Mercedes Benz sabe desaparecer

“Hubo una asamblea sindical en la que participaban todos los gremios que había en Mercedes Benz, ahí se iba a tratar un conflicto por las vacaciones y por la reincorporación de unos empleados, luego de una huelga de más de veinte días. Todos los delegados accedieron al petitorio de la patronal, menos mi papá y otros compañeros que eran independientes al gremio mayoritario (SMATA). Esa misma noche, la madrugada del 5 de enero de 1977, se lo llevaron.” Malena es hija de Esteban Reimer, militante de la Juventud Peronista y delegado de la fábrica automotriz alemana, donde fue secuestrado por no querer tranzar con la empresa. Este caso se repitió con 17 nombres, 17 secuestros impulsados desde Mercedes Benz durante la dictadura. Solo tres aparecieron y fueron los que contaron bien qué pasó.

El año pasado se cumplieron sesenta años desde que Mercedes Benz pisó suelo argentino, donde desde principio se erigió como una de las empresas automotrices cuyas ganancias más iban a contribuir al crecimiento del modelo económico actual. Hubo un acto encabezado por Cristina Kirchner, hubo festejos y agradecimientos a unos cuantos empresarios alemanes que se sentaron detrás del atril presidencial para escuchar, atentos, una enumeración larga de apellidos difíciles de pronunciar, balances, ganancias, etc. Curioso y chocante si volamos por un rato a los años setenta. Allí, yace inmóvil una lista de catorce nombres que todavía esperan justicia. Todos ellos fueron empleados de la firma alemana y por encarar una lucha por derechos laborales o por elegir no ser cómplices de la impunidad empresarial fueron secuestrados y desaparecidos. Una causa que es una deuda aún pendiente, que no se resuelve. Lo que nos queda son tres testigos sobrevivientes de una dictadura cívico, militar, pero sobretodo, económica; cuarenta años; y una reverencia inentendible.

Esta es una historia de buchones y de políticas claras para eliminar todo grito de protesta laboral. Querían disolver los gremios a toda costa. ¿Por qué? Esta empresa, como también Ledesma, Ford, Acindar, Astarsa, entre tantas, se benefició con el nuevo sistema económico que venía bajo el ala de las fuerzas armadas: un creciente poder sobre los trabajadores les abría terreno a una mayor explotación, con menores costos y muchos beneficios, ya que le transferían al Estado sus deudas privadas. Mercedes Benz, dueña de una inmensa facturación y además uno de los centros industriales más importantes del país, tenía como principal cliente al Ejército en la venta de camiones. Además, desde la firma donaban equipamiento obstétrico para el Hospital Militar de Campo de Mayo, que se utilizó en muchos partos clandestinos de mujeres desaparecidas.

En octubre de 1975, los obreros de Mercedes Benz se organizaron y movilizaron en rechazo a los representantes que había elegido a dedo el por entonces SMATA, sindicato de trabajadores del gremio mecánico y automotor a nivel nacional. Estas personas designadas no defendían los intereses de los empleados, sino que negociaban constantemente con los directivos de la empresa. Decididos, los cuatro mil empleados de la planta de González Catán lograron componer una asamblea de gran concurrencia en donde eligieron una nueva comisión interna compuesta por nueve representantes, “el grupo de los nueve”. SMATA catalogó de inválida a la nueva comisión, y la empresa despidió a 115 obreros, entre quienes estaban casualmente las 17 víctimas que después iban a sufrir el secuestro.

El 24 de octubre del 75, en medio de una huelga que duró veinte días, Montoneros secuestró al Jefe de Producción de la planta, Heinrich Metz. El pedido era claro: reincorporar a todos los empleados que habían sido apartados de sus puestos. El pedido fue concedido y desde Montoneros exigieron un pago por el rescate. Quedará a partir de esto en evidencia una de las prácticas fraudulentas de filial nacional de la empresa, ya que declaron a la matriz en Alemania que el pedido fue de siete millones de dólares, mientras que la organización de finanzas guerrillera aún sostiene que fueron dos.

                El revuelo volvió a la fábrica entre fines del 75 y principios del 76. El Ministro de Trabajo de ese momento, Carlos Ruckauf, promovió un decreto que estimulaba el “aniquilamiento de la subversión en los centros industriales”, es decir, establecía a la lucha obrera como un proceso de “guerrilla industrial”. SMATA aceptó esta política y firmó el convenio, que entró en vigencia en Mercedes Benz a partir del 21 de julio del 75. Este acuerdo derivaba el 1% del precio de venta de cada vehículo a la formación de un fondo extraordinario para la “erradicación de elementos negativos” de la fábrica. Este dinero lo administraba la misma dirección de SMATA sin auditoría alguna, a cambio de que aquella entidad, supuestamente representativa de los trabajadores, pero que en realidad había sido siempre cuestionada, garantizara una represión efectiva. Apenas irrumpió el golpe militar en 1976, comenzaron los secuestros de trabajadores y activistas.

El acusado de entregar ala Policíalas listas con las direcciones de las víctimas es Juan Ronaldo Tasselkraut, ex gerente general de Mercedes Benz. Además, presenta una causa en trámite por la sospecha de apropiación de un varón cuya partida de nacimiento afirma que nació el 19 de agosto de 1974 (su hermano también está sospechado de haber apropiado ilegalmente a otros dos chicos). La participación de la empresa en la represión se documentó a través de los testimonios de los tres sobrevivientes. El mismo Tasselkraut fue bien crudo en una de sus respuestas en un Juicio porla Verdaden los tribunales deLa Platacuando le preguntaron si había alguna relación entre la disminución de los conflictos en la fábrica, la desaparición de obreros militantes y la productividad: “Y… milagros no hay” contestó en crudo.

Actualmente, la causa se encuentra en plena etapa de instrucción. Como pasa con la mayoría de los juicios penales de lesa humanidad, la etapa de recolección de pruebas y testimonios lleva mucho tiempo, hasta después recién elevarse a juicio, donde las partes acusadoras, querella y fiscalía debe enfrentarse a la defensa de los acusados.