La vida privada

Por el predio Martina Céspedes, en San Telmo, pasan los alumnos de siete escuelas para hacer deporte y esparcimiento cultural. El Pro hizo un proyecto de ley para transformarlo en un emprendimiento privado como un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico”. El 5 de mayo más de 300 personas se plantaron para decirle que no. Ya llevan más de 50 marchas y el próximo jueves 29 harán un nuevo festival. Aun dan pelea porque desconfían del macrismo. “Sabemos que a fin de año puede volver a presentarse la ley y que no les va a importar nada de lo firmado”, dicen desde la Comisión que se creó para la defensa del poli.

Fotos: NosDigital
Hace un año emprendieron el solitario camino de la restitución y con su empuje como herramienta fundamental lograron hacer caer el proyecto que intentaba legalizar la expropiación
Se trata del Predio Martina Céspedes, ubicado bajo la Autopista 25 de Mayo entre Bolívar y Defensa, al que concurren diariamente los alumnos de siete escuelas.
la construcción de un emprendimiento privado que llevaría el nombre de “Feria del Sur”, un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico”.

Entre artilugios legales poco claros e intereses privados, los vecinos de San Telmo vieron escapar el espacio público por excelencia del barrio: el Predio Martina Céspedes, donde realizan actividad física y cultural más de 2000 pibes por semana. Hace un año emprendieron el solitario camino de la restitución y con su empuje como herramienta fundamental lograron hacer caer el proyecto que intentaba legalizar la expropiación. Pero todavía todavía andan con medio y es, precisamente, por los mismos motivos por los que comenzaron a descreer hace casi un año.

El barrio más antiguo de la Capital vive desvelado ante la posibilidad de perder el espacio de recreación, deporte y expresión cultural que utilizan los chicos de la zona. Se trata del Predio Martina Céspedes, ubicado bajo la Autopista 25 de Mayo entre Bolívar y Defensa, al que concurren diariamente los alumnos de siete escuelas. Allí también se desempeña el Club de Jóvenes (que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad) y la Juegoteca Comunitaria Infantil N° 15 a la que asisten pibes de entre 6 y 12 años para cumplir uno de sus derechos fundamentales: jugar.

Todo eso podría pasar a manos privadas si toma sentido de ley un proyecto presentado –aprobado sin discusión y en medio de la madrugada- por el entonces jefe de la bancada del PRO, y actual vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo.

La historia comenzó el 7 de diciembre del año pasado. Hasta ahí, al igual que en los 2010 años anteriores, era simplemente un día más en el calendario y no un número asociado a una letra. A espaldas de la lógica y a contramano del día, junto a una decena de leyes que se votaron sin debate en medio de las maratónicas jornadas legislativas de fin de año, y en bloque, obtuvo aprobación inicial (55 votos positivos, uno negativo y cuatro abstenciones) el proyecto que autorizaba al Poder Ejecutivo a llamar a licitación para “el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión” de los terrenos ubicados bajo la AU1 y las áreas linderas.

Sin letra chica, sin ruborizarse y mucho menos arrepentirse, el proyecto anunciaba quienes serían los depositarios de ese terreno y homologaba la construcción de un emprendimiento privado que llevaría el nombre de “Feria del Sur”, un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico”. El consorcio Servente-Lanusse-Criba-Crivelli, el mismo que explota la estación de servicio bajo la Autopista Illia, en Retiro, se haría cargo de la concesión por un período de 20 años.

Al ser un espacio público el que estaba a punto de pasar a manos privadas, se necesitaba una segunda lectura en audiencia pública. Pero como le anticipaba Ritondo al sitio www.iProfesional.com por ese entonces: “No nos preocupa, estaremos realizando los primeros movimientos a mediados del año que viene –en referencia a éste-”.

Estaba todo digitado. Pero lo impensable saltó a la acción y gracias a la movilización (y organización) de los vecinos, el Predio Martina Céspedes todavía pertenece al barrio y abre las puertas cada mañana de lunes a sábado. El 5 de mayo, más de 300 personas asistieron a la audiencia pública para avisarle a los legisladores que su postura era firme y que tenían la voluntad irrenunciable de defender el Polideportivo. “Fue un 25 de mayo. La patriada”, nos cuenta Claudia Moyano, integrante de la Cooperadora del Comercial 4 y Presidente de la Comisión por la Defensa del Poli que se creó para tal fin después de la media sanción de la ley. Se abre al diálogo y cuenta: “Sin ser ‘aparateados’, término que utilizan ellos, sin que nos dijeran nada, la gente, los vecinos, nos fuimos reuniendo. Nosotros representamos comunidad educativa, pero el resto se autoconvocó y pudimos frenar el avasallamiento de nuestro derecho que, en última instancia, es el derecho a la propiedad que nos otorga la Constitución Nacional (NdeR: Artículos 14 y 17)”.

A raíz de ese reclamo masivo, al que le procedieron y sucedieron más de 50 marchas (entre festivales, encuentros, abrazos al predio y movilizaciones hasta la legislatura) los legisladores debieron agachar la cabeza y pedir perdón. Aunque, con la sapiencia que les dio la experiencia, desde la Comisión que preside Claudia redactaron un acta de compromiso para que la voluntad quede estampada sobre papel y consiguieron la firma de 29 legisladores. “Hemos recorrido distintas instancias. Ahora tenemos una declaración por escrito en la que el arco opositor se manifiesta en contra de la utilización del predio para la explotación privada. Firmó todo el bloque de Proyecto Sur, de la Coalición Cívica, de la UCR, del MST y del FPV. Hasta las bancadas del PRO nos apoyaron, pero por cuestiones políticas no quisieron firmar”, dice como quien tiene todas a su favor pero una marcada incertidumbre. No es para menos.

“Si bien tenemos un amplio apoyo para que esto no vuelva a suceder, en lo personal, hasta que no me digan ‘esto se terminó’ no voy a dejar de estar al pie del cañón”, confiesa. Una fuente de Creactivar, la asociación civil sin fines de lucro que maneja la juegoteca (la primera del país), da cuenta de que esos miedos son fundados. “Sabemos que a fin de año puede volver a presentarse la ley con un mínimo de reformas y que no les va a importar nada de lo firmado”, remarca.

Rocío Sánchez Andía, legisladora por la Coalición Cívica y una de las cuatro personas que se abstuvo de votar en diciembre, reconoce que la desconfianza tiene fundamentos. “Hoy en la Legislatura hay un pacto entre las tres bancadas del Kirchnerismo en el interbloque con el PRO por algunos negocios en particular. Los vecinos están comprometidos y tienen un conocimiento profundo de cómo se mueve la legislatura. Por eso, pidieron las firmas de los legisladores y obtuvieron casi 30 adhesiones. Sin embargo, justamente por saber cómo se mueven los intereses en el recinto, tienen miedo. Yo también lo tengo”, relata.

Del otro lado, el silencio es premeditado y ni siquiera se altera cuando se denuncian presiones y amenazas. “En la misma audiencia pública nos hicieron saber que no nos saldríamos con la nuestra. Hemos recibido llamadas de todo tipo y hasta ‘advertencias’ de tipo presencial. Entendemos que estamos en el medio de los intereses personales y económicos que priman sobre la educación y los derechos”, acusa la presidente de la Comisión de defensa al predio.
Para obtener respuestas a las preguntas sobre las intenciones, los proyectos y el futuro que trazan los promotores de la expropiación es imprescindible acudir al archivo. Eduardo Servente, el empresario que presentó el proyecto y que se quedaría con el territorio citado, se pronunció en la audiencia pública y, después de describir a la zona de influencia como “la boca del lobo”, expresó: “Se trata de un proyecto urbanístico en el bajo autopista para curar una herida que produjo el paso de la misma. Hoy el desarrollo urbanístico y social ha quedado cortado por la autopista. El aspecto turístico del proyecto trata de unir ambas zonas para que la circulación sea posible”.

Por su parte, el mismo día, Luis Grossman, director general de la Dirección del Casco Histórico de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, apoyó la cesión de las tierras y manifestó: “Las autopistas urbanas producen heridas que nunca se terminan de cerrar. Pasaron 40 años y distintos gobiernos y el tema no se resolvió. Si bien apoyo el énfasis con que el barrio defiende las actividades, considero que un proyecto como el planteado aquí tiende a resolver lo ocurrido. Allí el vecindario recuperaría la conectividad entre dos zonas, algo hay que hacer y esto puede ser lo indicado”.

Las promesas visitaron todos los matices. El 27 de septiembre, el Jefe de Gabinete porteño y presidente del PRO en la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se juntó con los vecinos de la Comuna 1 y derivó el asunto a Cristina Brunet, la Presidente comunal. “En esa reunión ella desconoció que me había dicho que la cuestión no le competía y que no le interesaba. Después, le enviamos cartas, pedimos juntarnos y nunca se expidió al respecto”, esgrime Moyano.

La única solución que propusieron desde el gobierno de la ciudad es trasladar las actividades que se realizan en el predio a las canchas del club Nikkei (pertenece a la comunidad japonesa) que tiene 1000 metros cuadrados menos de superficie. De las 14 escuelas que, según la ordenanza municipal, deben utilizar las instalaciones del Martina Céspedes, por falta de espacio, sólo las utilizan siete. “No entramos”, dicen. Ese recurso, la eventual mudanza, lo único que hizo fue sumar a la comunidad japonesa al reclamo de los vecinos de San Telmo.

Producto de la movilización de todo un barrio, el proyecto cayó a la Comisión de Obras y Servicios y para volver a la Legislatura debe ser reformado en las comisiones, obtener quorum y recién ahí pasar a agenda parlamentaria. En caso de que logren cumplir con esos pasos, deberá ser aprobado por una mayoría especial de 40 votos (sobre 60 legisladores). “Nada de eso debería pasar. Pero sabemos cómo se manejan y los intereses que hay de por medio”, confiesa Moyano. Por eso, siguen repartiendo folletos con las 29 firmas obtenidas “como para que la gente sepa y los legisladores no se olviden de lo que prometieron”, cuenta. Además, el jueves 29 se realizará un festival en el que participarán las bandas musicales de todas las escuelas que utilizan el predio. “No queremos involucrar a los chicos pero ellos nos piden participar y defender lo que les corresponde”, grafica una de las madres del Normal 3.

Los afiches que adornan San Telmo son contundentes: “No necesitamos lo que ustedes quieren que necesitemos. Necesitamos el Predio Martina Céspedes y nada más”. Palabras que se hicieron bandera, reclamo y resistencia de un barrio en defensa de lo que les pertenece. No quieren un hotel boutique, negocios de ropa de alta costura, menos un shopping y mucho menos la revalorización de la propiedad. Saben que es un pedido informal de desalojo, el primer paso a eso. “Se motivará a muchos propietarios para que mejoren los inmuebles del barrio”, dicen (no tan) por lo bajo en los pasillos de la presidencia comunal. Quieren que sus hijos jueguen, que hagan deporte. No quieren campeones, quieren personas. Con eso alcanza.