“Se juzga un Genocidio”

El miércoles 28 de noviembre el Tribunal Oral Federal 5 dio comienzo al juicio más grande por delitos de lesa humanidad de la historia de Argentina. Se trata de las audiencias por la tercera parte de la megacausa ESMA donde aparecen 68 imputados con nombre y apellido acusados por 800 delitos, entre los que surgen por primera vez los pilotos y responsables de los “Vuelos de la muerte”. Dos mil testigos y por lo menos dos años de duración de un juicio en donde las organizaciones de derechos humanos sostienen que se juzga un Genocidio.

Fotos: NosDigital
“Muchos de los que están aquí fueron procesados por mí, a la distancia, y verlos sometidos a juicio es a lo que cualquier juez aspira, sobre todo por hechos tan graves como éstos y que se esté haciendo en Argentina es un triunfo para todos y sobre todo para las víctimas”, esas fueron las palabras con las que definió el juez Garzón lo que se vivía en la sala de audiencias por la megacausa ESMA, ante la presencia de todos los militares acusados.
Se leyeron los 789 nombres de las víctimas, casos distintos, pero con muchas similitudes: violencia sexual, ejemplos de sometimiento a trabajo esclavo con funciones en distintas dependencias, circuitos de traslados, tortura de niños. La singularidad entre tanta aberración es que por primera vez llegarán a juicio oral seis pilotos acusados de tripular los aviones que se utilizaron para arrojar secuestrados con vida al Río de la Plata en los conocidos “Vuelos de la muerte”. Los pilotos asesinos están identificados: Mario Arru, Alejandro D’Agostino y Enrique De Saint Georges, de Prefectura, y Rubén Ormello y Julio Alberto Poch, de la Armada. Se los acusa por más de cincuenta homicidios. A estos nombres se suma Emir Sisul Hess, quien integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros y quedó imputado luego de que confesara en privado su participación. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos logró identificar que los tres pertenecientes a Prefectura fueron los responsables del famoso “vuelo anómalo” que el 14 de diciembre de 1977 arrojó al mar al grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, entre quienes se encontraban las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y las Madres de Plaza de Mayo Esther Careaga, Mary Ponce de Bianco y Azucena Villaflor. Se trató de una metodología utilizada reiteradamente en la última dictadura militar para deshacerse de las víctimas que antes habían sido secuestradas y que permanecían cautivas en la ESMA. Las víctimas elegidas eran “trasladadas”, como llamaban los militares a las eliminaciones físicas, las llevaban desde el centro clandestino a distintos aeropuertos o bases militares que tuvieran pista de aterrizaje. Ahí, “se las ingresaba a las aeronaves desde las cuales posteriormente eran arrojadas con vida en pleno vuelo”, según consta en la causa.
El fiscal Eduardo Taiano fue claro en cuanto a la importancia de juzgar estos delitos: “Es el último eslabón del sistema implementado por las Fuerzas Armadas, por ello considero que se debe tener a los nombrados como partícipes necesarios de las privaciones ilegítimas de la libertad y de las torturas, toda vez que realizaron un aporte sin el cual el hecho principal no hubiera podido cometerse. Asimismo, dado su rol de tripulantes de los viajes en los que los detenidos desaparecidos eran arrojados al agua en pleno vuelo, deberán responder en calidad de coautores de los homicidios”.
Esta tercera etapa había pasado por dos previas demoras. Hubo dos amagues, la primera fecha propuesta para el comienzo había sido en agosto, pero se tuvo que posponer para que pudiera ingresar el expediente por “Vuelos de la muerte”. En octubre, tras el cambio de fiscales- se retiró Mirna Goransky e ingresó Guillermo Friele- fue necesario un tiempo acorde a lo que amerita el conocimiento de esta gran causa.
Los ánimos de las organizaciones sociales y de los familiares apuntan al logro que es para ellos llegar a esta instancia de colocar en el banquillo de acusados a casi setenta represores. Los miembros del Colectivo JusticiaYa creen fervientemente que se trata de un proceso judicial histórico y así lo expresaron en un comunicado: “La desaparición de nuestro compañero Julio López el día de los alegatos en el juicio contra Etchecolatz confirma que estas causas no son sólo temas del pasado sino actuales y del futuro. Tenemos la convicción de estar construyendo y recorriendo un camino de justicia para nosotros y para nuestros hijos”.