En Río Negro el gatillo fácil no para

A Pablo Vera lo mató un Policía con un tiro en la nuca. A su familia, la reprimieron y hasta la detuvieron. Su pareja llegó a tener una hemorragia por los golpes. Fue en General Roca. En esa provincia, ya hubo más de 120 casos .

Pablo Vera tenía 23 años, un hijo, una pareja y poco para comer. “Tranquila, total siempre zafamos”, le decía a la mamá cuando las papas escaseaban. El 25 de septiembre de 2014 había ido a bailar. A la mañana, en las calles Rodha y España, en el centro de Fiske Menuko (oficialmente llamado General Roca), en Río Negro, murió por un disparo policial en la nuca. Jorge Villegas, el autor del balazo, dice que lo encontró robando un auto. Declaró que hubo un forcejeo y, en el intento de darle un culatazo, se apretó el gatillo.

Vera vivía con su madre, compartía la tenencia de su hija con Paola, su novia, porque no les alcanzaba para tener una vivienda en común. Trabajaba lavando autos. Hacía también trabajos de albañil y de chacra. Nada de eso contó el diario Río Negro ni ningún otro diario ni canal de televisión. Tampoco apareció su cara más que en alguna remera que se cruzara por la cámara en las manifestaciones. Sí publicó Río Negro una entrevista con la hija de Villegas, que lamentó la muerte y dijo que el padre no tenía intenciones de matar y que no le haría mal a nadie: “Él hizo lo que tenía que hacer en su trabajo”.

El policía rionegrino, según su familia, estaba de vacaciones, cerca del retiro. Salió de civil y prefirió, siguiendo su versión, sacar el arma para evitar el robo. La bala se disparó a 15 centímetros de su nuca, por donde entró, y salió por la barbilla. El cuerpo de Pablo Vera tenía rasguños y golpes en diferentes partes del cuerpo.

El juez y ex policía Gustavo Quelín le dio a Villegas el beneficio de la excarcelación y se pidió vacaciones. El juez Maximiliano Camarda lo reemplazó y avaló la decisión. “La justicia, que debería estar investigando por qué un policía mata a un pibe por la espalda, que debería estar asegurando que los ´compañeros´ de Villegas no entorpezcan la investigación, lo único que hace dotar de privilegios al policía, liberándolo infundadamente”, argumentan los familiares de Vera. Se apoyan en los cercanos casos de Daniel Solano -desaparecido después de armar un paro contra la empresa Agro Cosecha, visto por última vez en un boliche del que lo sacaron policías-, Atahualpa Martínez Vinaya, Matías Casas, Braian Hernández  y Gustavo Gutiérrez  en Neuquén, todas víctimas cuyos allegados fueron amenazados. Gutiérrez muerto postamenazas para que no declarara en el juicio por Braian. Se apoyan en el caso de Jon Camafreitas, cuyo homicida condenado, policía, está prófugo. Saben que en Mendoza el 60 por ciento de los casos de gatillo fácil terminan impunes, y que eso es una realidad que también llega a Río Negro y a todo el país

El 28 de noviembre, la Cámara I –Stadler, Gauna y Tobares- confirmó la excarcelación. Los familiares y amigos de Vera se manifestaron. En un comunicado difundido por www.zumbido.com.ar, los familiares insisten en el por qué de la necesidad de que Villegas esté detenido: “Son los policías los que más posibilidades reales tienen de fugarse durante el proceso. Y ni hablar de la posibilidad que tienen de poner trabas en la investigación. Y el entorpecimiento en la investigación es aún más probable si el imputado está libre, como Jorge Villegas. Es esto lo que motiva amenazas, allanamientos ilegales y actitudes intimidatorias por parte de la corporación policial hacia la familia y amigos de Pablo, que hasta el momento es la única movilizada en la búsqueda de pruebas que acrediten que se trató de un fusilamiento y no de un ´forcejeo´ ni una ´legítima defensa´”. La respuesta al pedido fueron 50 heridos y 24 horas de detención a 24 manifestantes -catorce jóvenes mayores de edad, seis menores y cuatro mujeres, entre ellas una embarazada de 8 meses-, sumada a 48 horas más, ilegales, para todos los que fueran varones mayores. Sumado, para todos y todas, torturas, privación ilegítima de la libertad, maltrato físico y psicológico, manoseo, vejacionesamenazas sobre los hijos.

La abogada de los Vera, Victoria Naffa, aseguró que los golpes fueron tanto en el momento de la detención, como en la comisaría 21. Adentro, “lxs hicieron desfilar unx por unx para seguir pegándoles”. A Paola, la pareja de Vera, le cuesta caminar. No puede girar el cuello ni levantar los brazos. Está con hemorragia ginecológica. Narra: “Sobre la calle Maipu, yo ya me estaba subiendo a la camioneta, a mí me agarraron de los pelos y me sacaron arrastrando. Me pegaban patadas y piñas, sobre todo en los ovarios y las patadas más fuertes eran allá abajo”. Su hijo de trece años también fue detenido. Paola escuchó cómo lo torturaban mientras la amenazaban con que lo iban a matar. “El médico forense nos revisó así nomás, nos hizo levantar un poco la remera y no quiso ver todos los golpes. Cuando fuimos a hacer la denuncia a la fiscalía se reían de cómo caminábamos, se burlaban”.

Además, por las torturas a los detenidos ilegalmente, responsabilizan al fiscal Garrido y al ministro de Gobierno de la provincia, Di Giacomo, por haber rechazado el hábeas corpus presentado.

El juez Camarda, además, dio la orden de no permitir el ingreso a los Tribunales a Pedro Villegas, trabajador de un juzgado de instrucción, que se solidarizó con la familia.

En la provincia de Río Negro hay más de 120 casos de gatillo fácil desde que se restauró la democracia. En la provincia está desaparecido Daniel Solano desde hace más de tres años. En la provincia hubo una causa armada para dejar impune el asesinato policial de Atahualpa Martínez Vinaya. En la provincia se permitió que hubiera detenidos ilegales, algunos sin ser registrados, hace menos de un mes.