Loncopué: mina linda, mina fea

El pasado 3 de junio, el pueblo neuquino Loncopué entró en la historia democrática Argentina al llevarse a cabo las primeras elecciones en las que se aceptaba o rechazaba un proyecto minero. Ganó el sí a una ordenanza que prohíbe la mina, frente a un gobierno que hizo todo lo posible para que fuera no. Aquí, la historia íntima de las trabas que pueden existir en un pueblo argentino donde el suelo tiene petróleo y minerales, pero la cosa se complica.

Cortesía Emiliano Ortiz Diario 8300 web

Loncopué es un municipio habitado por unas siete mil personas en el noroeste neuquino y cabecera del departamento provincial que lleva su mismo nombre. A fines de la década de 1980, un periodista radial lo bautizó “Capital de la Amistad”. Vaya uno a saber los motivos que llevaron a este hombre a llamarlo así, pero lo que sí está claro es que no subsisten ninguno de esos lazos.

En 2008 se dio a conocer la posibilidad de establecer un proyecto minero en el que la empresa china, Emprendimientos Mineros S.A, y la Corporación Minera de Neuquén (Cormine) extraerían cobre del cerro Tres Puntas, cercano al paraje mapuche Campana Mahuida, ubicado a escasos 15 Kilómetros del casco urbano. A partir de allí, los ciudadanos se organizaron y formaron la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), que junto a la comunidad mapuche Mellao Morales, propietaria de las tierras en cuestión, lucharon y militaron para divulgar su postura ambientalista.

A partir de ese momento, todo cambió en el día a día de un pueblo muy pequeño en el que todos se conocen con todos. La falta de comunicación, el prejuicio, la violencia, las acusaciones sin pruebas y la poca capacidad mediadora y pacificadora de figuras representativas de la comunidad tornaron la convivencia insostenible. Familias amigas ahora están enfrentadas, personas que se conocen de toda la vida ya no se pueden ver las caras. Literalmente.
Ante esta situación social y frente a la posible explotación minera que utilizaría sustancias como mercurio, ácido sulfúrico y cianuro, el miedo y la desconfianza invadieron al común denominador del ciudadano. Esto fue aprovechado por algunas personas de un sector que, detrás de la bandera ambientalista, escondían su gran objetivo: generar una imagen política y aprovechar estratégicamente la crisis de credibilidad que vive el histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), consecuencia de la mercantilización de la política ejercida desde hace años por sus funcionarios, para ganar poder.

Este panorama, sumado a la incapacidad del gobierno provincial de comunicar su postura y concientizar al ciudadano, o al menos intermediar para abrir un debate pluralista, dejó el campo allanado para que estos “ambientalistas” socaven poder y provocó que un gran porcentaje de la población se oponga al proyecto minero por tres simples razones que se retroalimentan: falta de información, miedo y descreimiento hacia el gobierno.

Cáncer de Estado

Alrededor del 65% de la población económicamente activa de Neuquén depende directa o indirectamente del Estado provincial y en un pueblo tan pequeño como Loncopué, los efectos de este fenómeno se notan a gran escala. Superpoblación en oficinas e instituciones públicas y empleados que no hacen más que marcar el ingreso al trabajo y volver a sus casas son algunas de las consecuencias que se observan fácilmente. Durante décadas, familias enteras han conseguido cierta estabilidad económica de manera cómoda y fácil, para luego transmitir esta ambición a las futuras generaciones que no aspiran a otra cosa que ser empleado estatal.

Argentina necesita de petróleo y minerales y Neuquén los tiene. El modelo económico que sostiene este Estado-dependencia en la provincia gobernada por Jorge Sapag gira, hace ya varios años, en torno a la extracción y explotación de recursos naturales. Esta actividad podría significar un gran desarrollo económico y social para la provincia, pero también, un gran desastre ambiental en zonas que, como en el caso de Loncopué, subsisten, no en menor medida, gracias a la actividad turística que sus paisajes y recursos atrae.

La invitación a no votar del Gobierno

El pasado 3 de junio Loncopué entró en la historia democrática Argentina al llevarse a cabo las primeras elecciones en las que se aceptaba o rechazaba un proyecto minero. El resultado fue contundente: el 82 por ciento (2.125) votó por el SI a la ordenanza 1054/2012 que prohíbe la actividad extractiva dentro del ejido urbano, contra un 14,9 (388) que se manifestó en contra de dicha normativa municipal.

Lo hecho por los vecinos ambientalistas para concientizar y evitar el desarrollo minero está claro: militaron, de manera leal para algunos, desleal para otros, por el NO a la mina durante casi cinco años. En cambio, las medidas tomadas por el Gobierno para transmitir su mensaje de tranquilidad y confianza a los ciudadanos brillaron por su ausencia hasta días previos a los comicios. Ahora ya es tarde y parecen no tener otra alternativa que escuchar la voluntad del pueblo. O quizás no, ya no cabe lugar para sorpresas.

En la mañana del primero de junio, dos días previos a las elecciones, el pueblo amaneció alfombrado con panfletos que invitaba a la gente a no concurrir al acto democrático que se llevaría a cabo, alegando que las elecciones no eran obligatorias y que no se cobrarían multas ante la posible ausencia (Ver foto). Este manotazo de ahogado fue tomado como lo que es: un acto de aberración que no hizo más que desnudar y esclarecer, si es que todavía hacía falta, la gran incapacidad del gobierno y las personas identificadas por el SÍ a la mina para comunicar su postura.

Durante la realización de las elecciones se identificaron a punteros y funcionarios del Movimiento Popular Neuquino tomando nota de quiénes entraban a la escuela a participar de la jornada y muchos ciudadanos recibieron mensajes de texto intimidatorios, “que recomendaban” no ir a votar para preservar el trabajo y la paz en el pueblo.

El gobierno provincial, en otra clara manifestación de ineficacia y desesperación, se tomó el trabajo de enviar, con dinero del Estado, claro, a su ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, “a los efectos de garantizar el derecho electoral y que todo el proceso transcurra de la forma más pacífica y armónica posible”, según sus propias palabras.

Para terminar bien arriba, la Policía y Gendarmería local recibieron órdenes de no custodiar las urnas una vez finalizado el sufragio, por lo que tuvieron que quedarse los propios fiscales de mesa para hacerlo. “No es que nosotros no queremos hacerlo, disculpen, pero las órdenes vienen de arriba”, le explicó uno de los oficiales a las autoridades a cargo de la elección.

Si eran tantos y tan importantes los intereses y beneficios para la provincia y el pueblo, como ahora dicen los funcionarios, ¿Por qué no actuaron antes?, ¿Por qué no mediaron y abrieron el diálogo?, ¿Por qué no le dieron la oportunidad al ciudadano de escuchar su versión?, ¿Por qué no se preocuparon por comunicarle las ventajas del proyecto minero al pueblo?, ¿Pensaron que podrían pasar por arriba de la gente?, ¿Por qué tomaron medidas patoteras que sólo favorecieron a la división de la sociedad?

Las respuestas la saben sólo ellos, pero la división dentro del mismo partido ya se puede ver. Días posteriores a las elecciones la Vicegobernadora, Ana Pechen, admitió que “hubo fallas en la comunicación por parte del Poder Ejecutivo” y dejó entrever su opinión en cuanto a las próximas medidas que debe tomar el Gobierno: “uno no puede desconocer que hay un pueblo que tiene un sentimiento que debe ser entendido y considerado”, sostuvo y dejó en claro que su postura no es la misma que la del Poder Ejecutivo, al mando del gobernador Sapag.

Oscar-Livera niavero.org

Historia de la ordenanza

Los vecinos autoconvocados en AVAL y Avacam presentaron, en agosto de 2011, un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que prohíbe la explotación a cielo abierto de minerales de primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación, es decir, la separación del mineral de la roca a través de la utilización, en este caso, de químicos tóxicos. Antes de que terminen su mandato, el cuerpo de concejales de la intendencia a cargo de Walter Fonseca sancionó dicha ordenanza, pero limitada sólo a la planta urbana de Loncopué.

Como ya se mencionó previamente, la posible explotación minera se llevaría a cabo a las afueras de la ciudad, por lo tanto, la ordenanza no tendría valor alguno. Es por esto que los vecinos de Loncopué impulsores del proyecto la rechazaron y reclamaron que se convoque a referéndum popular, según lo establecido en la ley provincial 53.

El 10 de Diciembre de 2011 asume la intendencia María Villone, quien, junto a los 7 concejales, impulsa la realización de las elecciones y ponen como fecha de las mismas el día 6 de mayo. Tiempo después toman conciencia de que el plazo es muy corto, por lo que el Concejo Deliberante, junto a la intendenta, el abogado Cristian Hendrickse (miembro de AVAL), y los vecinos impulsores del referéndum, identificados como “Mesa del Sí”, establecieron, sin darle lugar a opinión a los identificados como Mesa del No o pro mina, el día 3 de junio como fecha de realización.

En dicha elección, el 82 por ciento de los votantes manifestaron su intención de que se promueva la ordenanza 1054/2012 que prohíbe lo mismo que la anterior, pero sobre el territorio del departamento Loncopué, protegiendo, ahora sí, la zona involucrada.

Valor legal de la ordenanza

La ordenanza tiene contradicciones y errores que hacen peligrar su aplicación. Por esto, el Gobierno Provincial, a través de la Fiscalía de Estado, presentó, el pasado 13 de junio, una acción de inconstitucionalidad frente al Superior Tribunal de Justicia, contra dos artículos y el anexo I del documento, que, según este organismo viola 13 artículos de la Constitución Provincial y 5 de la Constitución Nacional.

El artículo 311 de la Constitución establece que  “el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los Municipios pueden convocar a consulta popular no vinculante sobre decisiones de sus respectivas competencias. El sufragio no será obligatorio. Quedan excluidas la materia tributaria y aquellas que no pueden ser objeto de consulta popular vinculante”.

En contradicción a este artículo constitucional el Concejo Deliberante del pueblo declaró al acto eleccionario de carácter vinculante y obligatorio avasallando con poderes y leyes tanto provinciales como nacionales.
El gobernador Sapag sostuvo que “la democracia es la expresión libre de las opiniones y de las ideas, pero una cosa es expresarlas libremente, como en el caso de Loncopué con respecto a la minería a gran escala y otra cosa es querer darle a estas opiniones el sentido de vinculante y obligatorio”, y agregó que el haber categorizado de esta manera al sufragio “es un conflicto de poderes porque nosotros no podemos pretender que con el argumento de la autonomía municipal se avance sobre la autonomía provincial o la soberanía Nacional”.

Por su parte, el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, manifestó que ”de considerarse legítimo el actuar de las autoridades municipales de Loncopué se convalidaría que municipios de segunda categoría detenten competencias no asignadas, sin limitaciones ni controles orgánico-funcionales de ninguna naturaleza, y con una discrecionalidad absoluta y un total desapego del marco jurídico en la provincia”.

Otro grave error es que el territorio donde se pretende establecer la empresa minera se ubica fuera del ejido municipal, por lo tanto, cualquier documento aprobado por el Honorable Concejo Deliberante con respecto a este tema, como es el caso de la ordenanza 1054/2012, no tendrá valor alguno, ya que éstos sólo ejercen su poder sobre la localidad de Loncopué y no sobre el departamento.

Un dato llamativo, pero no menor, es que la ordenanza llama a votación a los “ciudadanos inscriptos en el padrón electoral del ejido municipal de Loncopué”, presentando aquí una gran contradicción al dejar sin voz ni voto a las personas que no habitan en el casco urbano, entre ellos a los más perjudicados, los habitantes de Campana Mahuida.
Un Gobierno incapaz y con grandes problemas de comunicación, una localidad que no quiere sus aguas contaminadas, pero tampoco dialogar, y una ordenanza poco válida en términos legales son los protagonistas de esta historia que, claramente, no terminó en el poético acto eleccionario del último 3 de junio.

Nos siguen pegando abajo

Que quede claro: insecticidas, herbicidas, fungicidas no distinguen entre humanos y soja. Mucho menos, si a estos los tiran desde una avioneta. Por eso, en el barrio Intuzaingó Anexo de Córdoba, aparecieron 200 casos de cáncer en 5 mil habitantes. Aquí, una cara más del riesgo que significa anteponer un modelo económico por sobre la calidad de vida de la gente. Aquí, una vez más, el juego macabro de Monsanto, Roundup y los gobiernos.

La primera avioneta o máquina mosquito pulverizó en 1996, cuando la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) permitió la introducción de la soja transgénica de Monsanto, Roundup Ready, que resiste los plaguicidas que empezó a recibir el suelo. Ya no hizo falta pagar un sueldo a quien separara las malezas de la soja. Se pudo sembrar directamente encima. La Ex-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación esa introducción sin estudios de impacto ambiental independientes, consulta pública, discusión parlamentaria ni legislación.
Insecticidas, herbicidas, fungicidas no distinguen entre humanos y soja. Tampoco distinguieron dos de los productores sojeros y uno de los pilotos que están siendo juzgados por pulverizar con agroquímicos como endosulfán y glifosato en el barrio Ituzaingó Anexo, Córdoba. El biólogo Raúl Montenegro, Premio Nóbel Alternativo, Presidente de Fundación para la Defensa del Ambiente y Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, nos explica: “El sistema de plaguicidas de Ituzaingó Anexo no es una excepción, es una muestra de lo que pasa en mera parte del país. Sí hubo una fuerte protesta que mantuvo el tema a la vista. Sin embargo, ese barrio no es un lugar donde la enfermedad y la muerte pueda ser solamente atribuida a los plaguicidas”.
Por derivación, o sea directamente de la pulverización, por el viento, por inhalación, por la piel en contacto con la tierra, por depositarse en napas subterráneas o tanques de donde después el agua es consumida, o a través de la placenta de una mujer embarazada al feto o lactancia, muchos sedimentos terminaron circulando en cuerpos humanos. Las Madres de Ituzaingó descubrieron 200 casos de cáncer entre 5 mil habitantes. El Ministerio de Salud de la Nación lo confirmó. El 33 por ciento de las muertes en ese barrio se debe a tumores. “Muchos plaguicidas rompen el sistema hormonal, lo que desencadena en un número muy grande de enfermedades”, expone Montenegro, pero también pone paños fríos a las simplificaciones: “Hay, en Ituzaingó, dos metales, cromo y plomo, y un metaloide, arsénico, que también son contaminantes naturales del suelo y los tanques de agua. De arsénico hay 44 partes por millón en tanques de agua, cuando lo máximo que permite el código alimentario es 0,05. Los factores de riesgo no son sólo los plaguicidas. Sí es un problema su uso indiscriminado y masivo, tanto en Ituzaingó Anexo, como en una línea del ferrocarril de Buenos Aires, un barrio urbano o zonas estrictamente rurales. Obviamente el mayor impacto se da donde haya coexistencia de viviendas y lugares dedicados a agricultura industrial porque la aplicación es intensa y permanente”.
Otra avioneta pasó por Ituzaingó y sumó sus tóxicos a los que ya había en el suelo. Y otra. Y miles de otras. Y otras más que siguen hoy, pero en zonas limitadas porque en febrero de 2008, el fiscal Carlos Matheu ordenó estudios que encontraron endosulfán y glifosato en patios de viviendas. El 30 de diciembre siguiente, la justicia cordobesa prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 500 metros de zonas urbanas y 1500 si la aspersión es por avioneta.
Naturalmente, aparecieron también nuevas malezas. Empresarialmente, se multiplicaron entonces las avionetas. Montenegro: “Cualquier organismo vivo puede, por la derivación genética, comenzar a resistir a los herbicidas. La respuesta que dan los pulverizadores es aumentar las dosis. Mientras tanto, quedan plaguicidas en suelos por décadas. Cada año, cuando se empieza a pulverizar, no se empieza de cero, sino que se suma a lo de otras temporadas”.
Hay múltiples proyectos de leyes nacionales para prohibir su aplicación que duermen en distintos cajones. Montenegro establecer franjas para evitar su aplicación. La soja transgénica, esta que resiste a los herbicidas y permite la posterior siembra directa, ocupa más del 50 por ciento de la superficie agrícola del país. Hoy, con suerte, están desapareciendo los de aquella primera avioneta de 1996.

La soja desalojada

El periodista Darío Aranda leyó un día que llamar tierra al territorio es vaciarlo de su cultura y de sus costumbres. También aprendió que para llenar los campos del grano que más se exporta en Argentina y que más destruye el suelo, había que sacar a los aborígenes de sus lugares. Variadas, violentas y con muertes: las formas de echar a alguien de su espacio son muchas con tal de seguir plantando.

No sé si Darío Aranda será del 60 por ciento de los argentinos con antecedentes indígenas, pero desde que trabaja junto a comunidades campesinas e indigenas en talleres de periodismo y comunicación social, seguro que le indigna cómo el “modelo económico extractivo” perjudica a las poblaciones rurales.
Sabe que la Constitución, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconoce la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y asegura la participación en la gestión refeida a sus recursos naturales y a los intereses que los afecten.
Sabe que el modelo sojero, no.
Leyó un día que llamar tierra al territorio es quitarle la carga de costumbres, cultura e historia para dejarle solo la consideración de “bien económico”.
Y entendió.
Esos suelos ricos en gas, en petróleo, en tierra fértil, son el piso de comunidades pobres. Eran. La falta de trabajo remunerado, los contaminantes, las represiones, las golpizas, la insalubridad de las viviendas, la falta de agua potable domiciliaria, de cloacas, de gas, el analfabetismo, los asesinatos, el genocidio los deshabitan.
Los relevamientos catastrales que ordenan leyes como la 26.160, de “Reparación Histórica”, que suspendía los desalojos y comprometía al Estado a hacer un relevamiento catastral para entregar la tenencia definitiva a las poblaciones que ocuparon tierras ancestralmente. Suspendido está el acatamiento de esa ley, que tres años después de sancionada necesitó prorrogar el plazo de estudios por 4 años más, hasta 2013.
¿Qué hay con la soja?
En Argentina Originaria. Genocidios, saqueos y resistencias, Darío Aranda lo investigó y lo relacionó con esta continuidad de lo que llama genocidio. “Las elites del agro lo promocionan como un modelo muy desarrollado y eficiente, sin embargo la otra cara de esta forma de producir es la represión para desalojar campesinos e indígenas, una gran contaminación del medio ambiente, la alta degradación de los suelos, alta dependencia externa por los insumos, y una gran deuda social ya que la producción de alimentos para los argentinos queda relegada y se prioriza la exportación, logrando una escasa distribución de los ingresos”, le dijeron en el Movimiento Nacional Campesino Indígena que, luego de desalojos, practica las “retomas”, ahora sí, como reparación histórica.

En el país, desde 1970 a 2007, la cosecha de soja creció en toneladas anueles, de 27.000a 43.000.000.
En Salta, los Guaraní, Wichi, Kolla, Qom y Chané sufren el robo de territorios. No más montes, todo es soja. Dice la propia Secretaría de Medio Ambiente de la Nación en su “Inventario Nacional de Bosques Nativos que” que en esa provincia dejaron de existir 414.934 hectáreas entre 2002 y 2006. Se duplicó el desmonte respecto del mismo período de años anterior.
Poca cosa. En Santiago del Estero, se demontaron 515.228 hectáreas en cuatro años.
¿Será por eso que el Movimiento Campesino de Santiago del Estero defiende a los indígenas y campesinos ante las denuncias de usurpación de propiedad privada, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal? Los argumentos sobran: balazo de escopeta para Cristian Ferreyra por resistir un desalojo de su propia tierra, ahí a 60 kilómetros del Monte Quemado. Llevaba dos años denunciando el acoso de empresarios sojeros. Habían cerrado caminos vecinales, amenazado a chicos y matado animales.
Darío Aranda supo recolectar otros casos de violencia:
-El 21 de julio de 2010, hombres armados ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga (en el norte provincial) y golpearon a familias campesinas. La Policía dejó libre a los agresores y detuvo a las víctimas.
-En agosto de 2010, en el paraje santiagueño de Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. La policía no tomó la denuncia de las familias del Mocase.
-El 22 de octubre de 2010 la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo a los agresores.
-En noviembre de 2010, campesinos santiagueños cortaron la ruta 34 durante un mes. Exigieron una ley que frene los desalojos y pidieron detener la represión que padecen en el campo. También, que se ponga en marcha el acuerdo firmado con el gobierno provincial (luego de dos años de diálogo) y firmado el 15 de julio. El Gobernador se había comprometido a solucionar casos urgentes de conflictos por tierras. El Mocase denunció que nada se cumplió.
-En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo de 2011 fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados.
-El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) alertó que sólo en Neuquén hay al menos 250 mapuches imputados por defender el territorio. El Mocase contabilizó “al menos 500 procesados”.
-El referente del Mocase-VC Ricardo Cuellar fue detenido e incomunicado el 2 de agosto. Estuvo una semana en prisión. El delito fue negarse a dejar la tierra donde nació. El 10 de septiembre atacaron con bombas molotov la radio FM Paj Sachama del Mocase.
-El martes 8 de noviembre último dispararon contra el hijo y el nieto de Félix Diaz, referentes qom de Formosa.
-Dos niños guaraníes, de 3 y 7 años, fueron atacados a balazos cuando se refrescaban en un arroyo dentro del territorio de la comunidad Ysyry, localidad de Colonia Delicia, Misiones. Fue el viernes 4 de noviembre y se enmarca en una avanzada de empresarios forestales sobre la comunidad guaraní.
-Campesinos de la comunidad La Verde (departamento mendocino de San Martín) se enfrentaron el lunes pasado con empleados de la empresa coreana Nuevo Cosmos, que pretende instalarse en tierras comunitarias. Los campesinos, junto con la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), fueron atacados por el personal de la empresa.
Costos que no son contabilizados en los debates sobre el modelo, recordaría Miguel Teubal, coautor de Democracia y neoliberalismo en el campo argentino. Una convivencia difícil.
Probablemente, mientras conductores de radio van al baño, alguien te deje resonando “Bunge, Cargill, Monsanto, DuPont… “ y nadie te cuente, ni siquiera en mil palabras por segundo que mientras crece la soja de siembra directa, gracias a los agrotóxicos y las semillas transgénicas, las familias campesinas van siendo arrinconadas y privadas de agua. Ni que esas pooles de siembra sí comparten los venenos que matan todas las malezas y nutrientes que la soja no precisa, y contamina poblaciones cercanas.
Tampoco deben decir lo mismo que Norma Giarraca, docente de sociología del Instituto Gino Germani: “Los inversores llegaron y contrataron guardas privadas de seguridad para expulsar los campesinos. El movimiento indígena fue tratado de la misma forma. Los productores de soja llegaron acompañados de guardias de seguridad, la policía provincial e incluso algunos funcionarios judiciales (el sistema judicial argentino es una vergüenza, sobre todo en Salta y Santiago del Estero). Deshicieron las comunidades, destrozaron sus tierras sagradas, sus cementerios y sus escuelas”.
Ni recordará la tanda publicitaria que el alud de tierra, agua y troncos en Tartagal, que mató a dos personas y destrozó un pueblo en 2009, había sido advertido posible la Universidad Nacional de Salta, por la fragilidad del ambiente ante el desmonte para cultivar soja. “Cuesta decirlo. Son empresas con mucho poder, que decidenla vida del lugar”, le dijo Alfredo Molina, de la Comunidad Guaraní Cherenta a Aranda. La Defensoría del Pueblo de la Nación sí: “El modelo económico impuesto supone la sustitución de bosques centenarios de alta complejidad biológica, cuyo aprovechamiento bien planificado puede alcanzar altos niveles de sostenibilidad, pormonocultivos anuales de estructura simple que, en el mejor de los casos, provocan el agotamiento del suelo entre cinco y cincuenta años dando paso a un desierto yermo”.
Las formas de desalojo sojero son variadas e incluyen la muerte.

“La gente de la pampa sojera busca emigrar”

En épocas en donde tanto se habla y se comenta de modelo, nos sentamos con el economista Julio Gambina a que explique, luego de haber publicado ¨Afloran los límites del modelo”, qué es lo que entiende por ello. La soja, las estatizaciones, la ecología, las mineras y la vida humana en medio de todo.  

Escudando una foto del Che y un retrato de Rosa de Luxemburgo, Julio Gambina (http://juliogambina.blogspot.com.ar/), presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, acaba de firmar un documento del grupo de Economistas de Izquierda titulado “Afloran los límites del modelo”(http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147522). En su oficina porteña, despliega su acento sanjuanino para invitar a María Elena Saludas, coordinadora nacional de la Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC http://attacargentina.com.ar/), a sumarse a esta charla sobre el monocultivo de soja, el modelo de desarrollo y producción que implica, y sus alternativas. 

-¿Dónde nace la relación entre la economía y la ecología?

Fotos: Nos Digital.

JG: El modelo de desarrollo y producción agroexportador extractivista tiene como un elemento central la depredación de los bienes comunes y la naturaleza en toda América Latina y el Caribe, junto con su población. Por eso no se puede separar economía de ecología. La disciplina de la economía nace como economía política. Es una disciplina de análisis del modelo productivo de desarrollo capitalista que nació junto con él y se instaló a nivel mundial. Hago estos comentarios porque cuando uno piensa en América Latina y el Caribe, tiene que entender que es un territorio funcional a la acumulación originaria del capital que se desarrolló entre el siglo XIII y el XVIII. No puede pensarse, por lo tanto, al capitalismo desde el origen sin la destrucción de la población y sus recursos. Esa destrucción es fundacional a la revolución industrial europea. Estamos viviendo ahora una época en que de nuevo América Latina, incluso los países emergentes –que es una denominación que hacen los organismos financieros internacionales para señalar países que ofrecen condiciones de alta rentabilidad a los capitales externos-  vuelve a ser funcional al capitalismo desarrollado: Europa, Estados Unidos y Japón.

-Dice que vuelve a ser funcional. ¿En algún momento dejó de serlo?

JG: En los últimos 150 años, el principal insumo del modelo productivo ha sido el petróleo. Hay una crisis energética que supone el estancamiento del stock de reservas hidrocarburíferas. La tendencia es a que se agoten, por el consumo depredador. Por eso los principales ideólogos del capitalismo piensan en un capitalismo verde. Lo ecologista había aparecido como una reivindicación de izquierda en la década del ’60 o ’70, cuando empezó a notarse el tema de afectación de la naturaleza por parte del modelo productivo. Lo que hay ahora es que la clase dominante a escala mundial se está apropiando de ese discurso verde. La discusión de los ’70, de la alianza verde-roja, por la que surgió el ecosocialismo -la ecología política, una vinculación de marxismo con defensa del medioambiente-, fue apropiada por la clase dominante. El capitalismo verde alude a una concepción que hay, planteada por Barack Obama en la cumbre de Copenhague en diciembre de 2009, de que ellos se van a encargar de compensar el problema que genera el modelo productivo contemporáneo, es decir la contaminación del aire y del agua, la tala de bosques… “Lo vamos a compensar con bonos de carbono”, dicen. No proponen cambiar el modelo productivo para que no se sigan afectando los recursos naturales, sino frenar el desarrollo productivo del resto de los países del mundo y que ellos mismos lo compensen. A partir de ahí lo incorporan al mercado especulativo de los bonos del carbono para contrarrestar la crisis climática. Para nosotros no hay crisis climática, sino un resultado del mismo modelo. El planteo de la economía verde está muy asociado a la explotación de los recursos naturales. Si uno mira cierta topografía de la Argentina con la expansión de la soja, ve que se está tornando cada vez más verde. Ya no es por pasturas del ganado, por ejemplo, sino por este monocultivo. La economía chaqueña, sustentada en la economía del algodón, hoy está invadida por la soja, por ejemplo. Los lugares que no penetró son los que tienen minerales como recurso principal, como San Juan.

-¿Son incompatibles soja y minería en un mismo territorio?

JG: Son incompatibles por la disputa del uso del agua, que a su vez le quitan a la agricultura familiar. Los recursos naturales involucran en un mismo nivel de gravedad la explotación minera y la sojera. Se ha generalizado la extensión sojera por el carácter del desarrollo agrícola en Argentina, pero al minero hay que prestarle atención porque es reciente, producto del pacto Argentina-Chile del año ’96. Sin embargo, crecientemente van a aumentar las inversiones transnacionales, del mismo modo que avanzaron en el ciclo sojero: la dominación que tienen las trasnacionales de la alimentación y biotecnología en el paquete tecnológico. El tema no es tanto el pequeño propietario de tierra donde se planta soja, sino precisamente el paquete tecnológico requerido para que avance el proyecto sojero. Por eso el problema hay que verlo integralmente: la producción, la distribución –que incluye la privatización de los ferrocarriles, y las terminales privadas de puertos-  y exportación. El ciclo completo está manejado por corporaciones transnacionales.

MS: Cuando hablamos de modelo de producción y distribución tenemos que agregarle consumo. Las personas ya no son ciudadanos sino consumidores. Con el planeta finito que tenemos, este nivel de consumo es imposible de sustentar. Por eso cuestionamos también que se hable de desarrollo sustentable en el marco de este modelo. El alimento pasa a ser una mercancía más. Se especula en bolsa quién fija el precio de la soja, el trigo y el maíz. Todo pasa a ser una mercancía, hasta, en consecuencia, la vida del hombre. Es imposible continuar con este ritmo de crecimiento, si hay exclusión. Hay gente que tiene que venirse del Chaco, de Formosa, de Salta, porque sus tierras son tomadas para poder, en el caso de Argentina, cultivar soja. El debate pasa también por poner en cuestionamiento el actual modelo de consumo, absolutamente irracional, en el mundo entero.

JG: El planteo ideológico que se difunde es “Aprovechemos este momento. El mundo pide soja, démosle soja”. La producción es la que determina las condiciones de consumo. China, que está incorporando una cantidad enorme de población a la producción, está modificando la dieta alimentaria. Por eso, buena parte de la soja que importa es para consumo de animales que serán consumidos por ellos en su cambio de dieta.

-¿Cómo afecta al productor este ciclo de consumo?

JG: Lo que defienden los principales centros ideológicos de las clases dominantes de la Argentina es aprovechar este momento bajo las condiciones de organización de la producción: concentración de la tierra, del paquete tecnológico. Quienes exportan son un pequeño grupo de transnacionales, igual que quienes manejan el paquete tecnológico. El productor con la cosecha ya no genera sus propias semillas, sino que vuelve a necesitar ese paquete tecnológico que le venden. Se financia con los pooles de siembra, que tienen la forma de profesional de pueblo que le sobra el dinero e invierte. El tema no son los pequeños fideicomisos, sino los gigantescos pooles de siembra que manejan lo principal de la producción.

-¿Regionalmente, cómo se piensa el problema?

MS: Está instalado en el sentido común que este modelo es redituable. La soja en sí no es mala, sino el monocultivo en el poder de las transnacionales. Como los gobiernos de toda América están de acuerdo con eso, todo, hasta la infraestructura, está en función de la extracción de materias primas.

JG: El esquema de este modelo que se hace en el marco de un programa que defienden las corporaciones transnacionales y los principales estados capitalistas del mundo es la liberalización de la economía mundial para que haya fronteras abiertas para el capital, las mercancías y los servicios; no las personas. Por eso la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional de Sudamérica hay que entenderla como  un mecanismo de inserción subordinada de América Latina y el Caribe en la economía mundial. El Mercado Común del Sur está especializado en la división internacional del trabajo como el lugar donde se produce la soja del mundo. Paraguay y Uruguay tienen incluso, proporcionalmente en cuanto al terreno cultivable, más soja que Argentina y Brasil.

-El gobierno habla de industrializar la ruralidad.

JG: En las aceiteras, por ejemplo, hay trabajo, pero es mínimo porque está todo muy mecanizado. El principal tema es que no es una producción difusora de fuerza de trabajo. A solo modo de ejemplo, en el Chaco, una extensión de 60 hectáreas que producía algodón en el ciclo productivo anterior involucraba como fuerza de trabajo, en distintos momentos del año, 40 personas. Hoy esa misma extensión de tierra, prácticamente no requiere fuerza de trabajo. Es un mecanismo expulsor de fuerza de trabajo. Movimientos como Paren de Fumigar tienen que ver con que poblaciones cercanas a la pampa sojera buscan emigrar porque las fumigaciones afectan las condiciones de desarrollo. A partir del paquete tecnológico que implica el uso de pesticidas, herbicidas, que incluso dependen del petróleo, no hay necesidad de desmalezar -la cosechadora levanta la cosecha y atrás suyo, viene la nueva siembra directa-. En función de los precios internacionales, también se arruinan los suelos porque los productores no rotan los cultivos para recuperar los nutrientes de la tierra. La creciente producción de soja es una exportación de tierra y de agua, no solo sale el poroto y el aceite. Algunos explican que América Latina está fuera de la crisis porque hay mucho crecimiento. Es un error. El fuerte crecimiento está ligado a los altos precios de las materias primas necesarias para el desarrollo de los países centrales. El ajuste materializado en América Latina en los ‘70 y los ’80 es el que se está haciendo ahora en Europa. Se está cerrando el ciclo del ataque del capital al proteccionismo keynesiano.

 -¿No puede ese crecimiento ser un recurso de las ideas de izquierda?

JG: Los que dominan el paquete tecnológico de base de este desarrollo productivo son transnacionales. Se ve muy claramente en la Argentina que lo que creció durante el crecimiento de la economía, fueron las remesas de utilidades. En la década del ‘90 lo más importante era el pago de intereses y capitales de la deuda y, en menor medida, las envíos al exterior. A ese modelo lo definen como especulativo de valorización financiera. En los últimos diez años, lo principal no es el pago de intereses y capitales, sino las remesas de utilidades al exterior. Ambos terminan con la salida de capitales. Quienes dominan el ciclo productivo contemporáneo siguen siendo las corporaciones internacionales. Venezuela le propuso a América Latina crear Petroamérica para encarar una fórmula de desarrollo compartida. No tuvo mucho éxito. Solo respondieron los países del Petrocaribe, dieciocho países del Caribe y Centroamérica, cuyo peso es minúsculo. El principal comprador del petróleo venezolano sigue siendo Estados Unidos. En América del Sur, Brasil tiene PetroBras, que actúa como una transnacional más. La expropiación de Repsol en Argentina supone discutir cuál es la política económica que se lleva adelante y quiénes son los beneficiados y quiénes los perjudicados. Se trata de pensar en función de qué se explotan los recursos naturales, y cómo se tiene en cuenta a los intereses de los campesinos, trabajadores, pueblos originarios. El crecimiento de América Latina actual no está resolviendo una mejor calidad de vida de la población.

El paraíso del secretario de Medio Ambiente

En Berazategui los vecinos ponen el cuerpo y el alma con tal de que no se instale en plena ciudad una subestación eléctrica. El electromagnetismo que tiene capacidad de emitir, regaría de cáncer todo el barrio. La resistencia ya cumplió ocho años, junto con la negligencia política, la represión policial y el silencio de los medios masivos.

Fotos: Nos Digital.

Esto es raro, pero está ocurriendo. Sí. Créenos. Aunque la tele no lo diga, ni 6, 7, 8, ni Clarín. Esto es la vida real, nada de bipolarización redituable de fantasía. Es raro, bien raro. Existe una ciudad, nada lejos de Plaza de Mayo, que entre sus calles con poco disimulo se erigen vallas de unos tres metros de alto. Custodiadas por Policía Bonaerense solicitan documento para transitar por la vereda. Intimidan. No dejan dormir de noche. Y no permiten el libre tránsito que la Constitución sin matices garantiza.

Pasa en la linda Berazategui, la que quiere contar con una subestación eléctrica en su territorio. Hasta ahí todo bastante bien. La cuestión es dónde la están construyendo: a pocas cuadras del centro, rodeada por casas bajas de familias, algunos comercios y calles y avenidas bien transitadas todos los días. Provista por Edesur, la construcción de la subestación eléctrica Rigolleau está en su fase final.

Habiendo terrenos disponibles alejados de zonas urbanas, se lleva adelante en medio del barrio. Sí, con gente adentro. Se encuentran avanzados los estudios que aseguran los aumentos de las probabilidades de contraer distintos tipos de Cáncer para las personas con exposición a campos electromagnéticos de más de 0,4 micro-tesla (según la Organización mundial para la Salud) cómo los que producirá la Rigolleau de ponerse en marcha.

Berazategui es gobernada por la familia Mussi desde 1987, cuando asumió el doctor Juan José Mussi. Desde el año pasado, su hijo Juan Patricio encabeza la intendencia municipal, ya que su padre tuvo que dejar el cargo para convertirse en el -como si faltaran condimentos a esta historia- secretario de Medio Ambiente de la Nación. La actitud panqueque de la familia los hizo involucrarse con la causa: firmaron un acta de compromiso con los vecinos y utilizaron la lucha contra la subestación como bandera de campaña. ­¿La Presidenta?, derivó a los vecinos con Mussi hijo. Difícil.

Los vecinos están organizados hace ocho años, convencidos en la firme negativa a la puesta en funcionamiento de una máquina generadora de enfermedades mortales en la esquina de sus casas, o con suerte, a unas cuadras. Su resistencia desde el principio hasta hoy sigue siendo el único motivo para que la subestación no esté encendida. El apoyo político no pasa de algunas honestas voluntades que esperan por poder colaborar y muchos –pero muchos- llamados a hacer la vista gorda. Para los medios masivos es un tema tabú. Los propios vecinos lo explican en la voz de Carmen: “Los medios oficialistas no vienen, obviamente. Los no oficialistas de alcance nacional, tampoco, porque Edesur es un anunciante muy importante. Hablo con periodistas amigos que me cuentan que escriben sobre Berazategui, pero no se lo publican. La vez que cortamos la 9 de Julio vino TELEFE a hacernos una nota que solo pasaron en un minuto de aire. Alguna de las veces que nos pegaron, sí apareció algo muy pequeño. Es que la sangre vende. Al final, los únicos que están son medios alternativos”.

El 13 de febrero cerca de las tres de la mañana en las manzanas cercanas a las obras de la Rigoleau se cortó la luz y al rato llegaron varios micros de la Policía Bonaerense. Decenas de efectivos a media madrugada bajaron, marcharon, colocaron vallas y armaron su campamento en la entrada de la subestación, dando a entender que llegaban para quedarse (Ver video). Se apostaron en la misma esquina donde desde hace ocho años los vecinos se reúnen para ver cómo hacerse fuertes contra una empresa privada avasallante, políticos traicioneros, un sistema judicial corrompido y medios de comunicación comprados. Con maderas azules de unos tres metros, reforzadas con vallas metálicas, cortaron varias calles y cercaron varias manzanas, impidiendo el libre tránsito de los ciudadanos. “La valla ya es parte del paisaje –nos cuenta Yamila, vecina de la zona-, no es la primera vez que nos pasa. Ha pasado de tener dos semanas un cordón policial frente a mi hogar. No querer entrar ni salir de casa. Estamos mal acostumbrados a esto. Lo digo y todavía me suena ilógico. Edesur vino y puso una subestación eléctrica en la esquina de mi casa, son ellos lo que se tienen que ir, no yo”. Se apropiaron del espacio público sin orden judicial, regidos por la inconstitucionalidad. Los vecinos están solos, ocultos detrás de las vallas, los policías parecen haberles ganado la calle.

Isabel, una de las asambleístas de primera hora, está convencida que el operativo de desgaste sobre la organización vecinal no va a tener efecto, ”menos ahora que la obra está en el tramo final. El conflicto es poder instalar el problema fuera de la ciudad, a nivel nacional. En el 2005 mientras Néstor Kirchner decía que la defensa de los asambleístas de Gualeguaychú contra Botnia era una política de Estado, a nosotros nos reprimían”. Varias veces como refuerzo policial se hizo presente Gendarmería, por eso los vecinos ya saben que la cuestión también es a nivel del Ejecutivo nacional.

A los vecinos con ganas de resistir se les complican aún más las cosas. Ya los tienen identificados. No los dejan atravesar los cordones de vallas, les toman fotos y les pegan. Sí, así es. Como suena: les pegan cuando ponen el cuerpo –la única herramienta que les queda- para atravesarse en la continuación de la obra. La última vez fue el viernes 3 de marzo. Yamila se acostó frente a un camión que traía material, se metió dentro de los pozos que están en plena avenida para evitar que la obra continúe. La arrastraron, le pegaron y la corrieron. Lo cuenta ella: “El viernes, un grupo de vecinos decidimos meternos adentro de los pozos para que los obreros no puedan trabajar. El acuerdo fue que nosotros nos retirábamos y los obreros se iban a sus casas y así lo fue por algunas horas. Cerca de las dos de la tarde, vemos pasar a los trabajadores dirigiéndose a los pozos de nuevo. Algunos de los vecinos que siempre estamos atentos empezamos a comunicarnos. Nos enteramos que venía un camión de una cementera para tirar material. La idea fue no dejarlo pasar. En diferentes grupos cortamos todos los posibles accesos. Recién a las cinco apareció. A un par de cuadras se subieron dos policías al camión con la orden de ´ pasar o pasar ´. Cuando llegó al lugar, algunos vecinos se tiraron delante del vehículo. La Policía se ocupó de correrlos arrastrándolos y pegándoles. Apenas los levantaron, el camión avanzó y me tiré delante de él. Me agarraron y me pegaron por todos lados entre un montón hasta dejarme tirada en la vereda contra el piso, boca abajo. Se escuchaban gritos por todos lados, logré escaparme corriendo”.

Al otro día, el sábado 4 de marzo, nos acercamos a Berazategui acompañando la bronca de los vecinos en una marcha denunciando la violencia sufrida. En medio de historias como la de una mujer que con dos vallas la aislaron del resto del barrio; de carteles con consignas como “Prohibido el paso a la Policía” o “Desarrollo a cualquier costo es subdesarrollo”; los cantos de “No a la subestación porque te mata, llévensela a Mussi porque la banca”, marcharon por los alrededores de la Subestación. Al acercarse a las vallas se encontraron con los mismos efectivos que un día antes los habían reprimido. Caras de piedra. Sonrisas burlonas. Los policías parecían más preocupados por el asado que iban a comer a la noche. Pasaban caminando con los cajones de madera para hacer el fuego. Los vecinos atrapados entre las vallas denunciaron que a la noche los efectivos de la bonaerense hacen fiestas con música a todo volumen, que igualmente no impide escuchar a las mujeres que llevan a las carpas.

La gente está más fuerte que nunca, el convencimiento, las ganas de seguir viviendo y los atropellos soportados, los han unido más. Y cayendo la tarde, ya camino hacia la plaza donde estaba por arrancar el festival de murgas por el No a subestación, nos cruzamos con Sandra, otra vecina, que concluye categórica: “Aunque Berazategui sea el paraíso del Secretario de Medio Ambiente Juan José Mussi, si logramos sacar a la Policía, nosotros garantizamos que la subestación no se hace, no vamos a dejar que se haga”.

Destruye y sangra Paraná

Era hora de que se termine el silencio de la sociedad mientras las fiestas de las compañías extranjeras se sucedían una tras otra sobre cada recurso natural del suelo argentino. Mientras la explotación minera irresponsable está en boca de todos y la cara represiva del gobierno nacional se ilumina demasiado, las tierras vírgenes del delta del río Paraná se están salvando por poco. La resistencia a la destrucción se hace fuerte.

Las posiciones se ven claras, lo borroso es el porvenir. Sergio Urribarri, gobernador entrerriano, había impulsado la  10.092 ley que entregaba a la creada Sociedad Anónima Arroz del Delta Entrerriano por noventa y nueve años la titularidad de la concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales de la Provincia que el Poder Ejecutivo provincial identifique como aptas para ser incorporadas al proceso productivo. El 26 de diciembre de 2011, la legislatura la aprobó. Organizaciones sociales, ONGs ambientalista, partidos políticos de oposición y vecinos autoconvocados resistieron a la medida, que Urribarri derogó el último 2 de febrero.

Durante un mes estuvo legalizada la explotación de tierras vírgenes del delta del río Paraná, lo que permitía el uso de agroquímicos en los humedales de las aproximadamente 150 mil hectáreas de islas. Elba Stancich, coordinadora de la campaña humedales de Taller Ecologista, explicó que los humedales son ecosistemas donde se combina tierra con agua. “Se los considera los más productivos del planeta. Albergan una gran biodiversidad y permiten la cría de los peces, lo que los hace fundamentales para la subsistencia de las poblaciones locales”, informa. Además, suministran agua dulce, ayudan a regular el ciclo del agua, ofrecen protección contra las inundaciones y tormentas. Por eso Stancich se adelantó a las críticas por pseudo-ambientalismo: “Si se los utiliza de una forma adecuada, se pueden realizar actividades económicas que convivan con las de conservación”.

El punto más álgido de la controversia se daba en la creación de un directorio que pudiera suscribir convenios con empresas públicas, privadas, nacionales y extranjeras. Por qué iban a creer que se iba a hacer un uso responsable de las tierras, sin agrotóxicos, si, como recordó Germán José Margaritini de Proyecto Sur Concordia, la empresa Bema Agri BV de Holanda, propietaria de 12 mil hectáreas en la isla de Victoria, fue denunciada hace tres años por secar lagunas, deforestar y levantar defensas, aún con las restricciones en vigencia.

La explotación sin controles, contó Stancich, consintió en la implementación de técnicas de continente en las islas: terraplenes sin estudios preventivos que modifican el ciclo biológico y, por tanto, la biodiversidad.

Jorge Daneri, dirigente de la Fundación M’Bigua, denunció que la ley fue sancionada en 48 horas, sobre tablas, sin debate político ni técnico de las áreas con competencia. Margaritini  agregó que la medida representaba “un giro abrupto respecto del compromiso adoptado por el gobierno entrerriano al firmar el PIECAS-DP”. Para él, no solo hubiera transformado las islas, lagunas y arroyos en campos de cultivo de arroz, sino que hubiera también significado un beneficio para unos pocos, cuyos perjuicios se habrían repartido entre todos los habitantes de la cuenca.   Desde cada espacio de difusión de las asociaciones en defensa del Río Paraná no se olvidan del Famatina, de los reprimidos de Tinogasta y de las asambleas que resisten a cada una de las empresas de megaminería a cielo abierto. Cada movilización incorpora “Famatina” al lado de “El Paraná no se toca”.

La gente mueve montañas

Ismael Bordagaray, intendente K de Famatina, contra la megaminería a cielo abierto. “Las encuestas serias indican que entre el 70 y el 80 % de la población de la región la rechaza”. www.lavaca.org (con servidor caído, pero con amigos de pie)

 

Ismael Bordagaray es kirchnerista, peronista y acompaña todo el movimiento social de resistencia riojana a la minería a cielo abierto. Eligió: “Siempre hemos sido compañeros de las medidas que toma el pueblo. No puede haber obediencia debida en democracia” dice a lavaca. Compara la actualidad que ponen de relieve estas asambleas con el movimiento que se hizo visible en el sepelio de Néstor Kirchner. Su posición ante Cristina, Beder Herrera, las represalias del gobernador, los medios monopólicos. Ideas sobre el rol actual de la política, el espionaje sobre los vecinos, y los reclamos de autodeterminación: las herramientas para una mejor democracia y las opciones a la megaminería.

Definiciones de Bordagaray a lavaca:

·        “El corte es una medida que acompañamos desde el comienzo. Decidimos mantener lo que anunciamos en campaña. Estamos al lado de los vecinos, y no como cabecillas, como nos han querido sindicar: siempre hemos sido compañeros de las medidas que ha tomado el pueblo”.

·        “La realidad es que las encuestas serias indican que entre el 70 y el 80 % de la población de la región rechaza la megaminería”.

·        “Muchos políticos han usado la cuestión del Famatina. Pero la gente es la misma: los que cambiaron el discurso son los políticos”.

·        “Como represalia, hace dos meses que la municipalidad no recibe de la provincia un peso de los que corresponden para gastos de funcionamiento”.

·        “Eso es la política: acompañar a la gente en los reclamos, no solamente aparecer cuando las cosas andan bien”.

·        “Un partido político no me transforma en un soldado que tiene que decir a todo que sí: me transforma en un militante que debe cuestionar las cosas que no estén bien hechas y aportar el capital intelectual para que el proyecto se fortalezca”.

·        “Hemos trabajado siempre del lado del proyecto y la defendemos a la Presidenta. Pero lo que nosotros creemos es que la Presidenta no tiene real conocimiento de lo que está pasando en nuestra zona. Y estamos esperando que alguien del gobierno nacional por lo menos nos deje dar nuestra versión de los hechos”.

·        Sobre los movimientos asamblearios: “Para mí es parte de lo que se vio cuando fue lo de Néstor (se refiere al fallecimiento de Néstor Kirchner) cuando se habló de ese empuje en la juventud de involucrarse en la política. Las asambleas son otra cara de la misma moneda: es la gente que está queriendo entrar en la discusión. No es el ‘que se vayan todos’. Es el ‘déjennos entrar en el debate’”.

·        “Muchos de los políticos viejos se creen que porque sacan el 50, 60 o 70% de los votos, la gente les firma un cheque en blanco para que manejen los destinos de la provincia. Y no es así, creo que hay que escuchar lo que la gente dice y la política reclama eso, algo nuevo, y la discusión permanente de los temas importantes para el destino de los pueblos”.

·        “A veces veo cosas de medios ligados al oficialismo haciendo un abordaje en sus programas que me molesta. Ellos tienen un enfrentamiento abierto con el Grupo Clarín. Y de alguna forma nos ligan a nosotros: ligan una protesta que es muy pura, muy social y muy nuestra al grupo Clarín. Lo cual me parece un desacierto total”.

·        “Hoy el pueblo dice no. Y ahí está la discusión”.

·        “Esto es liberalismo puro, es la expresión más pura del liberalismo de los 90 lo que pasa con el tema minero”.

·        “En el caso nuestro estamos diciendo no a la mega minería porque no queremos que nos contaminen el agua y nos hagan un agujero, acá a 12 km en línea recta de nuestro pueblo, que va a generar impacto, contaminación y un uso irracional del agua”.

·        “La política perdió el nexo con el pueblo. Capaz que en estos procesos asamblearios de los que hablamos se están forjando los líderes del futuro ante lo cerradas y arcaicas que están las estructuras partidarias. Y es interesante que aparezca una nueva manera de pensar la política, y surge de otros puntos que ya no son las grandes ciudades. Quizás está madurando la democracia, que tiene casi 30 años”.

·        “Si la minería fuera la única solución, tendríamos una provincia sólo para 20 años”.

 

Retrato de un intendente

El 15 de febrero cumplió 36 años. Ismael Bordagaray había sido elegido intendente de Famatina en 2007, tras haber participado en el movimiento social y asambleario contrario a la instalación de Barrick Gold. En medio de su mandato, los vecinos lograron alejar además a la sucesora de Barrick, la china Shandong Gold. A fines de 2011 Bordagaray resultó reelecto, trabajando a su vez para las reelecciones de Cristina Fernández de Kirchner y del gobernador riojano, Luis Beder Herrera.

Luego llegó el momento de descubrir el espionaje policial-minero sobre los vecinos de Famatina y Chilecito, la avanzada provincial para permitir la instalación de Osisko Mining Corporation, y la inmediata respuesta social: un nuevo corte en Alto Carrizal, que impide el acceso a las zonas del cordón del Famatina que deberían ser –literalmente- explotadas. Caso infrecuente, Bordagaray dice ahora lo mismo que decía en la campaña, y cosas muy diferentes a la que emiten los políticos tradicionales.

“El corte es una medida que acompañamos desde el comienzo. Decidimos mantener lo que anunciamos en campaña. Estamos al lado de los vecinos, y no como cabecillas, como nos han querido sindicar: siempre hemos sido compañeros de las medidas que ha tomado el pueblo. Y ahora nos dimos cuenta de que es una medida bastante aceptada. Lamentablemente no se ha logrado el objetivo principal: que se caiga el convenio con Osisko, o instalar una instancia de diálogo con el gobierno provincial”.

Panorama desde el corte

 

El objetivo que plantean los vecinos es que se caiga el convenio. Osisko anunció que se iría si no cuenta con la licencia social.

-Pero la realidad es que el convenio no está caído ni mucho menos, y el gobierno de Beder es el que está comprometido a lograr esa licencia social. Por eso montó una supuesta estrategia mediática, que copa a los medios oficiales, sumado a falsas encuestas, mensajitos de texto, campañas en los diarios, páginas de Internet oficiales. Todo tratando de presentar la minería como la única alternativa para la provincia y tratando de descalificar todas estas protestas. La realidad es que las encuestas serias indican que entre el 70 y el 80 % de la población de la región rechaza la megaminería.

Datos sobre la amnesia

Bordagaray se recibió en Trabajo Social y como docente en Famatina compartió todo el nacimiento del movimiento asambleario, en 2006. “Desde esa época hemos planteado el compromiso de preservar el medioambiente y estar en contra de la megaminería. Gracias a Dios lo hemos podido sostener”. En La Rioja muchos políticos plantearon cosas similares, pero parecería que la llegada al cargo genera amnesia.

-Estos días he repasado discursos del día que se sancionó la ley que prohibía la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro, en 2007:  no habló sólo el actual gobernador (debe recordarse que el rechazo a la minería fue la palanca que le permitió a Beder expulsar a su antecesor, el ex menemista, ex duhaldista y luego kirchnerista Ángel Mazza, ex secretario de Minería de Carlos Menem). El actual intendente de Aimogasta había hecho un discurso encendido a favor de no tocar el Famatina y en contra de la actividad minera, y ahora dice todo lo contrario. Muchos políticos han usado la cuestión del Famatina. Pero la gente es la misma: los que cambiaron el discurso son los políticos. ¿Qué consecuencias prácticas trajo esta posición ? Como represalia, hace dos meses que la municipalidad no recibe de la provincia un peso de los que corresponden para gastos de funcionamiento. Tendríamos que recibir 140 mil pesos más algunos otros ingresos que redondean los 200 mil pesos. Eso resiente por ejemplo la recolección de residuos, que estamos reorganizando. No voy a poder seguir pagando algunos planes de quienes trabajaban en limpieza. Por otro lado, empezaron a atacarme en los medios. Pero bueno, si yo no represento al pueblo que me votó no tendría razón de ser en la política y en mi cargo. Mi corazón y formación me indican que eso es lo que tengo que hacer. Eso es la política: acompañar a la gente en los reclamos, no solamente aparecer cuando las cosas andan bien. Y al gobierno provincial hay que decirle: esto está mal hecho.

Obediencia debida

Bordagaray aclara: “Soy de origen peronista, justicialista, de más joven fui de la juventud peronista. En la Universidad de Córdoba donde estudié Trabajo Social, en los 90 éramos tres. No era muy frecuente encontrar peronistas. Me siento kirchnerista y acompaño todo este proyecto. Pero pienso que en la política no existe la obediencia debida. No se puede decir que sí a todo el discurso oficial. Tengo la obligación y el deber de salir a decir las cosas que no están bien hechas. Un partido político no me transforma en un soldado que tiene que decir a todo que sí: me transforma en un militante que debe cuestionar las cosas que no estén bien hechas y aportar el capital intelectual para que el proyecto se fortalezca. No lo han entendido así, me tildan de traidor porque hay un pueblo que se ha levantado en contra de la mega minería. Yo creo que el tiempo está demostrando que lo que estamos haciendo está bien, estando al lado del pueblo, y que el gobierno provincial va a tener que rever su estrategia, porque tanto a nivel comunicacional como a nivel social está perdiendo muchísimo terreno y eso puede traer otro tipo de complicaciones. ¿Cuáles? -Esto se está transformando en un conflicto social. En principio era un conflicto ambiental, de recursos, ahora ya es un conflicto social que está empezando a teñirse de ciertos problemas institucionales. Que al intendente de la capital riojana y nosotros en Famatina tengamos congelados los gastos de funcionamiento… eso es un conflicto institucional. Ya hay un problema de recursos a municipios que se los castiga por pensar distinto. Y eso la gente lo ve mal. Este lunes en Chilecito no pudieron hacer el desfile de todos los años porque no quieren que la gente se manifieste.

El desacierto oficialista

¿Cómo percibe la posición del gobierno nacional en este tema? -A veces veo cosas de medios ligados al oficialismo haciendo un abordaje en sus programas que me molesta. Ellos tienen un enfrentamiento abierto con el Grupo Clarín. Y de alguna forma nos ligan a nosotros, ligan una protesta que es muy pura, muy social y muy nuestra al grupo Clarín. Lo cual me parece un desacierto total. Más allá que lo hayan cubierto, bien o mal no me importa, nosotros hemos recurrido al único medio que se acercó a hablar con nosotros. Pero los medios oficialistas hacen el tratamiento como que estos fueran grupos opositores al gobierno nacional. No lo somos.  Para nada en mi caso. Hemos trabajado siempre del lado del proyecto y la defendemos a la Presidenta. Pero lo que nosotros creemos es que la Presidenta no tiene real conocimiento de lo que está pasando en nuestra zona. Y estamos esperando que alguien del gobierno nacional por lo menos nos deje dar nuestra versión de los hechos. Necesitamos acercarnos. Recién el día sábado yo pude charlar con una senadora nacional y le solicité que vea la posibilidad de hablar con el ministro del Interior, o alguien del ministerio, alguien a quien pueda acercarle mi postura y también lo que vemos sobre la cuestión institucional que está afectando a la provincia. La política suele tener algo de binario, reducir todo a dos opciones…

-Tal cual. Y veo además que mediáticamente se quedan en la discusión económica del tema. Lo veía programas oficialistas como Duro de domar, y todos los elementos que aportaban a la discusión eran económicos. Pero hay otros ejes también que son importantes de discutir, que tienen que ver con el tipo de desarrollo que le queremos dar a nuestro país, la manera que queremos vivir,  el tema de los recursos naturales… Celebro muchísimo lo que pasó en ciertos departamentos en Mendoza, por ejemplo, que sancionaron un área libre de minería para defender sus reservas hídricas. También es importante analizar quién se lleva todo este dinero que sale de la minería, que es un recurso no renovable, pero no hay que centrar únicamente el eje de la discusión ahí.

La nueva política

Movimientos asamblearios como el de Famatina, Chilecito, La Rioja, ¿implican un nuevo modo de ciudadanía, de intervención en lo político?

-Para mí es parte de lo que se vio cuando fue lo de Néstor (se refiere al fallecimiento de Néstor Kirchner) que se habló de ese golpe y ese empuje en la juventud de involucrarse en la política. Las asambleas son otra cara de la misma moneda: es la gente que está queriendo entrar en la discusión.

No es el “Que se vayan todos”.  Es el “déjennos entrar en el debate”. En el caso mío, que yo estoy acompañando el movimiento, a mí no me plantean que yo me vaya, todo lo contrario, me exigen que siga firme y al lado de ellos, y que ellos me van a bancar. Entonces creo que están pensando una nueva forma de hacer política. ¿Qué pensamiento es? Una política en base al consenso. Porque muchos de los políticos viejos se creen que porque sacan el 50, 60 o 70% de los votos, la gente les firma un cheque en blanco para que manejen los destinos de la provincia. Y no es así, creo que hay que escuchar lo que la gente dice y la política reclama eso, algo nuevo, y la discusión permanente de los temas importantes para el destino de los pueblos.

¿En algún momento las presiones le hicieron pensar en dejar el cargo?

-Lo que me he dado cuenta es de que los que están a favor de la minería piensan que uno es el que motoriza todo esto. Tengo entendido que a mí me cortan los gastos de funcionamiento pensando que estoy bancando el corte, lo cual es una verdadera locura. Lo único que he dado en el corte es ir a sacar la basura y voy a hablar con la gente alguna vez. Pero pensé: si yo soy el escollo para que las cosas en el pueblo funcionen, me voy a tener que ir. Pero eso no me va a quitar de la lucha. Yo ya lo dije, el único que me va a sacar de mi cargo es el pueblo, no un grupo de obsecuentes que no responden a la voluntad popular y ni siquiera son de acá. El que tiene la facultad de sacarme es mi pueblo.

Las leyes son menemistas

Las leyes vigentes son de tiempos menemistas…

-Todas, todas. En algunos casos se fortalecieron con decretos presidenciales, pero son las leyes de los 90, todas. Y todos los que hablan de los impuestos que dejan y demás, es falso. Todo lo recuperan, todo lo que invierten lo recuperan. Tienen todas las garantías y facilidades. Esto es liberalismo puro, es la expresión más pura del liberalismo de los 90 lo que pasa con el tema minero. No se ha podido revisar nada en materia legal. Es una discusión que se tiene que dar la gente del Congreso y de las provincias. La participación y los controles. Nosotros no hablamos del tema económico, pero no porque seamos ignorantes, nuestra discusión pasa por el cuidado del agua, que es el recurso más escaso que tenemos en la zona, nosotros defendemos el agua de Famatina. No queremos una megaminería, ni el uso del cianuro, por supuesto. Y también creo como autoridad y político que hay que debatir esa legislación de los 90.

¿Realmente cree que la Presidenta no está interiorizada sobre lo de Famatina?

-Yo lo que creo que la cuestión Famatina despertó un montón de cuestiones que no imaginábamos. Se reactivó el conflicto en Andalgalá, en Tinogasta, hay conflicto en Tucumán, en Santiago del Estero, en el mismo Jujuy los amigos aborígenes han hecho presentaciones a la Corte Suprema. Es como un efecto dominó, el tema Famatina activó un montón de respuestas. Pero hay que analizar cada situación particular, no todo es lo mismo, y creo que debería haber alguien desde el Ministerio del Interior que pueda tomar contacto con los lugares de conflicto y pueda hacer un análisis cierto. Primero hay que escuchar al pueblo para no cometer errores. No pasaría eso si el gobernador, en vez de hacer lo que hizo, hubiera primero cumplido con su promesa de 2007 de hacer un plebiscito en la zona. Así que esto comienza como una mentira, como una traición al pueblo. ¿Cómo vamos a creer que lo que antes era malo ahora es bueno? Hoy están en un 8 a 2, 8 en contra y 2 a favor, por eso no se animan ahora a hacer un plebiscito. Pero es como que los políticos vamos a contramano de lo que la gente quiere.

¿Está usted a favor de la prohibición de la minería o de la megaminería?  ¿Cuál es la diferencia?

Acá la gente se opone, y esto tiene que quedar claro al gobierno nacional y a los medios, es a la megaminería a cielo abierto y a la utilización de cianuro y el uso indiscriminado y sin control del agua. El gobierno tiene que hacer un mea culpa y decir la verdad: los gobiernos provinciales no tienen la capacidad de controlar este tipo de emprendimientos. Estas empresas que vienen, sacan y después se van, ¿a quién vamos a ir a reclamarle? No nos oponemos a todo tipo de minería. Yo escucho unos compañeros que dicen “nosotros apoyamos la minería porque en el departamento genera empleo”. Claro, hablan de una cantera de granizo, una cantera de laja. Tampoco me opongo a eso o a una cementera, no nos oponemos, pero sí nos oponemos a que nos hagan un cráter acá a 12 km en línea recta cerca de los periglacieres que nos dan el agua, que nos hagan un cráter de 500 metros de profundidad. Sí nos oponemos a eso. Entonces: hay maneras y maneras de pensar la minería. Hay que pensarlo de manera responsable. En la misma Unión Europea hay debates acerca de la utilización o no de cianuro, tenemos que ir hacia ahí. Aparte esos discursos de “no se usa cianuro” y resulta que hay todo tipo de registros, hasta yo los tengo, que demuestran el uso del cianuro. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos. No defendamos lo indefendible. No hay que ser extremista y decir “no, no, no por el no”, sentémonos a ver por qué no y por qué sí. En el caso nuestro estamos diciendo no a la mega minería porque no queremos que nos contaminen el agua y nos hagan un agujero acá a 12 km en línea recta de nuestro pueblo. Que va a generar impacto, contaminación y un uso irracional del agua.

Y que la comunidad no quiere ahí todo eso…

-No quiere. Yo prefiero aparecer como un ignorante y decir que no, y no terminar reconociéndolo dentro de unos años. Pasar a la historia como el estúpido que no se animó a decir que no. Los minerales no se degradan, ahí están. Hoy el pueblo dice no. Y ahí está la discusión.

¿Qué sensación le dejó confirmar el espionaje a la comunidad de Famatina?

-Me parece triste, me indignó porque me hizo acordar a épocas muy tristes del país, y nos tildaban como cabecillas, a otros ponían precio. No habla mal de nosotros, hablan de lo que son ellos.

¿Hubo reacción de la clase política?

Prácticamente no. La política perdió el nexo con el pueblo. Capaz que en estos procesos asamblearios de los que hablamos se están forjando los líderes del futuro ante lo cerradas y arcaicas que están las estructuras partidarias. Y es interesante que aparezca una nueva manera de pensar la política, y surge de otros puntos que ya no son las grandes ciudades. Quizás está madurando la democracia, que tiene casi 30 años. Con gente que participa, se involucra porque se da cuenta de que la política la atraviesa transversalmente en todo lo que involucra su vida.

¿Cómo actúan los medios provinciales?

A favor de las mineras, por el factor económico, la pauta publicitaria. Una radio local recibe 3.000 pesos por mes y es una fortuna. Salió a la luz un caso de una radio en Chilecito a la que la minera le pone 300.000 pesos anuales. Van a terminar yendo a trabajar ellos a la minería. Otra gente es muy digna y no cede a las presiones.

Osisko planteó que se iba, al no contar con licencia social…

-Osisko ya tendría que haberse ido si es por eso. Hay un 80% por lo menos que repudia el tema minero en la región. Más muestras de que la gente no quiere esta megaminería, no hay. ¿Qué están esperando?, ¿Que se genere violencia para tomar nota de lo que está pasando?

Otra paradoja es que mucha gente que está contra las mineras votó a Beder. ..

Es que se rechaza a la minería, como él mismo lo hacía hace unos años. Los que lo votaron fue por temas como viviendas o electrificación rural, o garantizar que cada chico en edad escolar tenga computadora. Esos temas se ven como positivos. Pero nadie lo votó por la cuestión minera, de la que nunca habló en campaña. También es cierto que hay mucho plan social, que da lugar al clientelismo y a tener, entre comillas, agarrada a la gente que depende de eso. Pero se podrían hacer obras hídricas que hace 60 años no se hacen, mejorar todos los niveles de producción, y en Famatina hasta tenemos la experiencia de una nueva fábrica de calzado que da trabajo a 100 personas. Si la minería fuera la única solución, tendríamos una provincia sólo para 20 años. Alumbrera ya está terminando la extracción, está en la última etapa, y después ¿qué van a hacer? ¿Engrosar los cordones urbanos con desocupados y quedarnos con todo el daño ambiental?  Prefiero que hoy busquemos alternativas, y no quedarnos esperando ese final.

 

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El Tigre que pretende destruir su historia

Un conjunto de organizaciones vecinales, ambientales e indigenistas se movilizan para preservar un asentamiento arqueológico sagrado indígena en Punta Querandí, Tigre. Se encuentra seriamente amenazado por un emprendimiento privado y la voluntad de desgaste de la movilización por parte la Intendencia.                                                                                                                                                                                                                    

 

 Por Sebastián Hadida

 

“Este es un problema no solamente de los pueblos originarios, sino de la sociedad en su conjunto”, resalta el referente kolla Pedro Moreira, fundador de la Biblioteca Popular Inti Huasi y miembro del Movimiento en Defensa de la Pacha. Su lucha es en contra de la privatización de un sitio arqueológico y ceremonial indígena en Punta Querandí, Tigre.
El conflicto comenzó en 2007, cuando el Estado Nacional vendió a la corporación inmobiliaria EIDICO el terreno milenario de casi dos hectáreas donde se asienta un predio de enorme valor cultural y ritual para los indígenas. Casualmente, el titular de la sociedad anónima, Jorge O´Reilly, es un ex asesor del intendente de Tigre Sergio Massa.
Según el Movimiento en Defensa de la Pacha, el Estado Nacional cedió el boleto de compra venta a O´Reilly, pero no se completó la escritura, por lo cual jurídicamente la transferencia no tiene validez. Sin embargo, esta situación de hecho no impidió que la prepotencia de la empresa, amparándose en un supuesto derecho a la propiedad privada, se lanzara a la realización de obras que deterioraron parcialmente el patrimonio arqueológico y ambiental de Punta Querandí.
EIDICO no sólo contó con la complicidad del Estado (“la empresa controla los resortes del poder” de quien son esas palabras sentencia Pedro Moreira), sino que se sirvió además de fundamentos científicos apócrifos para consumar su obra destructiva. La desarrolladora inmobiliaria contrató a un equipo de antropólogos, liderados por Daniel Loponte, para avalar las condiciones de construcción con informes de impacto arqueológico favorables a los intereses privados. Además, este científico, de acuerdo a la organización indigenista, falsificó un convenio entre el Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires y la empresa, según el cual el primero reconoce la propiedad privada del predio ancestral, lo cual posteriormente fue desmentido categóricamente por Moreira.   
Después de años de intensa actividad de protestas, en octubre de 2010 el gobierno de Tigre condescendió a frenar las obras y clausurar el emprendimiento privado. Desde entonces, el conflicto sigue abierto.
El Estado está siendo tironeado desde los dos sectores enfrentados. Por un lado, EIDICO exige que la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), dependiente del Estado Nacional, resuelva este equívoco legal dando cauce a la escritura de traspaso a capital privado del predio. De hecho, le hizo juicio a esta agencia por el aplazamiento de la resolución. 
Por el otro lado, las asociaciones ambientalistas e indigenistas, sumados a los vecinos autoconvocados, exigen al gobierno de Massa que tome inmediata posesión del sitio, en respuesta a los informes del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas y de la Secretaria de Derechos Humanos bonaerense, que avalan la importancia cultural y arqueológica de Punta Querandí.
Ni una cosa ni la otra. La actitud del gobierno de Tigre, hasta el momento, fue apostar a que las partes se pusieran de acuerdo de manera voluntaria, especulando con que el paso del tiempo podría desgastar la intransigencia de la comunidad organizada.
El subsecretario de Cultura de Tigre, Daniel Fariña, insiste en que el gobierno no puede actuar legalmente. Para colmo, en una reunión en el acampe de Punta Querandí a fines del mes pasado con referentes de las organizaciones en lucha, amenazó con cortar el diálogo si no se paralizaban las movilizaciones de protesta en el distrito. La petición, considerada por el Movimiento en Defensa de la Pacha como un “apriete inaceptable”, no fue aceptada.
Pese a tener el viento en contra, el movimiento indigenista no baja la frente y sigue dando batalla, a fuerza de actividades culturales y actos de protesta. Precisamente, ayer el Movimiento en Defensa de la Pacha convocó a una movilización hacia el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, en el barrio porteño de Belgrano, con el objeto de escrachar a Loponte y reclamar por la protección del sitio sagrado. Asistieron no sólo las organizaciones que defienden los derechos de los pueblos originarios y del medio ambiente, sino además partidos políticos como el Encuentro por la Democracia y la Equidad.
“Nosotros no pedimos la titularidad de la propiedad sino que el predio quede liberado del desastre, y que esté disponible para todos. Por eso no planteamos el reclamo como sectorial. Si así lo fuera, nuestra lucha tendría menos posibilidades. Esa actitud nuestra es un poco lo que a ellos los descoloca, y lo que los deja sin argumentos para defender los intereses corporativos”, señala Moreira.
El predio de Punta Querandí “tiene un gran valor cultural. Esto es incluso reconocido por Loponte”. En la excavación que dirigió el arqueólogo se encontraron restos arqueológicos de más de mil años, como cerámicas y utensilios hechos con piedra y huesos.
El líder aborigen señala que además de la disputa en torno a la preservación del patrimonio cultural aborigen, el movimiento incorpora reivindicaciones ecologistas: “El reclamo también tiene como objetivo preservar la biodiversidad de los humedales, que son muy importantes, ya que son fuentes ricas de biodiversidad. Eso explica que haya sido el lugar elegido para vivir por muchos grupos étnicos seminómades”.
En mayo sucedió un acontecimiento alentador para los activistas. El Concejo Deliberante de Tigre ordenó al gobierno municipal la posesión del sitio con carácter preventivo, apoyándose en los fundamentos de una medida cautelar de abril de este año por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la preservación de un sitio sagrado mapuche en Neuquén (así como también se nutrió de una extensa lista de normativas y resoluciones nacionales e internacionales).
Esta decisión (aún no obedecida por el gobierno) abre mejores perspectivas de cara a la resolución del conflicto, que llevará su tiempo. Las organizaciones indigenistas y ambientales siguen llevando su voz a todos los ámbitos de la comunidad: se organizan actividades de música folclórica aborigen, charlas y proyecciones de películas. También desde hace varios años cientos de alumnos de escuelas aledañas se acercan para conocer en profundidad los distintos aspectos de la disputa, y para discutir proyectos educativos que contemplen las reivindicaciones de las culturas aborígenes.
La batalla, como se puede apreciar, es substancialmente cultural. Moreira subraya que hay que tomar conciencia que a la violencia no se responde con violencia: “Si nosotros hubiésemos intentado tomar el terreno por la fuerza, nos habría corrido a palos la policía. Ellos están esperando de nosotros que reaccionemos a sus provocaciones con violencia, para denunciarnos y así sacarnos del medio. Pero nosotros somos pacientes y pacíficos. Tomamos el ejemplo de los pueblos originarios”.
La lucha que está librando Moreira no es aislada, sino que se enmarca en la condición histórica de un pueblo oprimido y saqueado durante siglos enteros, y cuyo designio es la restitución de los derechos a la tierra y a la vivienda.

“No hay minería ni capitalismo serios”

Promocionando su nueva publicación Miguel Bonasso habla mucho de minería, corrupción y negociados internacionales. Casi como excusa para abrir el debate sobre las condiciones en que se plantean las relaciones sociales y cuáles son las leyes implícitas con que actuamos en cuanto a nuestro planeta. Los daños irreversibles, las ganancias exponenciales, los grandes capitales globales, el kirchnerismo y los ’90.

 

Fotos: Nos Digital.

En la tele, en las librerías, en la calle hay frases que quedan picando en la nada misma. El agua vale más que el oro. La minería genera empleo. En el kirchnerismo hay protofascistas. Las explotadoras de petróleo y metales tendrán que liquidar en el país. Desde el bondi se lee grande: EL MAL. EL MODELO K Y LA BARRICK GOLD AMOS Y SERVIDORES EN EL SAQUEO DE LA ARGENTINA. ¿Qué es eso? ¿Qué hay en ese libro?

Miguel Bonasso, periodista, escritor, diputado nacional porla Ciudadde Buenos Aires nos lo explica: “A lo largo dela Cordillerade los Andes argentina se están gestando más de 40 exploraciones mineras. Para algunos este libro es antikirchnerista porque desnuda el modelo K con especial énfasis, y cuestiona a los Kirchner, de los cuales fui promotor. Yo digo que trata de desenmascarar hechos históricos que para mí son muy peligrosos y tienen que ver con la megaminería a cielo abierto en nuestra cordillera. Es la explotación más salvaje: consiste en volar los cerros y procesar, comola BarrickGolden Pascua Lama, 300 mil toneladas de roca; bañarlas con 27 millones de litros de agua por día. Esa agua contiene 4 toneladas de cianuro de sodio, uno de los tóxicos más poderosos que tarda muchísimo en ser metabolizado. Usan cianuro porque ve lo que el ojo humano no: las partículas de oro”.

Pese a que asegura que volvería al kirchnerismo si éste le quita las concesiones a las mineras, también declaró:

“La Argentinase está convirtiendo en una banana republic. El plan de Cristina es el de Rockefeller”,

“Los Kirchner no tienen ninguna voluntad verdadera transformadora de la realidad. No son ni siquiera social-demócratas. Son también derecha, aunque haya derecha más bruta como el Señor Macri”,

“Si los recursos naturales los entregan a precio vil, sin que las empresas mineras tengan que rendir un solo dólar, por un decreto de Kirchner, estás condenando al país a una economía que no es la que el país podría tener”,

“Lo malo de este modelo es que genera concentración económica que necesariamente excluye. Después la presidenta les regala una notebook o asignación por hijo. Genera pobres para ayudarlos”,

“La corrupción ahora es peor que en la década neoliberal”.

 

A partir de las sucesivas presentaciones, su libro y preguntas que le hicimos, reconstruimos esta charla.

 

-Agua envenenada, agua perdida ¿Cómo llegan a tener tanta agua disponible?

-Las minas están ubicadas junto a los ríos de montaña, que a su vez, nacen de las áreas periglaciares. Por eso, en el Proyecto de ley que consensuaron Bonasso, desde la cámara de diputados, y el senador kirchnerista Daniel Filmus, se hablaba de esas áreas. Ahí surgen los ríos de montaña que atraviesan el país y constituyen la riqueza hídrica de gran parte dela Argentina, la que riega la parte más árida del país.

 

-Toda esa pérdida de agua, ¿qué implica?

-Los agricultores de San Juan, provincia donde se instalóla BarrickGoldcon mayor aplomo y facilidad, solo pueden disponer del 20% de la tierra cultivable son muchos más. Se habla de los empleos que se crean, pero no de los que caen.

 

-Será un mal, entonces. ¿Por qué “El Mal”?

Porque este libro es también el vínculo estrecho que existe entre lo que podríamos llamar el poder imperial de Estados Unidos y sectores oligárquicos financieros muy poderosos dela Argentina.Elhombre que sirvió de lobbista entre Peter Munk y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue un empresario vinculado a José Martínez de Hoz, Santiago Soldati, dueño por ejemplo, del Tren dela Costa.Todosestos sectores se nuclean en un lugar donde se regulan las inversiones económicas en América Latina, el Council of the Americas. Su creador es David Rockefeller, padrino, socio mayoritario, amigo íntimo y apologista del hombre que planeo desde el lado civil el último golpe de Estado: José Martínez de Hoz.

 

-¿Quién hay detrás de Peter Munk?

-Munk, a quien la presidenta llama Piterman, es el fundador dela BarrickGold, pero en realidad era el testaferro de Adman Khashoggi, el mayor traficante de armas de la Tierra, el que en algún momento era considerado el más rico del planeta. Era de origen saudí, y estaba relacionado conla AgenciaCentralde Inteligencia de los Estados Unidos (CIA). Fue uno de los financistas del Irángate, un escándalo muy grande que ocurrió en la época en que Ronald Reagan presidía EEUU y su vicepresidente era George Bush (padre de George W. Bush), el verdadero capo de la familia, dela Barricky, en su momento, dela CIA.Enesa época, Khashoggi, para financiar a los Contra –antiguos guardias somozistas utilizados porla CIApara conspirar terroristamente contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua-. Esto fue declarado ilegal por el propio gobierno estadounidense: no podían financiar a grupos ilegales que pretendieran derrocar a un gobierno popular. Un grupo especial formado por Bush en el que Khashoggi utilizó 10 millones de dólares en acciones dela AmericanBarrick, mamá institucional dela BarrickGold, en el primer paso para el financiamiento que luego estallaría. Las industrias mineras, en general, están vinculadas a la estructura militar por razones obvias. Siempre lo militar estuvo ligado a lo metalífero.

Cuando una empresa produce a 200 y pico de dólares por onza y vende a 1800, la renta es gigantesca. Con esa renta extraordinaria se pueden comprar periodistas, políticos, jueces, como han comprado a lo largo de su historia en EE.UU., Argentina y muchos otros países, como Perú. 

 

-¿Por qué un traficante de armas necesitaría venir a Argentina a ganar más plata con el oro?

-Por un lado, no solo se llevan oro. Se llevan más de 70 metales. Hay un vínculo directo entre operaciones militares y metal. Será por eso, seguramente, que algunos agentes dela CIAhan andado por San Juan. Será por eso también que se establece como un tercer país virtual enla Cordillerade los Andes gracias a un tratado binacional que firmaron inicialmente Menem y Frei, que fue diseñado especialmente parala Barrick.Enuna franja que tiene 3 mil km de largo por 100 de ancho, hay un tercer país que está ubicado justo sobre la frontera en la que no entran ni los carabineros chilenos ni la gendarmería argentina.

 

-¿Qué ventajas le trajeron las leyes mineras a la empresa?

-Las mineras pueden descontar todos los gastos de extracción, molienda, transporte, seguros, fletes hasta el puerto y administrativos. Todo descuentan: doble deducción de gastos de exploración, devolución del IVA a la exploración, estabilidad fiscal por treinta años, amortización acelerada en solo tres años, exención de aranceles para importar bienes de capital, equipos o insumos, deducción por gastos de conservación del medio ambiente; exención de las utilidades derivadas del aporte de minas y derechos mineros para capitalizar sociedades; tope de regalías del 3 por ciento; exención del impuesto a la ganancia mínima presunta; capitalización de los avalúos de reservas mineras; devolución anticipada y financiamiento del IVA; exención de contribución de retención a las exportaciones; exención del impuesto al cheque; deducción del 100 por ciento del impuesto a los combustibles líquidos; transferencia de capital al exterior cuando se le dé la gana sin pagar cargas por dichas transferencias; ninguna obligación de liquidar divisas en el país. Además,la Barrickacaba pagando el 0,16 por ciento de lo que cuesta el agua a los usuarios domiciliarios en la franja horaria nocturna.

 

Y Bonasso ataca. Tanto a protagonistas del capitalismo global más concentrado, como a personajes del kirchnerismo: para él, el presidente de la CámaraMinerade San Juan, Ricardo Martínez, es un bandido protofascista. El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, “tenía el mismo domicilio que la empresa minera Milston S.A. y Barrick exploraciones Argentinas Sociedad Anónima”. Aníbal Fernández: es un “ex prófugo de la Justicia, en algún momento protegido por Menem”. De Débora Giorgi, ministra de Industria, dice textual en su libro: “Reaparecieron fantasmas del menemismo resucitados en esta época. Flota en el recuerdo el saudita Gaith Pharaon, el escándalo del BCCI (el banco para lavar dinero de las armas y las drogas). Carlos Kunkel, “preverbal”, director de la “patota” de diputados kirchneristas, junto con Agustín Rossi acompañaban a Kirchner en la Cámarabaja como si fueran su Rottweiler parlamentario.

 

-¿Por qué el kirchnerismo hizo todo esto, pese a su discurso progresista?

-Si yo pienso bien –aunque de algunos no puedo pensar bien- tendría que creer que ellos suponen que la minería es una forma de desarrollo inevitable. Pensando mal es por coimas. La megaminería con cianuro fue prohibida en Europa porque los efectos de daño ambiental son irreversibles.

 

-¿Hay minería responsable?

-Desgraciadamente, no hay ni capitalismo serio, como dijo la presidenta, ni minería responsable. El sistema es en sí mismo perverso, cruel y desparejo. Uno, muchas veces, por realismo, lo cambia de a poco. Intrínsecamente no es bueno. El lucro se pone por delante de la lucha ambiental, que va a ser la gran lucha de la siguiente generación. Lo plantean como ambientalistas vs desarrollo. En etapa de construcción se ocupan 5500 empleos, después desciende a 1600 más empleo indirecto, que también desciende con el tiempo. Pero mientras tanto, los agricultores de San Juan, que solo pueden disponer del 20% de la tierra cultivable son muchos más. Se habla de los empleos que se crean, pero no de los que caen.

 

-Hasta ahora no mencionó la orden que establece que todas las divisas obtenidas por exportaciones de productos mineros se liquiden en el país, que fue una de las primeras medidas decretadas por Cristina Fernández después de ganar las elecciones últimas.

-Estoy de acuerdo con el decreto, me parece que está bien, pese a que surja por la crisis respecto al dólar. Sería bueno también que, en vez de que las petroleras pudieran decir lo que se llevan por declaración jurada de material concreto, esto fuera controlado in situ. Ahora se les permite decir cuánto se llevan. Está bien como principio, pero yo lo que le pido al gobierno es que le impida tener todo lo que consiguieron ilícitamente. Si Cristina le anula esas concesiones, yo vuelvo al kirchnerismo.

Muerte por alta tensión

El cáncer insiste con mudarse a Berazategui, después de haber sumado a su pesada mochila 140 cadáveres y 117 enfermos en los alrededores de la subestación de alta tensión (alta contaminación) Sobral de Edesur, en la localidad de Ezpeleta. Para defenderse, la empresa pretende disfrazar de casualidad a la causalidad evidente. Del otro lado del ring, las Madres de la Luz prometen lucha eterna contra la contaminación electromagnética, las antenas y los riesgos a los que nos exponemos en un mundo copado por las ondas hertzianas.

Es el séptimo año de lucha en Berazategui, desde que los vecinos notaron la aparición de cableados de alta tensión, que terminaban en la intersección de las calles 145 y 21, donde Edesur busca emplazar desde 2005 una nueva subestación de alta tensión de 132mil voltios. El problema principal radica en que, tratándose de una zona residencial, la puesta en funcionamiento de la Subestación Rigolleau produciría contaminación electromagnética, traduciéndose básicamente en cáncer para los vecinos.Ya se conoce la experiencia de Ezpeleta con 140 víctimas fatales y 117 enfermos de cáncer en pocos años alrededor de la subestación Sobral, que es técnicamente similar.

Le preguntamos a Ernesto Salgado, uno de los vecinos afectados y en movimiento, si había estudios de impacto ambiental sobre la Subestación Rigolleau en particular: “No, porque la subestación no está funcionando, y nuestra lucha es para evitar que empiece a funcionar. Hay estudios de impacto ambiental sobre la Subestación Sobral de Ezpeleta, en donde se han encontrado entre 3 y 5,7 uT –micro tesla = unidad de medición del electromagnetismo- , y en algunos casos hasta 15uT. La legislación argentina permite hasta 25uT, siendo esto el pie de apoyo de Edesur. El problema de la ley radica en que está basada en estudios exclusivamente técnicos, y no médicos, además de ser antigua. La Organización Mundial de la Salud hoy acepta que por encima de 0,4uT puede duplicar el riesgo de leucemia en los niños. Ellos y las personas mayores son los más afectados, porque tienen el sistema inmunológico deprimido”.

La justicia, representada por el Juzgado Federal Nro. 2 de La Plata, dio su veredicto respecto a Rigolleau: falló en contra de la construcción. Amparado por este fallo, el decreto 785/05 de la Municipalidad a cargo de Juan Jose Mussi, dio por suspendidas las obras. Sin embargo, algo pasó. El mismo intendente que recién suspendió la construcción, y que en un principio les había firmado a los vecinos comprometerse con su lucha contra la construcción de la subestación, se dio vuelta como un panqueque: sospechosamente se arrepintió de haber suspendido la obra y de darle la derecha a los vecinos. Ahora sí, con el visto bueno de la Municipalidad, Edesur continuó con la obra. Desde ese entonces la empresa cuenta también con el aparato represivo del estado, o sea de Mussi: el 2 de mayo pasado los vecinos sabían que era inminente la llegada de los obreros para seguir la construcción, así que decidieron, asamblea mediante, acampar y vigilar a toda hora el ingreso. A las 3:30 de la madrugada un operativo de 150 oficiales reprimió brutalmente a los acampantes, para liberar la zona y dejar a Edesur trabajar en paz.

En relación al estado actual de la construcción, Ernesto nos dice: “Actualmente están paradas las obras porque hay una gran resistencia vecinal, que se bancó ya tres brutales represiones. Nadie se anima a reiniciar la obra y volver a reprimir a los vecinos a un mes de las elecciones, nosotros estamos preparándonos para cuando vuelvan después del 23 –en alusión a las elecciones presidenciales-“.

Adriana, otra vecina de Berazategui, nos contaba: “El barrio está militarizado. Hay efectivos de la bonaerense, prefectura y gendarmería. Hay un vallado de tres cuadras a la redonda de la obra en donde te piden los documentos para pasar. No se podía circular. Cuando salíamos de las asambleas nos vigilaban y nos seguían civiles sin identificar. Nos amenazaban con cagarnos a palos”.

Las Madres de la Luz

Se trata del grupo de mujeres que manifiestan su pelea contra “las subestaciones eléctricas, las antenas de telefonía celular, principales fuentes de emisión de campos electromagnéticos que producen leucemia infantil, y también contra los transformadores con PCB que atentan contra la salud de la población”, luciendo un pañuelo que cubre sus cabezas mientras hacen una ronda en Plaza de Mayo, tejiendo algún paralelismo con otras luchas de grandes mujeres de nuestra historia. Mejor preguntémosle a ellas mismas: “Ellas fueron las madres que lucharon por sus hijos desaparecidos y nosotras somos las madres que luchamos porque nuestros hijos no desaparezcan”, nos dice Isabel Palacios. Naranja es el pañuelo, porque “es el color que simboliza la vida”.

Isabel: “Hay estudios a nivel internacional que sostienen que la exposición a campos electromagnéticos superiores a 0,2uT tiene una gran incidencia en la leucemia infantil, y en distintos tipos de cáncer –recordemos que en Ezpeleta se llegaron a medir hasta 15uT–. Entonces nuestra lucha tiene la intención de alertar a toda la población a nivel general, pero fundamentalmente en Berazategui exigimos el traslado de la Subestación de Alta Tensión de Edesur que se está queriendo construir hace 7 años en el centro de la ciudad, tratándose de una zona sumamente poblada, rodeada de 16 establecimientos educativos y una gran población escolar. Hay zonas despobladas en Berazategui donde se puede trasladar la Subestación.”

El primer lunes de cada mes las Madres de la Luz llevan a Plaza de Mayo su reclamo de “no a la subestación de Edesur en el casco céntrico de Berazategui” a través de una ronda simbólica, que se repite también en esa localidad, su lugar de origen (y de lucha), a mitad de cada mes.

Cerramos adhiriéndonos a las Madres en su pedido: “Exigimos a las autoridades que garanticen la salud pública, a través de la promulgación de una ley sanitaria inexistente hasta hoy”.