Femicidios de macho y policía a la vez

“Mamá, el oficial Sánchez me amenaza, me dijo: ´a esa petisa Rosa Yamila Gauna le voy a hacer boleta´”, ella misma comentaba. Con 15 años, fue detenida en la casa de una amiga en el barrio Villa Cabello de Posadas, Misiones. Con un despliegue de patrulleros de la comisaria 7ma, la policía provincial arrestó a Rosa. Se la llevaron arrastrando y de los pelos, vinculándola con un homicidio. La detención era ilegal por ser menor de edad, más allá de eso, en los papeles los policías cambiaron los motivos del arresto: disturbios en la vía pública. La Comisaría de la Mujer adonde fue encarcelada disimuló el incendio en la celda que acabó con su vida. La culparon a ella acusándola de prender fuego un colchón, “hubo una negligencia policial al dejar que haya ingresado con un encendedor”, declaró la ministra provincial Claudia Gauto. El Juzgado de Menores ordenó una pericia al sospechar que el incendio procuró eliminar evidencias de un abuso sexual. La oficial a cargo, Verónica Leonor Gutiérrez, y la jefa de guardia, María Elizabeth Viedma, fueron acusadas de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Rosa fue detenida el 22 de diciembre de 2006, hoy la causa no tiene resolución civil ni penal.

Las armas del Estado se ensangran con femicidios. Familiares, vecinos, parejas, exparejas. Matarlas por ser mujeres. Embadurnados de grotesco poder. De macho y policía a la vez. Durante 2014, La Casa del Encuentro recopiló 18 muertes perpetradas por agentes de las fuerzas de seguridad estatales atendidas por los medios de comunicación. Una cada 20 días y seis horas. 3 cada dos meses.

Prisión perpetua al policía Ernesto Fabián Casas, por asesinar de un disparo en la cabeza a su pareja Mariana Romero, de 15 años de edad, madre de su pequeño hijo.

A la entrada del colegio de sus hijos en Viedma, el cabo de la policía provincial Walter Cóceres asesinó de 6 balazos a su ex esposa Yanina De Yulis, cabo primero de la misma fuerza.

Asesinó a su madre. Policía de Chubut hasta 2007, Gabriel Ignacio Alvores, femicida de Teresa Sofía Arias a fuerza de golpes y cuchillo.

En Orán, Salta, Javier Rodríguez, cabo de la policía salteña, de 25 años, se suicidó creyendo haber matado a su novia, Jésica Valverdi y al amante, el cabo David Sánchez. Para Jesica la bala no fue mortal.

Yamila Gómez de 21 años fue asesinada en Fontana, Chaco, de 50 puñaladas por Héctor Merino, cadete de la escuela de policía e hijo de otro policía.

La oficial subinspectora Viviana Valeria Gómez fue madre apenas 10 días antes de ser asesinada de 8 disparos por Ángel Rafael Borile, teniente de la Policía Bonaerense, integrante del Comando de Patrullas. De Ituzaingó se fugó a Paraguay. Fue apresado por la Interpol cuatro meses después.

El sargento ayudante de la Comisaría 45 de Tartagal, José Chilo, asesinó con 3 balas a su ex pareja, Claudia Serralta, madre de cuatro hijos de entre 3 y 9 años.

Romina Ríos fue encontrada con un disparo, calcinada, con golpes y fracturas dos días después de que su madre intentara denunciar su desaparición. “Debe estar con algún noviecito”. El policía Miguel Ortiz ya la había asesinado con su arma reglamentaria.

Impregnado por el mismo sistema de poder patriarcal, más del setenta por ciento de las denuncias por violencia de género son desestimadas de alguna forma por las fuerzas de seguridad estatales. Dándole de comer a femicidas, golpeadores, violentos y a aquellos que solo por falta de puntería no terminan asesinando. Se repiten los asesinatos con denuncias previas por violencia desatendidas. ¿Estás segura que querés denunciarlo? ¿Fue una discusión y estás exagerando?

“Si hacía la denuncia en una comisaría, las pericias a ella se las tenían que hacer los mismos compañeros de esta persona”, cuenta la mamá de Iara Carmona. Él trabajaba en la Policía Científica. Fue pasado a disponibilidad, pero como ésta caducó y la causa no estaba aún en juicio, él volvió a actividades. Iara fue abusada desde los once hasta los quince años por el exmarido de su mamá, Marcelo Cuello, un policía de la bonaerense. “Este es un juego de nosotros, no se lo podés contar a nadie”. Mientras la violaba, dejaba el arma arriba de la mesa de luz y la miraba continuamente.

“Lo encontramos así tirado”

La policía le pisó la cabeza con un patrullero a la salida de la matiné de un boliche en Ituzaingó. Diego Aljanati tenía 13. Lo mataron y buscaron encubrir el asesinato. Sus padres cuentan la historia.

Diego Aljanati fue a la matiné Enjoy, en el predio del Club Leloir por tercera vez en sus trece años . Lo acompañó su papá, caminando las 20, 30 cuadras, desde su casa, frente al cementerio de Morón, hasta Autopista del Oeste y Puente Barcala, Ituzaingó. Cuando salió, testigos lo vieron contento, sonriendo, tranquilo, pero los patovas empezaron a ahuyentar a los nenes (12 a 15 años) a las corridas. Él se alejó caminando, todavía tranquilo, pero el patrullero que conducía Graciela Noemí Basualdo aceleró, según Cristian, padre de Diego, “para dispersar a los chicos arriándolos como vacas”. Y lo pisó y mató. Iba con luces, pero sin sirena. Ya habían golpeado a otro chico. “Todos sabemos cómo era esto. Iban cagándose de risa, acelerando y…

-Mirá cómo corren los pendejos”.

“Tropezó con una piedra y cayó adelante del móvil”, declaró la imputada policía Basualdo, hoy desafectada de la fuerza, pero no detenida. Dijo también que aceleró, pero no mucho.

Cristian y Miriam, sus padres.
Cristian y Miriam, sus padres.

Cristian lo fue a buscar a las 23.30. Remarca que por instantes no lo encontró antes de que fuera atropellado. “Fueron segundos. Vi al patrullero pasar por una esquina y cuando llegué a la otra calle fue, en lo que tardé en caminar esos 100 metros fue que lo mataron”, se lamenta. Cuando llegó al boliche, vio que Diego no estaba en la esquina, miró para todos lados, cuatro patovicas volvían caminando hacia el boliche. Se acercó y preguntó qué estaba pasando.

– Estos pendejos que hacen quilombo.

Se fue para atrás, volvió  para la puerta del boliche, no lo vio de nuevo. Llegó a la esquina y Diego no. Veinte metros antes, treinta… por segundos. Vio al patrullero parado con las dos policías fuera. Se acercó, la persona que estaba tirada en el piso era su hijo. Tenía la cabeza destrozada. Supo que ya no habría vuelta atrás. Tenía la cabeza para el lado del conductor y los pies hacia el lugar del acompañante”, cuenta. La posición va a importar porque muestra que la escena estaba preparándose para ser encubierta. Desesperado, le pidió a una persona que salía de una casa que llamara una ambulancia. Le preguntó a la que después sabría que era la asesina de su hijo qué fue lo que pasó.

– Lo encontramos así tirado.

En eso llegaron “como cinco patrulleros”. Cristian sospecha que aparecieron para tapar el homicidio. Sabe que si él no hubiera estado ahí, le hubieran dicho cualquier cosa. De hecho se la dijeron y repitieron una y otra vez. A la ambulancia, los policías insistieron:

– Lo encontramos así tirado.

Después de tres horas, cuando ya se había confirmado que tenía muerte cerebral, policías del mismo comando para el que trabajaba Basualdo le dijeron a la familia que al nene lo había atropellado un vehículo. Al rato, minutos después, hablando con la tía, un policía le admitió que ese “vehículo” era un móvil policial.

Mientras tanto, policías fueron al boliche y les dijeron a los patovicas que dijeran:

-Lo encontramos así tirado.

Cristian: “Lamentablemente fue necesario que yo viera a mi hijo así porque si no, no nos hubiéramos enterado de cómo fue. Como yo soy el padre y justo estaba ahí segundos después de lo que pasó… Fue lo que me tocó a mí vivir”.

 

***

“Entiendo cómo se maneja el país, cómo se maneja todo esto. Mientras más conocido se haga, por lo menos voy a tener una respuesta de más arriba”, dice ahora Cristian sentado en su casa, tratando de que los chicos, hermanos y primos de Diego no escuchen la historia las 70 veces que él la habrá contado a medios y abogados. Los hermanos pasean igual por la casa de la abuela de Diego, donde Cristian y Miriam, la madre de Diego, se mudaron. “Desde que pasó, no volvimos a nuestra casa ni para limpiarla”, dice Cristian. Hércules, el perro de Diego, no está comiendo. “Se da cuenta”, explica Cristian.

Para seguir haciendo conocida la historia consiguieron al abogado Pierri, defensor, por ejemplo, de Jorge Mangeri, acusado por el femicidio de Ángeles Rawson. Lo mediático del abogado creen que le va a servir a la causa. Pierri está esperando las pericias. Dice que hasta entonces no puede hacer nada.

La camiseta de Diego la lleva Cristian.
La camiseta de Diego la lleva Cristian.

La familia organizó una movilización al boliche el sábado a la tarde. Fueron más de 900 personas. Muchos chicos, compañeros de Diego en los tres clubes cuyas remeras defendía: Porvenir de Castelar, Club Libertador y Morón, remera que hoy Cristian no se quiere sacar. Llevaron banderas, carteles y pintaron consignas en paredes que los dueños del boliche se encargaron de tapar inmediatamente después de la manifestación. Sin miedos, abrieron las puertas ese mismo sábado 4 de abril, una semana después del asesinato de Diego.

***

La primera vez que Diego fue a un boliche fue para festejar sus trece años. Cristian: “Lo acompañé, me fijé cómo era, cómo funcionaba. El boliche pide autorización, con teléfono de los padres. Después no hicieron nada con eso. Cuando entran los chicos, se ocupan porque van a consumir. Cuando salen ya no gastan, entonces no se ocupan”. Ahí encuentra la responsabilidad del boliche en la muerte, y la irresponsabilidad de volver a abrir, con patovas que no saben resolver problemas con nenes. Alto y fuerte, Cristian admite: “Si a mí me viene a correr un chabón grandote, yo corro. Imaginate un nene”. La familia ahora tiene también la versión de que los dueños del boliche borraron todas las cámaras de adentro y las fotos en las que se ve a Diego.

Cristian es joven. Vivió los bailes en una época no muy distinta. Por eso está seguro de cómo fueron las cosas: “La piba [Basualdo] era joven, no tenía experiencia, le dieron un curso de seis meses y la mandaron a la calle. Si los patovicas no hubieran corrido a los chicos, si hubiesen sabido tratar a nenes de 13 años… Como no sabían, los arriaron como vacas. La policía, para que se dispersen, aceleró…

-Mirá cómo corren estos pibes. Se dijeron.

Los policías están acostumbrados a matar. Para ellos matar a una persona es nada. Aceleran y listo. Uno menos”, se queja.

***

Cristian  se va a mover con su familia y todos los que querían a Diego y se divertían con él hasta conseguir que Basualdo, los encubridores, los patovas y los dueños de Enjoy cumplan su pena, y hasta asegurarse de que no haya más muertes como esta. Recuerda que en el mismo boliche, aunque con el nombre de Montecristo, el 26 de marzo de 2006, fue asesinado a golpes Leonel Arrieta. Lo mataron el sonidista y el iluminador del local, Carlos Arrigone Michelle y Leonardo Campaña, que, evidentemente, hacían las veces de patovicas.

Leonel Arrieta, asesinado en el mismo boliche.
Leonel Arrieta, asesinado en el mismo boliche.

Durante la investigación, el presidente del Concejo Deliberante de Ituzaingó, Juan Carlos Roumieux –ladero del todavía intendente Alberto Descalzo-, puso a disposición de la familia Arrieta al abogado Luis Rapazzo. No hizo nada por la causa.

El policía que estaba en el boliche dejó que movieran el cuerpo de Leonel, “que lo tocaran y que se borraran todas la pruebas y no detuvo a los agresores señalados por muchos testigos”, según declaró la familia de la víctima a la prensa.

Las condenas a los asesinos fueron de dos y tres años . “Si hubiese sido hijo de un juez otra hubiera sido la sentencia, pero era un repartidor de pizzas, hay distintas justicias en este país, la justicia de los que tienen y la justicia de los que no tienen”, razonó la hermana de Leonel a Enorsai, después del juicio.

Entre otras irregularidades, llama la atención una denuncia del Periódico Tribuna durante ese mismo año 2006: el boliche trabajó durante años sin la aprobación del plano, el certificado final de obra, ni la aprobación técnica.  Tampoco cumplía con las normas contra incendios, aún un año después de que el lugar fuera incendiado intencionalmente por hombres que incluso atacaron al sereno.

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Imágenes: NosDigital

 

La pregunta que les queda a los padres de Leonel y de Diego es cómo ese lugar sigue abierto, aunque tienen sus buenas sospechas, por las que ya se están organizando con otros familiares de las más de 4 mil víctimas de gatillo fácil en democracia y de la misma corrupción que incendió Cromañón.

Seis años sin Luciano

Un mediodía de sábado de enero hay miles de personas que caminan por las calles de Lomas del Mirador. Caminan bajo un Sol que quema por este barrio en el que se vio por última vez hace exactamente seis años a Luciano Nahuel Arruga. Este año ya no se marcha por su aparición. En octubre último se encontró su cuerpo enterrado en una tumba NN del Cementerio de la Chacarita, después de cinco años y nueve meses de búsqueda constante. “A Luciano lo mató la Policia y lo despareció el Estado”, dice la bandera principal de la movilización. Por eso acá marchan miles de personas. Caminan desde la plaza Luciano Arruga hasta el destacamento policial donde a Luciano lo fajaron varias veces por negarse a robar para la Bonaerense. Allí, ahora, luego de cinco años de lucha, funciona un espacio para la memoria. El destacamento se mudó a tres cuadras por disposición el Intendente Fernando Espinoza. Hasta ahí también se camina. Camina Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, camina y les grita a los ratis que a su hermano lo mató la Policia. Se sigue caminando. Vanesa explica que por donde pasa la movilización ahora, la Comisaría 8va de La Matanza, funcionó un centro clandestino de detención en la última dictadura militar. También caminan, escuchan y cantan que a Luciano lo mató la Policia la madre de Facundo Rivera Alegre y del Kiki Lezcano, la hermana de Walter Bulacio, el hermano de Matías Bernhardt, familiares de Sergio Abalos y Ezequiel Demonty, camina la columna de H.I.J.O.S, camina Pablo Ferreyra, el hermano de Mariano. “Los casos siempre van a estar relacionados por la impunidad policial. ¿Qué importa si no son los 30 mil de la dictadura”, dice Vanesa mientras sigue caminando. Hasta que en Emilio Castro y General Paz ya nadie camina. Ahí, en la colectora de la General Paz donde un testigo vio el 31/1/09 que un patrullero de la Bonaerense estaba estacionado con las luces apagadas a la misma hora que un auto atropellaba a Luciano, que cruzó la General Paz de una manera desesperada, como si estuviera escapando de algo. Algo, para la familia y para todos los que están acá, es la Policia. Acá donde Luciano murió hace seis años ya no se camina. Se habla, se escucha, se piensa, se siente. Se sacan conclusiones. Sin Luciano no hay Nunca Más.

Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. [Ver entrevista a Pimentel].

Es importante haber estado acá para mantener la coherencia que tenemos muchos hace tiempo en la Argentina que es reclamar por los derechos humanos de todos, sin distinción de clase ni religión ni edad ni condición social. Hoy recordamos el flagelo que sufrió un joven que representa a muchos jóvenes de la Argentina, de una condición pobre, muy pobre, que no tuvo derechos. No tuvo derecho a ser respetado por los policías que lo reclutaban para robar. Y la familia no tuvo derecho a acceder a los instrumentos que tiene el Estado para que se supiera el paradero de él. El Estado fue obligado por un habeas corpus, que había sido rechazado anteriormente, para poner a disposición de la familia todos los elementos que haya en este caso. Al mes de eso, con las huellas digitales que se tomaron en la primera detención, dieron con el cuerpo de Luciano. Se hubieran ahorrado cinco años de dolor de toda una familia. La figura de Luciano ha crecido tanto que ha pasado su persona, va a quedar en la historia como la bisagra que de vuelta la página para que todos los casos de impunidad que han quedado del pasado, del presente y de los que vengan no exista más. ¿Cómo? Con un pueblo organizado, una familia que reclama y una Justicia independiente de cualquier poder político, económico y mediático que obre de manera justa, en tiempo y forma. Si habría sido así, hoy no estaríamos acá reclamando. Esto es porque el Estado no funciona y porque si bien han pasado 30 años de democracia la Policía no ha cambiado, no se ha formado en una cultura de seguridad democrática basada en la filosofía y el respeto de los derechos humanos de todos, inclusive los de los policías como trabajadores.

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Viviana Alegre, mamá de Facundo Rivera Alegre, joven desaparecido en febrero de 2012 en Córdoba. [Ver nota sobre el caso de Facundo Rivera]

Hoy somos todos Luciano. Es el ejemplo de la total impunidad, de la connivencia policial, política y judicial. Yo soy Viviana, la madre de Facundo Rivera Alegra, que en febrero va a ser tres años de desaparecido. Nosotros vivimos la misma situación en Córdoba con mi hijo, por eso estamos acá. Y para acompañar a Vane que siempre ha estado muy presente. Y eso es lo más importante: que nos acompañemos, porque esta es una lucha colectiva y de esa manera vamos a salir y a lograr la Justicia que nuestros hijos merecen.

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Vanesa Orieta, hermana de Luciano Nahuel Arruga. [Ver entrevista a Vanesa]

Como hermana de Luciano considero que hoy es importante estar porque estamos hablando de una desaparición forzada, de una muerte que intentó ser silenciada al enterrar a Luciano como NN en el Cementerio de la Chacarita. Tenemos que estar acá porque desde el poder judicial y político, y desde los medios también, se intentó desvirtuar la escena instalando que se había tratado de un simple accidente de tránsito. Tenemos que estar acá porque hay muchos familiares que vienen a denunciar la violencia por parte de las diferentes fuertes de seguridad y es nuestro deber acompañarlos porque están solos, porque no tienen acompañamiento judicial, no tienen acompañamiento político porque los grandes medios lo que hacen es ensuciar la figura de la víctima. Esta problemática es grave, ya se han llevado la vida de muchos pibes por gatillo fácil, ya se han desaparecido muchos pibes y cada vez son más. A medida que podamos entender el significado de esta lucha vamos a empezar a entender el riesgo que corremos en esta democracia sino abrimos los ojos y nuestras bocas para gritar que no queremos más casos de violencia institucional en manos de la Policía.

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Tamara Bulacio, hermana de Walter Bulacio, joven asesinado por la Policía en 1991 después de un recital de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota.

Es importante estar hoy acá porque es un chico más que desapareció. Como sociedad tenemos que reflexionar en eso. Más allá de tener un hermano que pasó por lo mismo, que murió a causa de gatillo fácil hace más de 20 años, lo tenemos que hacer para que el sistema cambie, para denunciar estos casos. Si no salís a la calle para denunciar esto que pasa, ellos aprovechan el silencio. No hay que callar. Hay que salir y luchar. Hoy otra no queda.

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Iara Carmona, 20 años, víctima de abuso policial desde los 11 hasta los 15 años por el exmarido de su madre, un policía de la Bonaerense. [Ver entrevista a Iara] 

Me parece importante porque todas las causas son importantes, más allá de la mia. Y la manera de sostenerla es esta. Hay que estar, participar, pedirle a la gente que se sume. Es más que nada hacerse escuchar, que se difunda el caso. Es una manera de hacer justicia, justicia social. Desde cantar, acompañar, o darle un abrazo a la familia es una manera de contener a los seres queridos como el Estado y la Policia no lo hacen. Está bueno sentir el respaldo de la gente. El caso de Luciano me moviliza en especial. Es un pibe como yo. Yo bailo en la murga de La Matanza, donde hay compañeros que eran amigos de Luciano. Si bien todas las causas son importantes me llega desde un lugar especial, aunque la impotencia y la importancia es la misma en esta como en todos los casos de violencia policial.

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Angélica Urquiza, madre de Jonathan Kiki Lezcano, asesinado el 7/9/09, a los 17 años, junto a Ezequiel Blanco (25), por Daniel Santiago Veyga, exagente de la Federal. [Ver nota sobre el caso de Kiki Lezcano] 

Es importante porque se cumplen seis años de la desaparición de Luciano. Hay que apoyar a la familia para que este caso sea visibilizado. A mí también me mataron un hijo, tres meses después que a Luciano. Por eso me mueve estar acá también. Porque es la manera de solidarizarse de corazón a corazón con la hermana, con la madre, con todos los que han sufrido como me tocó a mí.

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Nora Cortiñas, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), madre de Carlos Gustavo Cortiñas, desaparecido el 15 de abril de 1977.

Es importante porque la memoria es la que nos lleva a que busquemos toda la justicia. No hay que perder la memoria, hay que estar en la lucha permanentemente, eso es lo que nos va a llevar a la verdad y a la justicia. Hay que seguir. Esta es otra etapa en la que ya sabemos que pasó con Luciano, ya tenemos su cuerpito. Es otro camino el que hay que recorrer, pero con la misma bandera de no a la impunidad, en el caso de Luciano y en todos los casos donde haya una injusticia.

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————Mirá más fotos de la marcha acá————

“Un pivito inocente justo paso por ay”

A Carlitos Quiroz lo mataron al confundirlo con uno de los pibes de las barriadas pobres de Pergamino que andan en robos de poca monta.  La perpetua para el policía Fernández rompió con la impunidad policial.

Canchita de tierra, esas de arco sin red. Ahí estaba jugando Carlitos Quiroz, 15 años, junto a amigos de la misma edad, el 20 de octubre de 2009, cuando alguien más grande cortó el partido. Era Mauro Mena, conocido ladrón del barrio Newbery, que llamó a Carlitos. “Le dice ´vení, que te tengo que contar algo´ y Carlitos ´no, pará´. Y este Mauro le decía ´no seas cagón´. Y Carlitos, para no ser menos, va. De ahí para adelante los chicos no saben qué es lo que hablaron”, relata su padre, Carlos.

A las 13:47 la Justicia rastrea que Mauro Mena manda este mensaje a un número desconocido: “Venite vo en 1 mi… en el camino ay un pqete en la caye y yo d pue te mando i papele”.

La respuesta llegaría pasadas las 14: “Yo ya lo dje fíjat loco no m boludies, lo dje ahí con la gita ahora los papeles”.

A las 14:46, Mauro dice: “ay voy yo a pata”.

Entre las 15:05 y las 15:10 un ciclista que pasaba por un descampado lindero al Club Banco Provincia, encuentra el cuerpo ensangrentado de un chico: zapatillas nike, pantalón de gimnasia con las tiras blancas, chomba deportiva del Valencia.

Era Carlitos.

Tenía un disparo en la garganta.

Ya estaba muerto.

A las 15:17 Mauro Mena escribe el último mensaje: “puto a ora te vas a quere matar por q me isiste una camita el que agarraron es un pivito inocente justo paso por ay y le dije q le dava 100 peso y fue”.

Vista de la ciudad de Carlitos. Fotos: NosDigital.
Vista de la ciudad de Carlitos. Fotos: NosDigital.

La secuencia

La historia había comenzado al mediodía, cuando camioneros que se encontraban en Pergamino por cuestiones laborales denuncian en la Comisaría 2 el robo de los papeles de sus vehículos. Parados a la vera de la ruta, en horario de almuerzo o siesta, los camiones son blanco fácil para los ladrones de poca monta, que ven la de hacerse unos pesos robando pertenencias y pidiendo un rescate a cambio de la devolución.

Ese martes 20 de octubre al mediodía, el ladrón Mauro Mena se comunica para negociar la devolución de los papeles por un arreglo de $400 y da instrucciones para el intercambio. La secuencia, que siguen los mensajes de texto, planeaba citar a los camioneros en un camino de tierra que conecta con la ruta.

Los camioneros vuelven a informar a la policía esta novedad del rescate. Según la investigación, los oficiales Jorge Alberto Conde y Daniel Alberto Fernández recomendaron a los camioneros negociar con el ladrón un pago mientras ellos montaban un operativo para detenerlo en el momento del cobro. Los camioneros dejaron, así, un sobre en un descampado junto al campo deportivo del Club Banco Provincia.

Ahí entra en escena Carlitos Quiroz, la carnada que Mauro Mena había elegido por si sucedía exactamente esto: que fuera, en vez de los camioneros, la policía.

Carlitos Quiroz levantó el sobre, y en seguida fue abordado por dos hombres arriba de un auto particular: eran los policías de la Bonaerense. La versión policial dice que el chico intentó sacar un arma, y la versión policial corregida dice que Carlitos intentó escapar. Sin embargo, a Carlitos no se le encontraron armas ni la documentación robada, y la bala que le dio muerte ingresó por su cuello, de frente, con dirección de arriba hacia abajo: fue un fusilamiento.

Los policías volvieron a la seccional, dejando a Carlitos ahí tirado. No dijeron nada, hasta que el fiscal de turno Guillermo Villalba ordenó una serie de averiguaciones que derivaron en la detención de los dos. En seguida se determinó que el operativo policial no había sido informado a la comisaría ni a la fiscalía, que se dio fuera de la jurisdicción de la 2°, y que los policías iban de civil y en un auto particular.

La condena

Los policías Conde y Fernández, junto con el titular de la seccional Eduardo Ledesma, fueron desafectados de sus cargos por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, faltaba mucho para lograr una condena.

Los diarios habían titulado “Falleció un menor de un disparo y fueron detenidos por el hecho dos policías. El confuso episodio ocurrió en…”.

Paralelamente, el 14 de noviembre de 2009 ocurrió la “desaparición” de la familia Pomar, justamente camino a Pergamino, caso que ocupó las mayores planas de los medios provinciales y nacionales. Se dijo desde que Los Pomar se habían escapado del país, hasta que habían sido inducidos por extraterrestres.  Sin embargo, habían volcado en la ruta y el auto se escondía atrás de un arbusto…

El caso de Quiroz no mereció la atención ni de los medios ni de gran parte de la sociedad pergaminense. “El discurso dominante hace referencia a la inseguridad y el reclamo de más fuerzas de seguridad”, cuenta Fausto Nascimbene, uno de los integrantes del Colectivo Militante por los Derechos Humanos que acompañó a la familia Quiroz. “Un correlato de lo que aparentemente la sociedad está pidiendo y el aumento de la marginalidad es un combo peligroso”.

Carlitos Quiroz, cuatro veces hermano, vivía en uno de los barrios más postergados de Pergamino, el Newbery. Su futuro se jugaba todas las fichas a ser jugador de Douglas Haig, equipo para el que jugaba desde los 5 años.

Monsanto juega en el mismo equipo que Carlitos.
Monsanto juega en el mismo equipo que Carlitos.

Su caso reactivó al Colectivo Militante de Derechos Humanos, que se había formado para presionar por condenas de los juicios de lesa humanidad cometidos en dictadura. “Pergamino no estaba acostumbrado a un juicio de estas características”, dice Fausto en relación al caso de Quiroz. El juicio de Carlitos supuso un nuevo desafío: denunciar la violación vigente de los derechos humanos hoy.

Se sucedieron movilizaciones, denuncias, visitas a despachos y hasta un escrache en la casa del policía Conde. “Íbamos viendo que la causa se dirigía a condenar sólo a Fernández, cuando sabíamos que Conde era el que había hablado con los camioneros y montado el operativo”, explica Fausto sobre las razones de esta condena social, no judicial.

Las presiones desde el otro lado no tardaron en llegar: “Tuvimos una intimidación. Llamaron a mi casa y me pasaron una llamada grabada de nosotros mismos, como que nos estaban pinchando el teléfono”, cuenta Fausto. La denuncia fue anexada a la causa de Carlitos y se intimó al Departamento de Investigación provincial a que dé explicaciones sobre el asunto.

También, en una de las sesiones del juicio, en medio de un ambiente caldeado, uno de los amigos de Carlitos intenta escrachar a Fernández y a Conde; “entonces un policía lo agarra del cuello, y se pudrió todo”. Gases lacrimógenos, palazos y corridas alrededor del tribunal pergaminense.

El revuelo finalmente dio sus frutos: el policía Fernández, autor del disparo, fue condenado a cadena perpetua en 2011, y Jorge Conde a 1 año y 8 meses, en calidad de cómplice del operativo ilegal.

La condena a Conde pareció insuficiente, pero la perpetua para Fernández rompió con la impunidad policial en un caso clave de Pergamino. Fausto: “Lo anecdótico del caso se vuelve parte del sistema cuando vemos que los pibes de las barriadas pobres siguen siendo perseguidos por la policía”.

“Un testigo vio correr a un pibe desesperado”

A continuación, se reproduce el testimonio completo de Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, desaparecido durante cuatro años. Es una conferencia de prensa realizada el 18 de diciembre de 2014, en el CELS, a dos meses de la aparición del cuerpo. Se cita dos nuevos testimonios en la causa: uno que vio a un chico correr desesperado y otro que vio a un patrullero a la hora, y en el lugar, del asesinato. Exigimos reproducción fidedigna de las declaraciones, la mayor cantidad posible, en la mayor cantidad de lados posibles, porque creemos que la verdad es la de los familiares.

Buenas tardes a todos, gracias por estar, por acompañar, esta conferencia de prensa, como bien dice Horacio, va a tratar sobre los últimos avances de la investigación. Nosotros creeíamos justo tener esta conferencia antes de fin de año. Sabemos y reconocemos la repercusión que tuvo la aparición de Luciano el 17 de octubre. Tuvo la repercusión que no tuvo nunca este caso.

La idea es un poco avanzar en estos dos meses de la familia y que ustedes entiendan que la necesidad de tomarnos este tiempo, reflexionar sobre los avances, de leer y releer las pruebas, tiene que ver con dar la información de una forma certera y entendible para todos ustedes. La familia sigue denunciando el accionar de la Policía Bonaerense. No ha cambiado nuestra denuncia. Nosotros no hablamos de que Luciano murió en un accidente automovilístico. Nosotros decimos que Luciano llegó a ese lugar de una forma que la Justicia tiene que investigar. Y también decimos que Luciano no cruzó por motus propio la General Paz esa madrugada.

Es la Justicia, por supuesto, la que tiene que determinar qué ocurrió durante esas tres horas previas a que Luciano apareciera, a las 3 y veinte de la madrugada del 31 de enero. Qué pasó en esas tres horas en que nosotros denunciamos la desaparición de Luciano. Cuando Luciano aparece y nosotros empezamos a tomar declaraciones de esas pruebas, las anteriores, las que surgieron de esos cuatro años de investigación, vuelven a cobrar fuerza. Lo que hacen es endurecer aún más nuestra hipótesis. La Policía, al menos, actuó como cómplice. Para nosotros siguen siendo los responsables principales de todo lo que Luciano vivió esa noche.

Un testigo que estuvo en el accidente lo que habló es que ese día vio correr a un pibe desesperado, como escapando de algo. El abogado, Juan Manuel Combi intentó hacer entender esta situación a través de otro caso: el caso de Ezequiel Demonty. Ezequiel Demonty no se tiró al Riachuelo porque se quiso tirar: a él lo obligó la policía a tirarse al Riachuelo. Nosotros queremos saber, con nombre y apellido, quién obligó a Luciano a cruzar la General Paz, esa madrugada. Este dato es sumamente importante. El testigo dice que vio correr a un pibe desesperado. Pero lo que pone más en duda el rol de la Policía bonaersense es que otro testigo sitúa a un patrullero de la bonaerense en el lugar del hecho, a la hora del hecho. Este es otro dato importante. Anótenlo. Se indica que un patrullero de la bonaerense, esa madrugada, a la hora del hecho, estuvo en la colectora al costado de la General Paz. La pregunta es, la que se haría cualquiera de nosotros, la más lógica: habiendo estado ese patrullero en ese lugar, habiendo tenido conocimiento de que fue un accidente, por qué si fue un supuesto accidente a la familia no se le dio conocimiento de ese hecho. De ese hecho que había ocurrido tan sólo a veinte cuadras de mi casa.

Y si uno relaciona este hecho con los anteriores, realmente empieza a entender, la gran situación que estamos denunciando. Esa noche, los patrulleros especialmente del destacamento de Lomas del Mirador, no pudieron dar cuenta del recorrido de sus móviles en horarios cruciales. Tampoco pudieron dar cuenta de qué hicieron durante una cantidad de horas determinada en un predio llamado Monte Dorrego, en un descampado. Más datos que se unen a lo que teníamos, con estos hechos finales, es la prueba que se ha hecho sobre el libro de guardia del destacamento. tachaduras, borraduras. Tenía enmiendas, hojas arrancadas. Es un libro importante que registra los nombres y apellidos de las personas que son detenidas. Esa noche Luciano fue secuestrado: eso lo denuncia la familia. Pero esto lo denuncia la familia porque tiene pruebas importantes.
Es ahí donde yo les pido que salgan a preguntar a aquellos que tienen que dar las respuestas en democracia. Por qué los libros fueron adulterados. Por qué los patrulleros no registran sus movimientos. Por qué los patrulleros se mantuvieron en un lugar descampado donde no tenían que estar y donde no pudieron explicar por qué estuvieron. Todo esto hay que ir a buscarlo. A todos ellos les tienen que ir a preguntar por qué en esta causa existen tantas irregularidades.

Para nosotros no se informó esto porque ellos son los mismos que llevaron a Luciano a ese lugar. Hay datos de ese momento que no están, que se extraviaron, que se perdieron, que son pruebas muy importantes para la causa. Por ejemplo, las zapatillas de Luciano, que podrían determinar cosas importantes. Cómo Luciano llegó a ese lugar tan inaccesible. Tuvo que tener un recorrido dificultoso hasta llegar a este lugar. Esas pruebas no están. Esto sigue hablando de que Luciano fue desaparecido por el conjunto. Es difícil para nosotros, y en este tiempo, se ha hecho mucho esta pregunta: ¿qué hipótesis maneja la familia sobre lo que pasó en esas tres horas?

Nosotros no vamos a entrar ahí porque es un dolor insoportable entrar a imaginar qué fue lo que sufrió Luciano. De algo estamos seguros y lo vuelvo a afirmar en esta mesa, la Justicia tiene que investigar a la Policía bonaerense, a los funcionarios judiciales que no escucharon a la familia, tienen que ser condenados porque les hemos presentado lluvia de enjuiciamiento y ellos entorpecieron esta causa. Y recordarles que en esta causa esta familia denunció desde primer momento a la Policía bonaerense, y que fue la fiscal Roxana Castelli, a la que pedimos lluvia de enjuiciamiento, la que entregó esa misma investigación a la Policía Bonaerense.

Pedimos a la hora de informar sobre esta causa, recordarles nuevamente que nosotros no avalamos la teoría del accidente. Por eso le pido a aquellos periodistas que escribieron en algunos medios de comunicación, por respeto a la familia y a la causa, no entrecomillen titulares como “murió en un accidente”. O se hacen car o no se hacen cargo. Encomillar un título de una nota es mezquino. Hace un daño terrible y, por sobre todas las cosas, lo que genera es que la sociedad no pueda saber cuál es la verdad de esta causa.

Del mismo modo les pido que si vuelven a escuchar la teoría del accidente de boca de algún funcionario, como fue del funcionario Telerman, o el mismo Ministrio de Justicia Casal, si vuelven a escuchar que esta causa se trató de un accidente, le recuerden que hay un pibe testigo que vio correr a Luciano corriendo desesperado y otro que ve a un patrullero. Y recuérdenle, de paso, la serie de irregularidades que se llevaron a cabo en el destacamento de Lomas del Mirador. Y recuerdenlo por sobre todas las cosas por sus hijos porque si realmente quieren vivir en un país democrático donde el derecho de las personas se respete empiecen a exigir respuestas. En aquellos que se encargan de generar estas políticas asesinas. El castigo materiales, políticos y juficiales. Muchas gracias nuevamente.

Duele mucho que la presidente no hable de esta problemática.
Porque son los mismos que hablan de los compañeros que desaparecieron en la dictadura.
Cómo no va a doler cómo matan a los pobres, nuestros hermanos, nuestros parientes.
Está claro que son responsables también.
Está claro que de ella también estamos esperando una respuesta. Queremos que la presidenta hable de lo que está pasando con los jóvenes en nuestros barrios humildes. Pero queremos por sobre todas las cosas que ella y todos los funcionarios políticos
empiecen a hablar de quienes son los que generan la inseguridad en nuestro país.
Que empiecen a hablar de la Bonaerense y de la Federal como los personajes que controlan, la venta de drogas, de armas y compran pibes para robar.
Queremos que hablen de esa inseguridad.
Sí, queremos la respuesta de todos.
Y si no empiezan a hablar todos, la historia los pondrá en su lugar
Y va a ser muy doloroso para ellos que ese lugar que estuvieron era un lugar de cómplices o de cobardes.

Armada

El juicio por el asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya se carga con todos los condimentos para el armado de una versión de los hechos. Testigos desconocidos, amigos amenazados, perejiles y encubrimientos. La abogada Verónica Heredia y la madre Julieta Vinaya explican cómo se armó la causa.  

El 15 de junio de 2008 el joven Atahualpa Martínez Vinaya fue encontrado muerto en las afueras de Viedma, con un tiro en la espalda. Las pericias demostraron que fue llevado hasta un descampado desde el centro de la ciudad, más precisamente desde el bar Mi loca donde tomaba una cerveza con un amigo y se lo vio con vida por última vez. La versión del amigo es extraña: se va al baño y cuando vuelve Atahualpa ya no estaba sentado en la mesa; y eso que acababan de pedir una pizza. Los mozos completan que, en ese momento, los dos patovicas del lugar habían ido al baño porque “alguien estaba consumiendo”. Así, nadie lo vio salir del bar ese domingo cerca de las 6 de la mañana.

Atahualpa tenía 19 años, era un joven morocho de metro noventa, ascendencia mapuche-aymara y vivía en el barrio Lavalle de Viedma junto a su madre y sus hermanos. Hacía trabajo social levantando casas y ayudando a los pibes a salir de la calle y los vicios, y proyectaba viajar a Cuba en 2009 para estudiar medicina. Grandote y bonachón, así lo recuerdan todos quienes lo caracterizan.

Sin prontuario ni relaciones que lo involucren, el caso de Atahualpa permaneció inexplicable durante cuatro años hasta que en 2012 una serie de movimientos extraños en la causa determinaron la imputación de tres personas como autores del asesinato pero sin explicaciones sobre el cómo, el dónde y el por qué. Este 23 de octubre se les dará sentencia, mientras la familia desconfía de una causa armada y de las complicidades policiales, judiciales y políticas para encubrir, desviar y cerrar el caso para que no se sepa qué pasó verdaderamente con Atahualpa.

Las amenazas: aislar a la familia

Durante cuatro años, la causa estuvo apuntada a investigar al círculo del asesinado, su familia y amigos. “A uno de los amigos, cada vez que lo veían en la calle, la policía lo subía a un patrullero y se lo llevaba preguntándole si había recordado qué había pasado esa noche”, cuenta Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa, tan solo uno de los ejemplos que saltó en las audiencias del juicio. “Y el día que tuvo que declarar, también: lo levantan de la casa y lo llevan al juzgado en pijama”. Julieta se da cuenta, ahora, por qué todos los amigos de Atahualpa se fueron alejando: “Claro, ¿cómo se iban a quedar si estaban todos amenazados?”.

Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa.
Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa.

Por eso tampoco hubo testigos voluntarios que supieran cómo había salido Atahualpa del boliche: “Si la gente no habla es porque tiene temor, y eso es porque alguna fuerza de miedo estuvo presente”, interpreta.

Acceso ilegal a la causa: la fuga de datos

“En dos ocasiones tanto el gobierno como la policía nos filtraron información que era pescado podrido pero bien direccionada, como si hubieran leído la causa”. Julieta se refiere a la declaración que salió a la luz del ex jefe de la Brigada de Investigaciones Alfredo Sosa, quien trabajó el caso Atahualpa y contó que el policía Hernán Toloy – de la oficina de Análisis Delictual y con acceso a esta información- fugaba información a “gente vinculada al narcotráfico”. Un hombre que aparece en la causa como un fantasma es Leandro Midenberger, detenido en 2013 por tenencia de marihuana y cocaína en cantidades, señalado por el comisario Sosa como la persona a la que se le filtraba información y también por uno de los imputados como el responsable de la coartada. Mildenberger vendría a ser el narco bien posicionado en el entramado político y judicial, y por eso impune. “Estimo que la fuga de información no sólo se dio desde el sector policial, sino también judicial”, declaró el comisario Sosa.

Estas irregularidades motivaron a que la familia reclamara que las fojas de la causa (cerca de 4 mil) se circunscribieran a tan sólo un jefe policial y, a la vez, denunciara al fiscal del caso Ricardo Falca. Finalmente la causa recayó en la abogada Daniela Zagari.

Cambio de fiscal: de la inacción a la coartada

El cambio de fiscal coincide con el recibimiento de Aníbal Fernández, entonces Ministro de Justicia, a Julieta Vinaya, que motivó un cambio abrupto – y llamativo- en la línea de investigación. La fiscal Zagari propuso empezar todo de cero. Retoma entonces la pista de una campera secuestrada durante un operativo en el barrio de Atahualpa, manchada de sangre, sobre la que los peritajes ya se habían hecho en 2008, sin resultados llamativos. “La fiscal decide esta vez cruzar el ADN no con el dueño de la campera sino con uno de sus amigos, y ahí le da positivo”, explica Laura Vinaya, la prima, según la versión de la fiscalía. Así la causa da un vuelco inesperado y directo: la prueba motiva las detenciones de Felipe Carrasco – dueño de la campera-, Carlos Morales Toledo – quien saltó en el ADN- y Belén Fernández Barrientos – pareja de Toledo-, tres personas del barrio Lavalle que Julieta vincula a ventas minoristas de drogas.

¿Por qué la campera? No se sabe. Hallazgo de la fiscal o puntapié para la coartada, lo cierto es que toda la causa tomó impulso a partir de esa prueba que había quedado desestimada desde el 2008 en que se tomaron los ADN, y reflotada cuatro años después, 2012.

Los tres acusados negaron de movida su vinculación con el hecho. Julieta: “Dijeron que se enteraron del caso por televisión, y que no conocían a Atahualpa. Eso es mentira, porque somos todos del mismo barrio”.

Sin embargo los detenidos siguieron apelando a su inocencia y dieron a conocer una carta de puño y letra en la cual denunciaban “un circo armado por la policía”. La carta sugería la teoría de una causa armada donde ellos serían los perejiles. Vinaya: “Decían que la Justicia los obligaba a declararse culpables”.

El imputado Carrasco, particularmente, se encargó de declarar en el juicio: “Pido que toda la familia de Atahualpa Martínez esté en el juicio ya que en esta causa hay manos deshonestas que no quieren que ese sepa la verdad”. Y reiteró que su imputación se debía a “la policía corrupta”.

Verónica Heredia, abogada de derechos humanos que asesoró a la familia, cuenta cómo se comportaron jurídicamente los acusados: “Todos los escritos que van presentando estas personas a través de sus abogados denuncian que durante el allanamiento en el que supuestamente encontraron la campera no estuvieron presentes. Eso es así, y le pregunté a Julieta y es verdad. Los abogados dicen que ese procedimiento es nulo, y es verdad. Si son o no, si tienen algún tipo de responsabilidad, lo cierto es que en el proceso de un estado de derecho no se respetó”.

La familia, en la encrucijada: “Sabemos que estos tipos no son unos santos, pero no tenían ninguna vinculación para matar a Atahualpa. Y nosotros sí tenemos razones para desconfiar de la policía y de la Justicia”, dice Julieta.

Recortar los testigos

Se sucedieron entonces una serie de declaraciones de forma desprolija: desestimaron a testigos de la causa y llamaron a otros que no tenían vinculación directa. Julieta: “Vino una persona que era el amigo del amigo que ni siquiera conocía a Atahualpa. Había personas que citaron que ni siquiera sabían por qué; otras que se equivocaron porque tenían el mismo apellido… Así, de cuarta”. De esta manera transcurren las jornadas de este juicio desdibujado.

Comer o defender, cuestión del abogado

A todo esto, surgió un enemigo impensado: el propio abogado de la familia, Diego Sachetti, quien venía quedando en offside ante las desprolijidades de la causa. “Yo ya estaba muy enojada y cuando falta a una reunión que teníamos pactada, lo voy a buscar y le digo: es importante tu estudio, es importante tu familia, es importante tu facultad, pero evidentemente Atahualpa no está entre tus prioridades. Y me dice: Atahualpa es importante pero no me da de comer. Ahí me terminó de cerrar todo”.

Separación entre causa y juicio

La familia solicitó entonces a la Asociación Gremial de Abogados que se haga cargo de la causa, en especial a Verónica Heredia, abogada de derechos humanos conocida por llevar a la Corte Interamericana el caso de Iván Torres – acaso el primer denunciado por desaparición forzada en 2003-, otros de gatillo fácil y hasta la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. “En ese momento la causa parecía un caso resuelto: fueron estos tres tipos. Pero para mí no lo era: yo quería que me digan por qué asesinaron a mi hijo. La fiscal me decía: bueno, eso lo vamos a ver en el juicio. Yo pensaba que por ahí era cierto”, dice Julieta.

La abogada Heredia: “El juicio no es para saber qué paso, un juicio oral y publico es para que el Ministerio Público Fiscal pruebe su teoría del caso, pruebe que lo que el dijo que era cierto, es cierto, repasando las pruebas”.

Dejar afuera a la familia: terreno llano para la fiscal

Julieta: “Cuando le llevamos todo el expediente a Verónica, lo lee y me dice que había quedado afuera de la causa en junio del 2013, que ya no era querellante porque el abogado de ese momento tenía que hacer unas presentaciones legales que no hizo y se vencieron los plazos”.

Situación: la madre afuera de la causa que investiga la muerte de su hijo. “Legalmente, quedó acusando la fiscal sin nosotros. Pero lo más loco es que hasta ese momento me seguían llegando las cédulas de notificación como querellante”.

Verónica Heredia cuenta que le bastó leer la imputación de la fiscal para darse cuenta que había algo raro: “Cuando leo la acusación de la fiscal, ya en la primer renglón dice que Atahualpa fue asesinado entre las 4 y las 9 de la mañana con un disparo de un calibre 22 corto o largo por tres personas en calidad de autor. Esto es imposible: que tres personas hagan un disparo y sin saber en qué hora, ni cuándo, ni por qué”.

Julieta: “Verónica me llama y me dice: esto está armado. ¿Cómo que está armado? Sí, en este juicio no se va a saber esto que vos querés, y van a quedar presas estas personas”.

La abogada Heredia menciona sin embargo que quedar afuera de este juicio armado resultó, a la larga, beneficioso: “Antes de convalidar un juicio de estas características con la presencia en esta escena con imputados, jueces y Julieta sentada, directamente mejor no estar presente”. Por eso, este 23 de octubre en que la Justicia dará su veredicto, ellas eligen hacer su propio juicio a las puertas del tribunal para “juzgar a la Justicia”.

Verónica Heredia aplica una lectura que pone este caso particular en su dimensión provincial y sureña sobre cómo se investiga al poder: “El Ministerio Público Fiscal no tiene herramientas para investigar sino es de la mano de la policía. Cualquier investigación empieza y continúa desde la policía. Con lo cual, si hay una sospecha de participación o de encubrimiento de funcionarios policiales, el Ministerio Público Fiscal no lo puede investigar. Y la policía es el ejecutivo, es el poder político. Entonces el poder judicial no puede investigar justamente al poder. Esto se reproduce en la provincia de Rio Negro, de Neuquén, de Santa Cruz, de Buenos Aires: es una lógica propia del estado”.

Pregunten, que dolor sobra

Francisco Núñez fue el sábado 20 al evento #YoYLaYuta de NosDigital, en MU. Punto de encuentro, a contar su historia: a su hermano lo mató la policía y a él le armaron una causa para que su familia se callara y dejara de investigar. Estuvo preso y fue torturado física y psicológicamente. Aún así, se animó a una entrevista abierta con 50 personas. 

Como todavía le duele, cuando se le hizo la entrevista abierta, dejó que su papá, Omar, contestara las preguntas del público. Cuando veía que Omar se olvidaba algo, lo tocaba y se lo recordaba. Todos los invitados ya habían recibido un volante introductorio:

A DIEGO LO MATÓ LA POLICÍA. A SU HERMANO LE ARMÓ UNA CAUSA JUDICIAL PARA CALLAR A LA FAMILIA

 Diego Núñez murió fusilado por Pablo Alberto Carmona el 19 de abril de 2012, un policía de la Federal, en el barrio de Caballito. La versión oficial trató de hacer creer que Carmona le dio un solo tiro. Tenía cinco. Dos en la cabeza, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. El cuerpo estuvo desaparecido dos días, porque no usaron el celular de Diego para llamar, ni tampoco le tomaron las huellas.

Cuando su familia empezó a pedir justicia, le armaron una causa judicial por homicidio al hermano de Diego, Francisco. Lo acusaron de querer fugarse, cuando no sabía que tenía orden de detención en su contra. Preso, lo torturaron física y psíquicamente. 

Pese a que la causa de Diego quedó rezagada, Francisco salió en libertad después de un juicio en el que nada se podía probar en su contra.

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Francisco estaba en silencio y tomaba un agua. No estaba incómodo, pero no iba a hablar. Escuchaba atentamente cómo su papá, narraba, para unas 50 personas, en el evento #YoylaYuta, el último sábado, organizado por NosDigital, su terrible historia. Cada vez que su viejo hablaba, el living de Mu Punto de Encuentro permanecía en silencio.

Una entrevista abierta, donde preguntan distintas personas del público que se juntó entre mesas, más que dolorosa.

[pregunta un joven de rulitos]

– Omar, ¿cómo empezó esta historia?
– Diego recibió disparos de arriba hacia abajo que le destrozaron los pulmones y el corazón. Les cuento esto para que lo vean en contraposición con lo que dijo esta persona, Pablo Carmona, este hijo de puta. En la parte de arriba de la cabeza, con la deflagración de  los disparos, se le quemó la cara como si le hubiera salpicado aceite caliente de arriba hacia abajo. Lo tengo filmado, no por morbo, sino porque sabiendo que Diego tenía un Nextel nuevo por su cumpleaños, lo encontramos como NN. Había un ocultamiento bárbaro. Todo lo que nos decían era mentira. La forma como lo encontramos es parte del ocultamiento. El Nextel tenía registro como para que se comunicaran con nosotros. No tuvieron intención de avisarle a nadie. A los chicos se los entierra en bolsas negras. Los gendarmes lo encontraron en cuclillas. Aún así ni el juez ni el fiscal pudieron ver que eso fue una ejecución.

(Aunque así leído vaya rápido, cada una de estas palabras a Omar le cuestan y las dice cansadamente)

Tocamos puertas de la justicia. Nos encontramos con el mismo relato. Los gendarmes nos hablaban de enfrentamiento. “No, pero él tenía un arma”, decían. Se la plantaron en la mano derecha, y Diego es zurdo. Mostramos las fotos. Con todas las pruebas en contra, este hombre ni siquiera tuvo una prisión preventiva.

Empezó el acoso, las preguntas: si éramos cartoneros, matrimonio igualitario, buenos, qué éramos. Nos sentíamos humillados. Inclusive, esto lo digo porque tengo a mi hijo afuera de la cárcel, en el Ministerio de Justicia nos preguntaron qué hacían nuestros vecinos.

Yo necesito justicia por mi hijo, no ser buchón.

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[pregunta un joven de anteojos]

– ¿Qué les preguntaban?
– Todo lo que pasaba en el vecindario. Era una pibita, por eso no le contesté como debía, pero yo no iba a salir a buchonear porque me mataron a un hijo.

La cosa es que empezamos a ir al Ministerio y, en realidad, no solucionábamos nada. Después volví a ir cuando empezó el acoso con Lucía [la mamá de Diego y Francisco]. La intentaron secuestrar dos veces. Venían a llevársela sin mostrar la chapa, sin orden. “No, del juzgado Nro 6”, contestaban, y punto. Tal es así que estuvieron hablando que sí, que no. Me visto, me tiro en la silla [Omar anda en una silla de ruedas] y salgo para afuera. Les pedí toda la documentación, les dije que a la tercera vez que la vinieran a buscar y ella no fuera podían llevársela. “Más vale que andes bien documentada porque si no, donde te enganche la vas a pasar mal, y cuando se nos ocurra vamos a venir con una orden de allanamiento y te vamos a revolver toda la casa”. Está bien, cuando tengas la orden de allanamiento, vení y revolvé toda la casa.

Después volvieron a venir. “Pero venite hasta el coche así puedo apoyar la carpeta”. Como somos recuperadores urbanos, teníamos una pila de unos 15 palets. “Apoyá ahí”, le dije. Le tomamos la patente al Fiat Siena. Cuando se dieron cuenta de que no iba a poder ser, se fueron. Después vinieron una segunda vez con la misma [historia]. Decían que Lucía tenía una causa por usurpación y por estafa. Pero ella cuando perdió el documento y la requirieron desde Nextel, le pidieron la firma y dijeron que Lucía no tenía nada que ver, que no era ella.

“No vayan solos ni a comprar el pan”, les decía a Lucía y Francisco. Él trabajaba en Puerto Madero. Como es una zona de andar en auto y no hay mucha gente caminando, yo le decía que no me gustaba que laburara ahí.  Mis hijos empezaron a reprocharme que estaba paranoico. Después empezaron a preguntar por Francisco, porque había habido un episodio en su vereda. Estefanía, la pareja de Fran, escuchó que pasaba algo y se preocupó por si había alguno de nosotros ahí. Francisco fue a ver qué pasaba, pero no llegó a salir porque la mujer salió al balcón y vio que no teníamos nada que ver. “Fran, dejá, vení”, le gritó. Entonces Franicsco ni salió. La onda en los conventillos es quedarse adentro. Eso lo sabe la Justicia. Vinieron los bomberos, levantaron a la persona. Después vino el SAME, después Prefectura. Francisco, solo por lo que dijo la mujer, estuvo preso un año y tres meses. Con solo eso. Esa fue la prueba en su contra. Entonces vemos mucha injusticia, mucha impunidad.

[pregunta un señor de 60 años]

– Yo quiero volver al hecho de Diego, qué pasó esos días con Diego desaparecido, como NN.
– Yo hace 21 años que estoy en silla de ruedas. Visito regularmente las guardias de hospitales, entonces tengo muchos conocidos. Cuando pasó lo de Diego, les pedí a un par de amigos que nos averiguaran si Diego estaba en algún hospital. Diego no había llegado a las 8 de la mañana y a las 6 él ya solía estar.

[pregunta una señora de 50 años]

– ¿Y los amigos que salieron corriendo avisaron algo?
– Los amigos tenían miedo de avisar. Después empezaron a aflojarse. Después viene una persona y avisa: “Me parece que Diego, cuando salió con los amigos, tuvo un episodio en Caballito. Me parece que lo lastimaron”. Al no encontrarlo en hospitales, preguntamos en comisarías. En la 24, nos dijeron que iban a hacer averiguación de paradero enseguida. Nos pareció raro, porque debiera pasar así, pero no pasa. Los enfermeros personalmente y el sindicato hicieron una red telefónica, empezaron a llamar a los hospitales y no estaba. Nos dijeron que en el Santojanni había una persona herida que había ingresado a la noche. Mi hermano fue, pero no era Diego.

Ahí me di cuenta que lo había matado la Policía. Diego ya había votado, entonces estaba empadronado. La Policía no se había interesado en buscar. Había unas ganas de ocultar, había involucramiento. El 21 a la mañana lo encontramos gracias a que este sargento de la morgue de la Ciudad tuvo la gentileza de fijarse.

A Diego le decían esto no, aquello no. Por ahí me tenía como un padre castrador y por ahí murió diciendo “Tenía razón mi viejo”. Le decía “No matarás”, porque después es muy difícil limpiarse.

Para que no pierda esa virtud de pibe, le reprochaba que no hiciera ciertas cosas. El alma no se limpia con un pañuelo. Lo quería salvar de eso.

Cuando se peleaba con los pibes, siempre ganaba. Cuando los amigos estaban en problemas, “vení Dieguito”. “Dieguito” le decían por esa cuestión: tenía un metro ochenta y noventa kilos. En el fondo él era un pibe muy inocente.

Cuando lo encontramos, la discusión con los gendarmes era que le tenían que hacer el pedido al juez. Cuando lo hacen, le decían Diego Ariel. Como seguramente les faltaba tiempo para seguir ocultando cosas, no lo pudimos retirar a la mañana. El juez a la tarde se volvió a equivocar. Firmó un acta que decía que el cuerpo no se podía cremar y tenía que quedar bien definido dónde se iba a enterrar. Nosotros somos católicos, no lo íbamos a cremar.

“¿Cómo no lo identificaron?”, le preguntamos. “Porque tenía mucha tinta en las manos”. Nunca tuvo, ni mucha ni poca. Nunca tuvo tinta. Hoy con la tecnología, y estando empadronado, hubiera dado quién era. Todo eso decía que seguían ocultando. Después, con esa discusión, fuimos a la morgue. Llevamos una cámara. Lo filmamos. Casi nos meten presos por filmar. “No, acá no se puede filmar”. Ya habíamos filmado. Después, otro apriete. La casa velatoria nos decía que lo teníamos que velar a cajón cerrado.

“¿Encontraron una enfermedad gravísima? ¿Tuberculosis? Te voy a explicar. Nosotros consideramos que un cuerpo congelado aguanta suficiente para velarlo a cajón abierto”, le dije. El juez me importaba tres carajos. Lo sacamos de la bolsa negra, le compramos y pagamos la mortaja. Hicimos el velorio.

[pregunta un joven de 25]

– ¿Cuándo fue la primera vez que vieron el cuerpo?
– En la morgue, porque abrieron la bolsa de plástico en la que estaba y me lo mostraron. Diego no tenía ninguna mancha de tinta en las manos.

Después todo el tema de la autopsia, pareciera que la hubieran hecho con un cuchillo sierrita, porque estaba todo rasgado, como si lo hiciera alguien macabro.

El 22 de abril, día de mi cumpleaños, tuvimos el entierro de Diego [llora]. El mes de abril es el de más cumpleaños de la familia…

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Seguimos, se involucran organizaciones sociales: el bachillerato La Pulpería, donde asistía Diego. Dentro de las discusiones que teníamos, lo primero que discutimos es que decía que yo iba a trabajar con la política. Así como me ven, a Néstor Kirchner le llevé una carta a la Casa Rosada porque creía en construir el país de la forma más pacífica posible. Entonces le decía a las organizaciones que para darle visibilidad al caso, se tenía que ver desde el sentimiento familiar y desde la política. Para que no pasaran otros casos y darle algo positivo. Para que empecemos a cambiar la realidad, porque hay una… Por más que digamos que somos todos iguales, la realidad dice que hay mucha desigualdad en los barrios. Los pibes sufren mucho maltrato por el solo hecho de ser pibes, ser rebeldes. Todo eso lo puse sobre la mesa. Trabajamos en busca de la verdad y la justicia para encontrar algo positivo.

Lo que costó mucho fue la discusión sobre el tema de que lo nuestro trasciende a la bandería y el partidismo. Es trascendental para nosotros. A partir de ahí, lucha, lucha, lucha. El primer mes, fuimos un montón de organizaciones y nos juntamos en la Corte Suprema pidiendo que se derogara la absolución.

[Levanta el vaso de agua, que tiembla poco] Yo estoy nervioso en este momento, pero tomo agua tranquilo. El abogado de Carmona temblaba. [Agita el vaso] Llegaba un momento en que agarraba el vaso con dos manos. Fue la primera vez que vi un testigo falso. Logramos la no absolución de este tipo [Pablo Carmona]. La investigación iba para largo.

Cuando Francisco es detenido, hicieron la reconstrucción del hecho. Nosotros de nuevo andamos como pelotudos de aquí para allá. El juez no vio otra cosa: ¿Por qué la justicia tenía tanto interés en que a Francisco le pasara algo? El sufrimiento, cosa que nosotros anduviéramos preocupados por él. Un miércoles, le dije a Francisco que no se le ocurriera levantar el resguardo físico. Se lo decía en Lavalle y Talcahuano [Servicio Penitenciario Federal]. Ya sabíamos que nos iban a acusar, pero no pensaba en esto. Lo llevaron, lo empezaron a drogar. “¿Sos boludo? Te dije que no levantaras el resguardo físico”, le dije.

[pregunta un joven bien alto]

– ¿El resguardo físico qué implica?
– Nosotros no estábamos ni enterados de la causa. El resguardo físico es eso. Ante el recurso de amparo, la policía, la justicia no le podía hacer nada por más que fuera un magnicida, que así lo trataban. Entonces, cuando me encuentro con él… Habíamos ido a Devoto. Resulta que no estaba en Devoto, estaba en Ezeiza. Cuando llegamos a Ezeiza encontramos a una persona totalmente golpeada, totalmente ultrajada, totalmente drogada.

No podés dar un diagnóstico psiquiátrico o psicológico si no la conocés no drogada. El psiquiatra dijo que Francisco llegó ahí con una angustia leve. Francisco tenía dos marcas [se señala el cuello] de incitación al suicidio. Tenía puñaladas en los brazos. Tenía acá [se señala la nuca] picana. Conozco las marcas que dejan las picanas. Lo pinchaban con un palo para que subiera y bajara escaleras. Lo estaban picaneando. Estaba todo golpeado. No nos conocía. Decía: “yo no tengo familia”. No quería estar con nosotros porque no nos conocía. En esos primeros 5 días hubo un par de noches que durmió en un patio. Él dice que eran policías los que lo torturaban físicamente. No hubo apremios ilegales, hubo torturas. No un cachetazo… Durante cinco días y cinco noches, [si hacés eso] estás torturando. El juez no vio por qué hubo tanto empecinamiento de la policía en que le pasara algo. Él decía que era Robledo Puch. “Discúlpenme que tuve problemas con 9 mujeres”. Francisco no sabía quién carajo era Robledo Puch. Yo creo que muy pocos acá saben quién es Robledo Puch. [Es un asesino serial, la persona imputada con más delitos graves en la historia de Argentina]

Ahí conoció a un pibe, [José Luis] Orellana, que estaba pronto a salir, pero hicieron que se ahorcara. Felizmente íbamos todos los días a pelear que no lo drogaran. Por eso Francisco pudo ir, descolgarlo y reanimarlo. El pibe revive. Estaba inconsciente. Francisco también fue inconsciente. Si el pibe llegaba a estar muerto, olvídate. [Lo hubieran incriminado a Francisco]

Le volvió a pasar lo mismo en Marcos Paz, pero otro pibe se ahorcó y murió.

Diego también estaba de joda frente de casa y cuando se prendió fuego el banco de Alte. Brown y Suárez, rompieron la ventana y entraron. Al único sobreviviente de la familia lo rescató Diego. Los pibes querían sacar más gente y la policía y los bomberos no los dejaron. Con gorra o sin gorra, drogados o no, los pibes eso fueron los que los sacaron. Esos.

[pregunta una joven de 20 años]

– ¿Cómo fue que salió Francisco?
– Sale absuelto.

[Le pide a Lucía, su mujer, el papel que lo acredita y lo lee]

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[pregunta un joven que toma un café con leche]

– ¿La causa de Diego terminó?
– No.

– ¿No hubo fallo?
– No. Ni siquiera con todas las pruebas en su contra. En la reconstrucciónd el hecho, Diego anteponía su brazo izquierdo en forma de defensa. Y tenía roturas en la ropa y lastimaduras en la piel por los disparos en corta distancia.

[pregunta un joven de barba roja]

– ¿Cómo recordás, Francisco, esos días en la cárcel?
– [Habla Francisco por primera vez] Es bastante difícil acordarse. Es triste.

– ¿Y la situación en que vos estabas dopado, recordás algo?
– Algo. No mucho. Estuve muchos días sin saber quién era y sin poder caminar, por los golpes.

 

Le agradecemos a Francisco, invitamos a los lectores a que repliquen la historia y la Familia Núñez se pone a hablar con un integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Aplausos. 

Generación Arruga

Nos quieren sacar a Luciano Arruga para tapar los más de 4 mil casos de gatillo fácil desde que volvió la democracia, como si invisibilizándolos taparan también la pobreza.
Luciano fue depositado en un barrio pobre, carente de todos sus derechos, fue instigado a robar y fue torturado por pobre.
Su familia lo tuvo que buscar cinco años y ocho meses porque es pobre.

Como a Luciano, a Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco los tuvieron desaparecidos durante meses porque eran pobres.

Habían sido perseguidos por policías por ser pobres.

Kiki había sido introducido en las peores drogas, que llegan a los barrios pobres.

Fueron encontrados muertos, como NN en Chacarita, como Luciano, habían sido asesinados por policías por ser pobres.

David Vivas y Javier Alarcón fueron asesinados por un subcomisario. Habían discutido y el subcomisario decidió resolverlo a los tiros. Los diarios hablaron de “delincuentes pirañas”. Pueden mentir así porque sus víctimas son pobres.

A Diego Núñez lo fusiló un policía. A su hermano Francisco lo metieron preso durante un año y tres meses, lo torturaron, lo drogaron y lo absolvieron. No tenía nada que ver con el homicidio por el que cayó. Lo pueden hacer porque son pobres.

A Braian Hernández lo mató el policía que manejaba las drogas en el barrio. Al testigo clave lo mandaron a matar el día después de que declarara. Sus familias siguen amenazadas, por ser pobres.

Los cuatro mil pibes pobres asesinados por la policía merecen la verdad y la justicia. Toda la generación de pibes pobres merece el derecho a vivir con dignidad.

“3 a 0”

En Bariloche, la pertenencia a una clase social delimita la relación con la policía. En la ciudad más desigual de Río Negro, a los que viven en las zonas pobres la policía los reprime y hasta mataron a tres pibes. Los que viven en las zonas ricas aplauden a la policía que reprime ¿Lo más patético? En una manifestación de los adinerados, se festejó como el resultado de un clásico la cantidad de asesinados.

Todos los escritores de policiales negros se van a dar la cabeza contra la pared. Cuando Carolina Alak, militante de la Multisectorial contra la represión, me contó la anécdota, no podía creer que no se me hubiera ocurrido antes de que realmente sucediera. Es una historia dentro de todo lo que pasa en esta ciudad con una vista hermosa, con un aire limpio, silenciosa sin contar las bocinas de algunos turistas, sin más fábricas que de chocolate –a la vista-, con casas de piedra y de madera, con un gigante lago, con montañas enfrente –porque la mirada no se escapa del Lago Nahuel Huapi y la nieve en los picos de esa cordillera-, con pastos verdes, con nieve en invierno…

 

Es la Suiza argentina.

 

Es Bariloche, la ciudad de Río Negro con mayor brecha social. En una misma localidad, con los mismos servicios, viven los más ricos y los más pobres. Marina Schifrin, abogada en casos de derechos humanos, da su explicación a lo que parece inexplicable: “Bariloche es una ciudad muy especial. Si no conocés las 34 hectáreas, el Alto, y la parte rica de los Kilómetros, no entendés cómo es y por qué pasa lo que pasa”.

 

El Alto: la periferia a donde se va la gente a la que el campo no le da de comer.

34 hectáreas: un barrio al fondo de El Alto, de lo más pobre y más marginal.

Los Kilómetros: una zona rica, muy rica, que va desde el centro de Bariloche hasta el famoso y costoso hotel Llao Llao.

 

Esa polarización social genera más que esa anécdota que me contó Carolina y que me sigue picando en la cabeza: generó a los pibes.

 

Los pibes no sólo no tienen una plaza donde jugar, tampoco tienen un lugar en la ciudad adonde ir. No se los tiene en cuenta para nada. Es así: son “los negros de El Alto”. Durante el menemismo, fueron los pibes cuyos papás no tenían laburo, los pibes que comían en comedores. “No tienen la cultura de que pertenecen a la sociedad, de que tienen derechos. Son pibes difíciles”, dice Margarita, compañera de Alak en la Multisectorial. No bajan a laburar, no bajan a estudiar. Cuando bajan, saben que les van a hacer quilombo. Especialmente, la policía.

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Bariloche genera sus ingresos del turismo, pero no todos sus habitantes viven de eso. “Aunque ande bien la temporada, no alcanza para todos. Si no anda bien, ni te cuento. Por eso hace falta esta policía”, adelanta Carolina. “La sociedad de Bariloche es tan particular. Es tan difícil esta sociedad, tan nazi, tan fascista en muchos aspectos”, sigue. “Esta policía” hace cosas como la que relata Susana, otra militante de la Multisectorial: “El hijo de una amiga mía, que estudia filosofía y letras, en la parada del colectivo, vino un cana, lo agarró de atrás, `negro, a dónde vas´ y lo desfiguró. El chico no entendía nada”.

Todo esto no sucede porque sí: hay un reclamo del sector social que vive en el centro y en los Kilómetros para que los tengan disciplinados. La policía y los organismos –supuestamente- de seguridad están respondiendo a ese reclamo social.

“Después hay otra cosa. Los policías de acá salen de los mismos lugares de donde salen estos pibes. Son sus vecinos. A los 9 meses de una instrucción paupérrima, salen a laburar con el arma. De haber tenido una infancia, adolescencia y familia en común, hace que tengan una bronca con alguno y se desquitan con el arma”, hipotetiza Carolina.

La exDefensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, denunció 120 casos de asesinatos por la policía de Río Negro. Durante su gestión, encontró “no menos de una decena de casos de ahorcados” en cárceles o en comisarías. En Bariloche, en particular, el 17 de junio de 2010, la policía mató por la espalda a Diego Bonefoi, un pibe de El Alto que se había metido con la persona equivocada. Los barrios respondieron con una pueblada ( Ver: El día en que Bariloche fue toda sangre). La policía, con una larga y durísima represión. Mató a dos jóvenes más, Sergio y Nicolás, que ni estaban participando, sino que vivían ahí. Desde ese momento, algunas organizaciones de derechos humanos se fortalecieron. Se formó la Multisectorial contra la Represión. Recibieron 20 casos, similares al de Diego, que quedaron en la nada.

 

Carolina sigue detallando: “En la calle o adentro de los calabozos. La ‘maldita policía’ actúa en todos lados. Uno de los casos más conocidos es el del Titi Albarracid. Estaba con una bandita de amigos tomando una cerveza en una esquina, cayó la cana y lo mató. No hay condenados. Otro es el de Jorge Pilquiman: lo sacó la cana de un boliche del centro y lo encontraron tres días después ahogado en los Piletones del Puerto San Carlos, frente al Centro Cívico”.

 

Carina, la pareja de Sergio, uno de los asesinados en la represión de 2010, también lo ve como algo de todos los días: “Siempre se ve a los policías correr a los pibes”.

 

Mario Cayún vive en El Alto. El día de esa represión, dentro del shopping del centro, iba a pagar la boleta de luz, pasó por el baño, se encontró con un agente del BORA –Brigada de Operaciones de Rescate y Antitumulto- que, antes de cualquier diálogo, lo agarró, le pegó, sacó un arma, le gritó “Tirate o te quemo” y le quebró un brazo, mientras se sumaban más policías. Cayún empezó a entender qué pasaba y se asustó porque ya había habido tres asesinados. Le intentaron fracturar las manos, los pies, las costillas. Vio a otro pibe que salía detenido. Pedía, entre gemido y gemido, asistencia médica. “Callate nena, ¿querés que te escuchen todos?”. Lo esposaron mientras él pedía que tuvieran en cuenta su fractura. A la gente que pedía los nombres de los policías, la empujaban y la echaban. Lo subieron al patrullero, lo llevaron a la Comisaría Segunda de Bariloche, lo pusieron contra la pared, le levantaron el brazo fracturado, le siguieron pegando y le sacaron el celular y la plata, que nunca le devolvieron.  “No podía entender tanta violencia sobre los jóvenes. Yo no era el único golpeado”, declaró Mario. El médico que lo revisó hizo que lo llevaran al hospital, pero la ambulancia tardó muchísimo en llegar. En el hospital lo amenazaron con seguir dándole por malandra, por negro, por bocón, por maricón.

 

Los médicos le dijeron que lo tenían que operar. No importó. Lo llevaron a la Comisaría 27. “Vos ya tenés una bala en la cabeza”, le advirtieron ahí. “Si a vos te gusta tirar piedras, bancátela”, le seguían imputando, sin que él tuviera nada que ver con la manifestación. Bajando del patrullero, le golpearon la cabeza contra el auto y siguieron jugando con su brazo. Le sacaron las zapatillas y la campera y lo tiraron en el calabozo. Desde el calabozo, Cayún vio cómo se buscaban en la televisión, se sentían famosos, se mandan mensajes de texto, se llamaban: “Lo veían como un juego”.

 

“Con un tiro en la nuca, no vas a poner más resistencia”, le seguían diciendo mientras le seguían pegando. Su cuerpo ya respondía solo, del dolor que tenía. Temblando de frío, con el brazo fracturado, cuando lo sacaron de la celda, pensó que lo iban a matar. Lo querían sacar sin campera ni zapatillas. Lo llevaron en un móvil, sin decirle a dónde iba. Volvió a la Comisaría Segunda. Un agente de ahí, le dijo a otro de la 27: “Lo hubieran dejado por ahí, ¿qué hacemos con él? Asamblea Permanente por los Derechos Humanos está reclamando. Si lo ven así, ¿qué hacemos?”. Según cuenta, en todo momento se divertían con lo que hacían, tenían una sonrisa en la cara. “Dale boludo, firmá”, le decían, cuando Mario quería leer el papel que le daba la libertad. Finalmente lo dejaron en el hospital.

 

Carolina Alak sabe que el negocio más frecuente en El Alto es el de las armas y las drogas. Son ellos, los policías, los que lo manejan. No tienen pruebas porque ese circuito está cerrado. “Deberían investigarlo, porque las denuncias están hechas desde las escuelas, los organismos de derechos humanos, la iglesia de Pan de Esperanza. Hay denuncias anónimas en una línea telefónica gratuita”, argumenta. Los pibes hacen el relato y después pagan diezmo. En la cagada que se manden, tienen que dar parte. Se roba y tenés que dejar porcentaje. Se vende droga, se deja una parte. Si se retoban, el destino es el de Diego Bonefoi o Titi Almonacid.

 

La anécdota que concluye esta nota, la que después de saber esto, sigue resultando increíble, muestra que la represión ya es una institución más, política de Estado, pero también está arraigada en la sociedad. Después de los reclamos por justicia por las tres muertes, los vecinos del Centro y de los Kilómetros, los ricos, organizaron una contramarcha. “No sabés las barbaridades que nos decían a nosotros. Nos insultaban de una manera… Si a nosotros nos generaba calentura, imaginate  a los pibes de los barrios. ‘3 a 0’ les decían los policías”, dice Carolina. Los manifestantes que defendían los asesinatos de la policía también la vanagloriaban. Mandaban a los chicos a sacarse fotos con los uniformados, los subían a los coches como en desfile militar. “¡Les tiraban rosas!”, se indigna Margarita, de la Multisectorial.

 

Los barrios periféricos y el propio centro estuvieron militarizados. Los policías pedían documentos en la calle, sin motivos, andaban con armas largas. Ya había pasado eso después del asesinato de un remisero.

 

La abogada Marina Schifrin piensa que el Estado tiene una policía que no puede trabajar, que no hay democracia posible con esa institución, por sus métodos, por sus criterios, por su educación. “Si lo llaman democracia, tienen que empezar de cero”, reflexiona, y describe los métodos judiciales para que todo quede en nada: “Entre ellos se encubren. Ellos son los que hacen los expedientes preventivos. Al menos, cuando los delitos los cometen los policías, debería haber otra institución que investigue”. El objetivo de los policías son los pobres. “Los que no son pobres, sí son jóvenes. Es una forma de disciplinamiento. Los que piden más policía, están más inseguros cuando se cumple su pedido. Crece la violencia. Por los expedientes que yo conozco, hay cada vez más casos de violencia después de averiguación de antecedentes. Carlos Báez, por ejemplo, murió quemado el 4 de enero en el Penal 3”, analiza. Báez pasó 10 días, desde aquella navidad de 2012 en que los guardias reprimieron, internado por quemaduras. El oficial principal, Hugo Almendra, fue desplazado. Su reemplazante, Manuel Poblete tuvo que admitir que la cárcel estaba en pésimas condiciones.

 

Entre todo eso, en Los Kilómetros de Bariloche, el camino al cerro Llao Llao, está el súper hotel donde se hizo la cumbre de la Unasur en 2009, con todos los presidentes. Ahí, donde el acceso al lago Nahuel Huapi está bloqueado por súper casas, ahí, funcionan cervecerías caras, muy caras, súper cervecerías. En esas cervecerías pitucas, hay trabajadores y hay patrones. Carolina me contó eso que me resulta sumamente literario, de otro planeta, inentendible. Los trabajadores cierran los locales y, claro, vuelven a sus casas. No se suben a sus autos, corren la tranquera, saludan al ovejero alemán que ladra y muerde a quien se acerque, salvo a ellos, entran el  auto, cierran la tranquera, le dan un pico a una mujer inalcanzable y se acaloran un rato cerca del hogar, whisky en mano. No. Se toman el remís que les paga la cervecería, se bajan frente al lago, difícilmente usan su tiempo en buscar a Nahuelito, giran para la derecha y empiezan a subir. Cansados, cabizbajos, pensando por dónde pasar para que no les pase otra vez. Cruzan la avenida principal. En invierno esquivan algún grupo de egresados. Se tapan y se abrigan para combatir a la nieve. Se guardan las manos en los bolsillos, buscando un poco menos de frío. Siguen subiendo. Llegan a la Avenida Brown, que no se ve desde el centro. Empiezan a ver la cordillera de atrás de Bariloche. Más gris, marrón y blanco, si hay nieve. Y ven azul. No es el lago. Son uniformes.

 

-Documentos- les dirán, y les darán una buena paliza todos los días.

 

Increíble ya no resulta esto. No es eso lo que Dashiel Hammet, Raymond Chandler, ni más acá, Ricardo Piglia, jamás pensarían. La dueña de una de las cervecerías no podía aguantar ver que sus empleados llegaran golpeados. Habrá dudado ella -a diferencia de nuestros escritores- un tiempo de la versión sobre los azules. Hasta que la repetición se transformó en verdad para ella. Levantó el teléfono.

-Tengo hechos unos carnets de mis empleados. Si voy a la comisaría, ¿podría firmarlos, jefe, para que, por la madrugada, cuando vuelven de trabajar, no sean golpeados por los oficiales?

 

El comisario de Playa Serena firmó.

 

El día en que Bariloche fue toda sangre

El 17 de junio de 2010, el cabo Sergio Colombil mató de madrugada a Diego Bonefoi. La ciudad se movilizó y la policía, con órdenes de más arriba, decidió reprimir con balas de plomo. Mataron a Nino Carrasco, que iba a lo de su novia, y a Sergio Cárdenas que miraba esa locura desde un paredón. Ahora, a esas familias, les arman causas.

 

Diego Bonefoi

Diego Bonefoi se había metido con un pez gordo. Tenía 15 años. A las 4.30 de la madrugada del 17 de junio de 2010, parece que estaba jugando a la pelota con amigos en el barrio Boris Furman, del Alto barilochense, allá arriba donde ya no se ve el Lago Nahuel Huapi, ni turistas, sino carencias. El cabo Sergio Colombil hizo lo que los transas esperaban: ejecutó a Diego por la nuca con su arma reglamentaria.

 

A las 5, en la primera pericia que se hizo sobre la plaza, no había un arma.

 

A las 9.15, delante del juez apareció. Desde hacía media hora estaba el grupo de represión de la policía, el BORA, en la comisaría 28, a metros de la casa de Diego. Su familia todavía no sabía que había muerto.

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A las 10.30, la policía acribilló el frente de la casa de Diego. 15 minutos después, empezaba a arder el barrio. El comisario general Jorge Villanova se reunió con el mayor Argentino Hermosa en la 28. Desde ahí, al Centro Cívico a juntarse con el ministro Larreguy y con el secretario de Seguridad, Cufré.

 

A las 12.55, quedó detenido el tío de Diego. 5 minutos después empezaron los disparos de ithacas del BORA y los gases lacrimógenos.

 

A las 14, las concentraciones se multiplicaron. La policía también. Había oficiales de toda la provincia de Río Negro, hasta de Viedma, que queda en la otra punta. Había del Servicio Penitenciario. En horas, Bariloche estaba militarizada. Había policías en todas partes. Las autoridades, en cambio, se fueron a El Bolsón. “Con una llamada por teléfono, paraban todo. Nunca tuvieron esa voluntad”, razona Carolina Alak, de la Multisectorial contra la Represión en Bariloche.

 

Durante la represión, hubo dos muertos más: Nicolás “Nino” Carrasco y Sergio Cárdenas. Una chica todavía tiene una bala alojada en el brazo.

 

Por el fusilamiento de Diego, Colombil está preso, pero nunca se investigó quién hizo aparecer el arma que Diego no llevaba cuando lo mataron.

 

Los asesinos de Nino y de Sergio siguen impunes. Ni siquiera se sabe quiénes son. Ni verdad, ni justicia. Los primeros días no se pidieron las escuchas para saber quién ordenó reprimir con balas de plomo. “El fiscal tiene que investigar y no lo hizo. El juez debe intervenir para que se investigue y no pidió las escuchas. Esas escuchas eran vitales para poder procesar a los realmente responsables, a los jefes de la policía, al Ministro de Seguridad, que era Larrieguy y al Gobernador, que era Miguel Saiz. Todos estaban. Todos sabían lo que estaba pasando. La cana no se maneja sola, recibe órdenes”, explica Marina Schifrin, abogada de la familia de Nino. También apunta a los jueces: “Cuando hay interrogatorios, no interpelan. Queda solo la versión de lo que quieren decir los policías. ‘No me acuerdo dónde estaba’, ‘Yo no fui’. Como disparaban con itakas, no quedan rastros del arma homicida. Todo lo que se identificó fue por peritos que trabajaron bien. Nada salió de testimoniales. Por lo menos habría que llevarlos al falso testimonio. Pero ni eso hacen. Los jueces se asocian a las hipótesis de armas tumberas. Un solo testigo lo dijo. Lo consiguieron, lo dijo y el juez solo investiga eso”.

 

Nicolás “Nino” Carrasco

 

-¿Serás vos el que mató a Nino? –piensa Carmen Curaqueo, la madre de Nino, y saluda al policía que la acompaña en su trabajo. Es inspectora de tránsito. Los conoce. La conocen. Vaya adonde vaya, llega llamando a alguien para avisar dónde está. Si tuviera los medios, se iría de Bariloche.

 

Vecinos del Alto se juntaron de todos lados a apedrear a la comisaría 28, querían prenderla fuego. A medida que la gente se enteraba de los muertos y heridos, subía y la represión recrudecía. El día siguiente, todavía no terminaba.

Carmen ese día trabajó hasta las 2. Abel, el marido, la pasó a buscar y le dijo lo que había pasado.

 

-Mataron a uno de los Bonefoi.

-¿Cuál será?

-Uno de los que iban a buscar al Negro –decía Abel, por Nino.

-No hay que dejarlo salir.

 

Carmen lo agarró a Nino.

-Vos no andes metiéndote ahí, por algo lo habrán matado.

-Vos siempre hablando de más.

-Por más que haya hecho lo que sea, no tendrían que haberlo matado.

-Lo único que te digo es que vos no te metas ahí.

 

Como Carmen tiene hermanos adolescentes, se fue a lo de su hermana, a cuatro cuadras. Le dijo que tuviera cuidado. Cuando salía, se encontró con Nino, que se iba a lo de la novia, en el barrio 28 de abril, más arriba, más lejos del centro.

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-No pasa nada, petisa- le dijo. Nino medía como dos metros.

 

Carmen nunca pensó que la policía iba a encerrar a los chicos, ni que la situación fuera tan grave. Pero sí. Les hizo una emboscada, y tiró al montón con balas de plomo.

“Hirieron al Nino”, gritaba un chico. Carmen salió corriendo.

 

-Me falta el aire.

-Te dije que no vinieras por acá-  y le dio una cachetada.

 

Tenía solo un huequito. Carmen le dijo que no tenía nada, que debía ser el miedo. Lo entraron a una casa. Llamaron a una ambulancia. La policía no la dejaba pasar.

 

Fueron al hospital de Elfrein. Nino estaba herido de gravedad. Había perdido mucha sangre. Lo iban a operar. Tenía cuatro impactos de bala en la espalda, uno en la pierna, otro en el estómago, otro en el riñón  y el letal en la aorta. Murió.

 

El cuerpo quedó en la morgue del hospital. Para poder retirar el cuerpo, le decían los médicos a Carmen, tenía que hacer la denuncia en la comisaría 18va. Lo iban a velar con Diego. Ella no quería saber nada. Echaba la culpa de la muerte de Nino a la “mala crianza” que daban los Bonefoi. “Yo lo sentía así”, dice Carmen, que después tuvo que aguantar que hubiera una marcha a favor de la policía porque “mataron a tres negros de la villa”. Lo primero que dijeron los medios fue que a Nino lo mataron porque andaba robando, no que fue durante la represión.

 

La mano dura fue la que puso la mordaza. Desde la muerte de Nino, los intentaron ensuciar: que son una familia conflictiva, que Gaby, el mayor de los hermanos, anda robando, con el menor lo mismo. “Al no tener uno los recursos ni los medios nos cuesta mucho acceder a la Justicia. Ya pasaron cuatro años y todavía no tenemos nada. Está peor que la primera vez, que primero sí pasaban cosas. Pasó por los tres jueces que hay en Bariloche. Los abogados lo dejaron de lado porque están trabajando para el Estado”.

 

El ensucie se intentó hacer con allanamientos.

 

De los cuatro allanamientos que les hicieron, el primero llegó el 18 de octubre, un día antes del día de la madre y del cumpleaños de Nino. Había habido un robo en los Kilómetros. Carmen vio un auto abandonado a la vuelta de su casa y le avisó a la abogada para que estuviera atenta. Ya sabía cómo funciona la policía. Planta un auto como supuesta prueba para hacer lo que quiera hacer. Efectivamente, se hizo el allanamiento. Revolvieron todo. Buscaban plata, una cámara fotográfica, celulares. Miraban papel por papel, como para molestar. Como no tenían nada, no encontraron más que el altar que Gaby había hecho para Nino.

 

-Ah, este es el que mataron.

-Sí, este es el que mataste- y Gaby le dio una piña. El policía respondió con otra piña y el juez Lozada paró la pelea.

 

Por la calle, a Ricardo, el menos de los hijos de Carmen, le dicen: “Vos vas a terminar como tu hermano”. Una de esas veces terminó apedreando solo a una comisaría. Rompió un vidrio y le hicieron una causa. La de Nino, mientras tanto, no avanzó.

 

En la octava marcha, alguien tiró una bomba a la comisaría, que se prendió fuego. Involucraron a Ricardo y a Gabriel. Ricardo estaba tocando el bombo. Gabriel estaba con Carmen, así que ella sabe él tampoco que fue.

 

“La muerte no se investiga, esto sí”, reclama otra vez. “Aparte, ¿cómo sabemos que no fueron ellos mismos? Yo no sé si Nicolás un día va a tener justicia. He ido a un montón de lugares. Todos dicen que van a ayudar: Derechos Humanos de Nación, la Presidenta, los que se acercan. Queda en palabras”, explica Carmen.

 

Otro día, en junio de este año, por dar otro ejemplo, cuando el hermano de Carmen entraba a la casa, lo agarró la policía y lo golpeó. Tomaban carrera para patearlo. Le reventaron un riñón.  “Yo, como tengo experiencia con la policía, sé que te maltratan”, explica. Fue sola a la comisaría. Afuera había policías con escudos, desafiando. Una policía le repitió la amenaza que había recibido Gaby: “Vos seguí jodiendo y vas a terminar como tu hijo”.

 

-Soy la hermana de Luis Curaqueo. Lo detuvieron. Quiero saber por qué y quiero ver cómo está- se presentó Carmen en la comisaría. Recién en ese momento dejaron de pegarle a Luis.

La callaron, mientras ella acusaba de haber matado a Nino a quien fuera que la encarara. “Yo no maté a nadie”, le respondía uno por uno.

 

“¿Qué iba a pasar si yo no llegaba? ¿Iba a pasar como con Titi Almonacid –la policía lo mató por estar tomando cerveza en una esquina en febrero del 2000-?”, se pregunta Carmen.  Cuando llegó la abogada Marina Schifrin, pidió que lo mandaran al hospital. Como estaba detenido por averiguación de antecedentes, hasta que no los averiguaron, no lo largaron.

 

En Río Negro hay más de 120 casos de gatillo fácil, según denunció la exDefensora del pueblo, Ana Piccinino. Carmen se empezó a interiorizar cuando a Nino le dio una de las balas de la represión del Alto post asesinato de Diego Bonefoi. “Desaparecen y se sabe que fueron policías. Salen de boliches y los detienen. Son varones de los barrios a los que agarran. Será la forma de vestirse”, resume.

 

A Nino eso ya no le pasaba. Era grande, tenía 27 años. Dice que nunca había tenido su familia problemas con la policía, excepto “correteadas cuando salían”. Ya naturaliza muchas cosas: “Por ahí los chicos andan a deshoras de la noche y los mandan a sus casas o los golpean un poco. Por el trabajo que yo tengo, también vi cómo golpean a los pibes. Nunca pensé que me iba a tocar a mí. Uno le decía no te metas con tal, no hagas aquello. Tal vez si te juntás con aquel van a decir que sos igual. Cuando pueden aprovechar y golpear a alguien, lo hacen. Las familias no denuncian. Por miedo”.

 

Sergio Cárdenas

 

Sergio se había pedido vacaciones para poder ver el Mundial. Trabajaba todo el día en el Hotel Llao Llao. La mañana del 17 de junio jugaba la Selección. Carina, su mujer, la madre de sus dos hijos, estaba laburando. La llamó después de ir a festejar, diciéndole que la  esperaban para almorzar. El barrio ya era un caos, pero Sergio y Carina recién se enteraron cuando llegaron a su casa. Vieron un partido más y cerca de las 17, la llamó su hermana y le contó: “Hubo quilombo, mataron a uno de los Bonefoi. Están a los tiros, acá entraron los gases, no se puede respirar, pasame a buscar”. Salieron a buscarla. Cuando llegó tomó dimensión de la represión en las calles Onelli y Sobral, en el Alto. Estacionaron el auto y él se quedó mirando al lado del auto. Ella fue a lo de su hermana, dejó a su hija e inmediatamente se acercaron por la ventana a avisarle que le habían dado a Sergio y que se lo habían llevado al hospital. “Fue así, al toque. Después me enteré que un amigo pasó y le dijo de ver lo que pasaba más cerca, ahí en un paredón al lado de un portón negro que tiene marcas de balas. Él giró, le dijo a un chico que se fuera y cuando se dio vuelta, cayó. Murió en el acto”, cuenta Carina.

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Desde entonces, también le allanaron la casa intentando involucrarla a ella y a su familia en otras causas que, como con los Carrasco, avanzaron más que las de la muerte.

 

-¿Le pasó a Sergio que al ir al Centro con sus amigos, que lo parase la policía…?

-Pasa que Sergio era más grande, tenía 29 años, teníamos una familia, no boludeábamos en la calle. Pero nunca tuvo problemas.

-¿Y en el barrio se veía ese accionar la policía?

-Sí, siempre se ven a los policías correr a los pibes.