La legalización de la precariedad

Avanza en la Legislatura porteña un proyecto de excepción para parcelar las villas del sur y dar títulos de propiedad, mientras las leyes de urbanización no se cumplen. Los bloques K y del Pro apoyan el proyecto y el mercado inmobiliario ya se prepara para entrar en juego.

El gobierno porteño tiene un plan, y un Plan para la Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Lo llaman Plan Maestro, pero los vecinos lo conocen como Plan Nefasto.

El proyecto ya está aprobado por la Legislatura porteña -con los bloques kichneristas y del Pro a favor- en una primera lectura y fue sometido a una audiencia pública. Ahora debe recorrer una serie de comisiones y luego está a sólo una segunda revisión, con votación, para ser aprobada.

El Plan Maestro – nombre colonizado de los Master Plan que denomina a las obras públicas de envergadura-, luego de ser modificado y achicado en diciembre del año pasado, tiene tres ejes: la instalación de una Villa Olímpica, la conformación de un Distrito del Deporte (zona libre de impuestos para las empresas relacionadas con ese rubro) y el parcelamiento de las villas en la zona sur.

Este tercer eje conlleva la entrega de títulos de propiedad a los dueños de casas en las villas lo que, a la ligera, parece positivo, pero que en las entrañas del proyecto tiene olor a cloaca sin urbanizar.  Lo cuenta el abogado Jonatan Baldiviezo, abogado especialista en temas inmobiliarios e integrante del Colectivo por la Igualdad. “Para parcelar, la ley actual exige muchos requisitos; entre ellos que las casas tengan permiso de obra por ejemplo. Como las que están fueron construidas de forma informal, no cumplen con nada de eso. Entonces como el gobierno para entregar títulos de propiedad primero tiene que parcelar, necesita una ley que le de excepciones para hacerlo”.

Esta es esa ley. Las casas de las villas no cumplen con ningún requisito necesario para existir legalmente dentro de una parcela determinada. No tienen las condiciones de ventilación o luz, en el mejor de los casos, para que el Estado permita un permiso de obra.  Esta ley garantiza esa excepción, dice que los planos de obra sólo deben mantener el contorno perimetral y no interno. “Esta ley da tantas excepciones que el gobierno ahora sí puede ir a parcelar y por ende entregar títulos de propiedad. Antes no lo podía hacer porque tenía que realizar todos los pasos de urbanización e infraestructura que permitan llegar al título de propiedad”, aclara Baldiviezo y profundiza: “El Plan hace que se salteen esos pasos y al saltearlos se desliga de la responsabilidad de urbanizar, ya que ninguna cláusula de la ley indica que el estado se hace cargo de los servicios públicos”.

lugano (4 de 8)Precariedad legalizada

Con las escrituras y títulos de propiedad la situación de precariedad en los barrios quedaría legalizada. “Este proyecto no va a garantizar una solución habitacional para todos, solamente a los propietarios, no resuelve el hacinamiento porque no van a dar más casas y deja de garantizar toda la cuestión de infraestructura, lo que es servicios públicos”, resume el abogado y se acomoda para desenmascarar la metodología del gobierno porteño: “El procedimiento que hace es más lento, a tiempo del mercado, que es este: si urbanizamos estos terrenos los perdemos definitivamente; para no perderlos, no urbanizamos, entregamos títulos de propiedad y de acá a muchos años vamos a terminar siendo propietarios de esas tierras. Si el Estado urbanizara, al prestar servicios públicos, la tierra valdría mucho más”.

El proyecto tuvo dos etapas. En la primera, un proyecto original era muy grande y tocaba todas las áreas de la Comuna 8. De todo eso sólo quedaron los tres ejes – Villa Olímpica, Distrito del Deporte y villas-, y  se agregó la venta de 70 hectáreas de la Comuna 8 para crear un fondo destinado a la urbanización de las villas. Sin embargo, los proyectos ya vigentes no tienen curso y, en el caso particular del Plan, no existe ninguna cláusula concreta sobre cómo urbanizar ni mencionaba costos. En resumen, se perdía tierra que podía ser utilizada para urbanización y se perdían espacios verdes y tierras públicas. Ese fondo, se plantea, era manejado por la Corporación Buenos Aires Sur, que el Estado creó en el 2001. Es decir: al ser del Estado la corporación, una vez que tiene los inmuebles puede venderlos sin pasar por la Legislatura. El proyecto nuevo elimina todo lo que es venta de tierras, deja de hablar de urbanización en cualquier término y habilita la entrega de títulos.

Ya hay antecedentes de esta política. En la villa 6, cerca, y la villa 19 en Dellepiane y General Paz, que tienen sus leyes particulares, se entregaron títulos de propiedad y a las familias hacinadas se les entregó el título en condominio: “Con el proceso de urbanización tendrían que entregarle una a cada una. A los inquilinos no se les entrega ningún título y se deja de invertir en infraestructura”, puntualiza Baldiviezo y coloca la frutilla de la torta: “La única obra grande que van a hacer es la Villa Olímpica donde hay espacios verdes funcionando como humedales. Si construyen ahí, se corre riesgo de que se inunden los alrededores”. Es decir, las villas.

Los vecinos

Diosnel y Gisela viven en la Villa 20 pero ahora están en puntos muy distantes de la ciudad. Diosnel camina los pasillos estrechos del barrio donde vive hace 30 años. Gisela está sentada en una silla de plástico, abajo de la “Carpa Villera” montada al lado del obelisco para reclamar, entre otras banderas, la urbanización definitiva de todas las villas de la Ciudad. Su reclamo está amparado, desde el 2005, en las leyes Nº 148, Nº 403 (Villa 1-11-14), Nº 1333 (Barrio Ramón Carrillo),  Nº 1770 (Villa 20),  Nº 1868 (Villa 21-24), Nº 3343 (Barrio Carlos Mugica, ex villa 31-31bis).

“Cloacas, luz, vereda, vivienda, la verdad que faltan muchas cosas en el barrio”, enumera Gisela mientras se acomoda en su asiento. Al mismo tiempo Diosnel señala hasta dónde le entra el agua en su casa cuando llueve: “Nos inundamos con agua sucia”. Rato antes de llegar a su casa, Diosnel cruzó por un puente sobre las vías que construyeron luego de la muerte de varios nenes atropellados por el tren. Ese paso les costó una semana de huelga de hambre a él y al padre de uno de los chicos.

“Acá hay una ley que dice que se tienen que hacer 1600 viviendas solamente para la gente de la villa 20, y eso no va a cubrir ni una cuarta parte de la necesidad de los inquilinos, y ni siquiera eso hicieron”, dice Diosnel y esa es su explicación de por qué la gente ocupó el predio pegado a la villa 20: porque desde el 11 de agosto del 2005 que salió esa ley hasta ahora “no pusieron un sólo ladrillo en el barrio, y la gente necesita la vivienda ahora”.

Diosnel y Gisela tienen bronca: “Al gobierno no le interesa como vive un villero, apuesta en invertir en otros lados antes que en una villa. El Plan Maestro no soluciona nada, le puede solucionar al gobierno para facturar ellos, pero al barrio no le soluciona nada”, redondea la mujer, se levanta y recorre la carpa que alberga desde hace dos semanas a seis personas en huelga de hambre. Diosnel: “no les conviene urbanizar las villas, porque así como nos tienen nos pueden usar como ellos quieren, por la necesidad”.

La figura de Diosnel se recorta en la puerta corrediza que separa a su casa del pasillo; no se escucha lo que habla porque un torneo de voley y los nenes jugando completan al silencio. A medida que se acerca, sus palabras se aclaran y está diciendo – repitiendo- que desde el 2005 en que salió la ley, no se hizo nada. Que por eso le llaman el Plan Nefasto del gobierno nacional y provincial, “porque los dos bloques le dieron la primera aprobación”. Diosnel hace una pausa y su sentencia se escucha ahora clarita: “Es el plan que nos quiere dejar excluidos totalmente de tener una vivienda digna”.

lugano (8 de 8)