“Hay un muerto por día por gatillo fácil”

María del Carmen Verdú, directora de Correpi, cuenta lo que nadie quiere oír: que la policía mata, que tortura, que ir detenido puede ser tremendo, que el gobierno de los Kirchner ha sido el que tiene los mayores índices en esta clase de violencia, que el periodismo oculta porque descree y que las cárceles no sirven. Una visita al mapa de lo violento.

“Yo en esos momentos tenía el arma en la cintura, con una mano apoyada en la pistolera. En algún momento la saqué. Luego la tomo. Empezó el forcejeo. En algún momento se me cae la pistola. Cae al piso. Yo estaba de costado, forcejeando. Este sujeto se agacha para tomar el arma. Yo intento acercarme al arma para que no la tome. No recuerdo bien si logró tomarla. No recuerdo si nos levantamos los dos con el arma en la mano, pero sí que había un forcejeo. Cuando me repongo siento un chasquido. Ahí se quedó todo. No sé si cuando se cayó al piso se montó. No lo sé, sinceramente. No sé lo que pudo haber pasado. Pero sí, en el forcejeo salió el disparo. En esos momentos observé a la persona. Estábamos los dos medio de frente, casi de costado. Mi hombro izquierdo estaba dirigido hacia esta persona. Cuando mi arma se cayó al piso lo que intenté es recuperarla porque esta persona se avalanzó hacia el arma. Realmente tuve mucho miedo. Luego pasé lo que le comenté. La altura que quedó el arma cuando siento el chasquido es por encima de la cabeza de los dos. Aproximadamente unos 20 centímetros por encima de la cabeza de los dos. Mi altura aproximada es 1.79 metros. Al momento del chasquido, el damnificado estaba erguido y ofreciéndome el perfil derecho”, declaró el policía Naredo, el asesino de Jon Camafreitas. Las pericias dicen que estaba parado, que su víctima, semiagachada, sintió la presión de un arma en la nuca, del otro lado de la gorra, y un fuego que le atravesó la cabeza. La 9 milímetros que portaba Naredo estaba absolutamente estropeada, llena de óxido y muy mal cuidada. Para desplazar la corredera había que hacer mucha más fuerza que de costumbre. Por lo cual, que se dispare en una caída es prácticamente imposible.

“Fue un fusilamiento”, no dudó nunca María del Carmen Verdú, la directora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que el viernes 27 de la entrevista, esperaba a Delia, la madre de Jon, para instar la detención y el procesamiento. Hasta entonces, Naredo estaba con una “falta de mérito”.

-¿Siempre suena así el teléfono con casos de gatillo fácil?
-El promedio es de un muerto por día por gatillo fácil, tortura o alguna de las otras torturas de menor incidencia. Esto es lo que nos canta el archivo, un laburo que venimos haciendo desde 1996, donde tratamos de compilar todos los casos que obtenemos de todo caso que podamos caracterizar como muerte a manos del aparato represivo estatal. Casos de muerte de la víctima -porque si fuera de sobrevivientes, no haríamos otra cosa que tipear todo el día- de un miembro del aparato de represión estatal (seguridad privada, policía, gendarmería, prefecto, guardiacárcel), y solo casos donde la víctima no haya muerto generando riesgo para terceros o para ese funcionario. No es un conteo de civiles muertos, como el que hace el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que si el gordo Valor se tirotea mano a mano con un policía, lo cuenta igual, y después cuenta los policías muertos. A nosotros los policías muertos no nos interesan. Lo que sí registramos son las muertes de la ejecución concreta de la política represiva estatal. No a un tipo que se tirotea en serio con un cana para asaltar un camión blindado. Hay dos modalidades que se llevan el ochenta por ciento de los 1800 casos en los últimos 10 años: el gatillo fácil (fusilamiento en la calle) y las muertes bajo custodia (cárceles, comisarías, lugares de detención de menores), muchas de ellas resultados de la aplicación directa de la tortura. Otras modalidades tienen menor incidencia, como las desapariciones, muertes en movilizaciones o manifestaciones.

-¿Cuántos casos de desapariciones, en democracia y por las fuerzas de seguridad, hay?
– 110 de los cuales trascienden muy pocas. La cotidianeidad de la represión estatal no es noticia para los grandes medios y muchas veces los medios chicos se nutren de la información de las grandes agencias.

-¿Y por qué no son noticia, por ejemplo, las cotidianas torturas?
-Si no aparece el video, los medios no lo creen. Para que aparezca ese video hace falta un policía que lo filme y que después sea suficientemente ridículo como para colgarlo en Internet. Con el video de Salta pasó lo mismo que con el de los marines en Abu Ghraib. Los defensores de los yanquis dicen que Estados Unidos no tortura, es derecho y humano, que son el reino de la libertad y la tierra de las oportunidades. Cuando apareció el video empezaron a hablar de los psicópatas reclutados por error en el cuerpo militar. Con Salta pasa lo mismo. Todos sabemos que antes ya los marines torturaban. En Salta y en cualquier cárcel, también torturan sistemáticamente. Cualquier diario lo va a publicar recién cuando aparece el video. En nuestros boletines semanales siempre aparecen casos, y solo una minoría de los que salen cagados a palos por la policía viene a contárnoslo.

-¿Bajó alguno de estos índices en los últimos 9 años?
-Nunca bajó un solo índice.

-¿Ni siquiera el de muertes en movilizaciones?
-El gobierno peronista de los Kirchner tiene el récord absoluto en relación a la protesta social, con la sola excepción de los últimos dos días del gobierno de la Alianza, porque para matar 39 personas en 48 horas hay que ser De la Rúa o Álvarez –que en el primer tramo del gobierno participó. Que después haya renunciado es otra historia-. Con esa excepción, tiene más muertos que Alfonsín, De la Rúa, Duhalde y Menem.

-¿Por eso no hablan de abuso policial, porque los índices se mantienen o crecen?
-Un abuso es un uso excesivo. Si fuera un abuso pegarle un pibe, dispararle siete tiros por la espalda o dar bolsita se admitiría tácitamente que hay un uso correcto. Nosotros no creemos que la policía sea una institución necesaria para la garantía de las libertades de las personas que por un mal uso de alguno de sus miembros, a veces se mandan alguna de estas macanas. Así como decíamos hace treinta años “no hay errores, no hay excesos”, por la dictadura, tampoco hay excesos ni errores que expliquen el gatillo fácil, las torturas sistemáticas, las detenciones arbitrarias o las desapariciones.

-¿Qué excusas judiciales para la defensa se repiten?
-Excusas judiciales que se utilizan en el marco de las causas hay infinidades, tantas como policías involucrados en fusilamientos de pibes: armas que se disparan solas… Esto es como los chistes, decía Rodolfo Walsh en “El enigma de la matanza”: así como hay un límite de chistes que se van adaptando, también hay un número limitado de excusas que se van aggiornando. En general, son el arma que se disparó sola, la pistola que se golpeó contra la pared, el enfrentamiento (con arma plantada a la víctima y modificación del lugar del hecho). Pero de todas maneras, los que se encargan de garantizar la defensa del policía no son solamente ellos y sus defensores. Muchas veces también hay abogados de planta del Ministerio de Seguridad, antes de Justicia, que no trata de la misma manera al policía acusado de fusilar a un pibe que a ese pibe acusado de manotear una cartera. El primer dato objetivo es que, si se aplicara al conjunto de la población carcelaria el mismo criterio de excarcelación que se usa con los policías, tendríamos que ir a Hollywood a contratar extras que hagan de presos, porque no quedaría ni el loro adentro. En el barrio nadie va a conocer a alguien condenado a doce años de prisión por homicidio que esté excarcelado desde el momento del juicio con el único argumento de que tiene buen concepto de sus empleadores, en este caso la policía (Oscar Ayunta, asesino de Christopher Torres), o si conoce a alguien condenado a prisión perpetua por tortura seguida de muerte y que esté excarcelado, como el oficial Gnopko, con el caso Gallardo, o con tres de los cinco asesinos de Sergio Durán, condenados a perpetua y excarcelados a los 10 años porque el tribunal de Casación no tuvo tiempo todavía de revisar la sentencia ante el recurso de la defensa. En cualquier caso que no se trate de ricos, famoso o sus perros guardianes, las condenas se cumplen en la cárcel, no en la calle.

-¿Cómo funciona el circuito de comunicación de la víctima con ustedes?
-Depende de los casos. Hay situaciones en las que hay algún tipo de conocimiento directo por algún vecino del barrio. El 20 de julio, a las 5 de la madrugada, en Moreno, un policía de la Federal fusiló con tres tiros en la espalda a un pibito de 19 años. Ese pibito era vecino y había sido amigo de Christopher Torres, el hijo de Julia y Walter, dos militantes de CORREPI que desde que el policía del grupo Halcón Oscar Ayunta lo fusiló, militan con nosotros. En otras ocasiones nos ponemos en contacto uno, dos o tres años después porque recién ahí la familia obtiene algún contacto. No todo el mundo sabe entrar a internet. La vía de comunicación más directa es a través de los vecinos. Es un trabajo de hormiga.

Imagen: NosDigital

-¿Y el circuito de la víctima hacia la justicia?
-Es sumamente difícil. No es lo mismo buscar un abogado diciendo “Yo estaba en el tren de Once que chocó” que en una situación en la que primero se tiene que despejar el prejuicio de que si la policía mató a tu pibe o él se colgó en una comisaría -porque el 90 por ciento de las muertes en comisaría se presentan como suicidios-, por algo será. Hay casos que tienen alguna visibilidad porque la víctima pertenece a un sector social distinto y estaba en el lugar equivocado con la pinta equivocada, lo que genera una conmoción en los medios porque mataron a alguien que “vale la pena” o porque se generó una reacción popular inmediata que impide que la cosa pase como “joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden”, como pasó en Baradero con Mauro Rotella o Bariloche con Diego Bonefoi. En estos últimos casos el gran obstáculo para la organización independiente de los familiares o las víctimas sobrevivientes es el mecanismo de cooptación que inmediatamente pone en marcha el gobierno, ocurra donde ocurra el hecho. Pasó con las víctimas de la Masacre de Magdalena, los 33 presos quemados en el Pabellón 16. Pasó con Rotella, con Bonefoi, De Monti (el pibe que tiraron en Riachuelo los Federales). Inmediatamente empiezan a caer en paracaídas secretarios de Derechos Humanos, programa de asistencia a la víctima, programa nacional antiimpunidad, observatorios contra la tortura: toda esa miríada de organismos que inventa el estado para ser su cara buena, para aparecer del lado de la víctima como si no fueran parte del mismo aparato estatal que los mató, torturó o desapareció.

-Un argumento progre usado para justificar su existencia es que las cárceles son necesarias porque si no, ¿qué hacés, por ejemplo, con los genocidas?
-En un sistema diferente ya los hubiéramos fusilado. Viviendo, como vivimos, en una sociedad capitalista, y sí: hace falta encerrarlos en la cárcel. Nosotros recurrimos al aparato judicial para intentar meter presos a los policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles porque todavía no tenemos la posibilidad de tener otro tipo de justicia en manos del pueblo. Hoy no tengo un tribunal popular y una cárcel del pueblo donde encerrarlos. Mientras no haya esa posibilidad, ¿qué querés que haga? Por descontado que para el capitalismo las cárceles son imprescindibles. Desde que existen, las cárceles están llenas de pobres. Nunca hubo ricos en las cárceles.

-¿Cómo funcionan las cárceles hacia el periodismo?
-Tenés que ir preso para entrar. En el barrio te enterás. Nuestros militantes no abogados no pueden entrar, salvo como visita de cualquier preso. Hay que pasar la requisa. Con los pibes jovencitos les gusta hurguetear. Es sumamente vejatorio.

-¿No es un mito eso?
-No conozco a nadie que haya entrado a una cárcel sin ser requisado, salvo los abogados que tenemos el privilegio de entrar sin que nos revisen más que el bolso o la cartera. Es más, alguna vez que hemos tenido que acceder de urgencia a ver a algún preso en situación en la que, por algún motivo no nos permitían ingresar como abogados, hemos tenido que ser requisados nosotros.

-¿Requisado qué implica?
-Requisa íntima: todos los orificios. Tacto rectal y vaginal. Hay que bajarse el pantalón, agacharse, respirar hondo y hacer fuerza para que puedan ver si encuentran droga en el ano o en la vagina. De hecho, una mujer menstruando, con tampón, no puede entrar porque se lo hacen retirar por si en el tampón lleva algo oculto.

-¿Cómo se hace, con todas estas barreras, para que haya algún caso donde el policía asesino termine preso?
-Tenemos que ser todavía mejores que los mejores porque estamos confrontando contra todo el aparato estatal en su conjunto, pero sabemos perfectamente que cuando logramos meterles suficiente presión a un tribunal para que condene es porque tenemos mil quinientas personas en la puerta haciendo un escrache, no porque mi alegato los conmovió. Al margen de que las herramientas técnicas las tenemos que usar muy bien. El punto es el planteo político.

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