En Argentina, podemos abortar: qué dicen las leyes

El aborto no punible está contemplado en el Código Penal desde 1921 para los casos de violación y de peligro para la salud y la vida de la mujer. En un fallo de 2012, la Corte Suprema instó a desarticular los obstáculos médicos y judiciales para garantizar que se realice de manera rápida, accesible y segura.

Desde hace 95 años las mujeres tienen derecho a interrumpir legalmente su embarazo. Sin embargo, casi nunca lo pueden ejercer. Aun cuando se encuadra en las situaciones previstas por la ley, son denunciadas policial y judicialmente y se les ponen frenos burocráticos para dilatar. A esto se suma la violencia psicológica y la condena social. ¿Pero qué dicen las leyes?

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La reivindicación por el aborto legal, seguro y gratuito es, sin dudas, una de las luchas centrales de los movimientos feministas y de mujeres en Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983. Cada año, esta consigna llena plazas y calles, se alza en pancartas, se inscribe en los cuerpos y se enardece en los gritos. Al Congreso, a la Casa Rosada, a la sociedad toda. Articulada centralmente en la Campana Nacional por el Derecho al Aborto Legal, esta batalla se libra fuera y dentro de las instituciones. El 30 de junio de 2016, se presentó por sexta vez el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero, mientras tanto, ¿con qué herramientas contamos hoy para ejercer nuestro derecho a decidir?

Ni una menos 2016
Ni una menos 2016

El aborto se encuentra regulado en nuestro país por el Código Penal vigente desde 1921. Esta norma vino a modificar el Código anterior, sancionado en 1887, que, al igual que sus antecesores coloniales, sancionaba el aborto en todas las circunstancias y lo castigaba con prisión. Tres décadas más tarde fue reemplazado por el Código que rige hasta el día de hoy, que en el artículo 86 establece las causales por las que el aborto practicado por un “médico diplomado” con el consentimiento de la mujer no será considerado punible: en caso de peligro para la salud o la vida cuando éste no pudiera evitarse por otros medios (inciso 1) o si el embarazo proviene de “una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (inciso 2). A pesar de que se encuentra vigente desde hace casi cien años, en la práctica se ha dado una situación de inaccesibilidad sistemática a los abortos no punibles, principalmente porque durante décadas se debatió sobre el alcance del inciso 1 y se cuestionaba si el inciso 2 permitía el aborto para todos los casos de mujeres víctimas de violación, o si sólo aplicaba cuando la mujer violada tenía alguna discapacidad intelectual/psico-social.

Sin embargo, el 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el fallo que se conoce como “F.A.L.”, que zanjó definitivamente esta larga discusión doctrinaria, pronunciándose a favor de la interpretación más amplia que reconoce el derecho de toda mujer víctima de violación a interrumpir el embarazo originado en tales circunstancias, y no solo en los casos de personas con discapacidad mental. A su vez, estableció que el único requisito para acceder a una interrupción legal del embarazo es que la mujer, o cuando fuera necesario su representante legal, realice una declaración jurada donde afirme que el embarazo es producto de una violación. No es necesaria la denuncia policial u orden judicial, y su requerimiento por parte de profesionales de la salud para acceder a este derecho es denunciable.

Por otra parte, en relación a la causal de “peligro para la salud o para la vida”, se indicó que debe considerarse una visión integral de la salud como “completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones” (Organización Mundial de la Salud). De esta forma, el peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la misma, no requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. De acuerdo al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, actualizado por el Ministerio de Salud de la Nación en abril de 2015, de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, el “peligro para la salud” incluye también el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima.

El fallo en cuestión marcó un punto de inflexión en relación al reconocimiento del derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo. Aclaró el marco general de interpretación y aplicación y definió que en las circunstancias descriptas es siempre el Estado, como garante de la administración de la salud, el que tiene la obligación “de poner a disposición de quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura. Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama” (CSJN, 2012: considerando 25). A su vez, en relación a otra de las polémicas, el fallo expresa que toda/o profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando no se traduzca en la dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica. La objeción de conciencia es siempre individual y no institucional. De acuerdo a esto, todos los efectores de salud en los que se practiquen interrupciones legales del embarazo deberán garantizar su realización en los casos con derecho a acceder a ella.

Este fallo no está aislado, sino que por el contrario, es coherente con la normativa nacional e internacional sobre derechos sexuales y reproductivos. En 1985, se ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) mediante la Ley 23.179, de jerarquía constitucional de acuerdo a la reforma de 1994, en la que se reconoce, por primera vez, a nivel internacional el derecho de las mujeres a reproducirse o no reproducirse como elección autónoma. Recuperando este espíritu, en 2002 se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable mediante la Ley 25.673 con el objetivo de alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación o violencia. Otras leyes relacionadas, centradas en la salud sexual y reproductiva y en el principio de autonomía, son la ley 25.929 (conocida como la Ley de Parto Humanizado) y la ley 26.130 (sobre el derecho a las intervenciones de contracepción quirúrgica). Por último, ley 26.485 de la de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009, define la violencia contra la libertad reproductiva como “aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos”. En su decreto reglamentario 1.011/2010 expresa que incurren en violencia contra la libertad reproductiva los/as profesionales de la salud que no brindan el asesoramiento necesario o la provisión de todos los medios anticonceptivos, como así también los/as que se niegan a realizar prácticas lícitas atinentes a la salud reproductiva. Asimismo, establece que “trato deshumanizado” es el trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la mujer o al/la recién nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no.

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La despenalización del aborto es una demanda central del feminismo y de absoluta vigencia. Pero es tan importante como eso difundir y exigir que se cumplan las que leyes que ya tenemos.  Porque todavía prevalece la criminalización, como en el caso de “Belén”, joven tucumana condenada a ocho años de prisión por un aborto espontáneo. En relación a la situación general, en el reciente informe “Políticas públicas de salud sexual y reproductiva”, el CELS expresa: “Respecto del acceso a los servicios de aborto cuando son legales, a nivel nacional existe un inadecuado nivel de institucionalización que imprime a la práctica una sombra de ilegalidad, a pesar de la claridad de la norma y de la interpretación que hizo el máximo tribunal de nuestro país”.