“En el país de los desaparecidos, permitimos 197 en democracia”

Pablo Pimentel es el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, ve diariamente los usos y los abusos de las fuerzas represivas, se le volvió una costumbre, pero aún así no sale del asombro. Desde el caso de Luciano Arruga hasta el de Miguel Bru. Desde las cárceles que torturan hasta la falta de compromiso del Estado. Un recorrido por lo más tremendo de la violencia.


No por casualidad hubo en julio de 2012 destrozos en la casa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Tanto de quienes los hicieron como de quienes los recibieron hay ideas claras. “A los Derechos Humanos se los viola o se los defiende”, se posiciona Pablo Pimentel y recuerda que hoy también tenemos derechos. Mientras la cana sigue con la potestad para pararnos en cualquier momento por “averiguación de antecedentes”, también puede hacernos un submarino seco, cagarnos a palos, picanearnos, y la justicia solo habla de “apremios ilegales”. Puede también desaparecernos, como a Luciano Arruga, a Daniel Solano, a Miguel Bru, y la justicia va a investigar una “averiguación de paradero”. Por eso Pimentel mete al Estado Nacional en el medio, pero no se olvida de la responsabilidad social: “Cuando repudia fallos, las cosas cambian. Cuando se pone al frente de una investigación, las cosas van en un andarivel. Cuando no está, se va para cualquier lado y gana el más fuerte. Como sociedad, la respuesta mayoritaria es ‘algo habrá hecho’. En la Argentina tenemos que definir: defendemos los derechos humanos para todos o los violamos”.

Como la casa de la APDH está a 20 cuadras de la de Luciano Arruga, Vanesa, su hermana, fue rápido a contar lo que le había pasado. “Inmediatamente lo relacioné con lo que familias del barrio de San Petersburgo venían a denunciar meses antes: sistemáticamente la policía reclutaba jóvenes para robar. Cuando lo denunciamos en el Ministerio Público y la fiscalía, la subestimación fue consante. Durante los primeros 45 días, la única vez que la escucharon fue cuando los policías responsables de la desaparición de Luciano estaban detrás de ella. La investigación quedó en manos de esa misma institución que lo desapareció”, explica Pimentel. Y no solo lo desapareció, adulteró libros de guardia del destacamento arrancando hojas, borrando nombres, no escribiendo horarios de salida de los desaparecidos, por lo que podrían habar estado días adentro. Esos ocho ratis responsables de la desaparición estuvieron seis meses puestos a disponibilidad y después volvieron a la cana en otras zonas donde se hace imposible vigilarlos. Pero Pimentel también vuelve a mirar a la sociedad: “Naturalizamos cosas terribles: en el país de los desaparecidos, permitimos 197 desaparecidos en democracia”.

¿Cómo los viola el Estado, desde lo represivo?
Al usar la palabra represivo los está violando. Toda la fuerza de seguridad interior y las fuerzas de frontera tienen que ser para prevenir y no para reprimir. Cuando reprime, El Estado está incumpliendo las órdenes constitucionales y justamente también los tratados que hablan sobre los Derechos Humanos, los está violando.

¿Cuál es la metodología que usa la policía?
Miembros de la policía que están sobre todo en la calle, quienes tienen el mando, en lugares vulnerables, más pobres, a los chicos que están robando o no. La policía los para, les ofrece hacerlo para ella asegurándoles primero un bienestar y después un aprovisionamiento de elementos como pueden ser armas. Les libera zonas. Así nos plantearon directamente los padres que pasaba. En otros casos, obligaban a otros pibes que venían de delinquir. En vez de detenerlos por pescarlos con cosas robadas, les hacía repartir cosas entre ellos y la policía. El pibe está cometiendo un delito. El auxiliar de la justicia, a quien el pueblo a través del Estado le confiere las armas para que haga prevención, se alía al delito y forma parte de él. Comparte el motín. Hasta los lleva a zonas, como en el caso del asesinato del Ingeniero Barrenechea, en San Isidro. Fueron pibes de San Petersburgo.

Vanesa Orieta y María del Carmen Verdú, directora de Correpi, marcan que las cárceles están llenas de varones jóvenes y pobres. ¿Desde cuándo se da así?

Fotos: NosDigital

Esto arrancó muy fuerte a comienzo de los 90. Cambió la población carcelaria. Antes iba gente más grande. En ese entonces cambió a un promedio de 24 años, y en un 80 por ciento de sectores pobres del país. Eso se vio en las cárceles del Interior, más propiamente dicho en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno va recorriendo, se encuentra gente del Conurbano, sobre todo de los cordones más pobres: Florencio Varela, La Matanza, Quilmes, toda la zona, pero de los barrios más pobres.

El mismo día que sobreseyeron a De la Rúa el Centro de Estudios Legales y Sociales, familiares de víctima de violencia institucional y ustedes hicieron una conferencia de prensa para explicar cómo pensaban acelerar la causa de Luciano Arruga porque “ni el poder político ni el judicial” lo hacía. Si la cárcel está llena de pibes de zonas pobres, ¿es porque de ahí viene el delito o porque ese delito se juzga?
Creo que pasa por esos dos motivos. No se puede desconocer que hay gente que se dedica a delinquir en todos lados, en los barrios humildes también. Lo que pasa es que en los de clase alta o clase media, es más difícil detectarlos, o directamente tienen un poder de clase alta importante como para zafar de cualquier proceso judicial. Ahí es cuando decimos que está complicado también parte del Poder Judicial y de la Policía. En cambio en los sectores pobres, como no tienen esa posibilidad y cuando no están aliados a ese poder nefasto de la policía reclutando, son pasibles de ser detenidos. Ahí caen justo por pecadores porque también dentro de toda esta búsqueda del delito, muchas veces la Policía tiene que resolver la estadística del delito y mete presa a gente que no tiene nada que ver.

¿En las cárceles, cómo viola los derechos humanos el Estado?
De muchas formas: mala alimentación, falta directa de atención a la salud, gente que entra con enfermedades ya declaradas y necesita un tratamiento, no se le provee lo adecuado. Hay cadenas de corrupción donde las cosas se venden, por ejemplo la carne provista para los internos, y queda lo peor. Uno ve los guisos y son directamente revueltos de polenta con un poco de hueso. Si encuentran un pedazo de carne, ganaron la lotería. Hay un montón de denuncias. La Comisión Provincial por la Memoria hace relevamientos e informes anuales en los que queda muy claro lo que plantean los internos en cuanto encuentran un oído confiable. La realidad es que hay que decir que las cárceles están para quienes cometieron un delito. El castigo es privar de la libertad y hoy, en realidad, a los detenidos se los tortura psicológica y físicamente. Existe también un grado de violencia entre los internos, que muchas veces se da con la anuencia o el pedido directo de la Policía del Servicio Penitenciario. En definitiva, es el Estado quien no garantiza el cumplimiento de esos derechos. Uno pierde la libertad, pero no los derechos. La Constitución en ese sentido es muy clara.

¿Son casos seleccionados o es algo generalizado y sistemático?
Cuando alguien está detenido, hacinado y con toda la psicosis que genera, hay problemas de convivencia. En algunos casos existen mediadores de hecho entre ellos mismos o pastores que en ese sentido cumplen una tarea. Hay gente que está ligada a los servicios penitenciarios que para mejorar sus condiciones de detención cumple órdenes del Servicio para llevar adelante hechos que ponen en peligro la vida o la integridad de otros, sí sucede. Cuando el mismo vicegobernador estaba visitando la Unidad de San Martín, simultáneamente en otra cárcel cercana se estaba generando un motín en el que dos internos mandados por el Servicio Penitenciario mataron a otros dos presos.