiene que ser igual para todos. En definitiva a mi hermano lo mataron. Yo no justifico los errores de mi hermano. Tenía que estar detenido o en un centro de rehabilitación. Por no rehabilitar a los que cayeron en eso, estamos convirtiéndonos todos en asesinos por miedo de que nos pase algo. A veces puede pasar por una confusión, con esta mentalidad, que te terminen matando a vos porque la gente está nerviosa de que cualquiera te quiere robar. Ahora pasa con los motoqueros, van a tener que usar chaleco, no van a poder ir de a dos. No hay soluciones. No todos los pibes son chorros. Los pibes no tienen una salida. Por temor estamos justificando matar a una persona. A mí realmente me da mucho miedo, como sociedad, lo que está pasando. Pero insisto en que no todos los que dicen que matarían, realmente podrían hacerlo. Si no, estaríamos rodeados de asesinos. Quiero creer que no es así.

Cuando no hay nada que festejar

Cerraron el taller textil donde ocupaban a 85 trabajadores tercerizados para grandes marcas de shopping. Ahora se preguntan: ¿cómo es pasar las fiestas en la calle, sin dinero y sin trabajo?

Mientras muchos están inmersos en la vorágine de las compras y las fiestas en familia, los 85 trabajadores  y sus familias acampan en la puerta de la fábrica que no les permite volver a producir aún adeudándoles sueldos. No tienen nada que festejar.

En el taller textil Mónica Bolo en Zañartú al 607, en Parque Chacabuco, las condiciones de trabajo fueron empeorando a lo largo del 2013. Como nos cuentan Ariel, Luis y Jorge , la dueña Mariel Bolo siempre se encargó de ponerlos en un segundo plano: “Siempre nos debía, nos pagaba la mitad del sueldo a principio de mes y después estaba dos o tres semanas para darnos la otra mitad”, tira Luis. Pese a las tardanzas, ellos seguían con su tarea de costureros haciendo la ropa para marcas como Cheeky, Montagne, Stone, Prestige y Wilson; entretanto, la dueña se compraba dos autos último modelo y una casa.

23122013-DSC_0003-¿Cuándo comenzó el problema?

-Luis: Primero empezó desde que echaron a cuatro compañeros sin ninguna explicación. Después otras cuatro más y así hasta que un lunes, hace 15 días, llegamos y estaban todas las puertas cerradas.

-¿Cómo decidieron arrancar el acampe?

-Luis: Lo que queremos es que nos den los que nos pertenece: nuestros sueldos. Por esa razón estamos acampando en el taller de la señora para exigirle lo que nos debe. A algunos nos deben dos, dos meses y medio, ya van a hacerse tres meses, para exigirle lo que nos debe. En caso de pagarnos, nos iremos.

En estos 15 días hubo tres actores en escena que obraron para complicar el panorama.

-La Gendarmería. Se encargaron de hacerles sentir a los trabajadores el rigor de la “justicia democrática”, desde aprietes a golpes, siempre por las noches, amparados por sus armas reglamentarias. Dato importante: a pocas cuadras del taller está el ”Cinturón del Sur”, operativo de seguridad que separa los lugares ”inseguros” de los ”seguros”.

-La hija de la dueña. Molesta por el acampe, se presentó ante los costureros y, entre insultos racistas y denuncias por usurpación, amenazó con mandarles a su patota para que desalojen el lugar. La buena: todavía siguen acampando.

:-El Ministerio de Trabajo. Ante los pedidos de paciencia, en el acampe se descree cada vez más de su intermediación. En palabras de Ariel: “No tenemos sustento para nuestros hijos… Nosotros somos jóvenes, algunos tienen de un año, de meses; otro problema es el alquiler, ya tenemos deudas de un mes, de dos meses. Entonces venimos acá y nos ayuda la gente. Pero nosotros queremos nuestros sueldos”.

-¿Qué van a hacer en caso de que no les paguen?

-Jorge: Estamos tratando de hablar con las marcas para que también nos ayuden. Pero no nos sirve pensar en negativo, tenemos que pensar en que se va a solucionar. Y en caso de no darse, ahí veremos.

-Ariel: Nosotros no somos malos, siempre fuimos buenos con la señora, pero nos empezó a manipular y mirá como quedamos: acá fuera, sin dinero y sin trabajo. Aunque parece que a la señora no le importa, parece ser que abrió otro taller donde está trabajando… Los vecinos dicen que durante ese sábado y domingo sacó todas las máquinas. Este lugar está vacío. Yo todavía me pregunto por qué nuestro problema no aparece en ningún lado… Sólo vinieron algunos periodistas y nada más, pero somos 85 que nos quedamos afuera.

Así, se preparan para pasar Año Nuevo juntos en la puerta de un taller que les debe plata, que se rumorea que ya se mudó, ante la falta de respuesta de autoridades y abogados. Pero siguen juntos y no los han podido romper.

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