Boom inmobiliario popular

Para poder tener sus casas, ocuparon los terrenos que un empresario decía suyos. La policía los reprimió mientras dormían. La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley presentado por la Asamblea de Legítimos Ocupantes para expropiar esas tierras. Para que se promulgue solo falta la firma del Daniel Scioli. Aún a la espera.

Él es Rene Ramos Flores.

Rene Ramos Flores.
Rene Ramos Flores.

Y ahora va a tener su casa en los terrenos que Alberto Mattioli, mejor conocido como El estafador, El dueño de la mitad de La Plata, El que le roba hasta a los muertos, alquilaba ilegalmente.

Es que Alberto Mattioli, al frente de una “empresa familiar dedicada a emprendimientos inmobiliarios donde cuenta la persona como centro de atención con sus necesidades, deseos y requerimientos” -según lo indica su página web-, es en realidad una persona que se apropia de tierras que no son suyas, las alquila, y cuando vecinos de la zona intentan recuperar esas tierras para construir sus casas, los denuncia.

Así pasó en la localidad de Abasto, La Plata, en los terrenos ubicados entre las calles 520 a 530 y de 213 a 217.

Esas tierras fueron adquiridas en los años 60 por Zelindo Lentini, presidente del club Estudiantes de La Plata en la década del 80. Allí fundó y radicó la empresa Texlen, que quebró en el 2001 y empezó a contraer una deuda con el Estado. Lentini falleció en el 2007 y Mattioli, mediante un supuesto poder que Lentini le dejó y nunca presentó ante la Justicia, se declaró administrador de esos terrenos ociosos. Cercó el lugar y lo empezó a alquilar a quinteros.

Los terrenos desalojados.
Los terrenos desalojados.

El domingo 19 de abril vecinos de Abasto ingresaron a esos terrenos unidos en la Asamblea de Legítimos Ocupantes. Más de 300 familias entraron pacíficamente al predio, que no tenía alambrado, y empezaron a construir casillas improvisadas, algunas cerca de las tierras cultivadas por los quinteros pero sin afectar su producción. Mattioli, alegando que las familias estaban destruyendo la cosecha de sus inquilinos, denunció la ocupación.

¿Qué hizo el Poder Judicial con la denuncia de Mattioli? El Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Pablo Raele, ordenó desalojar el predio. El juez Raele no le exigió a Mattioli los títulos de propiedad, ni contempló que las tierras no estaban alambradas y que la ocupación había sido pacífica, ni mucho menos reparó en que la vivienda es un derecho al que todos los habitantes de la Argentina deben acceder. No hizo nada de eso, sino que utilizó la fuerza, esa que la Constitución reserva sólo para el Estado, para preservar los negocios ilegales de un individuo. Resultado: la represión de 300 familias que intentaban recuperar un predio usurpado por este empresario.

El domingo 3 de mayo llegó a los vecinos la orden de desalojar el predio, dictada por el Juzgado de Garantías Nº 3. A pesar de que el juez Arias, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata, había dispuesto una medida precautelar mediante la cual le ordenaba al Poder Ejecutivo de la Provincia que “se abstenga de llevar adelante la orden de desalojo”. Mientras todo el barrio estaba militarizado por centenas de gendarmes de la bonaerense, hasta el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, se hizo presente en el lugar el miércoles 5 de mayo y afirmó que “en estas tierras no va haber represión y se construirá un plan de viviendas para todas y todos”.

Adalberto, miembro de la Asamblea, relata lo que pasó ese día luego de la visita de Mariotto: “Para nosotros el miércoles fue un día de celebración, terminamos la asamblea decidiendo qué nombre ponerle al barrio, muchos chicos volvieron porque habíamos decidido que el día de la posible represión no haya chicos, ni madres, ni ancianos. Esa gente volvió y a partir de las 5 de la mañana del jueves comenzó la represión”.

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El acampe de la Asamblea de Legítimos Ocupantes.

Ingresaron los efectivos de la policía Bonaerense: unos 600 oficiales. Más del doble de la cantidad de gente que dormía en ese momento en las casillas, algunas más improvisadas, de lona y plástico, y otras mejor plantadas, con paredes de madera. Ingresaron sin dar voz, ni pedir que abandonen la zona de forma pacífica. Pisaron a la gente que dormía, la patearon, dispararon. Asesinaron a los perros, prendieron fuego las pertenencias de los vecinos. A los que lograron escapar los persiguieron por entre los campos linderos. Hubo más de 30 heridos y trece personas terminaron detenidas, incluyendo al abogado que defiende a los legítimos ocupantes

Víctor, también miembro de la Asamblea, cuenta junto con Adalberto lo que pasó esa madrugada: “La zaña que tuvieron con nosotros no se puede explicar, hasta chicos lastimaron. Y no fue que entraron y nos desalojaron, nos corrieron hasta Ruta 2 y por el medio del campo. Como si fuéramos salvajes. En esta época es algo inentendible que hayan tratado a la gente así”.

Adalberto remata, categórico: “Lo principal acá en Abasto es la necesidad de vivienda que hay. La gran cantidad de gente que ocupó los terrenos trabaja y alquila, todo ese dinero volcado a la especulación inmobiliaria, volcado a la construcción de la propia casa. Se acaba el negocio de unos cuantos”.

Mirá bien estas caras, porque todos ellos juntos, le ganaron a la especulación privada, esa que no vive sin una mano del Poder Judicial.

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Ganaron porque después de los palos no se abatieron. Se reunieron y acamparon una semana sobre la calle 212. Hicieron asambleas, reuniones, festivales, marchas. Sostuvieron la lucha que venían llevando a cabo hacía meses, lucha que tiene como eje central el derecho a la vivienda digna.

Le ganaron porque agrupados en la Asamblea de Legítimos Ocupantes presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para expropiar esas tierras. Y lo lograron. El proyecto se aprobó el 13 de mayo. Ahora los terrenos que antes explotaba ilegalmente Mattioli “serán destinados al desarrollo de planes de vivienda, teniendo en cuenta a sus actuales ocupantes (…) Los bienes expropiados por la presente ley se destinarán a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de los actuales ocupantes”.

Para que esta ley se promulgue necesita la firma del Daniel Scioli, que tiene diez dias para hacerlo, contando desde el 21 de mayo pasado. Mientras tanto los vecinos esperan. Algunos ya no tenían un lugar donde ir desde que empezó la toma, y aún no lo tienen. La Asamblea de Legítimos Ocupantes está acampando frente al predio. Las tierras siguen custodiadas por la policía. Por ahora las carpas del acampe son la casa de muchos vecinos del Abasto, y aunque el viento las vuele y el frio se cuele por las costuras, siguen plantadas firmes ante los terrenos que la Asamblea logró recuperar.

Urbanización masacre

Gastón Arispe Huamán cayó en un pozo ciego. Antes que llegue la ambulancia, lo mató la precarización de su barrio. Los vecinos de Rodrigo Bueno siguen luchando por la aplicación de la ley que garantice cloacas, agua potable, servicio del SAME y menores niveles de plomo en sangre.

Gastón Arispe Huamán, de 13 años, intentó salvar la vida de su gato. Había caído en un pozo ciego que su madre había tenido que construir porque en el barrio Rodrigo Bueno, Costanera Sur, no hay cloacas. “Amaba a los animales como a nada”, cuenta su mamá, Flora Huamán. Gastón cayó en ese mismo pozo ciego y murió ahogado el 9 de marzo de 2015. Pero no en ese mismo momento.

Los vecinos avisaron a Policía Federal y Prefectura, que están a unos metros de la casilla de los Huamán. “Estaban tomando mate”, retrata Flora, mostrando con pocas palabras la tranquilidad que las dos fuerzas tenían antes de ser advertidos y que mantuvieron después.

Otros vecinos llamaron a una ambulancia, lo que no es fácil porque la señal telefónica también escasea en barrios pobres. Dieron las coordenadas, aunque sabían que el vehículo en sí no iba a poder llegar hasta el pozo, porque Rodrigo Bueno fue construido sin más planificación que la necesidad.

Gastón Arispe Huamán.
Gastón Arispe Huamán.

La ambulancia no llegaba, pero vecinos ya habían sacado a Gastón del pozo lleno de la mierda que el camión atmosférico de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) nunca sacó, porque el Gobierno de la Ciudad manda una sola unidad a todo el barrio, y no da a basto. Hasta tal punto que en la casilla no había un pozo, sino dos. Por si acaso, Flora aclara por qué construyó el segundo: “Me vi forzada a hacerlo porque el viejo se rebalsaba y no quería que me pasara como a mis vecinos, que les había cedido el piso: tenía terror de que un día me estuviera bañando y todo se venga abajo”. Como el barrio está construido sobre relleno, el peligro se agiganta. Los pozos, además, son precarios por obligación. La policía no deja entrar materiales de construcción por un decreto del exjefe de Gobierno Jorge Telerman, que desde que la corporación IRSA empezó a interesarse por esta zona, puso en marcha toda la maquinaria para el desalojo, topadoras incluidas, que fallos judiciales interrumpieron.

Flora llegó en un taxi que se tomó desde su trabajo cuando su hija le avisó lo que había pasado. Recibió a los bomberos, que le dijeron a Flora que corriera a la casa. Ellos la seguirían.

Ya había llegado la ambulancia, 40 minutos después del pedido.

Gastón murió.

Legal

El mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, según la Constitución Nacional y la de la Ciudad, debería garantizar la vivienda digna, apeló un fallo de la jueza Elena Liberatori que ordenaba la urbanización de Rodrigo Bueno. El fallo fue revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña con el argumento de la propiedad por sobre la dignidad humana: no hay título que avale la ocupación y la permanencia en bienes públicos no otorga derecho a reclamar la propiedad. Hoy, como la Defensoría General de la Nación volvió a apelar, la posibilidad de que no haya más muertes por la precariedad del barrio depende el Tribunal Superior de Justicia porteño.

Por otro lado, la Defensoría General de la Nación junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para urbanizar Rodrigo Bueno. No es la primera iniciativa de este tipo. Cada dos años, un proyecto similar pierde estado parlamentario por el cajoneo de la comisión de vivienda.

 

Pedido de Justicia en la marcha del 23 de abril.
Pedido de Justicia en la marcha del 23 de abril.

 

Quiénes son

En la comisión de vivienda de la Legislatura de la Ciudad, encargada de todo lo relacionado con el artículo 31 de la constitución porteña, y que nunca llevó el proyecto de urbanización al recinto, hoy se encuentran Paula Villalba, Lía Rueda, Cristian Ritondo, Alejandra Caballero, Christian Bauab, José Luis Acevedo y Cecilia María de la Torre (PRO), Javier Gentilini (Frente Renovador), Paula Penacca, Jorge Aragón y Jorge Taiana (Frente para la Victoria), Gustavo Vera (Bien Común), y Marcelo Ramal (Frente e Izquierda y de los Trabajadores).

Lo único programado según la página de la Legislatura, respecto de la Rodrigo Bueno, es que Aragón propuso investigar la responsabilidad de UGIS en la muerte de Gastón.

De que se forme una mayoría entre los 7 miembros del PRO, el del FR, los 3 del FpV, el de Bien Común y el del FIT, depende, hoy, que se obligue al Estado a garantizar cloacas, agua potable, servicio de ambulancias del SAME y menores niveles de plomo en la sangre de entre 2 mil y 3 mil personas (cerca de la mitad son menores de edad) que viven en el barrio.

“Desde la Comisión de Vivienda venimos trabajando en un proyecto de urbanización con los delegados del barrio Rodrigo Bueno abierto a la participación de todos los vecinos para que opinen sobre cómo quieren que se urbanice su barrio”, le dijo Gentilini, presidente de la Comisión, a Flora, la mamá de Gastón. Prometió “ir a fondo y sin ninguna dilación” en la urbanización de la villa. Según él reconoció, “están dadas todas las condiciones para que se pueda urbanizar el barrio: hay terreno suficiente y, lamentablemente, la desidia de los gobiernos de la Ciudad y de la Nación hizo también que ocurriera una tragedia como la muerte de Gastón. Por eso, hoy la prioridad la tiene la urbanización de las villas y, dentro de ella, la de Rodrigo Bueno en especial”, finalizó Gentilini.

Flora, madre de Gastón.
Flora, madre de Gastón.

La respuesta de Flora es obvia: “Es lamentable que tenga que pasar la muerte de un chico para que nos escuchen. Da mucha tristeza”.

Mientras tanto, el presupuesto dedicado a la vivienda es cada año menor en la Ciudad. Menor es también lo que efectivamente ejecuta el Gobierno encabezado por Mauricio Macri.

 

Gastón no es la única víctima fatal de la vivienda indigna

El 16 de agosto de 2013, la casa 53, a 30 metros de la de Gastón, se incendió, probablemente, por la precariedad del tendido eléctrico. María, de 5 años, murió en esa casilla con techo de madera y cartón. Los materiales para mejorar la construcción los frena la policía en la entrada del barrio.

Sur, desalojo y después

¿Qué pasó con las 700 familias que el desalojo del barrio Papa Francisco en agosto dejó sin vivienda? 

Es miércoles, es una bala y es Melina López. Es sábado. Es 2014. Es 23 de agosto, más de 2000 efectivos de fuerzas estatales de seguridad desalojaron el barrio Papa Francisco. Es narco, es política. Es narcopolítica. Es el triángulo de la avenida Fernández de la Cruz y Pola, en Lugano. Es el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional llegaron bien temprano al barrio, con argumentos de allanamientos por el asesinato de Melina López, para expulsar en menos de dos horas a 700 familias que allí tenían su casa. El plan de desalojo no tuvo reparo alguno en qué hacer con la situación habitacional de toda esa gente.

Luego, las topadoras. Las fuerzas de seguridad, garantes del espectáculo de destrucción de todas las pocas pertenencias materiales de las familias. Arrasaron cada casa con lo que había dentro: heladeras, documentos, materiales de construcción, ropa, principalmente todo.

El Hotel Pavón en Constitución funciona desde hace años para Nación alojando a chicos y sus familiares que por tratamientos médicos complejos necesitan permanecer en Ciudad de Buenos Aires por tiempos prolongados. Allí mismo llegaron el día posterior al desalojo dos familias a ocupar habitación.

Tina en su habitación del Hotel Pavón.
Tina en su habitación del Hotel Pavón.

“Es tranquilo aquí. Pero es un hotel, no una casa. No es la solución”. Tina explica su situación, la de tantos: “Me negué rotundamente a recibir subsidio habitacional. Eso puede solucionar nada. La asistente social del gobierno nacional que viene a visitarnos es una presión constante. Nos ofrece de todo para que nos vayamos del hotel. Subsidios habitacionales de $1200 a $1800 por familia, planes de ayudas urgentes, asignaciones por hijo. Todo para que nosotros pasemos a alquilar algo afuera. Con esa plata no se puede conseguir ningún alquiler, cualquiera lo sabe. La asistente llegó a decirnos que si aceptábamos, además de los planes, hay ocho mil pesos más para nosotros que iban a ir a las familias de los niños que están en este hotel. Niños que esperan operaciones de corazón, enfermedades graves. Fue lo que más me molestó, es absurda esa propuesta. Me mato trabajando, y no es para esto. Así que no, muchas gracias”.

Carlos, el marido de Tina, el día del desalojo cayó preso por intentar recuperar pertenencias de su propia casa. Empleado de construcción y padre de dos hijos tiene un historial largo de piezas y piecitas desde que llegó de Bolivia hace dieciocho años: “Antes de Lugano, alquilaba una pieza en Pompeya. Siempre alquilé. Tengo mi hermana que tiene su casa, pero no puedo ir a construirle arriba. Tengo que poder ser independiente. Estuve en el Indoamericano, donde nos dieron folletos del Instituto de Vivienda de Ciudad de Buenos Aires, presentamos todo y nada. Acampamos en el IVC. Dicen que solo a casos especiales pueden darle. Que tiene que quemarse tu casa –pero casa no tengo le digo- o tenés que estar muerto vos, para que tu familia realmente lo necesite. ¿Me suicido y ya está?”.

Carlos, a la espera de su vivienda.
Carlos, a la espera de su vivienda.

Tina interrumpe en un momento clave para responder al discurso de manual que suele atacarlos: “Lo único que pedimos es una facilidad para comprar nuestra casa en cuotas, no pido nada de regalo. Eso lo pueden hacer, pero no está la voluntad política. En Papa Francisco estuvimos 6 meses, habíamos empezado a construir. Yo compré el terreno ahí con la ilusión de que estaba consiguiendo donde iba a estar mi casa. Por fin tengo mi casa creí”.

Me dice Carlos que la muerte de la chica fue parte de un juego sucio para sacarlos. Que no fue un robo. Que el PRO usó a los narcos, que ya conocían a la chica, que fue para tener un motivo para el desalojo de toda esa gente.

Son palabras comprometedoras, complejas: vínculo narco de la política argentina con el asesinato de Melina. Palabras difíciles de comprobar. Igual de difíciles de desestimar.

Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.
Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.

Es una historia. Es solo un capítulo de una historia. Es sistemático. La falta de una vivienda digna para estas familias -que claro que no son las únicas- es algo viejo, lleva mucho tiempo. Cinco décadas. Es medio siglo ya. Es el derecho constitucional ignorado. Es ignorar e ignorarlos.

El desalojo fue consecuencia de la ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 por la legislatura porteña que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”. Los vecinos se arreglaron entre casas de familiares, el acampe en el boulevard, subsidios habitacionales que no alcanzan, hoteles como el Pavón, presiones, nuevos alquileres de piezas más caros –con 700 familias desalojadas, la demanda aumentó de golpe, así los precios se dispararon- y paradores nocturnos.

Los terrenos deben ser urbanizados según la ley. Hoy están tapiados con unas grises chapas altas con puteadas pintadas de todos los colores. Solo una máquina trabaja en el predio. La cuestión viene lenta.

Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital
Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital

Es un boulevard repleto de desalojados. Es invierno. Es noticia por 3 días. A lo sumo 4. Sin baños: es plástico, intemperie y lluvias. Una semana. Dos. Tres. Y unos días más.

“Fui la última en irme del boulevard. No aguanté más”. Resignada, relata Pinky sentada ahora en la estación Pola del Premetro de frente a los terrenos desalojados. “Ahora estoy alquilando a cuatro cuadras de donde era la toma. Dos habitaciones sin baño, porque todavía no lo terminaron, por tres mil pesos. Losa, ladrillo y nada más. Venimos al baño a la casa de mi suegra. Yo tuve que agarrar el subsidio de 1800 por diez meses porque otra no me quedaba y no tenía donde ir. Estoy con mi nene y mi marido, que se la gana con changuitas igual que yo, que limpio casas de familia”. Después del boulevard pasamos tres días en lo de mi suegra. Que éramos como veinte, estaba la familia de mi cuñada Romina, desalojada también”.

Pinky en la estación Pola del premetro porteño.
Pinky en la estación Pola del premetro porteño.

“En Papa Francisco teníamos una casilla de madera y chapa. Antes, alquilaba por acá también. Mientras dormíamos, nos rompieron la puerta diciendo que era un allanamiento. Preguntándonos sobre Melina. Que saliéramos mientras continuaba el allanamiento. En una hora vuelven a entrar, nos aseguraron. Solo agarramos a los chicos. Estando afuera supimos que era un desalojo. Que no podíamos volver a entrar”.

Martín Caparrós en su último libro viene a explicar el hambre. Y explica un país: “La Argentina se caracterizó por ser, durante la mayor parte del siglo XX, un país donde los pobres tenían un lugar: eran trabajadores. El capitalismo más o menos industrial los necesitaba para operar herramientas en sus fábricas, talleres y servicios, y esa necesidad hacía que los necesitados pudieran imponer algunas condiciones: mejoras -siempre insuficientes- en su forma de vida. (…) En la Argentina actual sobran cinco o seis millones de personas. Los más pobres sobran: su exclusión completa –su falta de necesidad- es relativamente nueva y nadie sabe bien qué hacer con ella: qué hacer con ellos”.

Ese verbo sobrar duele, repulsa, y no puede dejar de estar ahí. Para el sistema económico social argentino –más sencillo: nuestra sociedad- sobra gente.

Lucha de clases

Más allá del parecido de Berni con un editor de Clarín y de la despiadada represión de Gendarmería y la Metropolitana, el conflicto en Lugano desnuda el problema de la vivienda en la Ciudad. La acción del Estado a pesar de lo que dice la Constitución.

IMG_2576-3No mezclar y confundir las incontables aristas de los últimos hechos ocurridos en el barrio Papa Francisco de Lugano -bien al sur de la Ciudad de Buenos Aires- puede resultar un gran esfuerzo. Primero porque muchos factores confluyen y pueden nublar que ante todo acá se está hablando de vivienda. Luego, porque donde existe confusión -creada- debemos saber que siempre hay quien sale muy beneficiado.

La Ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”.

Las drogas y los narcos que circulan cómodos en asociación con cualquier fuerza represiva del Estado.

El asesinato de Melina Lopez de 18.

Las palabras de Berni: “Este asentamiento se cobró la vida de tres personas”, que hasta al más perezoso hará recordar al titular clarinesco, ya desenmascarado: “La crisis causó dos nuevas muertes”.

El Plan Unidad Cinturón Sur que desde julio de 2011 despliega tres mil efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en el sur de la ciudad.

De la misma ciudad que está siendo sede de la conferencia internacional “El futuro de la ciudades“, organizada entre otros por la ONU.

La resistencia armada narco -desalojados una semana después- y los siete heridos de la Metropolitana.

La contaminación del suelo con metales pesados.

Y quién carajo son los punteros que iniciaron la toma del predio.

Todo. Ocurre. Pero acá se está hablando de vivienda. Y de cómo fue la represión aplicada para dejar a gente sin su casa ni otra solución viable.

Desde el Observatorio Urbano Local, dependiente de la Facultad de Arquitectura de la UBA, aseguran un notorio aumento de la población que vive en villas y asentamientos precarios en las últimas décadas: “Ha pasado del 1,2 al 5,7 % entre 1960 y el 2010, con la única alteración de la trayectoria marcada por la erradicación forzada de las villas durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. La tendencia en los últimos 50 años indica que, mientras la población de la ciudad ha permanecido casi constante, la población viviendo en condiciones extremas de precariedad habitacional se multiplica casi por cinco”.

Mientras, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que puede pasar años sin construir una sola vivienda, ejecutó solo el 11,5% en el primer trimestre del presupuesto 2014 de 957.270.900 pesos.

Articulo 14bis. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna[i].

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Dicen que dicen:

Dice Guillermo, vecino desalojado: “El sábado pasado eran las ocho menos cuarto de la mañana cuando tocaron la puerta. Pensé que eran chorros que andan por ahí siempre. Así que no contesté rápido. Los de la Metropolitana entraron a la fuerza, me pegaron un culatazo acá –se señala el hombro izquierdo inflamado por demás-, me gritaban `salí de acá, tomátelas, salí´, solo con la mochila que pude agarrar, sin documentos, ni plata, dejé mi casa con mi familia”.

Dice la jueza María Gabriela López Iñíguez: “En la madrugada del sábado se dio inicio al allanamiento oportunamente dispuesto, cuyo resultado fue exitoso en tanto la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98% del terreno se encontrara desocupado de moradores. Es decir que a las 9.15 horas todas las personas habían abandonado, sin pérdidas humanas que lamentar ni heridos de consideración, el terreno ocupado. A partir de las 9.15 horas comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias, con el objetivo de preservar en toda la medida posible las cosas muebles de los habitantes (…) El objetivo primordial fue el de evitar, para los habitantes de ese lugar, pérdidas materiales que hubieran podido agravar sensiblemente su situación, por evidentes y ostensibles razones de humanidad”.

Dice María, vecina desalojada: “Si Berni y Macri tenían planeado un desalojo, lo básico era pensar dónde ubicar a tanta gente. Lo único que nos ofrecieron fueron palazos y nos dejaron tirados en el bulevar mientras veíamos a las topadoras que nos rompían todo: heladeras, documentos, materiales de construcción. Nos dijeron que venían por un allanamiento, pero era mentira”.

 Vuelve a decir la jueza López Iñíguez: “Sin perjuicio de algún mínimo y ulterior incidente que haya podido registrarse con el curso de las horas, definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada, corresponde declarar oficialmente que estos hechos deberán ser abordados y resueltos por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño en uso de sus legítimas facultades. Las autoridades locales, en sus diversos roles, hemos dado cumplimiento a nuestro deber. Por ende, sólo resta hacer público en lo personal mi enorme agradecimiento a la solícita colaboración de la Gendarmería Nacional, en la persona del Sr. Comandante Mayor Claudio Brilloni, Jefe del Cinturón Sur de esa fuerza; al Sr. Secretario a cargo de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación Rodrigo Luchinsky y muy especialmente a la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Sra. Cecilia Rodríguez, por el gigantesco compromiso y dedicación funcional que exhibieron, para posibilitar que esta manda judicial fuera ejecutada de un modo humano, racional, proporcionado, y en definitiva constitucional”.[ii]

Dice Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires: “La Metropolitana no cumplió con los pasos que establecía la orden de la jueza López Iñíguez, que eran intimarlos a retirarse voluntariamente primero, y en ese caso brindarles asistencia de movilidad, sanitaria, alimentaria y habitacional, y si había resistencia, usar la fuerza. (…) en el tiempo que duró el desalojo, que empezó a las 7 y terminó a las 9, no se pudo haber cumplido con eso; se hizo todo por la fuerza, que era el segundo paso”.

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Estratagema

La estrategia oficial post desalojo fue la cesareana-napoleónica divide et impera. La táctica fue orientada a separar a los vecinos de sus vecinos, de sus casas, de sus familias. El objetivo: debilitar el poder popular, dividir a los desalojados e imperar sobre ellos.

Algo más de quinientas familias desalojadas quedaron en la calle y fueron impulsadas a arreglárselas por su cuenta. Los que pudieron están aún hoy resistiendo en el bulevar de la Avenida Fernández De La Cruz rodeados por efectivos de la Metropolitana. Los que no tenían familiares o amigos a quien acudir por un rincón donde tirar su colchón fueron distribuidos entre hoteles y entre los paradores nocturnos para personas en situación de calle del Gobierno de la Ciudad, en Barracas, en Parque Chacabuco y en Parque Avellaneda.

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A Guillermo, luego de desalojarlo a los golpes, lo invitaron a ir al de Parque Avellaneda: “La mitad de mi familia se fue a casa de familiares, y el resto nos fuimos al parador. Al segundo día ya faltaba comida, mesas, los padres y los hijos dormían en una sola cama. Son pabellones divididos entre mujeres y hombres con cincuenta cuchetas cada uno, muy parecido a estar detenido en la cárcel. Ir allá no es solución. Hay gente que vive en la calle y duermen en esos paradores que se quejan porque la comida la tienen que compartir con nosotros ahora. Y a mí, que vengo de Santa Cruz de la Sierra, me gritan que me vaya por boliviano. Pero hoy a la noche probablemente vaya a dormir allí de nuevo”.

De lejos, se lo escucha a Franco pedir una y otra vez por baños químicos. Hay que entender que los que están resistiendo en el bulevar -dentro del enrejado policial, y fuera- no tienen siquiera donde cagar. “Hubiese preferido que los uniformados agarren y nos maten, y no esto de dejarnos muertos en vida”. Es de Alianza Lima, el equipo de su ciudad natal, 36 y una familia disgregada a partir del desalojo masivo: “La mayoría éramos inquilinos, no tenemos nada, y acá algo tuvimos. Pero ya no. La dictadura acabó pero ellos la siguen aplicando”. Entre medio de una oración y otra, vuelve a consultar por los baños, y continua explicando hasta dónde llega la bronca: ”Nos presionan para que firmemos el subsidio habitacional de 1800 pesos por 10 meses con cláusulas que no te permiten reclamar después; es que eso no soluciona nada para una familia. No lo vamos a hacer. El pueblo por más que sea pobre se va a levantar, el pobre se va a cansar de ser pisoteado. Si lo único que te van a poder sacar es la vida, porque el resto ya te sacaron todo, hay que entregarla”.

IMG_3557La estructura estructural

La crisis habitacional de las -al menos- 163587 personas que, según el Censo 2010, viven en las villas de la ciudad es estructural, pero no necesaria ni menos irreversible. Es estructural porque la estructura político-social indica que así sea. Lo estructural aquí es la estructura funcional a sostener los status quo relacionados con la criminalidad civil, la corrupción política y la permanencia de la supremacía del poder establecido, para no ofrecerle todas las culpas simplemente al capitalismo que las suyas no deja de tener.

María de unos cincuenta y pocos, se calza como automática al nieto que todavía no camina en el brazo derecho. Canchera con los bebés, de un solo movimiento le deja el hombro libre para que el chiquito apoye cómodo la cabeza. “Desde que llegué a Buenos Aires siempre estuve en villa 20, en casas de familiares de mi esposo, comedores y alguna piecita prestada por ahí. Nací en Villa Minetti, un pueblo santafecino pegado a Santiago del Estero, pero de chica ya me fui a Santa Fe capital. De allá vengo. Pero allá es mucho lo que se da de prostitución. -descuelga al nieto para dárselo a la madre- y yo tengo muchas nenas y mientras ellas fuesen creciendo iban a ser llevadas por los cafiolos, y ahí, ya no ves más a tu hija. Por eso me quise venir acá. A Buenos Aires la ves desde la tele y es Nueva York -estira los brazos Maria, separando en horizontal todo lo que puede la yema de los dedos medios de cada mano-, estando acá ya es otra cosa”.

Apenas llegué de Bolivia alquilaba una casa con otras familias cerca de la cancha de Vélez  y trabajaba en la costura -cuenta Guillermo-. Cuando vi que podía conseguir algo más barato, alquilé dos piezas de 3×3 en la 1-11-14, que ahora valen unos mil pesos cada una. Pero hace unos meses con mis ahorros pude comprar por veinte mil pesos un terreno de 8×4.5 en la Papa Francisco. Quién me lo vendió, uno del barrio que no se cómo se llama, me decía: `ya es seguro, llevan más de tres meses acá. No te lo van a sacar´. En otros lados, los terrenos valían de 40 a 100 mil pesos. Al otro día de comprarlo armé una casa precaria con unas chapas y a partir de ahí me puse a construirla con material y todas las mañanas trabajaba en la obra para mi casa”.

[i]  Constitución Nacional Argentina.
[ii] Comunicado oficial de la titular del Juzgado Nº 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Gabriela López Iñíguez, en relación a los hechos de público conocimiento en el marco de la orden de allanamiento y liberación ejecutada el sábado 23 de agosto.

“Somos trabajadores que queremos producir”

El intento de la Cooperativa 28 de Mayo por recuperar su fuente de trabajo aún depende de eternas jornadas judiciales. Mientras los acusan de usurpadores, acampan hace más de dos años frente a la ex Lanci Impresiones, luego de su cierre.

Hay 15 trabajadores que se turnan día a día para estar presentes en la improvisada casa que se armó en la vereda de la calle Mom al 2800, en el barrio de Pompeya. El acampe está frente a la ex Lanci Impresiones que hace más de dos años -y luego de casi cuatro de inseguridad laboral- cerró sus puertas, vaciada, adeudada, paralizada. De 50 trabajadores, 16 decidieron tomar la fábrica el 28 de mayo del 2012 luego de soportar cuatro años de atrasos salariales; un año después fueron desalojados por la Policía Metropolitana en un despliegue de fuerzas enorme frente a los cinco obreros que dormían adentro: sin poder llamar a sus abogados, rodeados de decenas de uniformados y con el sonido de un helicóptero dando vueltas sobre sus cabeza, los 351 días de autogestión se hicieron pedazos. Pero no desistieron, y ahora, catorce meses después, siguen esperando un fallo judicial que los termine por dejar en la calle o, por el contrario, les de las llaves de la sede y vuelvan a producir: “adentro las máquinas se oxidan y está lleno de ratas” nos cuenta uno de los operarios que, interrumpido su almuerzo, nos relata la larga espera.

Medio

Entre juzgados, abogados, jueces y denuncias

El intento de la Cooperativa 28 de Mayo por recuperar la fuente de trabajo está mediada por lo que parecen ser eternas jornadas judiciales en la que operan tres diferentes juzgados con causas completamente distintas. La primera causa está en manos del Juzgado Penal debido a una denuncia hecha por el ex dueño de la empresa contra los trabajadores por usurpación de la propiedad privada, durante los momentos de la toma, y contra el Presidente de la Cooperativa Telésforo Gallardo por amenazas, lo que le impide estar a más de 600 metros del establecimiento. Estas denuncias tienen implicancia directa para la causa en el Juzgado Comercial, que trata sobre la quiebra ya que como nos explicó Gallardo, “el juez en lo comercial que decretó la quiebra no nos quiere dar el inmueble porque para él nosotros no somos trabajadores sino usurpadores”.

– ¿Y con la nueva Ley de Quiebras no estarían habilitados a hacerse de la fábrica a cambio de la deuda que tienen?

– No, porque cuando vino el tipo y puso la faja de quiebra, nosotros estábamos en la calle y no en la fábrica produciendo.

Este problema es crucial para los trabajadores ya que de reactivar la fábrica conseguirían mantener un sueldo. “Acá todos tenemos entre 40 y 50 años, ¿quién te va a dar trabajo con esta edad?” nos preguntan en el acampe. Sin embargo está el tema de la deuda, los cuatro años en los que recibieron la mitad del sueldo o incluso menos debido a los problemas económicos que decía tener la compañía. Nuevamente la Justicia se opuso a la historia de estos trabajadores, ya que el síndico enviado a administrar la empresa cuando entró en quiebra reconoció estas deudas muy por debajo de lo que fueron realmente: “Al primer síndico nosotros le tuvimos que presentar las deudas que tenían de manera individual. Pero el síndico en el concurso solo reconoció la mitad de la deuda de uno, un 2% de otro, un 10% y a otro nada. ¿Cómo no te lo va a reconocer?” nos cuenta Waldemar. Pero, la luz de esperanza se abrió con la intervención del Juzgado en lo Laboral, ya que el conflicto entre los trabajadores y el dueño que comenzó con las huelgas y la toma de fábrica tendría que haber sido tomada por este juzgado. En caso de reconocer las faltas que tuvo la compañía para con los obreros, el Juzgado Comercial se vería obligado a aplicar la Ley de Quiebras y darles el establecimiento junto con las máquinas a cambio de las deudas que tienen con ellos. Pero recién comenzó el litigio y la Justicia es tan lenta como perezosa…

La deuda como violencia de género

“La Justicia nos quiere tratar como delincuentes, hablando de usurpación, pero ¿qué delincuente se queda en el lugar del hecho? Nosotros nos quedamos frente a la fábrica porque somos trabajadores que queremos ponernos a producir” señala Waldemar en relación al acampe. Pero este acampe es mucho más que el esfuerzo de los propios operarios, es también el reflejo del aguante de la familia. Estas familias lo vienen haciendo hace añares, cuando empezaron a ver sus ingresos disminuidos por los recortes del patrón. Por eso la vida privada de cada uno se vio violentamente modificada, teniendo que empezar a recibir ayudas de los padres, debiendo la mujer salir a mantener el hogar. Y de esta violencia también nos relatan: “Desde el 2009 arranca nuestra bronca, cuando empezábamos a cobrar medio sueldo e ibas a tu casa y ya no podías ser más el jefe de familia. Ahí te empezabas a sentirte violado… La familia es quien evita que te caigas. Ellos te sostienen en esta lucha por intentar recuperar la fuente de trabajo. En ese momento éramos 50 personas y ahora somos 15 nomás”. Sentirse violado porque fueron sometidos al poder del patrón. Waldemar nos lo dice directamente: “en lo personal, para mí esto fue violencia de género”.

-¿Por qué violencia de género?

-Porque él hizo abuso de poder, abuso de poder económico, sobre nosotros, que estábamos económicamente destruidos. Con lo que nos debía de sueldos, estábamos económicamente destruidos. El tipo abusó de tener más poder que nosotros. El patrón se abusa al no darte tu salario; y él capacidad de pago tenía. Tenía bienes, tenía capacidad de producción; nosotros no dejamos nunca de trabajar. Eso es un abuso, no sexualmente, pero abusa porque él maneja otros tiempos que vos no podés manejar. Por eso es “relación de dependencia”, porque vos dependés de él. El patrón estornuda y el trabajador se engripa. Eso es así, históricamente fue así y será así para el obrero.

Mientras tanto, ya van terminando de almorzar los seis obreros que adentro de una casa improvisada de maderas y chapas. La espera, nos dicen, es tremenda. Los tiempos de la Justicia parecen no tener relación alguna con las necesidades reales de quienes necesitan respuestas. Y antes de irnos les preguntamos cómo se sienten estando a metros de la salida a sus problemas, a metros de ese anhelo de dos años: “Es triste, se hace muy pesado. Estar afuera, sentado, esperando a que los días pasen, a que la Justicia decida. Lo triste es la incertidumbre. Imaginate que vos tenés a tu mujer embarazada, con tres meses de gestación, pero sabés que tenés que esperar seis meses todavía. Entonces esos seis meses los esperás con esperanza, con alegría, con fe. Tal vez querés que nazca ahora, pero el profesional te dice: “no seas ansioso, tenés que esperar nueve meses y listo”. Nosotros en cambio no sabemos cuánto va a tardar, no sabemos siquiera si la Justicia que solo tiene que firmar un papel, va a firmar. Porque una cosa es la ley escrita y otra cosa es el que firma, aprobando esta ley, que es un Ser Humano. La Ley de Quiebras está aprobada, pero un juez tiene, una persona, es quien tiene que agarrar una lapicera y firmar que nosotros estemos adentro”.

Las primeras gotas caen, nosotros nos saludamos y nos vamos con la certeza que nos tiraron en la despedida: “vuelvan, total, vamos a seguir estando acá”.

Posible Final A

La Universidad en la fábrica

La educación popular entra en la formación de futuros profesores. Desde la fábrica recuperada IMPA se gesta una nueva forma de enseñar y estudiar.

IMPA es una fábrica de metales y plásticos. Fue recuperada en 1998 por sus trabajadores, que pagaron hasta hoy 4 millones de pesos de deudas anteriores. El servicio de luz eléctrica está cortado desde entonces. Solo con su autogestión consiguen la energía para hacer funcionar la fábrica y el resto de la Ciudad IMPA. Los techos son altísimos. Hay agujeros en la chapa. Es enorme su estructura, como enorme su potencial. Por eso para resistir el desalojo, el ahogo financiero y hasta energético, la apuesta es llenarla de trabajo, de contenido y de gente.

A Vicente Zito Lema, “personalidad destacada de la cultura de la Ciudad”, poeta, militante, le plantearon allá por 2010 los trabajadores de la fábrica que querían continuar –ir más allá de- el centro cultural y el bachillerato que funcionan en la “Ciudad IMPA”.

-Queremos hacer una universidad.

-Que la primera sede sea IMPA.

-Que sea la Universidad de los Trabajadores.

-Que integre el Polo Educativo.

Algunos de los 44 trabajadores de la fábrica se graduaron del bachillerato que funciona ahí y piensan estudiar en la Universidad. “Hay espacios que están cerrados para los hijos de los trabajadores”, le explicaba el Vasco Murúa a Barricada TV, el canal que también funciona en ese edificio. “Desde la educación también se disputa el discurso hegemónico”, seguía. Por eso eligieron que los cuatro profesorados (biología, matemática, lengua y literatura e historia) que funcionan desde 2013 utilice la teoría de los grupos y la metodología de la educación popular y trabajen bajo la perspectiva histórica del movimiento obrero.

La materia Trabajo: Función, historia y organización, antes de que se crearan las carreras, era un seminario. Hoy atraviesa a todos los estudiantes de la UT, pero está también abierta a quien quiera ir. “Desde el punto de vista de la cátedra, el trabajo es algo constitutivo del ser humano, ya que es el proceso por el cual el hombre se constituye como tal. Mediante el trabajo, el ser humano es capaz de transformar la naturaleza, permitiendo desplegar su potencialidad natural. Es algo exclusivo del hombre que no posee ningún un otro ser vivo, y es a través suyo que le hombre subsiste”, expone Nicolás Espósito, desde un punto cualquiera del círculo que forman estudiantes, docentes y coordinadores de grupo. Abre el juego a preguntas, comentarios y se forman grupos  conformados por estudiantes y coordinadores para seguir relacionando la clase con la vida cotidiana. Alicia, estudiante del segundo año del profesorado de lengua y literatura, supo explicar para qué: “Así nos entendemos más”.

IMG_8625El comentario no surgió de un repollo. . “A mí me tuvieron toda la vida así”, y aprieta el puño contra la mesa y machaca. “Aplastada”, dice. “Me dan 30, 40 años y tengo 60”. Le diagnosticaron un retraso madurativo. La psicóloga le recomendó estudiar en el bachillerato de Córdoba y Gallo. “Ahora que estoy acá, me doy cuenta de que puedo”. Después de que le dieron el título, Alicia se inscribió al profesorado de Lengua y Literatura de la Universidad de los Trabajadores en IMPA. Raúl quería estudiar. Vio carteles en la calle y empezó. Llegó acá, pero podría haber sido a cualquier lugar. “Tuve varias experiencias educativas, pero esta es la más linda”, dice. Está por cumplir 59 años.

-El ambiente es distinto. Nunca había tenido una pareja pedagógica. Es muy interesante. Los profesores son muy competentes- empieza Raúl.

-Son muy inteligentes. Saben contener mucho a las personas- enfatiza Alicia.

-Somos pocos, entonces en las clases se participa mucho. Con los dos docentes, se arma una linda comunidad. Le da dinámica a la clase.

-¿Se imaginan enseñando?

-Alicia: Tanto como enseñando no sé. Pero me siento una persona completamente distinta a la que era antes.

-Raúl: En el sistema formal, no creo que tenga oportunidad, por mi edad. En el informal -ni escuelas públicas ni colegios privados-, tal vez sí.

La única estudiante de biología cuenta sus tropiezos para explicar cómo llegó a la UT. Trabajaba en Capital, vivía en Tigre y estudiaba en San Miguel. En el Joaquín V. Gonzalez, había una materia con horario único que se pisaba con su horario de trabajo y le trababa la cursada.

-¿Y acá?

-Acá respetan tus tiempos, tus formas de aprender. Todos los profesores siguen viniendo porque yo quiero cursar. Estamos sosteniendo entre nosotros la carrera. Me están mostrando que les intereso. Puedo preguntar sin sentirme una tarada.

Como en el bachillerato los docentes cobran salario, el aguinaldo es donado para recursos necesarios.

Uno de los objetivos de la Universidad es poner al acceso de los trabajadores la educación de nivel superior.

-Si bien la mayoría de nosotros –dice Voboril, como docente- estudiamos en la universidad pública, lo hicimos trabajando. La universidad no pone en consideración las dificultades de una persona que trabaja y estudia. Nosotros pensamos una formación de nivel superior de calidad pero accesible para una persona atravesada por el mundo del trabajo. Por eso funcionamos en el horario vespertino, por eso la flexibilidad a la hora de recibir un trabajo práctico”. Es una oferta de continuación, también, para los graduados de los profesorados. “En ese proyecto de querer terminar con los últimos años de secundaria, se ven invitados a seguir con la orientación de educación y popular. Cada docente que se gradúe es pensado como un multiplicador de la educación popular. En nuestros diez años de trabajo, tenemos qué decir sobre esta modalidad”.

-¿Y con esta fábrica, como recuperada, qué relación le cabe a la Universidad?

-Ideológicamente coincidimos con la crítica al sistema que plantean los trabajadores al tomar una fábrica cuando el patrón la abandona. Nosotros también construimos conocimiento con esos trabajadores. Estamos todos atados a un mismo destino que es el de los trabajadores.

Educación popular- Educación tradicional

Paula, profesora de antropología y vecina que había acompañado durante las pasadas situaciones de inminente desalojo: “Todas”, responde consistente cuando le pregunta qué diferencias ve entre la forma de enseñar que le permite a ella la Universidad de Buenos Aires y la de la UT. “El alcance de la UBA es cada vez menor por nuevas universidades. IMPA cada vez crece más. En la educación popular, la relación de construcción es constante, no de llegar, estudiar e irse. El espacio da contexto. Este espacio no permite que haya solo reproducción de ideas. Permite saberes que se relacionen con la realidad para poder transformarla. Saberes que se construyan con los estudiantes, por más que haya diferencias de trayectoria entre educandos y educadores.

Estado garante

El bachillerato tardó ocho años en entregar títulos. Después, incluso, de eso, consiguieron los salarios para los docentes. Con la UT, presentaron  todos los papeles que les piden. Usaron un plan de estudios conocido para que no pudiera ser un impedimento.  “A cada respuesta del Estado siempre hay respuesta nuestra. Nosotros, mientras tanto, trabajamos, hacemos funcionar el profesorado. Hay gente que está siendo evaluada, hay gente construyendo conocimiento, hay gente que garantiza esas clases. Así vamos torciendo las decisiones del Estado. Lo irónico es que el Estado conoce cómo trabajamos con los bachilleratos, entonces ya sus mismos funcionarios nos plantean que tenemos que hacer lo que nosotros, por iniciativa nuestra, habíamos hecho con el bachillerato: arrancar como privados porque es más rápido y después entrar como gestión estatal. La única manera que conoce el Estado para crear una de gestión estatal, es crearla él. La tensión que se genera es que no podemos garantizar, como nos dice la ley, un año de salario docente”.

-Para nosotros el Estado es un garante del derecho a la educación -arranca Laura Voboril, docente de la Universidad de los Trabajadores, en la fábrica recuperada IMPA-.

-Y al trabajo: esa también es una definición -completa Eugenia Kessler, colega en el profesorado de literatura y, como Laura, parte de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares-.

-No lo hacemos de onda porque somos re copados.

-Somos trabajadores de la educación.

-¿Y el frío? ¿Cómo aguantan el frío de estudiar en semejante fábrica?

Raúl muestra dos pares de medias.

Alicia cuenta el secreto: “Eso del mate dicen que lo hacen a propósito. ¿Por el frío? No. Así las personas se van amigando unos con los otros. Yo pensaba que era de casualidad que nos hacían tomar mate. Pero no. Es a propósito para que nos vayamos conociendo”.

Recuperado

Como una fábrica recuperada, pero un colegio. El Nuevo Guido Spano fue cerrado por sus dueños y tomado por docentes y padres que formaron una cooperativa. Ya llevan cuatro meses funcionando.

Cuando los docentes pisaron por última vez el colegio, pensando en cómo disfrutar próximo mes y medio de vacaciones, jamás imaginaron que aquél 31 de diciembre tendrían que cambiar los festejos de año nuevo por asambleas para defender sus puestos de trabajo.

Los padres ya habían pagado la matrícula para el año siguiente; los profesores ya tenían los horarios de los cursos a su vuelta; pero las autoridades comenzaron a desvalijar la institución sin notificar a alumnos, padres ni profesores: “Nos enteramos por la tele, donde vimos que se estaban llevando el colegio en camiones”, relata Javier Lamónica, docente de la secundaria y presidente de la flamante cooperativa. “Ahí hubo una primera intervención de los padres que agarraron y bajaron lo que se estaban llevando”.

Desde ese momento comenzaron las decisiones más importantes del cuerpo de trabajadores del Guido Spano: el primer domingo del 2014 se juntaron para analizar qué hacer, y surgió la posibilidad de conformar una cooperativa. “Yo les había mandado a los compañeros una tesis sobre cooperativas, y ahí arranca todo”, comenta Javier. Pero desde las autoridades porteñas las señales eran más que sombrías ya que la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada (DGEGP) estaba organizándose para reubicar a los chicos en otros colegios –en plena crisis de vacantes-, a la vez que para atender la situación de los profesores se pensaba en crear una comisión centralizadora de currículums para también derivarlos a otros espacios. Es decir: la maquinaria estatal de vaciamiento ya estaba en marcha también.

IMG_4534-2Mientras tanto, el cierre de la escuela se hacía público en los grandes medios de comunicación, por las características del colegio, lo que forzó a la respuesta efectiva y rápida de funcionarios. Javier nos cuenta aquellas jornadas maratónicas: “Tuvimos un primer encuentro con el Ministro de Educación Esteban Bullrich, donde se empezó a ver que íbamos a tener algún apoyo; paralelamente, el 9 nos conformamos como cooperativa, haciendo el acta constitutiva”.

Los dilemas técnicos: “Primero, íbamos a mantener el edificio, primero. Nos costó mucho llegar con la entidad propietaria y cuando firmamos el contrato, el problema pasó a ser que no nos levantaban la clausura del edificio.

Los dilemas humanos: “Después veníamos corriendo con no perder la matrícula, así que tuvimos que mantener los ánimos bien arriba para que los padres no se cansaran de esperar y anotaran a los chicos en otro colegio”.

¿Cuál fue la reacción de los profesores y padres ante el posible cierre?

Desde un principio fue bastante colectivo, todos vieron en la cooperativa un proceso viable para mantener la fuente de empleo, que fue ayudado por la rapidez con que actuaron los organismos públicos. Además, nosotros caímos justo con la última resolución del INAES que permite aportar al régimen general en vez de ser monotributistas, e incluso dimos un pasito más trabajando con la DGEGP, ANSES, AFIP para poder seguir pagando al régimen docente, manteniendo la antigüedad docente y la jubilación docente, más que nada la primera, siendo muy importante para los profesores. Del total de la cooperativa, se fueron solamente 10 personas sobre 60. Pero fue todo sumamente difícil por lo acelerado del proceso. Uno no toma conciencia hasta que te das cuenta que ya pasaron 4 meses.

-¿Y los padres?

Su participación se notó mucho. El puntapié inicial lo dieron ellos con un grupo de docentes, al impedir que se llevaran los inmuebles. Siempre estuvieron muy atentos, dándonos asistencia profesional: los dos abogados que más nos acompañaron eran papás. También lo que tuvo que ver con la limpieza del edificio y con la decisión que conformábamos una  cooperativa de trabajo. De una matrícula de 280 alumnos, nos quedamos con 270 chicos.

-¿Estaban familiarizados los docentes con lo que era formar una cooperativa?

Poco. Una cosa es tener el marco teórico, pero otra es llevarlo a la práctica, la dinámica cotidiana. El compromiso con las actividades diarias, el ejercicio democrático es una situación tensa, difícil de aprender, que te enfrenta a una situación que uno no está preparado. El docente, encima, es un profesional muy autónomo; el aula es su lugar. Y ahora tener que hacer una asamblea extraordinaria un sábado, que dura cinco horas, aprender a argumentar, contra-argumentar, a bajar los ánimos. Es una tarea continua de aprendizaje.

Mauricio Carlos Gastón Sánchez era el presidente de Guido Spano S.A y Fernando Sokolowickz de Baldoma S.A –y además uno de los dueños de Página 12-. La primera sociedad anónima administraba la institución, la segunda S.A al edificio. Estos dos nombres habrían alargado la lista de empresarios que, defraudando a los trabajadores y clientes, habrían cerrado otra fuente de trabajo. Sin embargo, esta experiencia muestra cómo la recuperación está pasando a ser una opción más que viable entre los trabajadores, en este caso, docentes.

El colegio Guido Spano se mete en un movimiento que cuenta con más de 300 recuperadas, con más de 13 mil trabajadores que las componen, y erigiéndose como una alternativa de futuro frente a modelos agotados.

-Si mantienen el edificio, a la mayoría de docentes y alumnos, ¿es una experiencia exitosa?

El primer objetivo lo logramos, que fue el de mantener las fuentes de trabajo. Y a cuatro meses seguimos funcionando, organizados y aprendiendo.

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Amar, comer y resistir

Un nuevo restorán, quebrado por su antiguo dueño, está a punto de ser recuperado y puesto a funcionar por sus trabajadores. Se inspiraron en Alé Alé y otras experiencias gastronómicas cooperativas.

Al 355 de la calle Montevideo, en pleno centro porteño, un hombre y una mujer se paran delante de la puerta del restorán Lalo de Buenos Aires, leen los carteles blancos pegados en la fachada, y se miran entre extrañados y alarmados: se están enterando que el dueño decidió vaciar el comercio. “¿Y los trabajadores?”, le pregunta la mujer al señor, con los ojos abiertos y preocupados, pidiendo explicaciones.

Los trabajadores están a pocos metros de la pareja, adentro del local y en asamblea permanente. Están a la espera, pero nada quietos.

Alquiler y denuncia

Hernán Bianchi, abogado de los trabajadores recita alto y de corrido la situación legal: “El lunes tuvimos una audiencia en el juzgado civil 63, con el juez Pablo Torterolo, dos diputados que nos acompañaron (Juan Cabandié y José Cruz Campagnoli) y los 4 propietarios del restaurante”. El lunes que viene tienen que volver al juzgado para comprobar si aceptaron su propuesta, que consiste en pagarles seis meses por adelantado para quedarse en el lugar. “Se ratificó en el juzgado penal de instrucción número 9 a cargo del Doctor Rappa la denuncia por defraudación contra Juan Eduardo Costa González (“Lalo”), la sociedad, su contador y demás integrantes de este delito orquestado. Hemos presentado las pruebas y ahora está en manos de la fiscal Graciela Gils Carbó”, sigue el abogado, y sin tomar aliento cuenta que el viernes pasado fueron a una tercera audiencia en el Ministerio de Trabajo por el juicio laboral contra el ex dueño Lalo: “No se presentó nadie de la firma, ni Costa González, por lo que le pedimos al Ministerio que lo haga comparecer mediante la fuerza pública, o sea que, la próxima, la policía lo vaya a buscar a la casa”.

Juan Eduardo Costa González envió al Ministerio por escrito las causas de sus faltazos: “(…)por razones de evitar posibles agresiones verbales y físicas de quienes me despojaron de la posesión y bienes de mi propiedad, no he de concurrir a la audiencia(…) sorprende y causa estupor, la conducta de los trabajadores en cuestión, cuando la firma que represento, se encontraba en avanzadas conversaciones con los mismos a los fines de asegurarles la continuidad laboral en otro establecimiento gastronómico de la ciudad, posibilidad que los mismos frustraron, con la adopción de la medida de fuerza ilegal(…)”. Los trabajadores se tomaron la molestia de explicar que eso no sucedió de ninguna manera así, y que la “continuidad laboral” consistía en no respetarles los sueldos atrasados, no aceptarles la antigüedad, pagarles la mitad en negro y afectarles la jubilación, todo eso en un lindo restorán en San Telmo.

Mientras que Lalo, el dueño de la firma, no se presenta a las audiencias y que los dueños del local donde se aloja el restaurante decidan si aceptan la propuesta, los trabajadores no pueden empezar a trabajar. Por el juicio por usurpación que les inició Eduardo Costa tienen custodia policial las 24 horas de día, lo que les impide bajo cualquier punto de vista activar la cocina. Para que levanten esa orden policial “dependemos de la buena voluntad del fiscal de la Ciudad de Buenos Aires en el juicio por usurpación. Pero, aparentemente, está de vacaciones”, señala el abogado. Finalmente hace una pausa y, mientras se despide de los trabajadores de Lalo, asegura: “Estamos bien, estamos bien”._MG_7239

Trabajar sin patrón

Otro doctor, éste de la salud, aparece en escena. “Viene el médico en solidaridad porque es una situación difícil para nosotros, nos toma la presión, la glucosa”, explica Miguel Soriano, mozo y futuro tesorero de la Cooperativa de Trabajadores de Lalo de Buenos Aires que está en formación. “La cooperativa hay que firmarla nomás, ya casi está. Si levantan la custodia policial ya podemos trabajar. Estamos esperando para empezar a hacer un poco de plata porque ni para el colectivo tenemos”, profundiza. Luego de ofrecer agua y café, con la vocación de servicio a flor de piel, Miguel explica que él es un mozo de profesión, que no necesita papel ni lápiz para recordar el pedido y que tiene 34 años en gastronomía: “La mayoría de las veces que nosotros trabajamos para el patrón él estaría durmiendo y nosotros manejábamos el negocio”.

Qué hacer: “El mecanismo lo sabemos, a lo mejor ellos daban la directiva pero la tarea la hacíamos nosotros. Tenemos que aprender mucho, porque sabemos la parte operativa y no la administrativa, esa parte hay que ir aprendiéndola”, describe Luciano García, quien sería el presidente de la Cooperativa, y agrega que los trabajadores de Alé Alé les están enseñando a interiorizarse sobre esos temas.

“Seguro que el servicio va a mejorar, la calidad de las comidas. Por ejemplo, hasta ahora estábamos vendiendo pastas compradas, ahora las vamos a hacer acá, entonces por ese lado ya sabemos que va a ser otra cosa”, sigue Luciano sobre los cambios que se vienen y, mientras señala las estanterías de vino vacías, cuenta que el último tiempo no tenían platos para ofrecerles a los clientes: “No se podía trabajar, yo sufrí un ACV porque tenía muchos nervios. Venía a mi turno y había 5 bifes de lomo, 2 tiras de asado y vos decías ´a las 12 voy a tener mínimo 100 personas, ¿cómo hago?’ Trabajar en esas condiciones es muy difícil. Ahora aprendimos de esos errores y sabemos qué hacer”.

Este cachetazo, lejos de entristecerlo, a Miguel le enciende los ojos: “Nos hace ilusión porque sabemos que somos todos dueños”.

Los trabajadores de Lalo de Buenos Aires están esperanzados con que los dueños del local les den el alquiler por los próximos seis meses y en que pronto la custodia policial se levante para empezar a trabajar. El resto no les preocupa demasiado: ya saben, mejor que nadie, cómo es el trabajo. Miguel ejemplifica esa situación: cuenta que hay empleados que conocen cómo manejarse con los proveedores. Pero se frena en seco: “Empleados no, compañeros”.

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Escuela recuperada

En el distrito con mayor falta de vacantes de la Ciudad, docentes y padres tomaron una escuela abandonada y dejaron en evidencia que el problema no era la falta de espacios. Ahora van por la expropiación definitiva y reclaman por otros terrenos ociosos. 

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Si seguimos la lógica de que los containers pueden ser aulas, los chicos se pueden acopiar. Con esa metáfora, el distrito 5 (Barracas, Parque Patricios, Sur de Constitución, parte de Pompeya) es un gran galpón donde 300 pibes de hasta cinco años que no tienen vacantes y esperan ser embarcados adonde algún supervisor les haya hecho un lugar. En ese mismo distrito se cerró hace cuatro años una escuela. Ese edificio, de Manuel García al 370, Parque Patricios, tiene 21 dueños. Uno es el Estado de la Ciudad, que cuando venció el contrato, en 2009, no hizo nada por mantener la escuela abierta.

La infraestructura da para 200 alumnos. Tiene dos patios, un hall, ocho aulas con pizarrones colocados, un espacio para secretaría, para la dirección. Hoy está abandonada por donde se la mire, con durlocks caídos, paredes despintadas, humedad por doquier. Sin embargo, estuvo los cuatro años cuidada en un aspecto: seguridad privada, cámaras de monitoreo, alarmas de humo.

“Ni chicxs sin escuelas, ni escuelas sin chicxs”, dicen los maestros y familiares de la agrupación Ni Calco Ni Copia, del Movimiento Popular La Dignidad y La Simón Rodríguez, de la Corriente Juana Azurduy, ambas afiliadas al sindicato docente Ademys. El 26 de febrero tomaron esa escuela junto con otras organizaciones sociales para recuperarla, ponerla en condiciones y mostrar que los problemas de vacantes se pueden evitar, si esa voluntad existe. Y mostraron la voluntad del barrio. Tomaron la voz de una vecina que propuso llamarla “Carlos Fuentealba” en honor al docente neuquino asesinado por la policía de esa provincia por reclamar aumentos salariales en 2007. Invitaron chicos, se calzaron los guardapolvos y pintaron la fachada, comenzaron los trabajos en el interior, combatieron las inundaciones, colorearon carteles, hicieron dos festivales. Y siguen.

IMG_9804Algunas otras escuelas sin chicos

Hay otros edificios que costaría menos reacondicionar que comprar un aula-container:

·A 4 cuadras, en Monteagudo 351, se “construyó la “Primera escuela bilingüe argentino-china”. Todavía no está funcionando, pero sí está promocionada. Hay un proyecto de ley para transferir del Instituto de la Vivienda de la Ciudad al Ministerio el terreno de Sánchez de Loria 1734/1750, hoy en desuso, para que sea una escuela infantil pública

·Dos escuelas privadas en el Distrito 21, Villa Lugano y Villa Riachuelo, que ya no funcionan: la ex Celia Villaurreta, y el edificio de Guaminí 4556

·La exPiaget, en Colegiales.

Lo inmobiliario duele

El 5 de marzo, día ocho de la toma -con lo que eso implica: siempre alguien de guardia, siempre todos atentos a que llegue la policía, mirando de reojo a los de la seguridad privada, que nunca dejaron la puerta de la escuela sola-, La Simón Rodríguez y Ni Calco Ni Copia ocuparon otro predio en Jujuy y Estados Unidos. Los pedidos de audiencia con el Ministerio de Educación de la Ciudad no habían dado frutos. A la Fuentealba no había ido ni la policía. A este terreno cayó la Policía Metropolitana a las tres horas de que lo tomaran. Es parte de los predios del proyecto Buenos Aires a la Venta. La plata de esa venta debería, según la ley sancionada en noviembre de 2013, ser utilizada para construcción de escuelas en zona sur de la Ciudad.  Consiguieron hablar directamente con Carlos Javier Regazzoni, Subsecretario de Gestión Económica y Financiera, del Ministerio de Educación, y recibieron llamados del ministro Esteban Bullrich. Prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance, pero siguió hablando de “ocupación de una propiedad privada”, aun sin investigar quiénes son los otros dueños, que tampoco se dan a conocer.

La expropiación se tornó una posibilidad cada vez más cercana. El Ministerio tiene el presupuesto, de hecho lo subejecuta año a año. Una de las primeras propuestas del gobierno fue que los docentes que la tomaron se hicieran cargo de la escuela, con la forma de cooperativa, una escuela de gestión social. Los docentes se niegan: “Que se hagan cargo. Tiene que ser una escuela estatal”. Consiguieron arquitectos que presupuestaran lo que costarían los arreglos. 500 mil pesos. 150 mil menos que un aula container.

A los 38 días de toma la Legislatura votó por unanimidad -con todos los bloques presentes, sin debatir los artículos, incluyendo el PRO la posibilidad de ser usada antes de la expropiación- la utilidad pública del terreno, sujeto a expropiación y ocupación temporaria por dos años, y el acondicionamiento para que esté en condiciones de albergar alumnos.

El ejemplo

Todavía Mauricio Macri tiene hasta el jueves 17 la posibilidad de vetar la ley, pero hasta entonces la escuela va a estar tomada y la comunidad educativa, atenta, discutiendo cómo seguir no solo por la recuperación de la Fuentealba, sino por todos los demás espacios vacíos que podrían ser escuelas para los 1100 chicos sin vacantes que quedarían en el distrito 5, para los 6 mil que quedarían en toda la Ciudad, para los que cursan en las 41 aulas containers en patios, par a los que quieren estudiar, como rezan los derechos del niño, sin discriminación.

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Desalojando Buenos Aires

El 2013 tuvo cifras récord de desalojos de viviendas y este año arrancó con todo contra el espacio público y predios tomados en la zona desatendida de Lugano. Historia y datos para entender por dónde viene la mano.

El desalojo es el síntoma de una serie de políticas mal contenidas, el último recurso, correr atrás de la pelota.

La moda de desalojar hoteles familiares, casas tomadas y predios ocupados crece año tras año, cuando en 2006 fue ya decretada la “emergencia habitacional” en la Ciudad; hoy el desborde es evidente: cerca de 500 familias ocupan un predio lindero a la Villa 20, como respuesta a las urbanizaciones mal planteadas y razones infinitas.

Los que tienen coronita

Mientras tanto, en Ciudad Gótica más del 23% de las viviendas particulares se encuentran deshabitadas; pensemos en Puerto Madero. Las comunas 8 y 9 de la zona sur tienen el déficit más alto pero también una gran proporción de parque habitacional deshabitado. Sobre ellas el gobierno porteño avanza con un “plan maestro” que significa vender una serie de terrenos al desarrollo inmobiliario, so pretexto de igualar el desarrollo del norte con el del sur. “Pero detrás de esos buenos principios”, explica Jonatan Baldiviezo, abogado especializado en temas inmobiliarios, “lo que se hace en la práctica es privilegiar a propietarios o emprendimientos inmobiliarios. Se lleva el Metrobús, el subte, se instalan los polos tecnológicos, de las artes, del deporte, que son extensiones para la instalación de nuevos emprendimientos comerciales”.

Ejemplo: los polos (tecnológico en Parque Patricios, Audiovisual en Chacarita, etc.) son delimitaciones en un sector de la ciudad donde residen empresas que gozan de beneficios económicos: “Tienen exenciones impositivas de 10, 20 años, no pagan ingresos brutos, ni derecho a la construcción”, dice Baldiviezo. Aparte de este oasis fiscal en pleno Buenos Aires, el desarrollo prioritario de estos proyectos dejan relegados las construcciones residenciales, que son acaso las que urgen.

La entrada del mercado a las villas

En este momento, Jonatan habla desde la ocupación de la Villa 20, la cual junto a su agrupación Colectivo por la igualdad y como representante de Abogados ambientalistas está ayudando a organizar. Cuenta que son 500 familias en igual cantidad de lotes, un predio que se extiende de la Villa 20. “Es la única villa que tiene un banco de tierras para la urbanización”, dice Baldiviezo. Justamente esa promesa incumplida es uno de los detonantes de la ocupación masiva, según una lógica que explica también la toma desalojada del Indoamericano en 2010. Baldiviezo: “Nosotros entendemos que urbanizar es poner servicios públicos, integrar al barrio, solucionar la vivienda a los inquilinos, otorgar propiedades… El PRO dice que no lo puede hacer, entonces lo que busca es dar títulos de propiedad, que es el último paso”. Al parcelar las villas y dejarlas en deterioro, lo que se habilita es la entrada especulativa del mercado sobre esos terrenos: “Para que el mercado ingrese tiene que haber propiedades en las villas. Es el proceso lento de sacarlos, para que el mercado las compre a precios bajos y  que luego sea el mercado el que vaya urbanizando”.

Este tipo de maniobras dejan desprotegidos sobre todo a los inquilinos, que no se agarran ni de los títulos de propiedad: “Entonces la única forma que ven es tomar la tierra”, explica sobre la ocupación de Lugano. “Este predio quiso ser vendido en el plan maestro, los vecinos lo defendieron porque son su promesa de urbanización, y hace años que es un cementerio de autos”.

Los desalojados como nueva clase social

La responsabilidad no es sólo del gobierno municipal cuando de entender las fluctuaciones de las migraciones se trata: el éxodo del campo hacia la ciudad producido por un monocultivo que precisa escaso trabajo, y tecnologización de las tareas; las oportunidades aparentes o reales que parece brindar la city; acaso los propios desalojos aparentes o reales de las propias provincias.

El gobierno de la Ciudad se manda la parte; no sólo en el tema vivienda; los desalojos a manteros en la vía pública muestra también que la idea de sacarlos, de desplazarlos no contiene una segunda respuesta. Es decir, en forma de las preguntas que se hacen estos trabajadores: “Si nos sacan de la calle, ¿a dónde vamos a ir?”

En el caso de las viviendas el Gobierno porteño ofrece la opción de un subsidio habitacional que consta de seis cuotas de 450 pesos con opción de extender a cuatro cuotas más; según el programa de Atención de Familias en Situación de Calle son 3.500 los beneficiarios del plan que cumplen con todos los requisitos; muchas personas lo solicitan pero no acceden a cobrarlo.

Lo cierto es que más allá de estas ayudas que no ayudan a nadie, el año pasado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó un análisis sobre el presupuesto para vivienda del período 2008-2012: “Para todo el período los gastos de los programas de vivienda representaron porcentajes significativamente menores a los asignados originalmente por la Legislatura. En 2010, por ejemplo, la Legislatura destinó un 2,6 por ciento del presupuesto general pero en el gasto real realizado por el Ejecutivo implicó sólo un 1,5 por ciento”. Esta diferencia la explican las subejecuciones del presupuesto que permiten al gobierno reasignar recursos que en principio estaban destinados a una cartera, hacia otra por motivos que deben explicar. Estos acomodos significaron partidas por casi mil millones.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) no construyó una sola casa en el período 2010-2013, según estadísticas de la propia Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad. En cambio, en los bosques de Palermo pueden verse camionetas ploteadas con promotoras con calzas negras publicitando al IVC. “El IVC está totalmente desguazado, sólo tiene infraestructura con personal transitorio, y todas sus competencias se pasaron en la práctica al ministerio de hábitat e inclusión social”, cuenta Baldiviezo.

De aquella Ley de Emergencia Habitacional sancionada en 2006, quedó nada. La creación de un fondo presupuestario para programas habitacionales nunca fue reglamentada; y el artículo que suspendía los desalojos a inmuebles públicos fue vetado por el ejecutivo del Gobierno de la Ciudad.

Se hizo uso en cambio de una medida aprobada en 2001 que permite ejecutar un desalojo antes de que sea dictada una sentencia judicial: “desocupación inmediata”.

En este contexto se cuentan 2.300 familias con sentencia firme de desalojo en la Ciudad de Buenos Aires, según el Programa de Atención a Familias en Situación de Calle.

La manta corta

¿Cuál es el negocio? La ciudad del club de amigos no sólo aplica derecho de admisión a los que no les caen bien – la política patovica- , sino que hace sus negocios gracia a la famosa “burbuja inmobiliaria”.

En los últimos años se ha ido incrementando el precio de las propiedades, al punto que triplica el índice inflacionario del resto de los bienes.  Según un informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2002 y 2005 la superficie construida creció un 600%, y el metro cuadrado aumentó a razón de un 35% anual. Este proceso de valorización del suelo urbano está impulsado por el dinamismo que tomaron el mercado de la construcción y la actividad inmobiliaria, guiados por una lógica especulativa, cuyos protagonistas guardan estrechas relaciones con algunos funcionarios porteños.  Acreditada está la de Nicolás Caputo, íntimo de Macri y ex asesor del gobierno, dueño de la firma CAPUTO S.A. que consigue licitaciones para construir llamativamente seguido. Telemetrix, Altote, Mediterránea, American Traffic, Instalectro e IRSA son otras de las empresas que viven ganando licitaciones que habilitan a construir en suelo porteño.

El abogado Baldiviezo explica: “La lógica de la expansión de la especulación inmobiliaria en la Ciudad presiona sobre la recuperación de los predios que están en manos populares o que no tienen cierta seguridad en la tenencia. Los proyectos de desarrollo tienen bien determinadas hacia qué áreas van a impulsar y hacia dónde se van a orientar: fue Palermo, Belgrano y ahora es la zona sur con San Telmo y La Boca, que es donde casualmente hay la mayor cantidad de desalojos”.