Adiós al muro de la verdad

Se trata de una pared que pertenecía a la estructura de un ex Centro Clandestino de Detención de la última dictadura, ubicado en la localidad cordobesa Pilar. La misma era una prueba fundamental para juicios aún no resueltos relacionados a víctimas del Terrorismo de Estado, pero ya no está. El intendente por la UCR, Diego Bechis, ordenó un violento desalojo de una familia que vivía hace veinte años en un predio contiguo al muro, y en medio del miedo, la impunidad destruyó esta prueba histórica.

Hace pocos días, el viernes 19 de octubre, el intendente de la localidad cordobesa Pilar, Diego Bechis, ordenó un violento desalojo que tuvo como protagonistas estelares a policías y gendarmes que “debían sacar a una familia que estaba ocupando un predio”, según el pedido explícito de Bechis. El predio en cuestión está exactamente al lado del ex Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como Puesto Caminero de Pilar, así surge un segundo conflicto: por orden del intendente, perteneciente a la Unión Cívica Radical, los empleados municipales demolieron la única pared que quedaba como señalización de que en Pilar funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar. Es decir, acabaron con una contundente prueba histórica.
El Puesto Caminero de Pilar estaba ubicado en la Ruta nacional 9 y es reconocido, hoy, como un espacio de memoria por el Archivo Nacional de la Memoria, por la Comisión de Memoria de Córdoba y por el propio Municipio de Pilar. Qué ironía. El edificio en sí fue demolido hace varios años, por eso en su lugar como símbolo había quedado en pie un muro y una plaza que se transformaron en un espacio de reflexión viva. El muro no tenía ninguna relación física ni legal con la casa del desalojo, pero la impunidad y la inoperancia de las fuerzas de seguridad lo destruyeron.
Más allá del valor histórico del lugar, ya que era la ubicación exacta en donde se cometieron delitos de lesa humanidad que todavía no fueron juzgados, cuya desaparición afectará a los procesos judiciales relacionados a la última dictadura, se cuela la situación de la familia desalojada por orden del juzgado de Río Segundo. Vivían hace más de veinte años en ese lugar y no se les respetó su derecho a la vivienda al desconocer que tienen en proceso un juicio por usucapión de la casa, por la cantidad de años que llevan manteniendo su hogar allí. Pero las irregularidades siguieron, porque los vecinos que intentaron detener esa maniobra inescrupulosa fueron amenazados. Sí, los amenazaron por defender un sitio histórico para los derechos humanos argentinos.
La organización H.I.J.O.S, en especial la rama que radica en la provincia de Córdoba, tomó la causa y a través de un comunicado catalogó al accionar del municipio de Pilar como “ilegal y violatorio de los derechos humanos”, al mismo tiempo que exigieron “la inmediata preservación del lugar de memoria y el inmediato esclarecimiento de los hechos”.
Dos días después del vergonzoso desalojo, y ante diferentes denuncias públicas, el secretario de Gobierno admitió ante unos 40 vecinos autoconvocados a la Municipalidad que “había sido un error”. Sin embargo, a la noche salió en la televisión provincial diciendo exactamente lo contrario, hasta se animó a aclarar que habían utilizado los servicios de un “antropólogo forense” en la destrucción del sitio. Los vecinos de Pilar están movilizados y quieren visibilizar el autoritarismo violatorio de las normas jurídicas y humanas que impone el intendente Bechis, por eso realizarán diferentes marchas durante las primeras semanas de noviembre.