¿Por qué viajamos tan mal en tren?

Nada nace de un repollo. Para entender la situación actual de los trenes te contamos parte de su historia a partir de un intento privatizador y de la resistencia obrera que originó. Los intereses internacionales quisieron avanzar sobre lo público, con despidos, presiones y violencias. Esta es la historia de la gran huelga ferroviaria de 1961 que enfrentó a los trabajadores contra el gobierno de Arturo Frondizi.

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El ferrocarril pasó a ser uno de los objetivos a desmantelar por el gobierno radical de Arturo Frondizi. Tanta perorata sobre el desarrollismo, la soberanía nacional, el legado de Yrigoyen no sirvieron de nada a la hora de firmar con el Banco Mundial, el 1° de octubre de 1960, el inicio de las investigaciones para la desestructuración de la red ferroviaria nacional. El ex asesor de Logística del Ejército de Estados Unidos general Thomas Larkin vino al país para hacer lo que fue entrenado un soldado: destruir. Un año más tarde, el poder ejecutivo de la Nación propuso el Plan de Reestructuración Ferroviaria – o más conocido como “Plan Larkin”- entre cuyos objetivos se encontraban: eliminar el 50% de la red existente, levantar los ramales sin tráfico productivo, enajenar las tierras e instalaciones sobrantes, privatizar los servicios auxiliares como la reparación y construcción de vías, vagones y locomotoras y las confiterías de las estaciones; y por último, modificar el régimen laboral a la vez de la cesantía de 75 mil trabajadores[1].

A partir de los últimos días de octubre de 1961 comenzó a gestarse una de las más grandes resistencias obreras de Argentina, que encontró no solo a los trabajadores unidos enfrentándose a los medios de comunicación, la patronal y un sindicalismo pasivo, sino también contra las fuerzas de seguridad mandadas por el Presidente para poner al orden la movilización que se le iba de las manos, lejos de conseguir, sin embargo, aplacar la tenaz respuesta ferroviaria.

 

Defendiendo con el cuerpo.

“Los dirigentes de nuestro gremio, devenidos desarrollistas, fomentaban la desinformación. Los compañeros tenían claro que Frondizi nos quería destruir. Se preguntaban si era cierto que venía la huelga, si les convenía plegarse, si iban a poder aguantar (…) dije que la huelga que se avecinaba no la imponíamos nosotros sino que nos estaban empujando”[2], recordaba Juan Carlos Cena, delegado de los talleres de Alta Córdoba. Pero cuando sobrevino la huelga general, pasó de involucrar a los empleados y obreros para convertirse en auténticas puebladas. Para el 1 de noviembre el cese de las actividades era total. Ante la organización, el gobierno respondió con la aplicación del Decreto de Requisición que daba “facultades que otorga el Estado de sitio y eventualmente, la ley de organización del país para el tiempo de guerra interna[3], el cual consitió en la obligación de los trabajadores a volver a sus puestos a riesgo de despido, como del envío de fuerzas de seguridad y militar –Regimiento I de Infantería de Marina- a las estaciones y talleres más combativos.  Cena describió como los huelguistas de Tafí Viejo “dormían en el cementerio, en los nichos vacios, se metían ahí durante el día, respiraban por unas rendijas que les dejaban los compañeros sepultureros de ocasión. De noche, resucitaban por el hambre y el frío; como sombras entre las sombras, llegaban mujeres, hijos, amigos a traerles comida, ropa y novedades (…) En Basavilbaso, los compañeros dormían en los montes y campos cercanos. Habían armado tres comisianos en el sindicato de la Unión (Ferroviaria). Si caía una, la reemplazaba la otra”[4]. La persecusión que sufrían era tenaz, por eso las extremas medidas adoptadas.

La Ley de Requisición permitía al Estado movilizar armas en mano a la población ferroviaria a sus puestos de trabajo, y en caso de negarse, enviarlos directamente a las cárceles. Motivos suficientes para que llegaran a conformarse comisiónes clandestinas encargadas de la liberación de los compañeros en manos de la Policía: “Estos grupos aprovechaban las circunstancias propicias para proceder a la liberación y ocultamiento de compañeros detenidos. A esa tarea se agrega otra: estos boletines de huelga que llegan a los lugares donde cumplen detención los compañeros con el objetivo de interiorizarlos sobre la marcha del conflicto”[5].

El rol asumido por las mujeres en el desarrollo del conflicto fue escencial. Las esposas, novias y familiares de los huelguistas tuvieron el papel de, no solo mantener el hogar durante las extensas semanas de movilización, sino también ir y apoyarlos cuando el enfrentamiento con las fuerzas de represión así lo ameritaba. Por ejemplo en Laguna Paiva, Santa Fe, un tren fue inmovilizado cuando era manejado por rompehuelgas: “Mujeres y niños transportando durmientes para obstruir vías delante y detrás del tren. Hombres que empujaban vagones tanque hasta descarrilarlos obstruyendo los desvíos. En medio de la refriega había mujeres. Mujeres del pueblo (…) que desgarraban sus ropas para empaparlas con kerosene y hacer antorchas para quemar el tren que osó quebrar el solemne silencio de la población en huelga. Mujeres que exhibieron el pecho descubierto a la balacera. Mujeres que con su extraordinario valor hicieron retroceder a los esbirros. Mujeres heroicas y abnegadas que, luego, en silencio y en sus hogares curaron heridas físicas y sintieron la grandeza gloriosa de haber protagonizado un episodio heroico y honroso”[6].

 

El Gobierno y los medios contra la huelga del ferrocarril

Como era de esperar, el poder ejecutivo llevó a cabo una amplia propaganda con el fin de deslegitimar la oposición obrera al “Plan Larkin”. Para el 2 de noviembre, se pudo leer en La Nación: “la huelga por tiempo indeterminado que la dirección de los gremios ferroviarios imponen al país en presunta defensa de la confición nacional de los ferrocarriles, de las conquistas sociales y económicas del personal (…) carece de la más absoluta justificación. Al respecto es deber del gobierno “llamar la atención de las presuntas razones invocadas configura una peligrosa simulación tras lo cual intereses ajenos al gremio y a la clase trabajadora, en general, intentan destruir la paz social, quebrantar la legalidad e impedir el bienestar de pueblo argentino en su totalidad”. Ese mismo día, el Ministerio de Obras y Servicios lanzó una de sus publicidades en la cual afirmaba que “el pueblo –dueño de los ferrocarriles- quiere que los ferroviarios anden bien. Para lograrlo, se hace necesario ir prescindiendo de 75000 agente sobrantes”[7].

Sin embargo, el discurso del Ministerio fue mostrando, según transcurrían los días, su faz conservadora. El 3 de noviembre declararon que “el gobierno actuará con todo vigor frente a quienes prendan utilizar el episodio (huelguístico) con fines de disolución social”.[8] Esta opinión fue compartida ampliamente por muchos sectores. Por ejemplo, Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL), consideraban que “el gobierno, con el empleo de seguridad y armadas, si fuese necesario, debe garantizar la libertad de trabajo”[9], a la vez que la Unión Industrial Argentina –U.I.A.- en un comunicado formulaba “una exhortación al gobierno para que no ceda ante la presión huelguística que intenta paralizar y encarecer la producción y engendrar el caos en el país”[10]. El punto cúlmine de estas ideas fueron reflejadas por la nota editorial del 3 de noviembre de La Nación: “es indudable que la huelga ferroviaria persigue un objetivo gremial (…). Es inevitable a esta altura recordar la distinción habitual entre el Estado patrono, persona de derecho privado y, hasta cierto punto, equivalente a los efectos prácticos a cualquier empresa pirvada, y el Estado soberano, titular del poder supremo (…) La huelga indefinida de los ferroviarios –acompañada por actividades terroristas- (…) tiende a lograr mediante la coacción que una política (…) sea cambiada”[11].

 

Entre la victoria y el desaliento

Un mes y medio de desgaste, y los trabajadores no pudieron ser doblegados. El 10 de diciembre, luego de conversaciones entre los gremios La Fraternidad, Unión Ferroviaria y el gobierno, éste debió dar un paso atrás en su pretensión privatizadora. Pese a todo, ocho talleres fueron cerrados, centenares de huelguistas continuaron judicializados y cerca de tres mil trabajadores fueron despedidos.

Aquí, en pleno albor de la década del ´60 arrancó el primer plan sistemático para desbandar la estructura ferroviaria nacional, pero solo por el movimiento de los trabajadores, sus familias e incluso pueblos enteros, se logró romper con esta ambición, que sin embargo, lograría completarse treinta años más tarde en pleno auge neoliberal.

 



[1] Schneider, A. (2005) Los compañeros: trabajadores, izquierda y peronismo (1955-1973). Buenos Aires: Imago Mundi Shneider. Pp. 171.

[2] Idem Schneider, A. Pp. 172-173.

[3]La Nación 5/11/1961

[4] Idem Schneider, A. Pp. 174

[5] Boletín de Huelga nº 16, 17 noviembre de 1961 en Op. Cit. Schneider, A. Pp. 178.

[6] Boletín de Huelga nª 117, 18 noviembre de 1961 en Op. Cit. Schneider, A. Pp. 176.

[7]La Nación 2/11/1961

[8] Clarín 3/11/1961

[9]La Nación 6/11/1961

[10] Clarín 2/11/1961

[11]La Nación 3/11/1961