La cometa del barrio

En pleno Caballito, una organización mafiosa digna de El Padrino, pero con métodos más vulgares, atenta contra la vida y el trabajo de más de 60 familias. Aprietes, laburantes que dicen “No”, guita, Policía y más guita.

Los actores de esta serie de terror, ya popular y acostumbrada, son las fuerzas de seguridad del país y la Ciudad de Buenos Aires, y del otro lado 60 manteros organizados en el nombre – y deseo- de “vendedores libres”. De distintos países, de distintos rubros – revendedores, artesanos, pero siempre autogestionados y no como empleados de feudos más grandes- el mandamiento que los une es uno solo, e inconveniente para los viejos vicios de la Federal: No pagarás coimas.

“Si no pagás, te decomiso la mercadería”

La calle está atravesada por una serie de leyes, normas, contravenciones que regulan la convivencia urbana y, para el caso, el despliegue de los trabajadores según la actividad. A la vez, hay derechos constitucionales que protegen y promueven el trabajo como necesidad. En este tironeo, en diciembre de 2011 el macrismo impulsó la supresión de la figura de venta por “mera subsistencia” del Código Contravencional, que apunta fundamentalmente a los manteros con “puestos fijos”. Así quedó una especie de desregulación que deja a estos trabajadores atados a la arbitrariedad del criterio policial en la aplicación del Código Contravencional.

Es decir: son los agentes de calle quienes actúan de oficio, recorriendo la ciudad y determinando qué situaciones consideran punibles (desde la venta callejera hasta los ruidos molestos). La particularidad de este Código es que el fiscal no está presente en los procedimientos, sino que la Policía lo consulta por teléfono y recibe su aval desde el despacho. Así, los policías son los ojos del fiscal, los que tienen el poder de decir “acá tengo un ilícito” o de hacer la vista gorda.

El Código Contravencional es el que regula la calle. Para algunos expertos, el uso de esta justicia es clave en el diseño de la política criminal de la Ciudad, ya que los fiscales, dando directivas a los policías, pueden avalar que se persiga la pobreza, o puede en cambio intervenir para que el Estado atienda una situación social de desigualdad, en lugar de penalizarla.

Para ilustrar estas teorías bien prácticas, según el último Informe de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial – que depende del Poder Judicial- durante 2011 los delitos contravencionales más castigados fueron, por lejos, la “oferta y demanda de sexo en espacios públicos” y “usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos”.

La otra vuelta de tuerca vincula la aplicación del Código por parte de la Policía a sus eternos vicios: los mismos que tienen la capacidad de activar causas contra los trabajadores son los que arman una red mafiosa de coimas para que se sometan.

Luca doscientos por mes

Los vicios de la Federal, como tales, pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen: incorruptibilidad, confiabilidad, tranquilidad, seguridad.

Algunos hablan de “estar en la calle” cuando se está sin trabajo, o sin hogar, pero para los manteros está sinonimia no sirve: “estar en la calle” es su trabajo, su sustento y su vida.

¿Dónde vas si te sacan de la calle?

Los autodenominados “vendedores libres” son un grupo de 60 manteros hoy diseminados en distintos puntos de Capital que mantienen una pelea política contra las mafias controladoras de la calle. Su ética de no pagar coimas les trae problemas con ajenos y propios: hasta los manteros que sí “arreglan” ven en estos pares una desleal justicia.

Así, algunos piensan que los “vendedores libres” llevan problemas a cada vereda donde se asientan. Ellos se defienden: lo que hacen es visibilizar una red de dependencia y sometimiento que tiene a los trabajadores víctimas de la Policía o de otras mafias que incluyen punteros y patotas.

La descripción es la siguiente, atentos: existen punteros que compran mercadería al por mayor y la revenden en distintos puntos de la Capital a través de empleados; de estos circuitos de mercadería clandestina muchas veces participan agentes de la Federal, por acción u omisión; y por último, cuando ésa mercadería sale a la calle, los arreglos se consuman con seguridad y libre venta a cambio de – en Acoyte y Rivadavia- 300 pesos todos los viernes, 1200 al mes.

Los “vendedores libres” se separan de aquellos en dos sentidos: porque no “arreglan”, y porque son artesanos o revendedores autogestionados, en muchos casos familias enteras que se dedican al trabajo callejero desde hace más de treinta años. Por eso saben más que nadie de las lógicas del trabajo callejero y proponen su regulación: “Nosotros no somos ilegales, somos desregulados”, aseguran.

Transan, transan, transan

Julio Pereyra es vendedor de almohadas anti-stress, pero está inquieto. Mientras hablamos señala hombres moviéndose raramente, otros haciendo chiflidos, y adelanta una maniobra: “Ves, están preparando algo”. Lo de Julio no es futurismo sino experiencia: vende productos que él mismo elabora hace 20 años en la calle, junto a su compañera y otro grupo de personas agrupados en el movimiento social Francisco Jofré, más conocidos como “vendedores libres”. “Nosotros no transamos con la Policía”, asegura, hablando de las libertades. Premisas como éstas – que comparte junto a más de 20 compañeros ahora en Acoyte y Rivadavia- le han costado enemigos de todo tipo: Policía Federal y Metropolitana, brigadas, patotas y hasta otros trabajadores callejeros.

Julio y los suyos estuvieron en la calle Florida hasta junio de 2012 en que el ministerio de Espacio Público montó un violento desalojo que tuvo como protagonista a la Policía Metropolitana. Allá, los “vendedores libres” soportaban no sólo el asedio policial instando a que “colaboren”, a que se vayan o simplemente amenazando, sino el de otros vendedores callejeros y comerciantes de las grandes casas de la peatonal que presionaban, con eficiencia alarmante, a través de la Cámara de Comercio. “Nosotros estábamos amparados, pero el 8 de diciembre de 2011 se hizo una ley con mucha urgencia”, informa Julio, “que deroga el artículo 83 que permitía trabajar en cualquier calle y arteria por mera subsistencia, mientras no sea competencia desleal con los comercios. Entonces nos convirtieron en ilegales, y sobrevinieron allanamientos e incautaciones que dejaron gente lastimada por lo mal e ilegalmente que hacen los procedimientos”.

La organización que han ido forjando estos trabajadores callejeros se debe, básicamente, a la necesidad de tener instrumentos de derecho con los cuales defenderse. “Al principio, cuando venía la Policía nos íbamos muy seguido porque no teníamos los reflejos para cuestionar el tema de los derechos. En esa época eran muy violentos los de la Federal, nos amenazaban con secuestrar mercadería, armar causas, cualquier cosa”, define Omar sobre años anteriores. Ahora, más cancheros, filman los procedimientos con sus celulares para presentar luego como pruebas de irregularidades y le pelean a los policías de igual a igual: “Yo se la peleo, pero si tienen que decomisarme que lo hagan, yo les digo que cada cosa que hagan mal después se las voy a denunciar”, asegura Julio.

Punteros y amenazas

El 4 de diciembre del año pasado, gran parte de los “vendedores libres” desembarcaron en Acoyte y Rivadavia. Julio: “Ese mismo día se presentó el subinspector Mainardi (Comisaría 12) que nos dijo que acá había un `sistema de trabajo´”.

La sugerencia de Mainardi queda a interpretación del lector.

Los manteros explicaron y aplicaron su propio sistema.  Y así empezaron las amenazas.

Omar Guaraz, otro de los referentes de “vendedores libres”, deja sus espejos de baño al cuidado de un compañero y se aparta para charlar: “Los que nos amenazan son los punteros de esos otros manteros, o mismo la Policía. Y la otra persecución tiene que ver con los procedimientos que nos hacen, porque están ensañados con nosotros. Allá (señala en frente) tenés manteros que violan leyes federales porque venden productos adulterados de marcas, pero nos decomisan a nosotros que vendemos nuestros productos porque no pagamos”.

Omar sostiene que el 90% de los procedimientos de aplicación del Código son protagonizados por la Policía – los inspectores de la Ciudad, actores de reparto- y en carácter de oficio, es decir que no hay una denuncia que los inste a actuar, como indica el propio Código. “Hemos tenido conversaciones insólitas con el fiscal, que nos decía que tal policía estaba en tal lugar y nosotros le decíamos que no, porque era mentira, y entonces escuchamos como el fiscal les decía a los agentes “pero Méndez, ¿vos me estás tomando el pelo? ¿dónde estás?”, se ríe Guaraz, sobre esas pequeñas delicias que demuestran la impunidad del sistema contravencional al servicio de la Policía.

Los primeros días del 2012 los “vendedores libres” formaron una comisión y pidieron una entrevista con el responsable de la Comisaría 12, cansados de los aprietes y los procedimientos ensañados. “Nos atendió el comisario Cuncio – cuenta Pereyra-, nos hizo pasar al despacho, y le dijimos que no íbamos a soportar las amenazas, que no íbamos a aceptar coimas. Se hizo el desentendido diciendo `yo también fui vendedor de la calle´ y dijo que vayamos y trabajemos tranquilos”.

-“Al otro día, apenas llegamos, los punteros nos empezaron a amenazar. Y a la tarde estuvo el subinspector Mainardi que le decomisó mercadería a una compañera… La promesa de Cuncio había durado medio día”.

-“El 8 de diciembre sucedió otro episodio con la gente que vende cd´s truchos, que querían poner paños sobre donde estaba nuestra compañera. Entonces el de lo cd´s dijo `ahora llamo a la brigada´. Apareció un agente de apellido Cuello, que les dijo a mis dos compañeras: “ustedes dos se tienen que ir de ahí, sino van presas; el único que se puede quedar es el de los cds”. Llamó a refuerzos pero, en vez de ayudarlo, vino una patrulla, lo agarró a Cuello y se lo llevaron, porque lo que estaba haciendo era ilegal”.

-“Pasó un tiempo y el 8 de marzo vino un señor de la mesa de seguridad para dialogar. En eso aprovecharon otra gente atrás de este y le pegaron una piña a mis compañeros, y otros me quisieron agredir. Llame de vuelta al 911, no me dieron bola. Vemos que en frente se junta mucha gente, una patota, y se despegan cinco personas con palos, botellas y facas. Yo esquivo unos puntazos y corro hasta Acoyte y aparece un patrullero: me le tiro en el capot. Se baja un sargento y me quiso llevar al otro y a mí detenidos. Yo le dije: “si me querés llevar, llévame, pero todo lo que hagas mal te lo voy a denunciar”.

-“El lunes 15 de abril hicieron un operativo pero le avisaron a todos los que venden marcas truchas que transan, y nosotros inocentemente venimos y nos agarraron y nos secuestraron las cosas. La calle estaba despejada, los únicos que estábamos éramos nosotros y vinieron directamente. Esto lo considero una persecución y un hostigamiento”.

Presente de vicios, futuro de incógnitas

A partir de episodios como estos que juegan al desgaste pero tienen implicancias bien concretas (días sin trabajar, básicamente) los manteros organizados lograron una reunión en el Ministerio de Seguridad junto a altos mandos de la Policía Federal. Estuvieron presentes de esa fuerza Mario Alberto Morales, Jefe General de Comisarías, y Guillermo Colucci, comisario a cargo de las comisarias de la Comuna 6.

El martes 7 de mayo, durante 3 horas seguidas, más de 30 manteros de “vendedores libres” relataron los manejos mafiosos de la calle y la venta ambulante en distintos puntos de Capital. Los comisarios escucharon en silencio, eventualmente preguntando nombres (“¿quién recauda?”, “la brigada” fue la respuesta unánime, en referencia a la Brigada Especial de Investigaciones de la Comisaría 12) y finalmente comprometiéndose a garantizar la seguridad física de estos manteros, y desarrollar un disciplinamiento de la Policía en materia de intervenciones contravencionales.

Sin embargo, como la fallida del comisario Cuncio, las promesas se derritieron al calor de la realidad: cuando llegaron al otro día los manteros, las amenazas de otros trabajadores siguieron y en aumento.

Los “vendedores libres” llamaron al comisario Colucci y le pidieron que interceda, tal cual había sido acordado en la reunión en el Ministerio. Colucci fue hasta esa esquina y se reunió con el comisario de la 12, Cuncio. “Se los notaba muy nerviosos”, relata Omar Guaraz. “El comisario terminó enojado diciendo que no iba a trabajar nadie más acá”.

Omar se ríe, y dice que seguirán yendo igual.

¿Qué va a hacer?

Cómo sigue esta historia es en verdad una incógnita, tanto como la implicación de una promesa.

Que la Federal desacostumbre sus vicios es tan improbable como que los vendedores se tuerzan.

Que dejen a los trabajadores trabajar es necesario, tan evidente como la obligación de que la Policía respete las leyes, que no cobre coimas, que se garantice el sustento de sesenta familias y que el trabajo callejero esté regulado y no penado.