A un mes del secuestro

Pasó un mes de la desaparición de Alfonso Severo. Pasó un tiempo del asesinato de Mariano Ferreyra. En ese rodeo, qué pasa con la causa. ¿Nada cambia? ¿Fue como si no pasara nada? Especialistas analizan el caso

Foto: NosDigital

Luego de su desaparición durante el 4 de octubre, el Tribunal Oral 21 decidió citar a Alfonso Severo para que declarara el pasado martes 16 de octubre en el juicio por el crimen a Mariano Ferreyra. Con la impunidad a cuestas, el debido proceso judicial encaró nuevamente su curso. Pero, ¿se sigue igual?, ¿qué huellas quedan en el procedimiento?, ¿qué pasará con el resto de los testigos? ¿Afectó la desaparición-aparición la declaración de Severo? Las respuestas las dan los abogados de las querellas del juicio: María del Carmen Verdú e Ismael Janil, de la Coordinación Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y Claudia Ferrero de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), que representan la querella de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre, Ariel Pintos y otros cuatro militantes del Partido Obrero (PO) heridos y lesionados en el mismo ataque que resultó asesinado Ferreyra; y Maxi Medina, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representante de la querella de Beatriz Rial, madre de Mariano ¿Qué lectura hacen a casi un mes del secuestro? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué apareció? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cambia el curso del juicio?

La doctora Verdú recuerda los hechos que ponían en peligro al testigo “desde el primer día”: “El 21 de octubre, un día después del crimen de Mariano, Severo denunció que su casa de Sarandí había sido baleada durante la madrugada por personas desconocidas”. Para la abogada de CORREPI, este ataque con armas poderosas, de calibre 40 y 45, según las pericias, fue “un ataque claro y específico” que evidenciaba que el papel de Severo iba a ser importante en el proceso. “Como ex gerente de Ferrobaires y como un hombre de experiencia dentro del ámbito de trabajo en el ferrocarril, vinculó el ataque con su negativa a participar del grupo que había recibido la orden de la Unión Ferroviaria (UF) y de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) de impedir la movilización de los tercerizados a cualquier costo”, denunció. Claudia Ferrero, una vez aparecido Severo, al cabo de 24 horas, exigió que el Estado “se haga cargo de lo sucedido y dé una respuesta clave ante el hecho para que no afecte el debido procedimiento del juicio ni de ningún otro”. Además apuntó a encontrar a los responsables “rápidamente” e investigar los datos y pruebas para “apresar a los autores materiales e ideológicos” del secuestro de Severo. “Es la única forma de garantizar que esto no vuelva a pasar”, definió. El abogado de la otra querella, Maxi Medina, recuerda que “en su momento estuvieron muy preocupados y lo vincularon directamente con su participación en el juicio”, pero, sin embargo, “sería imprudente tomar posición alguna de lo ocurrido porque hay autoridades judiciales interviniendo”.

A la hora de encontrar responsables políticos, la doctora Ferrero señaló al ministro de Justicia Julio Alak: “Relativizó el hecho sin dar pronosticaciones concretas y puso en la mira a la víctima”. “Vamos por caminos equivocados”, expresó. Por su parte, Verdú señaló a la estructura estatal: “Pedirle a un uniformado, o cualquier representante del sistema represivo del Estado, que cuide a un testigo en el marco de un juicio que investiga al propio Estado Nacional y tiene imputados a siete policías es lo mismo que poner a un zorro a cuidar el gallinero”.

El debate de cómo se deben proteger los testigos importantes del juicio entró en tensión nuevamente. Aunque Alak se haya excusado, mientras Severo estaba desaparecido, diciendo que éste no había pedido custodia, las representantes de las querellas fueron más allá en el análisis. “El tema de cómo cuidar a los testigos es complejo: sólo se puede proteger a alguien eliminando la impunidad”, dijo Ferrero. Según la doctora de APEL aceptar el programa de protección de testigo implica un “cambio total en los ritmos de vida” debido a que hay “una invasión a la privacidad personal” que hace que el testigo prefiera no recurrir a esa protección. “Entonces, ¿cómo vamos a proteger a los que declaran si la impunidad no acaba? Se deben encontrar los responsables del secuestro de Severo. Es el único camino para dar seguridad a los demás testigos, los otros son atajos.” Por su parte, la abogada de CORREPI expresó que “independientemente del color del uniforme” siempre es el “mismo aparato represivo estatal” el que se encarga de las custodias. “Tener a un gendarme reportando al Ministerio de Seguridad cuando vas al supermercado o llevás a los chicos al colegio es lo mismo que tener a un policía o uno de la Unión Ferroviaria.” “Desde CORREPI sugerimos y preferimos cuidarnos solos, entre nosotros mismos”, concluyó.

Al suponer un por qué específico de la desaparición de Severo y no de otro testigo, la querella de los militantes heridos del PO lo atribuyó a los datos que había declarado cuando el juicio se encontraba en etapa de instrucción. Verdú lo explica: “Severo aportó detalles jugosos, de primera mano, respecto a cómo se manejaba la situación de armas y de patotas, de gente convocada para integrar grupos de choque, así como los negocios en conjunto de la Unión Ferroviaria, UGOFE y el Gobierno Nacional. Se sabía lo que iba denunciar sobre el manejo interno de la UF, porque era lo que había dicho en tres declaraciones previas: dio direcciones, nombres y lugares donde guardan armas.” Además de la certera desaparición hubo amenazas previas. El testigo había denunciado la balacera del 21 de octubre y llamados telefónicos en la semana previa al secuestro, sin contar la vez que fue expulsado de la Unión Ferroviaria a balazos, en el 2009. “Ya no saben a qué recurrir”, dijo Verdú, y por eso “se defienden con los métodos habituales de la burguesía”. “Quieren impedir el desarrollo normal del juicio.” Al respecto, el otro abogado querellante de CORREPI, Ismael Janil, afirma que “el testimonio de Severo no era central en el juicio” y que habría que “ir a fondo” y enfocarse en que “todavía no se sentaron en el banquillo los capitalistas”, es decir, “toda la pata empresaria”. “Es la única manera de hacer justicia de manera integral”, selló.

“Es un mensaje para la Presidenta”, dijo Severo apenas aparecido. La abogada Ferrero sabe que las declaraciones del testigo contribuyeron a la confusión generalizada, pero aclara: “No me importa lo que haya dicho post-secuestro, me importa el hecho y me preocupa que la policía no lo haya encontrado y que hayan llegado los familiares antes que ellos. El Estado está fallando ante los hechos, entonces no interesa lo que diga la víctima en estado de conmoción. Por ahí él, personalmente, confía en la Presidenta, pero pasa por su fuero íntimo. Lo concreto es que lo único que lo puede ayudar en este juicio es que se encuentren a los responsables de su secuestro”.

Claudia Ferrero interpreta cómo seguirá el juicio luego del secuestro: “La nueva desaparición de un testigo fue un golpe muy duro”. “Creo que hubo una reacción popular muy rápida: no queríamos otro Julio López.” Según la representante legal de la querella “hay que modificar las causas y las razones que llevaron al crimen de Mariano Ferreyra, que son las que se desprenden de la búsqueda de las burocracias sindicales de preservarse en el poder”, porque si no se cambian esos causales “las razones de peligro” que provocaron la muerte de Mariano Ferreyra seguirán “intactas” y, además, “mantendrán en peligro a los testigos que pueden incriminar a cualquiera de los 17 imputados” que tiene la causa. A la hora de entender por qué apareció en poco menos de un día, la doctora de APEL explica que Severo se había convertido en alguien que “quemaba” y por eso “tuvieron que largarlo rápido”. “Nosotros sabíamos que debíamos dar una respuesta contundente ante el secuestro: la movilización a la Plaza de Mayo fue esa respuesta.” Además, continuó Ferrero, “creo que hubo una orden del Ejecutivo a sus fuerzas de seguridad de que había que encontrarlo y por eso, también, los que lo tenían lo abandonaron rápido”.

El martes 16 de octubre, Severo, finalmente, declaró. Las dudas rondaban en si su discurso iba a variar respecto a la primera instancia y si, entonces, cambiaría el curso del juicio. El abogado Janil cuenta: “Su testimonio no fue nada sorprendente. No agregó nada nuevo a la causa que no haya dicho en etapa de instrucción, en primera instancia. Tampoco omitió nada. La desaparición de Severo en el destino del juicio no cubre lo que el aparato patoteril de estos señores perseguía”. “El amague que tuvieron los que llevaron a cabo la desaparición del testigo fue rápidamente abortado por la gran presión popular que desencadenó, que se inscribe en la misma línea que permitió llevar a los imputados a juicio.”

Las partes de ambas querellas coinciden en que la declaración de Severo no se vio alterada post-secuestro. “Severo declaró en la misma línea que lo había hecho en la instrucción”, dijo el abogado del CELS Medina. Además, opinó sobre el papel del testigo: “En relación a lo que se discute en el juicio oral por el homicidio de Mariano no ha tenido relevancia ni argumento alguno porque el testimonio de Severo no era clave ni fundamental. Era un aporte más, importante como todos. No es la base de la acusación. El juicio sigue en sus carriles normales”. La Justicia, según Medina, ha tenido que saltear “múltiples obstáculos” en los dos años que lleva el juicio y a su criterio lo ha hecho de “manera positiva”.

Si bien existen diferencias políticas entre los organismos y organizaciones que representan las distintas querellas, es decir, entre el CELS, por un lado, y CORREPI y APEL, por el otro, sobre todo en cuanto a la responsabilidad que le toca al Estado Nacional, ambas acusaciones coinciden en las cuestiones generales técnicas del juicio, en las carátulas y, sobre todo, en las sentencias: perpetua para todos.