La tierra del fracking

En Chubut se viven tejiendo ofensivas y contraofensivas a favor de la extracción de petroleo a cualquier costo. YPF, el Ejecutivo Nacional y las organizaciones ambientales en la puja por el impacto ambiental en los pozos El Trébol y La Greta. 

Comodoro Rivadavia, la “Ciudad del petróleo”, puede llegar a tener un doble record: ser el hogar del primer pozo petrolero de Argentina en 1907, y a la vez poder ser el primer lugar de extracción de recursos no convencionales mediante el fracking. Ok, vamos de a poco, muchos términos específicos en pocas oraciones.

Fracking: o fractura hidráulica, es el proceso de perforación e inyección de líquido en el suelo a alta presión para fracturar las rocas y así liberar gas natural del interior de la tierra. Requiere entre 3,8 y 30 millones de litros de agua durante el proceso[i].

Recursos no convencionales: Según nos cuenta Repsol, estos hidrocarburos son aquellos “que se encuentran en unas condiciones que no permiten el movimiento del fluido, bien por estar atrapados en rocas poco permeables o por tratarse de petróleos de muy alta viscosidad. Bajo este nombre se engloban distintos tipos de hidrocarburos gaseosos, como el shale gas (gas de esquisto), el tight gas (gas de formaciones compactas) o el metano contenido en capas de carbón”[ii].

Aclarados los tantos, continuemos. Comodoro se encuentra dentro del Golfo de San Jorge, lugar privilegiado para la explotación petrolera donde residen 16 empresas en actividad y 6 más en fase de exploración. El golfo produce el 47,6% del crudo en el país, 3 millones y medio de metros cúbicos durante el 2012. Un pozo promedio usa aproximadamente 6 millones de litros de agua. En Chubut hay 7 mil pozos activos. Queda claro que el problema en la región es el agua De esto se trata todo: del agua.

El Trébol y La Greta, historia contaminada

El 13 de febrero de este año la Presidenta Cristina Fernández se hizo presente en Comodoro Rivadavia para la inauguración del pozo de El Trébol a tan solo 18km de aquella ciudad. Presentes a su lado estuvieron el gobernador Martin Buzzi; el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio; el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina; el secretario de Política Económica y director de YPF por el Estado Nacional, Axel Kicillof. Pero hay una historia que hizo posible esta inauguración, que se inició doce meses atrás, en el 2012.

Cynthia Francisco, periodista y miembro del Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP), le contó a NosDigital qué fue lo que sucedió previamente: “alrededor de mayo del año pasado el gobierno provincial comenzó a impulsar un nuevo marco regulatorio para megaminería e hidrocarburos de manera unificada. Había un artículo específico, el 87, que determinaba que los no convencionales iban a ser tratados y legislados directamente por el Poder Ejecutivo, dejando de lado al Legislativo. Sucedió que cada presentación que hizo el gobierno en los pueblos, se encontró con alguna manifestación contra la megaminería. No hay que olvidar que Chubut hay una resistencia bastante fuerte y que fue la primera provincia que prohibió esta actividad en las ciudades, a partir de las asambleas de Esquel y las que se formaron posteriormente. Como resultado de la oposición popular, a fin de año se desdobló el marco regulatorio: uno para minería y otro para hidrocarburos, que fue de los dos el único en el que se avanzó. Cuando se hizo el tratamiento de esta ley en la magistratura, las asambleas se acercaron para manifestar su rechazo a la nueva legislación, porque ésta incluía también la explotación de los no convencionales. Esa sesión se pospuso varias horas, y cuando se hizo, se sacó la ley sobre no convencionales”.

En octubre del 2012, con espacio de tres semanas una de la otra, se hicieron las auditorias para tratar los estudios de impacto ambiental tanto del pozo El Trébol como el de La Greta a 15 km del Río Mayo y a 350 km de Comodoro. Ambos estudios fueron impugnados por diferentes especialistas en cada audiencia. Ambos mostraron innumerables baches. Ambos fueron aprobados sin más ni más, lo que permitió seguir adelante con el proyecto.

Deficiencias del estudio de impacto ambiental en La Greta, tal como lo denunció la abogada Silvia de los Santos:

 -No detalla toda la legislación vigente en el país acerca de la actividad minera. No se cita la convención Americana de Derechos Humanos, presente en la Constitución.

– No se cita el Decreto 860, del año 1996 en lo que se refiere al uso del agua. No señala de dónde provendrían los 8 mil litros necesarios para su puesta en funcionamiento. No hay mapas de aguas superficiales ni subterráneas.

-La página 172 menciona la existencia de pueblos indígenas en la zona, por lo que está obligado el Estado argentino a realizar una consulta previa, libre e informada para poder realizar cualquier actividad. La consulta jamás se realizó.

Deficiencias del estudio de impacto ambiental en El Trébol:

-No están adjuntos los mapas hidrogeológicos.

-El pozo estaría a tan solo 135 metros de un cauce de agua que culmina 20 km. en el Océano Atlántico.

-No detalla de dónde saldrá el agua. Tan solo dice que será “comprada”.

¿Freno a las obras o freno al fracking?

Ahora debemos volver al 2013. La mencionada abogada Silvia de los Santos, en representación del dirigente mapuche Marcelo Pintihueque presentó un recurso de amparo para frenar las actividades en La Greta, ya que su funcionamiento ponía en peligro al río Mayo, fuente de vida tanto para diferentes comunidades como para los 230 mil habitantes de las localidades de Sarmiento, Comodoro, Rada Tilly y Caleta Olivia. Su presentación fue rechazada. Ellos apelaron. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la sentencia e hizo lugar a la acción de amparo, por lo que resolvió suspender las actividades en La Greta.

Y con El Trébol, ¿qué pasó? La empresa decidió también parar las actividades, ya que habían contratado a especialistas de Neuquén para iniciar la fractura hidráulica, que primero iban a ir a El Trébol –donde ya se perforaron a casi 3600 metros- y luego a La Greta. Pero como suspendieron al segundo pozo, prefirieron esperar a retomar las actividades y así trabajar en conjunto.

¿Cómo va a continuar todo esto? En palabras de Cynthia: “Uno puede hablar con diferentes autoridades que off the record te van a reconocer que la explotación petrolera no es una actividad productiva y que las inversiones recién estarían apareciendo ahora, gracias a la firma con Chevron. Por ahí no existe tal presupuesto de exploración de no convencionales en Chubut, incluso llamaron a la gente común a que aporte para la capitalización de YPF con la compra de esos bonos. Se ve que están buscando inversiones todavía y que estos anuncios en La Greta y El Trébol fueron más para tender un anzuelo a las diferentes compañías del mundo que estén interesadas en avanzar con esta actividad que otra cosa. Entonces, aparentemente, YPF no tiene el dinero por sí solo para invertir todo lo que estos pozos requieren, sin olvidarnos que los pozos de no convencionales requieren cinco veces más de inversión… como también cinco veces más de agua para su funcionamiento. Así, que puede ser que terminen sin funcionar”.

Habrá que esperar…


[i] http://www.dangersoffracking.com/

[ii] http://www.repsol.com/es_es/corporacion/prensa/newsletter/horizonte-no-convencional.aspx

Cáncer de regalo

La inocuidad del electromagnetismo sobre la salud humana nunca fue comprobada científicamente, pero Ezpeleta es el resultado tumoral de la experiencia. Con más de tres décadas de funcionamiento, la subestación eléctrica Sobral ha propagado la enfermedad sobre quien viviese cerca. Aún así, no es considerada como antecedente válido para paralizar el funcionamiento de subestaciones en zonas urbanas.

En una cocina de Ezpeleta, partido de Quilmes, Beti, Nené y Gladys toman café y comen buñuelitos. Por la ventana no se adivina movimiento, es la hora de siesta y este es un barrio muy tranquilo. Hasta acá: típica escena de una tarde cualquiera en el conurbano. Pero, si se estudia mejor el paisaje que enmarca la ventana, un elemento extraño salta a la vista y da una pista, indicio de que en este barrio sí pasa algo. La invisibilidad del electromagnetismo no implica que no sean visibles los efectos en el cuerpo de las personas que viven allí. Por la esquina de esta tranquila cocina pasan los cables de alta tensión que salen de la subestación eléctrica Sobral. La banda sonora que inunda la cocina no es una charla de revista de corazón, es La Lucha -así con mayúscula-, la que ocupa las palabras y el tiempo de estas mujeres. Luchan contra esa subestación, que ya se cobró la vida de alrededor de doscientas personas, enfermó a otras tantas y diariamente irradia sobre sus cabezas dosis mortales de electromagnetismo.

00 606 –      Mi marido hace ya quince años que falleció, y el chico de allá del corralón antes que él, ¿cómo se llamaba?

–      Gabi, que falleció de cáncer de piel.

–      Y el hijo de Norma, que tenía trece años…

–      Sí, Fabián, que se enfermó a los doce y falleció a los trece.

–      Después que empieza el marido de Beti al poco tiempo se enferma la hermana de él, con los mismos síntomas, ella falleció tres meses después que él.

–      Falleció un año antes que mi papá, que tenía cáncer de pulmón.

–      Y la chica de allá, que el marido tenia leucemia, ahora le tienen que hacer rayos a ella.

–      En esa cuadra estaba Miriam, que la tuvieron que operar de urgencia en la cabeza, cáncer en la cabeza tenía, aparentemente ahora va a estar bien.

–      Otra señora por acá con cáncer cólon, jóven.

–      Y el muchacho de la otra cuadra, con cáncer de tiroides.

Las tres vecinas mueven las manos y señalan las casas de los alrededores, donde están los muertos o los enfermos, tan cerca que se ven sus casas por la ventana. El cáncer ya es como un resfrío en ese barrio: tarde o temprano a todos les toca, en sus cuerpos o en el de un familiar o amigo. A Gladys, Nené y Beti les da miedo sentarse para agregar a las nuevas víctimas al mapa de la muerte, pero calculan que ya son doscientas las víctimas mortales, entre ellas familiares suyos.

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mapadelamuerteLa única manera que existe para que el electromagnetismo no dañe a la salud es que las personas no estén expuestas a 0,3 o más microteslas. La microtesla es la unidad de medida del electromagnetismo, mide la cantidad de ondas electromagnéticas que llegan a un determinado lugar. Estudios que hicieron los vecinos de Ezpeleta con el biólogo Raúl Montenegro, mostraron que hay zonas alrededor de la subestación a las que llegan hasta 9 microteslas.

Las empresas eléctricas no reconocen el estándar precautorio de los 0,3 microteslas. Estas últimas y el propio organismo nacional de regulación, el ENRE, ‘adoptan’ el estándar ambiental de la obsoleta Resolución n° 77/1998 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, que es ambiental, no sanitario. Para ellos el principio de precaución que establece la Ley Nacional 25675 no existe. Argentina sigue sin tener límites legales de exposición a los campos magnéticos. “Hasta tanto este vacío se complete sostenemos, en base al principio de precaución y la buena ciencia que las personas no deben quedar expuestas a campos magnéticos iguales o superiores a 0,3 microteslas”, resalta Montenegro, Presidente de FUNAM (Fundación para la defensa del ambiente).

Montenegro, también premio a la Investigación Científica de la UBA, reconoce que “el problema no son solamente las subestaciones transformadoras sino también los tendidos eléctricos de media y alta tensión, aéreos y subterráneos. Todas estas fuentes generan campos magnéticos”. Como en Ezpeleta, donde hay cableado aéreo y subterráneo.

“Científicamente nunca se demostró la inocuidad de los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas. Existe una significativa y creciente evidencia científica sobre sus efectos cancerígenos y no cancerígenos, incluso a valores muy bajos de densidad de flujo magnético”, explica Montenegro. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), entre otros organismos nacionales e internacionales, considera a los campos electromagnéticos de frecuencias extremadamente bajas como ‘posibles cancerígenos en humanos’.

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La subestación Sobral fue instalada por SEGBA (empresa estatal de electricidad) en 1977, la dictadura militar encontró a los vecinos, que ya miraban a las obras con recelo, totalmente desmovilizados. En realidad, ese predio estaba destinado a ser una salita de salud para el barrio, así como se lee, con toda la ironía que esto le agrega a la situación. Nené, que ya había comprado su casa a menos de media cuadra de ese predio, recuerda cómo llegaron y empezaron a construir, sin dar ninguna explicación a nadie, prometiendo progreso y trabajo para el barrio. Trabajo que nunca llegó, aclara. En la década de los ’90, SEGBA se privatizó y EDESUR, que quedó a cargo de la subestación, haciendo más obras para agrandarla.

Recién en 1996, recuerdan las tres mujeres, empezaron a recolectar información sobre los daños del electromagnetismo y se percataron que la cantidad de enfermos se debía a la subestación. Ese mismo año murió el marido de Beti y un año después, el padre de Gladys. Mientras Nené estaba enferma de cáncer de mama, resuena que el día que llegó del médico que le dijo que la enfermedad iba a acelerarse con la exposición al electromagnetismo, estaban pasando más cables por enfrente de su casa. Entendió que nadie iba a decidir cuándo tenía que morir: así que se plantó frente a los obreros para no dejarlos seguir trabajando. Pararon las obras por solo unas semanas.

En el 2000 EDESUR duplicó la potencia de la subestación. Dos años después los vecinos se resistieron a un nuevo cableado, el municipio, a cargo del radical Fernando Geronés, minó la zona de policías y gendarmes para que apuntaran con sus armas a los vecinos y dejaran trabajar a los obreros. El mismo modus operandi que se utilizó en Berazategui para instalar la subestación Rigolleau el año pasado. Leé sobre Berazategui.

Las manos de las vecinas reunidas en la cocina, que antes señalaban las casas de los muertos, ahora cuentan los años que lleva La Lucha. Dieciséis años. Y contando. Porque siguen luchando para que la subestación se traslade lejos del casco el urbano, para que deje de causar muertes. Las víctimas van a quedar por siempre, y los enfermos también. Pero igual siguen divulgando la situación en su barrio, ayudando a otros lugares con situaciones parecidas como Berazategui y exigiendo que el juez Siauliu de la Cámara Federal Número 2 de La Plata expida alguna decisión sobre el pedido de traslado que hicieron los vecinos hace más de diez años.

Gladys, Beti y Nené seguirán viviendo en ese barrio, donde lo hicieron toda sus vidas, inclusive antes de que instalaran la subestación. Seguirán caminando esas calles irradiadas. Ezpeleta es a prueba de escépticos, ahí sí existe el destino. Detrás de la ventana de cualquier cocina yace clarita la realidad para cualquiera que esté dispuesta a verla: no importa que hayas trabajado y hecho de todo por mantener el control de tu vida, un día puede llegar una empresa y decidir cuándo y de qué te vas a morir.

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La muerte de Vaca Viva

Chevron, el futuro socio de YPF en los yacimientos de Vaca Muerta, tiene un pasado bien oscuro, color petróleo, en Ecuador. Libertinaje de contaminación que derivó en la sentencia de un juicio que la multinacional estadounidense aún se niega a pagar. Qué puede pasar en Argentina.

Con voz solemne la Corte Suprema de Justicia argentina dictaminó: “De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada”. ¿De qué se trata todo esto? Ni más ni menos de la posibilidad de que una de las petroleras más grandes del mundo, Chevron Corp. pueda desembarcar sin problemas ni restricciones en nuestros suelos. El recurso fue presentado por la Procuradora General Gils Carbó para poner fin a un embargo impuesto a fines del año pasado que pesaba sobre la compañía norteamericana por 19 mil millones de dólares, luego de perder un juicio en Ecuador por la contaminación de casi 2 millones hectáreas de selva Amazónica, la diseminación descontrolada de distintos tipos de cánceres y demás “beneficios” de la explotación petrolera extractiva; yéndose sin pagar un solo centavo. Acá todo lo que generó Chevron en sus treinta años en suelos ecuatorianos. Acá, la verdadera cara del tan ansiado futuro socio de YPF para el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

“Los desechos iban a parar directo a los ríos”
Mientras para 1960 el país se sumía en un nuevo período de golpes militares que habrían de terminar en la década de los 80, las fuentes de oro negro pasaron de ser teoría a realidad, vieron en él una futura fuente de riqueza fácil. Sin embargo, la incapacidad técnica local para hacerse cargo de los yacimientos –y el control económico norteamericano sobre el continente- llevó al gobierno a confiarle los pozos petroleros a la flamante Texaco –adquirida por Chevron en el 2001-, cuya casa matriz compartía espacio con la Estatua de la Libertad. Así fue como en 1964, la petrolera pisó por primera vez la selva amazónica en las proximidades de la Ciudad de Lago Agrio, monopolizando la explotación hasta 1992, cuando se retiró con muy poca honra de las tierras que ella misma se había empeñado en arruinar. DSC_7762
Luis Yanza y Julio Prieto miembros de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), están desde los primeros días en que algunos visionarios se atrevieron a denunciar a la compañía por la grave crisis ambiental y social que habían generado. Así, en 1993 presentaron una demanda a Texaco en los mismos juzgados de Nueva York. ¿Cómo siguió el caso? La petrolera aceptó ir a juicio y acatar el veredicto siempre y cuando fuese en las cortes ecuatorianas, diez años más tarde se la declaró culpable con una multa de 9 mil millones de dólares y en caso de no pagar al cabo de quince días se le duplicaba la cifra. Ante el inesperado proceso la multinacional se retiró del país sin pagar un solo centavo. Luis y Julio, de paso por Argentina y en diálogo con NosDigital nos contaron sobre las experiencias de esos fatídicos 30 años: “Lo que hicieron fue cuestión de ambición, lisa y llana. Era una compañía que en efecto tenía la tecnología apropiada para no contaminar en Ecuador y no la usó. Al perforar un pozo le tienes que meter mucha agua mezclados con químicos cancerígenos, a más no poder. Normalmente en los Estados responsables o con una legislación apropiada, te obligan a tratar estos líquidos. En Ecuador, en cambio, cavaban un hueco en la tierra, lo usaban de desagüe y largaban todo directo al río. Existían las patentes para evitar todo esto; tenemos las patentes de Texaco de 1965 donde la compañía, reconociendo el peligro de las aguas de formación –aguas que salen con la extracción del petróleo- cuando están en contacto con las aguas de riego y consumo, había desarrollado equipos de reinyección, con los que inyectaban estas aguas al subsuelo para que no pudiesen contaminar, tal como hacían en Estados Unidos. En cambio, acá: directo a los ríos.”
-La contaminación petrolera afectó a más de 2 millones de hectáreas, que estaban en parte habitadas por comunidades indígenas y campesinas, ¿cómo lograron pasarlos por alto?
-Todo esto fue posible ya que invisibilizaron a la gente que vivía allí. Si la multinacional hubiera reconocido la existencia de los pueblos originarios que estaban bebiendo, usando esas aguas contaminadas no lo habrían hecho. Ellos los vieron únicamente por la vía racista, del desprecio: “ellos son indios, no valen nada, no tienen derechos”. Los abogados de Chevron en el juicio argumentaban que la Amazonia era un lugar petrolero donde no tenían que vivir personas. Comentarios parecidos a los que se escuchan sobre Vaca Muerta en Argentina. Entonces se contaminaron los ríos y las tierras de la selva, los cuales dependen los pueblos que allí habitan, todas sus instituciones culturales dependen de la selva: es su farmacia, su biblioteca, su mercado. Ellos eran ricos, no pobres, ya que no necesitaban nada, lo tenían todo ahí. Y de repente no tienen nada, su espacio vital desapareció. Por ejemplo, el pueblo de los Cofanes pasó de ser 8 mil a menos de mil en unas décadas.

Chevron, contaminación y genocidio.DSC_7765
Fantástico el mundo que nos ofrece Chevron sobre sus explotaciones. Solo es necesario entrar a su página web www.chevron.com y leer sobre sus políticas de respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. El corazón de uno se tranquiliza al saber que la compañía se asegura “que nuestros proveedores de seguridad sigan principios internacionales cuando protegen al personal y los bienes; evaluando cómo nuestras operaciones podrían impactar en la comunidad; y atrayendo a nuestros proveedores claves en cuestiones relacionadas con los derechos humanos” . Ni que hablar cuando se trata de la protección de la naturaleza: la empresa se guía bajo sus “Postulados de Operaciones, basados en dos principios claves: hazlo con seguridad o no lo hagas en absoluto y siempre hay tiempo para hacerlo bien”.
Pero si en sus palabras Chevron se muestra como la encarnación de los amores franciscanos al prójimo y a todo lo viviente, la realidad ecuatoriana bien lo aleja. Acá, algunos datos recogidos en el juicio y el veredicto sobre los rastros que dejaron entre 1964 y 1992 :
-30 mil millones de galones de residuos tóxicos arrojados, 20 mil galones de petróleo vertidos a diario y 53 millones de metros cúbicos de gases residuales quemados a diario.
-Las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde se encontraban los yacimientos, poseen tres veces más casos de cáncer que el resto del país.
-La contaminación del suelo por diferentes metales supera todas las normativas internacionales. Por ejemplo, la presencia de mercurio es 8 veces mayor que el máximo ecuatoriano, de benceno es 1800 veces mayor y de plomo es hasta 3 veces mayor.

-¿Cómo cambiaron las costumbres para los pueblos indígenas luego de las explotaciones?

-Antes tenían su pescado del río, ahora no lo hay, y el que hay, sabe a gasolina. Incluso también su espiritualidad, ya que la empresa mató a los chamanes, a veces por represión, otras embriagándolos, subiéndolos a un helicóptero y echándolos por ahí. Hay muchas historias, violaciones a las mujeres, separación de las familias. Si vas allí, puedes dar fe de ello, por lo que te cuentan de primera mano algunos de los 30 mil afectados por Texaco. Los Tetetes han desaparecido o todavía no hemos encontrado ni a uno en los últimos tiempos. Los hemos acusado de genocidio y de genocidio cultural, que se trata de privar a sus pueblos de sus instituciones culturales. En el caso de estos pueblos, la selva ocupa todas estas funciones y al destruirla, destruyes también su cultura.

-¿Tuvieron que ser relocalizados?

Muchos se fueron río abajo, como quien dice. Otros se quedaron allí y se adaptaron; empezaron a trabajar para la petrolera, recibían su plata y empezaron a adaptarse al modo de vida occidental. Y de repente se dieron cuenta que eran pobres, porque les faltaba para cumplir con sus necesidades, porque no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita, cosa que los indígenas habían comprendido bien con su modo de vida. En la Sentencia se reconoce.

Soberanía energética – contaminación multinacional
Cuando la Procuradora Gils Carbó le envió el recurso de nulidad a la Corte Suprema sobre el embargo que pesaba sobre Chevron en suelo argentino en solidaridad por su desacato ante el fallo de la Justicia ecuatoriana, lo hizo aduciendo que esta medida perjudicaba “la política energética y el desarrollo económico del país, así como con las finanzas públicas”; ya que ahogaba cualquier posibilidad de acordar con la compañía norteamericana su entrada al yacimiento de Vaca Muerta.
La actitud de la Corte Suprema no solo rompió con un freno a la impunidad, sino también abrió la puerta a recrear el desastre ecológico que saqueó, destruyó y mató a miles y miles de personas a lo largo de unas décadas. Acaso, ¿esta es la tan ansiada soberanía energética? ¿Hay soberanía cuando son multinacionales las que llevan adelante los procesos productivos? Un argumento en este sentido solo nos hace pensar que frente a una real necesidad de autodeterminación se esconden las intenciones de perpetuar la sumisión.

 chevron

[1] http://www.chevron.com/globalissues/humanrights/

[1] http://www.chevron.com/globalissues/environment/

 

[1] Coalición por la Defensa de la Amazonia, “Informes de expertos citados en el juicio por 19 mil millones contra Chevron”, Mayo de 2013.

Minería de primer mundo

Las corporaciones mineras internacionales aprovechan la crisis española para, apoyándose en alianzas gubernamentales, explotar el suelo gallego eludiendo los controles medioambientales. Ocurre en África, en América y en Europa también.

Sin importar dónde esté el hombre cuando de noche mira hacia arriba, observa el mismo resplandor de las estrellas. Ellas son, tal vez, de las pocas cosas que no han podido quitarle al  conjunto de la humanidad. Al mismo tiempo, cuando posamos nuestras manos en la tierra, ésta nos abriga y nos da el sustento. Este privilegio ya está cercado y apropiado por individuos que ni siquiera sabrán qué se hace en sus campos, mientras de sus frutos sale su riqueza. Bajo esta perspectiva, se entiende cómo es que a lo largo y ancho del mundo las comunidades y pueblos hacen lo imposible para evitar el daño de su territorio por las empresas mineras que, en un salvaje acto extractivo, abren la tierra en dos, le quitan sus recursos y desechan lo innecesario a su alrededor, envenenando hombres y Naturaleza por igual. En Argentina los casos históricos de Esquel, Famatina y Andalgalá, dieron el puntapié para la defensa y concientización ambiental de muchísimos. En Galicia, España, el proceso se repite, la situación de la comunidad autónoma que insiste en defender lo propio y evitar su conversión en un gran centro minero.

Galicia es una mina

Desde la asunción de Alberto Feijoo como Presidente de la Xunta de Galicia –el Poder Ejecutivo de la región- por el Partido Popular, la minería recibió un extraordinario apoyo como salida a la crisis que está sufriendo el país y el continente europeo. Galicia cuenta ya con 520 minas activas en una superficie no mayor que Misiones. Oro, estaño, wolframio, gas natural son algunos de los recursos que de la tierra gallega se extraen. Fracking, minería a cielo abierto, cianuro, envenenamiento de las aguas, “accidentes”, indemnizaciones… algunas de las palabras que se han hecho cotidianas.

Ante tamaño volumen de las explotaciones mineras con sus consecuencias ambientales, ¿cómo es que el nuevo gobernador pretende sustentarse en estas prácticas para salvaguardarse de las dificultades económicas y sociales? Álvaro Carreira, miembro de la Plataforma Vecinal Corno do Monte, en diálogo con NosDigital nos responde: “Esa pregunta debería contestar con sinceridad el gobierno Gallego. Todos sabemos lo de los sobres. No quiero ni pensar que esté ocurriendo eso, ya que como gallego sentiría vergüenza y asco de mi gobierno. Por otra parte la campaña de este gobierno es que Galicia é unha mina (Galicia es una mina). Eso lo dice todo. Sin tener ya en cuenta las consecuencias medioambientales, los daños para la salud de las personas, los impactos sobre el relevo y el paisaje, el gran daño al turismo (Galicia es un país con un gran potencial turístico), la minería es una industria con fecha de caducidad muy próxima. Cuando ya no se pueda sacar más ¿qué hacemos?.

De lago a vertedero tóxico. De parque nacional a mina

En 1998 se vivió una de las mayores catástrofes ambientales de España. Una fractura en el dique que contenía agentes tóxicos ocasionó que éste se dispersara a lo largo del río Agrio y luego por el Guadiamar, curso de agua que parte en dos el Parque Nacional Doñana. Las consecuencias fueron gravísimas no solo para el territorio protegido, sino también para cultivadores y habitantes de la zona que regaron o bebieron del río contaminado antes de hacerse pública su contaminación. La empresa sueca Boliden fue condenada seis años más tarde por la Justicia española con 45 millones de euros de indemnización. La empresa se negó al pago aludiendo a que la catástrofe se ocacionó “causas externas”. Hoy en  día más de 4 mil hectáreas alrededor del Parque Nacional están aún contaminadas.

Creería uno que luego de tamaño escándalo, pocos se atreverían a jugar con los pocos espacios naturales que aún quedan en este planeta. Sin embargo el Partido Popular Gallego lejos de eso, expande los proyectos mineros, aún en las cercanías de lagos, ríos y bosques, total, Galicia es una mina.

En Cabanas de Bergantiños se pretende instaurar una mina de oro a cielo abierto, arrasando con más de 700 hectáreas de territorio, con un cráter de más de un 1,5km y una balsa de residuos tóxicos comparables a la que generaba la empresa Boliden. ¿La dueña del proyecto?: Edgewater Explotation S.L de capitales canadienses, que además de su incursión en territorio gallego, posee minas a lo largo del pequeño país africano de Ghana. Las condiciones laborales allí no se caracterizan por el respeto al minero ni al medioambiente. Pese a que la alcaldía de Cabanas y la Xunta de Galicia aprobaron el proyecto, los estudios de impacto ambiental son un escándalo, como lo demuestra la Sociedad Gallega de Historia Natural en un informe propio[i]:

-Los valores de Arsénico aportados a los suelos por los desechos de la mina oscilan entre 26 y 4090ppm, siendo la media de 446ppm, siendo más elevada que las toleradas para la actividad industrial.

-La Secretaría General de Evaluación y Calidad Ambiental aprobó un “contenido en arsénico del vertido calculado (0,077 mg/l)”, casi 8 veces superior al límite establecido para aguas potables por la Organización Mundial de la Salud;

-La Secretaría también le dio la razón a la empresa minera y rechazó la demanda de los técnicos ambientales de la propia Consejería (Dirección General de Conservación de la Naturaleza) de que la aprobación de la mina estuviese condicionada “a la exigencia de publicar en tiempo real y en página web los parámetros de calidad de aguas en todos los puntos de vertido”.

Mientras tanto, los vecinos de Cabanas viven en una constante contradicción: entre quienes se oponen a una actividad que podría arruinar toda la belleza natural alrededor del Río Anllóns que la atraviesa, como del incremento de los riesgos para la salud humana. Mientras del otro quienes optan por la posibilidad de contar con nuevos puestos de trabajo en una situación económica difícil.

Galicia de remate

Pero como el caso de Corcoesto hay tantísimos más en Galicia: minería de oro con uso de cianuro en Zas y Santa Comba, búsqueda de “tierras raras” –17 elementos químicos poco usuales en la corteza terrestre, como el erbio, lantano y el tulio- en Sierras do Galiñeiro o la mina de andalucita a solo 500 metros del Parque Natural de las Fragas do Eume en Ferrol. Las expectativas de las mineras usualmente de capitales ingleses, canadienses y sudafricanos entre otros son muchísimas, tal vez tantas como la movilización de cientos de miles de ciudadanos que poco a poco empiezan a sentir el temor a ver su tierra carcomida.

-Las reivindicaciones de los movimientos ambientalistas gallegos, ¿han logrado ser escuchados y tomados por la población española en general?

Álvaro: Realmente no puedo hablar del movimiento ambientalista en España porque no estoy muy familiarizado con la dinámica general del Estado. Yo diría que sí hay cierta conciencia social pero no más. Sí puedo decir que aquí en Galicia existen colectivos ecologistas y ambientalistas importantes y que han hecho grandes contribuciones a nuestro pequeño país. Por ejemplo Verdegaia, Adega, Ríos Limpos, Sociedade Galega de Historia Natural, etc. Como también algunos partidos de Izquierda. Lo cierto es que el resto del Estado español se sabe muy poco de Galicia. Cae sobre nosotros un importante apagón mediático por parte de todos los medios de difusión estatal. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones sobre este hecho.
El tema de la minería en Galicia es algo muy grave y muy sangrante. En un país normal, un gobierno no atacaría de esta forma a los ciudadanos que representa y le pagan. Pero desgraciadamente somos diferentes. Aquí no hay propiamente un movimiento ambientalista que tenga un gran impacto social o mediático. No hay una lucha o reivindicación constante por la población en general. Más de la mitad del territorio gallego está afectado por derechos mineros y proyectos gracias a la normativa actual. Esto en un país en el que uno de sus pilares básicos es la agricultura, la ganadería, la silvicultura, el marisqueo y la pesca de bajura; hacer proyectos de este tipo es una clara condena a muerte del pueblo. La tierra siempre está ahí. Las minas nos saquean y luego no queda nada. Gracias a este gobierno con sus leyes, Galicia es la nueva África a la que se puede saquear libremente.

 


[i] http://www.sghn.org/Actuacions_Xeral/Mineria/Mina_oro_Corcoesto_castellano.html

Electromagnetismo: asesino invisible

La lucha continúa. Los vecinos de Berazategui no quieren morir del cáncer que genera la inconstitucional subestación eléctrica de Edesur lindera a sus casas. Presentan al Congreso un proyecto de ley sanitaria que los proteja. 

Lo único que se escucha es la suela de la zapatilla chocar contra la baldosa, sólo los pasos delatan movimiento a la hora de siesta en esa calle del centro de Berazategui. Silencio, como si no pasara nada. Silencio engañoso, porque en realidad pasa y mucho, es que la contaminación electromagnética no se ve ni se oye, pero mata. Por la ventana de una casa se ve a una señora con la mirada clavada en la computadora, con una expresión que delata máxima concentración. Varias casas más allá, una pareja sentada en la mesa de la cocina revisan unos gráficos e intercambian impresiones, tratando de entender juntos. En la vereda de enfrente un señor se levanta de la cama para anotar una idea que se la acaba de ocurrir. Estos vecinos de Berazategui no descansan, estudian, leen, piensan. En este municipio  se están gestando cosas grandes, entre ellas, un proyecto de ley sanitaria que los proteja del electromagnetismo.

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00 060¿Por qué necesitan una ley sanitaria? Porque el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) permitió que EDESUR instale una subestación eléctrica enfrente de sus casas, que, comprobado por la Organización Mundial de la Salúd, mata. Genera cáncer. Leucemia infantil. En Argentina no hay una ley que regule la instalación de las subestaciones eléctricas y sus cableados, por más que este comprobado, por la teoría y la práctica (si no pregúntenle a los vecinos de la estación Sobral en Ezpeleta que ya lloran doscientos muertos), que enferman.

¿Y el gobierno municipal? En 2006 (a cargo de Mussi padre, hoy Secretario de Medio Ambiente de la Nación) había prometido a los vecinos impedir esta obra por ser perjudicial para la salud. Luego en 2008 cambió radicalmente de opinión. No sólo desconoció sus propias promesas, si no que ordenó la represión de los vecinos que resistieron diez años la instalación de la subestación, para abrirle el paso a EDESUR y su emprendimiento sin consenso de la población.

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00 083

Suela, baldosa, suela, baldosa. Plac, plac. Los cuatrocientos metros de pared que corresponden a la parte de atrás de la fábrica de vidrio Rigolleau, símbolo berazateguense, son interminables. Plac, plac. Pared y más pared, ladrillo y más ladrillo. Pero de repente, una pintada pega un grito mudo y rompe el silencio: ¡NO A LA SUBESTACIÓN RIGOLLEAU! ¡MUSSI DEJÁ DE PEGARLE A LOS PIBES! Cuando se llega a la esquina final de la fábrica, dentro del predio, se alza la Subestación Eléctrica Rigolleau. Y en esa misma vereda están reunidos en ronda los vecinos de la Asamblea Vecinal por la Vida de Berazategui. Ellos, junto con el Foro de la Niñez, la Adolesencia y la Juventud de Beraztegui y el Foro en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, redactaron el proyecto de Ley sanitaria (Ley de Presupuestos mínimos de protección a los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja para el transporte eléctrico de media y alta tensión) que ya está presentada en el Congreso.

Pero antes de llevar la ley al Congreso los vecinos tuvieron que sentarse a leer: “Estudiar sobre los campos electromagnéticos se convirtió en una necesidad más que nada para informarnos y así fundamentar nuestra protesta, ya que había tanta desinformación”, explica Isabel Palacios, vecina e integrante de la Asamblea, mientras contrae los músculos para no dejar pasar el frío que sopla en la esquina de la subestación. Del otro lado los vecinos tenían al ENRE, dando charlas en los colegios para convencer que la subestación no contamina y al ex intendente Juan José Mussi, médico, que le pedía alegremente a todos los vecinos depositaran toda su confianza en él, sin aportar ninguna prueba que lo acredite.

Allí mismo, donde están parados ahora discutiendo en asamblea vieron cómo la Policía tomaba el barrio. En febrero del 2011 el municipio mandó a la Policía Bonaerense a cercar toda la zona (sí, la vallaron con tapias de más de dos metros de altura, no se podía pasar sin mostrar el documento). Unos cien uniformados se instalaron por varios meses, hasta fines de mayo de 2011, para abrirle paso a los camiones y a los obreros para que terminen con la instalación; y separar a los vecinos que buscaban impedirlo. Cuando no fue suficiente, los reprimieron. Como consecuencia, hoy tienen funcionando una subestación eléctrica a metros de sus casas, y a pocas cuadras de varios centros educativos. (Leé más: El Paraíso del Secretario de Medio Ambiente)

“La Policía estaba acá porque es una obra sin consenso, una obra que no respetó la voluntad ni la decisión de los vecinos, sino que responde a intereses económicos que sí le interesan los negociados de las autoridades” confirma Isabel, mientras sus compañeros tratan de colgar mejor en las rejas del edificio de EDESUR la bandera que le dice “NO A LA SUBESTACIÓN”.

Como parte de esta lucha y resistencia que llevan adelante desde hace años, el proyecto de ley surge cuando se dan cuenta que existe un vacío legal en nuestro país con respecto a las emisiones electromagnéticas. La única norma que existe es de carácter técnico, de la ex Secretaria de Energía, que deja emitir hasta 25 microteslas, cuando está comprobado científicamente que una exposición mayor a 0,3 daña la salud. No hay ninguna norma sanitaria que regule el efecto que tiene el electromagnetismo en la salud: la muerte.

A pesar de esto, Isabel resalta: “nosotros en esto de ir averiguando hemos descubierto que hay un principio precautorio en la Constitución, que dice que si hay alguna duda de que algo puede afectar directamente no se hace, también sabemos por la Defensoría del Pueblo que un emprendimiento que no tiene consenso de la población, tampoco se hace”. El mismo ENRE en su reglamento dice que no se puede construir sin el consenso de la gente de la zona, pareciera como si por las cámaras de seguridad que están instaladas en la subestación no pudiesen ver a la ronda de vecinos resistiendo para no enfermar de cáncer.

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00 078 

¿Qué propone el proyecto de ley? Básicamente estos son los principales ejes de acción con la finalidad de que no llegue mas de 0,3 microteslas a ningún ser humano:

Construir las nuevas estaciones eléctricas fuera del ejido urbano. Si no es posible, a misma deberá hacerse garantizando una franja de protección de 200 mts desde el límite de la estación a la primera vivienda. -Prohibir su construcción al lado de centros educativos, de salud o recreación. – Obligar a las empresas constructoras a soterrar los cables. – Garantizar el límite de 0,3 microteslas para las radiaciones recibidas por la población cercana. Readecuación a este límite de las estaciones en funcionamiento; de no ser posible, obligar a la relocalización de las mismas. – Exigir un relevamiento sanitario de la población del lugar donde deba emplazarse una subestación y su cableado, previo a la habilitación de obras. – Exigir relevamiento sanitario en las poblaciones ya afectadas lindantes a estaciones eléctricas, y brindar asistencia a los enfermos mientras se resuelve la readecuación de la obra en cuestión. – Exigir monitoreo permanente de emisiones una vez construidas o readecuadas. – Garantizar la participación de vecinos y organizaciones sociales del lugar afectado en todo el proceso de decisión, evaluación, emplazamiento y control de las obras.

¿En qué estado parlamentario se encuentra? La ley está presentada en en tres comisiones, la de energía y combustible, la de acción social y salud publica y la de recursos naturales y conservación del ambiente humano. La presentación se hizo el 6 de diciembre del año pasado, lleva la firma de doce diputados y todavía no se trato en ninguna comisión. Los vecinos están juntando firmas (entrá y firmá:  http://chn.ge/13b8uUy) para generar la presión suficiente para que la ley se trate en las comisiones.

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Aunque el frío aprieta y el electromagnetismo invisible ya golpea, los vecinos siguen firmes en su esquina, trabajando para que las subestaciones dejen de enfermar gente. El proyecto de ley es una parte importante de esa lucha. Isabel, referente de la Asamblea, hace un distinción muy importante al respecto: “Cada uno aportó ideas, nuevos datos al proyecto de ley, lo cual es todo un trabajo de ciudadanía y de participación democrática, por lo menos desde nuestro lugar, hacia afuera no, hacia afuera quedó bien en claro que en Berazategui no existe la democracia, si no que acá las cosas se hacen como los intereses privados quieren que se hagan y si la gente protesta, se la reprime”.

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Violadores en casa

Todos nos hacemos los boludos y nadie quiere decirlo. “Yo me cago en la Barrick Gold”, decía el gobernador Gioja y el Gobierno Nacional firmaba mirando para otro lado. Mientras, una de las mineras más grandes del mundo es acusada de abuso sexual y de asesinatos en Papúa Guinea, en África y en Perú.

A esos de la minería responsable. Sí, la minería es responsable de asesinatos, violaciones sexuales sistematizadas, represiones policiales y vergonzosos arreglos judiciales. Minería responsable. Desde que en 2001 Barrick Sudamérica, la unidad de negocios de Barrick Gold Corp. en la región, está instalada en Argentina, conocemos las capacidades contaminantes de las técnicas mineras de la compañía en el suelo y el agua. El trabajo de hoy será sumar a la innegable cuestión ambiental, los abusos sociales y de derechos humanos cometidos por la multinacional. Barrick Gold, a quién tratamos como un honorable invitado de visita perdurable en nuestra propia casa, en otros puntos del planeta detenta un comportamiento villano.

 

“Reconocemos que es esencial proteger nuestra licencia social para operar”[1].

La mina Porgera de Papúa Nueva Guinea -país insular al norte de Australia- ha producido más de 16 millones de onzas de oro desde su inauguración en 1990. Además de ataques violentos de mineros ilegales, cientos de personas tratan de ganarse la vida rastreando los residuos de roca dispersados alrededor de la mina, en busca de diminutos restos de oro de forma en absoluto violenta. Una minúscula porción del material podría significar el medio de manutención propia. Aún así, se arriesgan a ser detenidos en caso de que los guardias de seguridad de la compañía los descubran. De eso se trata, Barrick emplea una fuerza de seguridad privada de unos 450 guardias en Porgera. Human Rights Watch investigó seis denuncias de incidentes de violaciones grupales por guardias de seguridad. En todos los casos, las mujeres fueron violadas después de haber sido capturadas por el personal de seguridad de la empresa cuando intentaban la búsqueda de restos auríferos.

Las violaciones sexuales, por lo menos las denunciadas, fueron cometidas durante el lapso 2009-2011. Como eludir las responsabilidades y vinculaciones le fue imposible, el último 30 de enero Barrick Gold inició el programa de reparación para las víctimas de violaciones por parte de empleados de su empresa. Aún expresando su culpabilidad, la mejor compañía de oro del mundo reclama que para recibir el paquete de supuestas soluciones –como si se tratara de algo con posible solución-, cada mujer debe llegar a un acuerdo por el que se compromete a no seguir o participar en cualquier acción legal ni judicial en contra de Barrick ni sus socios dentro o fuera del país.  Las víctimas de abusos sexuales están ahora presas de presiones por disuadirlas de posibles juicios futuros, a cambio de apoyo psicológico y médico, para que la minera logre una inmunidad judicial.

“Barrick colabora con los pueblos indígenas que habitan las áreas cercanas a sus operaciones y proyectos de exploración”[2].

En la noche sanjuanina del último 1 de mayo se reunieron altos directivos de la minera, entre ellos el vicepresidente Kelvin Duchnisky, con el gobernador José Luis Gioja, Cristina Fernández, Julio De Vido, Débora Giorgi y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral[3]. Justo el día en que se cumplían ocho meses de los asesinatos de Paulo Sarya -26 años- y de Rodgers Mwita -18- en Tanzania, en las balas de la Policía regional en servicio de la Barrick.

En la costa este de África Central, en la mina de oro Mara Norte, agentes de la Policía regional que funcionan como guardias en la mina dispararon a matar contra un grupo de unos 800 residentes de las aldeas circundantes que invadieron el lugar en busca de obtener algunos minerales que le permitan la vida. Más bien, terminó en muerte. Los asesinatos ocurrieron pocas semanas después de que el viceministro de Energía y Minerales, Stephen Masele, viajó a las aldeas cercanas a la mina, y advirtió que el gobierno de Tanzania no iba a tolerar ser testigo de que sus ciudadanos sean asesinados innecesariamente en la mina. El 2012 totalizó cinco asesinatos con la misma razón.

 

“Adoptamos nuestros compromisos con la seguridad, el medio ambiente y nuestras comunidades y los mantenemos como valores personales y profesionales”[4].

La víctima fue identificada como Demetrio Poma Rosales -54 años-. En la tarde del 19 de septiembre de 2012, cuando manifestantes exigían que los poblados cercanos a la mina Pierina a 4100 m.s.n.m. en la provincia peruana de Huaraz fueran dotados de agua. Los manifestantes bloqueaban la carretera que conducía a la mina de oro. “Es por un duelo, ha habido un comunero fallecido y no queremos estar operando cuando lo que ha ocurrido es terrible”, declaró Gonzalo Quijandría, portavoz de Barrick en el Perú. Los comuneros rechazan la planta de tratamiento de agua, ya que consideran que está contaminada. Con estos muchachos de “la minería moderna que exige el siglo XXI”[5] es prácticamente imposible no nombrar las cuestiones ambientales. Obligan.

Unos días después, el 28 de septiembre en la mina de oro de Pueblo Viejo de República Dominicana, unas 25 personas fueron heridas por el fuego de las escopetas en el pueblo de La Cabirma por los disparos de la Policía y cuando los manifestantes exigían que Barrick contratara a más trabajadores locales. Dicen “trabajar con las comunidades aledañas asegura el buen manejo del impacto social y genera valor”[6], eso dicen. Eso dicen.

 

“¿Sabés qué?, yo me cago en la Barrick o en cualquiera, sólo pienso en los sanjuaninos”[7].

Las palabras del gobernador Gioja que ya aprobó la hiperpretensiosa explotación binacional con Chile Pascua-Lama, pero como el proyecto está suspendido por la Justicia trasandina, la Barrick apunta sus deseos hacía una nueva mina: Penélope.

La Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó el 10 de abril de 2013 paralizar Pascua Lama por infracciones medioambientales por un recurso judicial presentado por las comunidades indígenas diaguitas en busca de preservar glaciares y de visualizar la contaminación de los recursos hídricos que implica el proyecto.

Pero del lado argentino, el muchacho de la Barrick, Dushnisky confirmó que las tareas de construcción de la planta en Lama avanzan dentro de los plazos originalmente determinados, sin inconvenientes, transmitiendo tranquilidad a las empresas contratistas, proveedores y trabajadores vinculados al proyecto[8].

Los mismos de siempre

Sí, la Barrick Gold es la multinacional minera dedicada a la extracción de oro a cielo abierto más grande del mundo, con sede en la ciudad canadiense de Toronto. ¿Pero los accionistas? No son simplemente empresarios canadienses mineros. El 52% de las acciones del proyecto Pascua Lima pertenecen a seis fondos de inversión estadounidenses y al gigante banco inglés Barclays. Casualmente tres de esos fondos (RockhopperExploratión, DesirePetroleumPlc, FalklandOil and Gas, y Borders &SouthernPetroleum[9]) comparten su tiempo invirtiendo en los proyectos de exploración de petróleo en Malvinas.

Suficiente.

Imagen: NosDigital

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[1]http://barricksudamerica.com/vision-y-valores/barrick/2012-05-31/160212.html
[2]http://barricksudamerica.com/
[3]http://sanjuan.gov.ar/
[4]http://barricksudamerica.com/
[5]http://www.barrickperu.com/rse.html
[6]http://barrickpuebloviejo.com/quienes-somos/
[7]http://www.losandes.com.ar/notas/2010/9/16/gioja-c…-barrick-cualquiera-515259.asp
[8]http://www.telam.com.ar/notas/201305/16079-la-empresa-barrick-garantiza-la-continuidad-del-trabajo-en-san-juan.html
[9]www.olca.cl
[1]http://barricksudamerica.com/vision-y-valores/barrick/2012-05-31/160212.html
[2]http://barricksudamerica.com/
[3]http://sanjuan.gov.ar/
[4]http://barricksudamerica.com/
[5]http://www.barrickperu.com/rse.html
[6]http://barrickpuebloviejo.com/quienes-somos/
[7]http://www.losandes.com.ar/notas/2010/9/16/gioja-c…-barrick-cualquiera-515259.asp
[8]http://www.telam.com.ar/notas/201305/16079-la-empresa-barrick-garantiza-la-continuidad-del-trabajo-en-san-juan.html
[9]www.olca.cl

 

El pesado manual del cambio

En Neuquén se inaugura un nuevo plan para conseguir energía. Hace un tiempo habían ofrecido un proyecto con objetivo similar. Las empresas gurú GeothermalOne (canadiense) y EarthHeat (australiana) construirían una planta en Copahue cuya producción permitiría abastecer de recursos a otras entidades privadas. Aquí, una historia donde todo huele mal.

¿Quiénes deciden sobre un pueblo? ¿El representante de la comunidad, la comunidad o las empresas?
¿Qué sentido tiene la democracia representativa si las decisiones del representante no representan el deseo de los votantes?
¿Es un problema semántico o práctico?
¿Nos cagaron?
¿Decidimos una vez cada cuatro años?
¿De quiénes son los recursos naturales? ¿De todos, de nadie o de capitales extranjeros?
¿De quién es la vida?

Un nuevo proyecto de energía geotérmica fue anunciado con pitos y matracas en la provincia de Neuquén como otra escalada hacia el horizonte del progreso. Las empresas gurú GeothermalOne (canadiense) y EarthHeat (australiana) construirían una planta en Copahue cuya producción permitiría – según la panacea de publicidad y promesas- abastecer de electricidad al emprendimiento minero Xstrata (Suiza) y a la empresa Loma Negra en la otra punta del país.
El gobierno provincial se encargó de anunciar que el emprendimiento ya tenía financista: el 70% del financiamiento del proyecto vendría de parte del Banco Interamericano de Desarrollo.

Cuando los anuncios, los vecinos tuvieron un dejavú: “en Copahue ya hubo una experiencia que generaba poca energía y luego fracasó y la dejaron abandonada”, cuentan. Saben de lo que hablan: aquél emprendimiento no les dejó ni las migas.

Pero esta vez la planta sería mucho más grande. Tanto, que abastecería a otros proyectos de otras provincias. Tanto, que al dejavú del fracaso anterior le siguieron algunas preguntas: ¿Qué tan grande? ¿Por qué? ¿Qué impacto podría tener un emprendimiento de esta magnitud? El grito de las distintas asambleas ambientales del sur del país se personificó en un abogado, Christian Hendrickse, vecino de Loncopué (ver “Mina linda, mina fea”) que acercó algunas respuestas: “Desde el punto de vista ambiental hay cuestionamientos porque ha habido experiencias que han generado efectos ambientales en Chile y en Suiza”, dice a Nosdigital. La carta de presentación misma de la planta energética no tiene resuelto el tema de la sustentabilidad: prevé un período de explotación de 20 años en el que iría adecuando las acciones necesarias para “restablecer el equilibrio y reducir el índice a valores normales”. Mientras, razonan los vecinos, “se probará sobre la sostenibilidad de nuestros recursos, se arriesgará su estado y condición”.

El problema de la afección ambiental llega hasta la flamante Ley de Glaciares que protege a las zonas con esas formaciones. Para la aplicación de la ley –tan esperada en toda la región- resta completar el censo que determine las cadenas de glaciares: “Falta que se sepa si es zona periglaciar o no”, dice sobre Copahue, atajando otro pelotazo del saquero energético.

Pero esa no es toda parte del problema. La zona de Caviahue-Copahue es eminentemente turística: en invierno promueven actividades de esquí y durante el verano cuentan con termas de agua caliente naturales. La conversión de Copahue a un perfil industrial está mal vista en ese sentido, sobre todo si lo que debe intervenirse para el caso son los propios recursos naturales que se usufructúan para el turismo.Los propios habitantes han aceptado que la propia actividad turística, el desarrollo urbano y el crecimiento demográfico han alterado el estado de la naturalidad; sin embargo, aclaran que éstos “propiciaron los beneficios económicos y socioculturales de la comunidad, e incluso mejoraron la situación de los recursos naturales a partir e la optimización de su aprovechamiento, puesta en valor, creación de normativa que regula su utilización y propicia la conservación”. En este marco plantean que una actividad extractiva es nada compatible con el perfil y el desarrollo de la localidad.

Hasta aquí tenemos razones que demuestran un antecedente fracasado, una ley incumplida, sustentabilidad ambiental no comprobada y el respeto al espíritu y la economía del lugar que es el turismo.

Ante las voces que hablan de “progreso”, la comunidad clama: “La comunidad es consciente de que el progreso apareja cambios y riesgos, pero también tiene el derecho de definir socialmente cuales son los niveles y tipos de impactos económicos, sociales y ambientales aceptables”.

Ante quienes justifican el proyecto como posibilidad de fuentes de trabajo, la comunidad informa: “si analizamos el caso de la geotermia en Caviahue – Copahue, podemos ver que no generará puestos laborales, ya que las perforaciones requieren de mano de obra especializada que se traerá de afuera. Una vez en funcionamiento, las plantas requieren de muy poco personal, ya que la mayoría de estas plantas tiene las funciones computarizadas”.

En casos como éstos, las formas de contrarrestar el aparato publicitario provincial (“la provincia lo muestra como un éxito”, relata Hendrikse) y las promesas que generan sobre los mismos habitantes es con información clara y certera. En otros, en momentos decisivos o cuando se acaba el tiempo, hay que actuar de manera directa.

Eso hizo Hendrickse junto al lonko de una comunidad mapuche de la zona Caviahue-Copahue que tiene otros argumentos por el cual no quiere que se instale el proyecto geotérmico: el volcán Pillán. “Para los mapuches es un ser: pillán es la misma palabra que espíritu. Ellos creen que la naturaleza envía sus señales, y casualmente o no este último año tuvo erupciones, estuvo largando cenizas y humo y dicen que es porque se siente amenazado”, transmite el abogado Hendrickse.

¿Cómo se canalizan estos argumentos que remiten a una esencia, a una cuestión espiritual en un sistema que ni siquiera la información ni la opinión de los vecinos es tenida en cuenta?

Hendrickse: “Nosotros vimos que en el proyecto el punto débil era el financiamiento. La empresa que adquirió la concesión le pidió al Banco Interamericano de Desarrollo que le financie el 70% (157 millones aproximadamente). Y el BID está dentro de la Organización de Estados Americanos que tiene que respetar la carta de derechos humanos y el acta de San José de Costa Rica emitidas por la Corte Interamericana. La Corte había dicho que la elección de los pueblos originarios no sólo debe entenderse como material sino como espiritual, y los estados deben respetar. El BID tiene además una normativa de estrategias de desarrollo donde proponen el consenso de las comunidades”, asegura.

Pero el BID, ¿estaría enterado de todo este asunto de Copahue?

Encontrado el vericueto burocrático al reclamo espiritual, el lonko de la comunidad viajó junto a Hendrickse para plantarse en la puerta del BID en Capital. Lograron ser atendidos: “Les dejamos la información y nos aclararon que para que se apruebe el proyecto todavía faltan muchos pasos, faltan muchos estudios y que iban a tener en cuenta la opinión de los pueblos indígenas. La posibilidad de ese financiamiento se cayó”, asegura Hendrickse.

Tras estos logros relativos, hoy llaman a “seguir atentos” y redoblar la apuesta informativa y concreta ante cada intento de avance del proyecto geotérmico. Ante la defensa del modelo turístico, la información que desmiente el supuesto “progreso”, las sospechas de impacto ambiental y el desmoronamiento del principal financista del emprendimiento, los vecinos de Loncopué siguen tapando agujeros de escape: con notas que salieron en distintos medios enviaron a los agentes de bolsa australianos – donde opera la asociación de estas companías- “para que tengan la información de lo que está pasando, que sepan dónde van a poner el dinero y que hay riesgos porque vamos a estar nosotros oponiéndonos”.

Bienvenidos a donde la gente es ganado

A unas 1240 familias que hoy viven en Villa Inflamable, las quieren trasladar a orillas del Riachuelo, a uno de los lugares más contaminados del mundo, Villa La Tranquila. En donde están, tienen 130 hectáreas, pero los quieren encerrar en 16. Desde Juan Abal Medina hasta dirigentes del sciolismo apuestan al traslado hacia un lugar donde los vecinos de allí aseguran, de por sí, ya no tener luz, ni registros de salud, ni colectivos que pasen.

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Un perro apoya las patas delanteras en la baranda de una terraza y reconoce cada cara de las que se van juntando en Manuel Ocantos y Larroque, algunas de las que todos los días ve pasar para tomarse el 373, el 271. Le llamó la atención escuchar la música de un parlante y no de celulares pasajeros. Frunce el ceño y ve, entre la niebla, luces de patrullero. Mucho más acá, un coche rojo de seguridad privada, de los que custodian a los camiones petroleros. Toma su ración de agua contaminada. Gira la cabeza y ve cómo el asfalto se transforma en tierra y lagunas; las casas humildes, en casas más humildes, construidas todas a pulmón cuando todavía dejaban pasar materiales. Respira tolueno, benceno, plomo y otros metales del polo petroquímico más grande del país.

“Único agro-ecosistema urbano en el núcleo del Área Metropolitana de Buenos Aires. Se estructuró durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Establecido en una porción del ecosistema de la Selva Marginal Costera del Paraná–Plata, es el producto de la transformación agrícola de dicho ecosistema por parte de inmigrantes del norte de Italia (particularmente de la región de Génova). Pese a los grandes impactos ambientales negativos que ha sufrido, continúa manteniendo una rara fisonomía campesina, con importantes superficies plantadas con uva, ciruela y hortalizas”, leen los funcionarios en el wikimapa. No les interesa que su nombre original fuera Barrio Port, ni por qué adoptó el sugerente peyorativo apodo.

El perro no ve desde hace tiempo eso de los viñedos y plantaciones. Ve a Mafalda dando la bienvenida a Villa Inflamable desde una pared, sí ve el canal Sarandí y abajo suyo, a los un pibe con remera de boca y jardinero jugando con el esqueleto de un carrito, el cadáver de otro auto. Y sabe que los primeros pobladores compraron los terrenos y conservan los títulos de propiedad, ya no válidos.

-Ya expropiaron toda la tierra. Nos quieren llevar a Villa La Tranquila. Tenemos el video de la reunión, todo –pregona Alejandro desde la calle para llamar a la asamblea.

-Hoy podemos relocalizar a estas familias porque el gobierno nacional sigue construyendo un país que le ha devuelto la dignidad a la gente y que se ocupa del cuidado y el desarrollo del hábitat –sonríe Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, a las cámaras, en la reunión de la que no le avisaron nada a la gente de Inflamable.

Las empresas contaminantes en aquel entonces no estaban todavía instaladas. Hoy, además del perro, hay 1500 familias por ser trasladadas.

-Quienes vivimos aquí tuvimos que llenar pantanos y pantanos de agua y lodo, construimos nuestras casas con muchísimo dolor y sacrificio, sin que nadie nos regale una chapa, escombro para el relleno de los pantanos, un ladrillo o cemento -sigue Alejandro.

-Esta cesión es un impulso al desarrollo de Avellaneda, que está volviendo a ser una capital industrial -dice Juan Manuel Abal Medina en esa reunión televisada por Télam.

-Las 1240 familias que hoy viven en riesgo ambiental en Villa Inflamable serán mudadas a un predio cedido por el sector privado al municipio de Avellaneda –dice un comunicado de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo.

-Agradecemos la voluntad del sector privado. No queremos una cuenca muerta. Necesitamos una cuenca productiva, pero una producción compatible con el ambiente –agrega Luis Armella, el juez que Horacio Verbitsky viene denunciando desde Página12 por “ordenar obras complejas en plazos perentorios para justificar la contratación directa, que con regularidad beneficia a empresas vinculadas a él” y clausurar empresas competidoras. El mismo juez que el 7 de agosto firmó la expropiación y el 8 fue a esta reunión.

-Al centro de Avellaneda –sigue Abal Medina.

-¡Al centro de Avellaneda! -se ríen los vecinos en la asamblea.

-Se nos quiere ubicar al lado del Riachuelo que ha sido catalogado como el riachuelo más contaminado del mundo. Nos sacan de las 35 hectáreas que habitamos, expropian 95 más y se nos pretende encerrar en 16 –informa Alejandro en la asamblea.

Lo que no dice el Intendente es que nos sacan de este lugar que ganamos a costa de nuestros pulmones y sacrificios, al amparo de la Ley 14268, en razón que es una área contaminada por 42 empresas contaminantes (principalmente Shell, YPF, TRI-ECO, PETROBRAS, MATERIA, MERANOL, DOW QUIMICA y muchas más) que llegaron muchos años después que la población –lee una mujer para adentro durante la asamblea, bebé en mano, mientras ve el video del acto dos semanas después de que se realizara.

Los vecinos se enteraron de que iban a ser relocalizados por una prohibición de ingresar materiales al barrio en 2011 -ahora nadie puede ni siquiera arreglar su casa-. Conocieron a dónde se los llevaría un año después, por declaraciones del Secretario de Ambiente Juan José Mussi, también presidente directivo de ACUMAR, exintendente de Berazategui, exministro de Salud durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf y Secretario de Asuntos Políticos durante el interinato de Duhalde a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

-Es un gran paso trasladar a las familias de un predio contaminado a un lugar seguro –dice ahora. Lo del riachuelo más contaminado no lo escuchó. Las reuniones con los vecinos nunca existieron.

-Es que muchas de sus casas se ubican sobre terrenos amplios que permiten que las casas crezcan para arriba y hacia los costados, según se vaya agrandando la familia. Algunos tienen animales o simplemente quieren poder ir a un lugar donde se pueda plantar un árbol. Y tienen miedo de que los localicen en un terreno contaminado –intenta explicar otra nota de Página12 no firmada.

Alejandro pregunta: ¿Cuál es la calidad de las viviendas que pretenden entregarnos? ¿Se va a pagar, y si es así, cuanto es el valor? ¿Habrá un periodo de gracia y en cuánto tiempo?

¿Porqué no hay una mesa de trabajo? ¿Qué se va a hacer con las familias que carecen de recursos económicos para pagar las nuevas viviendas? ¿Cómo queda la situación de las familias contaminadas? Ningún vecino lo sabe.

Lo que sí conocen es la historia de la Maciel, donde las viviendas construidas durante la gestión del sciolista ahora senador provincial por el Partido Justicialista Baldomero “Cacho” Álvarez, fueron tomadas antes de que Ferraresi, alineado con Cristina Kirchner, pudiera asignarlas y conseguir el rédito político.

El perro salta la baranda. Levanta un volante y camina. Sigue respirando el tolueno, benceno, plomo y otros metales. Ve una pintada y otra y otra: “Cacho ocupa”. Y escucha: “Antes Cacho y Ferraresi eran culo y calzón”. Vuelve a la asamblea. Lo acarician y escucha a Facundo Ureta, asesor legal de los vecinos desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia: “Golpeamos todas las puertas. Estamos peleando para que digan que ustedes tienen derecho a participar. ¿Alguien les preguntó a ustedes qué querían? Cuánto valen las casas, cómo la van a pagar. ¿Qué van a hacer con sus compañeros que viven al lado y tienen la misma problemática?

Sabemos cómo pasó en otros barrios. Estuvimos con vecinos de Capital. Construían las primeras 10 viviendas. Conseguían alguien que se quisiera ir. Otros decían que no. Cuando quedan 10, se acaba la comunidad y no hay fuerza para hacerle frente. Así pretenderán lograrlo acá. ¿Qué se va a hacer con los que no puedan pagar?”.

-Hace 40 años que vienen hablando de sacarnos. La decisión ahora ya está tomada. Hay un dictamen de la corte suprema. Si no tomamos acciones inmediatas, van a hacer con nosotros lo que quieran. Van a pasar sobre nuestras cabezas, sobre nuestros pulmones, de quienes tuvieron que llenar el lodo con escombro tras escombro sacrificando la familia para construir un techo digno. Y no lo van a valorar. Nadie nos regaló una chapa, una bolsa de cemento, un ladrillo. Siempre hemos hallado tropiezos para poder levantar la casa, para poder ingresar un material. Cuando ocurre un desastre natural como el último tornado, ni se acordaron de venir a ayudarnos. El municipio sacó un comunicado diciendo que los vecinos habíamos sido atendidos –vuelve Alejandro-. Acumar quiere hacer un relevamiento de la salud de la población. Tomar un muestreo de 0 a 6 años y a mayores de 60. Que el relevamiento sea total, se determine quiénes están contaminados y se logre dar con las empresas causantes y se hagan cargo del daño.

-A nosotros tampoco nos avisaron. No queremos pelear pobres contra pobres. Estamos viviendo mal, no tenemos cloacas, se corta la luz, tenemos que andar colgándonos para tener la luz. Si los llevan a ustedes tampoco vamos a vivir bien. No están viviendo bien acá. Allá van a estar peor. En conjunto con ustedes, vamos a tratar de luchar para ver qué podemos hacer. La seguridad no la tenemos. Ustedes por lo menos tienen el privilegio de que entre el colectivo –contesta una vecina de Villa La Tranquila.

Juan Carlos Longui, ambientalista, toma el micrófono después: “Se instaló un sistema de monitoreo que es una farsa. Se pone ahí porque ‘ahí está cuidado’. Pero ahí no monitorea. Además, tienen que tener claro que están sufriendo desarraigo y lo tienen que hacer valer. El lugar más grande que hay donde los quieren mudar es el espacio abierto del Arroyo Maciel. Es un nido de ratas y una mugre terrible. Cuando se instaló el sistema de monitoreo, se levantaron las chimeneas. Ahora el problema lo está teniendo la gente de la Avenida Mitre porque el efecto paraguas hace que todo esté cayendo allá. A ustedes no les va a dar la medición de lo que dejen acá, pero ya lo tienen los chicos en el cuerpo y está en el agua y en el aire. ACUMAR no tiene lo que hay que tener para hablar con nosotros. Vayamos nosotros para allá”.

Alejandro muestra algunas fotos. “¡Está lleno de agua eso!”, grita una mujer. Piensan armar un frente con la Maciel y la Tranquila. No son todos los que van a sufrir la mudanza, pero todos los movilizados tienen la misma sensación: “Si nos vamos, queremos participar de esa decisión y de todo lo que implique”. Por eso salieron a buscar terrenos y a averiguar si tenían dueño, si eran terrenos fiscales. Presentaron once propuestas como un terreno frutihortícola, sano, tiene solo tres dueños con quien se puede negociar: son 1237 menos que en Villa Inflamable, donde la expropiación fue rápida.

Rosa, madre de cinco varones en Inflamable, por ejemplo, negociaría. Así charlaban con Alejandro y Nolberto Morón en el patio de su casa, delante de una laguna de agua podrida, entre mosquitos y un olor nauseabundo:

-Yo me voy tranquilamente. Pero con el mismo terreno que tengo acá. Así me den un dúplex, yo no quiero porque a mí me costó rellenar el terreno, me costó hacer mi casa. Nadie me regaló nada. Cada camión de tierra, hace 20 años atrás me cobraban 20 pesos. Con mis hijos pasé hambre para tener lo que tenemos. Ahora vienen ellos y nos dan lo que ellos quieren. Yo estoy pagando el terreno… ¿Olés? Ese es el olor de la empresa… El médico me dijo que para que ellos se curen del plomo en la sangre hay que hacerles una tranfusión a cada uno. No hay medicación para eso. Ellos por sangre detectaron tenían esa cantidad tres años atrás. Por orín, como baja a los órganos, va a saltar el triple. Al más chiquito le dio 14,7 a los tres años. Ahora tiene problemas de riñón. El mayor tiene 27,7 y manchas en la piel. Tienen problemas psicomotrices porque el plomo se aloja en la grasa. Los que están mal alimentados o recién nacidos, como tienen más concentración de grasa en la cabeza, lo sufren más, porque ahí va el plomo. Antes si daba 10, ponían 5. Ahora, como nos quieren sacar, todos los estudios dan altos. Quieren que nos asustemos y nos vayamos, pero mis hijos están contaminados desde hace años.

-Y hablamos de plomo, no de tolueno, benceno. Eso es aparte-dice Morón.

-La municipalidad vino, hizo los estudios una vez, se fue y no volvió más.

-Se los hizo a todos los menores de 6 y mayores de 60. Si da más de 5, los llevan a la salita para hacer estudios más profundos. Más del 40% dio positivo.

-Nosotros estamos pidiendo no solo la vivienda, sino también saber qué van a hacer con los que están contaminados- agrega Alejandro.

-Queremos además que analicen al total de la población y que se hagan cargo. Por más que los lleven a un chalet en Punta del Este, ya están contaminados -explica Morón.

Rosa se despide: “Hace 28 años que vivo acá. Jamás hicieron nada. Yo tengo un nene con gangrena en la pierna y no me dan ni la medicación. Si quiero medicamentos tengo que ir a Casa Cuna, a Capital. A mi marido un día le detectaron leucemia. En dos días murió, el 17 de junio. Acá la Municipalidad nunca hizo nada. Ahora tomamos agua de bidones, pero antes tomábamos de cañería”.
En la asamblea, Ernesto, de la comisión directiva de los vecinos, lo deja claro: “No somos ganado”.

Soldados del barro

Si vas a las Cataratas de Iguazú, tené cuidado con la ruta. A sólo 45 kilómetros de la nueva maravilla de la humanidad, derechito por la 12, queda Puerto Libertad, la Garganta del Diablo. Y otra cosa: mientras leés esto, si tenés un cuaderno al lado, podés tomar apuntes. Aunque tenés que saber también que ese papelito probablemente sea parte del infierno.

Puerto Libertad es una ciudad de Misiones, a pasos de Brasil y muy cerquita de Iguazú, que está ubicada entre el Río Paraná y el lago Urugua-í. En la página web del municipio, dice que es “un paradisíaco destino rodeado por azules aguas”. Pero se olvida una cosita, un pequeño detalle: de las 85.000 hectáreas de pueblo, 65.000 pertenecen a la papelera Alto Paraná S. A. y 10.000 al embalse. Es decir: en el paraíso de “espectaculares paisajes que combinan una gran cantidad de especies de la fauna y flora misionera”, no hay lugar para las personas. Pero sí para las empresas.
Por eso, para tratar de hacerse un lugar entre el gigante, para reclamar lo que les corresponde, es que, en Puerto Libertad se creó el MST, Movimiento Sin Tierra. Que no tiene parentesco sanguíneo con el de Brasil, pero sí comparte la lucha. La organización del país vecino nació en la década del ’70, nuclea a más de un millón de campesinos, es reconocida mundialmente como un símbolo de la resistencia y busca la distribución de las tierras improductivas en toda la nación. Su homónima de Misiones es más modesta, pero igual de pujante: surgió a fines de los ’90 (la primera toma fue en 1999, en la localidad de Wanda, “Colonia República Argentina”) y, básicamente, se propone revertir el modelo de concentración del territorio, en su pueblo y en toda la provincia.

Para presentarte este conflicto, que sucede a miles de kilómetros de Capital Federal y, por eso, casi no tiene repercusión mediática, NosDigital habló con Darío Araujo, líder del MST de Libertad y presidente del Concejo Deliberante de esa localidad. Pero, antes que contarte lo que dijo, es mejor contarte qué es Alto Paraná S.A, porque el dato asusta: controlar 65.000 hectáreas de las 85.000 de un pueblo es como que, en tu casa, vos estés autorizado a usar sólo una partecita del baño, mientras que alguien que viene de afuera se pasee tranquilo por el comedor, la cocina, los cuartos y hasta por el patio. Y en un baño, se sabe, es imposible vivir.

Entonces: Alto Paraná es una empresa chilena (parte de otra llamada Arauco). El 12% de Misiones es de ellos. Y en Puerto Libertad, implantaron el monocultivo de pino, dañando así la tierra e impidiendo que se desarrollen otras especies, además, claro, de ir expulsando gradual, pero no pacíficamente, a muchísimos campesinos de sus tierras y destrozando la vegetación original. Poseen una industria de celulosa con una línea de pasta fluff (con la que se elaboran, por ejemplo, los pañales), dos aserraderos y una planta de MDF (es un aglomerado hecho con fibras de pino que se utiliza para construir muebles, soportes o lienzos de pintura, base para maquetas, etc.). Emplea a 4.000 personas, planta 15 millones de árboles por año en la provincia, su oficina está en Buenos Aires y tiene “sedes” también en Puerto Piray, Puerto Esperanza y Puerto Bosetti. En total, posee 256.000 hectáreas (el 44% corresponde a bosques nativos; otro 50% a plantaciones de pino; y el 6% restante son áreas forestables y reforestables) .Muchos de los papeles, cartones y pañales que usás salen de ahí.

Ahora sí, ahora que ya sabemos quién es el gigante, volvamos a Araujo. Leamos lo que dice, que es mejor así que explicarlo:

-”La problemática nació hace 13, 14 años. Será un problema a futuro en toda la provincia. El modelo económico está pensado para el turismo y las empresas: no deja nada, pero no sólo para los campesinos, sino para todos. En Puerto Libertad tenemos un 35/40% de desocupados. Las Cataratas del Iguazú están a 45 kilómetros, pero, pese a tener ese enorme fuente de ingresos cerca, somos el segundo pueblo más pobre de la provincia”

-”En 2001, con la crisis, la gente se empezó a desesperar por la falta de comida. Empezaron las tomas de tierra, aproximadamente eran 500 familias. Se organizaron como grupos de base, con una coordinación. En Misiones, se conoce ya la problemática. Lo planteamos en diversos foros. Hablamos siempre de la pasta para papel, de la explotación que se genera a partir de ella”.

-”Ahora, ni siquiera emplean tanta gente. Su argumento es ése, pero, para poner un ejemplo, tienen una máquina procesadora que reemplaza a 20 personas. Igual pasa en el proceso de la carpida, con los tractores. Hay un documental, que llama Neike, que muestra lo que es hoy Alto Paraná y cómo explota a sus empleados” (el documental no lo logré encontrar en internet, pero, para más datos, la revista “Superficie” aporta muchos y buenos: http://www.revistasuperficie.com.ar/)

-“No hay espacio y, en el poco espacio que tenemos, somos abatidos por la empresa. Van por todo, tienen testaferros. Manejan la Policía, los intendentes. No es fácil la lucha, yo fui el primero en instalar la discusión por la problemática en el pueblo. Hoy por hoy, la gente habla más del tema, pero es muy complicado”.

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¿Creés que convivir con una empresa que no te deja tener tu tierra, que no te deja tener tu casa, plantar tu maíz, tener tus gallinas, que te desaloja por la fuerza, le saca a tus hijos el lugar para jugar, te obliga a ser un sin tierra, es lo peor que te puede pasar? Mirá los próximos dos testimonios.
1)“Hace unos años, Jorge Rendo, Director de Relaciones Externas del Grupo Clarín, compró aquí, en Puerto Libertad, unos territorios que estaban habitados. Por supuesto, todo terminó en desalojos. Él también es parte de todo esto, él también nos echó”.
-Para más datos: http://verboamerica.blogspot.com.ar/2009/05/medios-clarin-alto-parana-y-las.html
-“Hubo casos de paramilitarismo en San Martín, acá cerca, pero más que nada los que nos atacan son siempre policías, a veces gente de civil, la Gendarmería. Entran a tu casa, la roban, te amenazan y te terminan echando”.
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Difícil. Duro. “Nosotros resistimos a eso”, dice Araujo y relata los pasos para desmalezar un territorio tomado. Todo pasa a 45 kilómetros de Iguazú.

La naturaleza no te mata, te mata el hombre

Desde el 11 de junio, arrancó el juicio a los fumigadores que violaron la ley contra la contaminación de residuos tóxicos, en el barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba. Allí, el 33 por ciento de las muertes son por tumores, cuando en el país el 18 por ciento es por esa razón. Por un lado: los dueños de los aviones tóxicos y de los campos sojeros. Del otro: unas madres que pelean por sus hijos. Entre tanto: un Estado que sigue dando créditos a los que producen glifosato.

Primero se quintuplicaron los barbijos, los chicos pelados, las mujeres con pañuelos en la cabeza. Después, la noticia: “Su hijo tiene cuatro agroquímicos en sangre”. Más tarde, la negación: “Ya no tiene nada”. La ira: “Mentira. ¿Me va a decir que se le fueron?”. Entonces, en 2002, la organización, la reunión con la FUNAM (Fundación para la Defensa del Ambiente). Ahí nomás, la demanda. Durante los diez siguientes años, los estudios. Más ira: todos confirmaban que el glifosato y el endosulfán de los fumigadores traían malformaciones y tumores; el arsénico del suelo ayudaba. Luego, en 2007, la aceptación estatal: es un barrio contaminado. El año posterior, la prohibición: no más agrotóxicos a menos de 500 metros de lugares habitados y 1500, si es por dispersión aérea. Mientras tanto, la discriminación: si viene de Ituzaingó Anexo, está enfermo; si está enfermo, contagia.

Ahora, desde el 11 de junio, el juicio a los fumigadores que violaron la Ley 9.164 de contaminación con residuos tóxicos.

Monsanto, los propietarios de sembrados de soja y de las avionetas fumigadores tuvieron mala suerte. Sus víctimas somos hijos. Y nuestras Madres nos van a defender. “Al principio no me daba cuenta de que cada vez que fumigaban, se le paralizaba el cuerpo”, cuenta Corina Barbosa sobre su hijo. Desde que la cantidad de chicos con barbijo se quintuplicaron, algo hizo ruido. Y las madres activaron sus sentidos. Sofía Gatica, una de ellas, no se resignó: si el Estado no hace el censo completo para ver la cantidad de casos de cáncer por habitante, lo harán ellas.

Los dueños de campos de soja situados en los alrededores del barrio Ituzaingó Anexo, Francisco Parra y Jorge Gabrielli, y el dueño de un avión fumigador, Edgardo Pancello, hoy rearman su estrategia gracias a la feria judicial y al cambio de carátula: ya no contaminación dolosa, ahora se la reconoce también –para Parra- continua.

Gatica se repite una y otra vez que lo que espera es justicia y el fin de este “modelo de genocidio encubierto”. Sabe que el hilo se está cortando por lo más delgado, porque el modelo está instalado en toda la Argentina y los responsables mayores son Monsanto, Cargill, pero este juicio abre muchas puertas.

Para Medardo Ávila Vázquez, de Médicos de Pueblos Fumigados, las pruebas están: en Malabrigo, Norte de Santa Fe, 6 por ciento de los niños nacían con malformaciones. El cuádruple del promedio del resto del país. Casualmente están cerca de plantaciones fumigadas. En Ituzaingó Anexo, los tumores son la causa del 33 por ciento de los fallecimientos; en todo el país, del 18. En Corrientes, un chico vecino de una tomatera murió de un coma hepático producido por agrotóxicos que lo contaminaron cuando jugaba en su patio. Diez días antes habían muerto los chachos, pollos y perros de la casa. En Chaco, la curva que muestra la cantidad de malformaciones por año coincidía con la de superficie de soja sembrada en la zona. Estos fenómenos se repiten, mientras que todas las demás causas de malformaciones se mantienen estables. Una familia que sufría permanentes fumigaciones sufrió dos muertes por tumores: Débora, 26 años, tres tumores en la cabeza; Ezequiel, 25 años, 22 tumores distribuidos en la cabeza y el estómago. Yolanda, de 64 años, tiene dos tumores en la cabeza y sufre discapacidad motriz.

Ávila Vázquez denuncia decisiones políticas no no-tomadas, sino sí-tomadas: “En algunos países, como Holanda y Dinamarca, se disminuyen las retenciones y se les dan créditos a quienes no usen agroquímicos o usen menos. En Argentina, Cristina ha dado un crédito para que una fábrica china fabrique glifosato en Ushuaia”.

Raúl Montenegro, de FUNAM, agrega que se buscará relacionar enfermedades y muertes ocurridas en el barrio con la aplicación de plaguicidas, pero también con PCBs, metales pesados y arsénico, otros contaminantes presentes en el lugar, y calificó de “histórica la búsqueda de asociación entre las enfermedades y muertes, y el cóctel de contaminantes al que estuvieron expuestos los pobladores”. Para los vecinos querellantes, la responsabilidad también atañe a los funcionarios públicos, “tanto en lo que hace al control del uso de plaguicidas como al control de los otros contaminantes que actuaban en el barrio”.

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, en su comunicado de apoyo ayuda a tomar posición: “Lo más peligroso es el monocultivo de las mentes: eso de hacernos creer que esto tiene que ver con el desarrollo, con el progreso, con la vida. No. Eso tiene que ver con la destrucción de la vida. El desarrollo tiene que ser un equilibrio del ser humano con la madre naturaleza y no explotación y enriquecimiento de unos pocos a costo de los demás”.