La soja desalojada

El periodista Darío Aranda leyó un día que llamar tierra al territorio es vaciarlo de su cultura y de sus costumbres. También aprendió que para llenar los campos del grano que más se exporta en Argentina y que más destruye el suelo, había que sacar a los aborígenes de sus lugares. Variadas, violentas y con muertes: las formas de echar a alguien de su espacio son muchas con tal de seguir plantando.

No sé si Darío Aranda será del 60 por ciento de los argentinos con antecedentes indígenas, pero desde que trabaja junto a comunidades campesinas e indigenas en talleres de periodismo y comunicación social, seguro que le indigna cómo el “modelo económico extractivo” perjudica a las poblaciones rurales.
Sabe que la Constitución, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconoce la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y asegura la participación en la gestión refeida a sus recursos naturales y a los intereses que los afecten.
Sabe que el modelo sojero, no.
Leyó un día que llamar tierra al territorio es quitarle la carga de costumbres, cultura e historia para dejarle solo la consideración de “bien económico”.
Y entendió.
Esos suelos ricos en gas, en petróleo, en tierra fértil, son el piso de comunidades pobres. Eran. La falta de trabajo remunerado, los contaminantes, las represiones, las golpizas, la insalubridad de las viviendas, la falta de agua potable domiciliaria, de cloacas, de gas, el analfabetismo, los asesinatos, el genocidio los deshabitan.
Los relevamientos catastrales que ordenan leyes como la 26.160, de “Reparación Histórica”, que suspendía los desalojos y comprometía al Estado a hacer un relevamiento catastral para entregar la tenencia definitiva a las poblaciones que ocuparon tierras ancestralmente. Suspendido está el acatamiento de esa ley, que tres años después de sancionada necesitó prorrogar el plazo de estudios por 4 años más, hasta 2013.
¿Qué hay con la soja?
En Argentina Originaria. Genocidios, saqueos y resistencias, Darío Aranda lo investigó y lo relacionó con esta continuidad de lo que llama genocidio. “Las elites del agro lo promocionan como un modelo muy desarrollado y eficiente, sin embargo la otra cara de esta forma de producir es la represión para desalojar campesinos e indígenas, una gran contaminación del medio ambiente, la alta degradación de los suelos, alta dependencia externa por los insumos, y una gran deuda social ya que la producción de alimentos para los argentinos queda relegada y se prioriza la exportación, logrando una escasa distribución de los ingresos”, le dijeron en el Movimiento Nacional Campesino Indígena que, luego de desalojos, practica las “retomas”, ahora sí, como reparación histórica.

En el país, desde 1970 a 2007, la cosecha de soja creció en toneladas anueles, de 27.000a 43.000.000.
En Salta, los Guaraní, Wichi, Kolla, Qom y Chané sufren el robo de territorios. No más montes, todo es soja. Dice la propia Secretaría de Medio Ambiente de la Nación en su “Inventario Nacional de Bosques Nativos que” que en esa provincia dejaron de existir 414.934 hectáreas entre 2002 y 2006. Se duplicó el desmonte respecto del mismo período de años anterior.
Poca cosa. En Santiago del Estero, se demontaron 515.228 hectáreas en cuatro años.
¿Será por eso que el Movimiento Campesino de Santiago del Estero defiende a los indígenas y campesinos ante las denuncias de usurpación de propiedad privada, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal? Los argumentos sobran: balazo de escopeta para Cristian Ferreyra por resistir un desalojo de su propia tierra, ahí a 60 kilómetros del Monte Quemado. Llevaba dos años denunciando el acoso de empresarios sojeros. Habían cerrado caminos vecinales, amenazado a chicos y matado animales.
Darío Aranda supo recolectar otros casos de violencia:
-El 21 de julio de 2010, hombres armados ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga (en el norte provincial) y golpearon a familias campesinas. La Policía dejó libre a los agresores y detuvo a las víctimas.
-En agosto de 2010, en el paraje santiagueño de Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. La policía no tomó la denuncia de las familias del Mocase.
-El 22 de octubre de 2010 la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo a los agresores.
-En noviembre de 2010, campesinos santiagueños cortaron la ruta 34 durante un mes. Exigieron una ley que frene los desalojos y pidieron detener la represión que padecen en el campo. También, que se ponga en marcha el acuerdo firmado con el gobierno provincial (luego de dos años de diálogo) y firmado el 15 de julio. El Gobernador se había comprometido a solucionar casos urgentes de conflictos por tierras. El Mocase denunció que nada se cumplió.
-En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo de 2011 fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados.
-El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) alertó que sólo en Neuquén hay al menos 250 mapuches imputados por defender el territorio. El Mocase contabilizó “al menos 500 procesados”.
-El referente del Mocase-VC Ricardo Cuellar fue detenido e incomunicado el 2 de agosto. Estuvo una semana en prisión. El delito fue negarse a dejar la tierra donde nació. El 10 de septiembre atacaron con bombas molotov la radio FM Paj Sachama del Mocase.
-El martes 8 de noviembre último dispararon contra el hijo y el nieto de Félix Diaz, referentes qom de Formosa.
-Dos niños guaraníes, de 3 y 7 años, fueron atacados a balazos cuando se refrescaban en un arroyo dentro del territorio de la comunidad Ysyry, localidad de Colonia Delicia, Misiones. Fue el viernes 4 de noviembre y se enmarca en una avanzada de empresarios forestales sobre la comunidad guaraní.
-Campesinos de la comunidad La Verde (departamento mendocino de San Martín) se enfrentaron el lunes pasado con empleados de la empresa coreana Nuevo Cosmos, que pretende instalarse en tierras comunitarias. Los campesinos, junto con la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), fueron atacados por el personal de la empresa.
Costos que no son contabilizados en los debates sobre el modelo, recordaría Miguel Teubal, coautor de Democracia y neoliberalismo en el campo argentino. Una convivencia difícil.
Probablemente, mientras conductores de radio van al baño, alguien te deje resonando “Bunge, Cargill, Monsanto, DuPont… “ y nadie te cuente, ni siquiera en mil palabras por segundo que mientras crece la soja de siembra directa, gracias a los agrotóxicos y las semillas transgénicas, las familias campesinas van siendo arrinconadas y privadas de agua. Ni que esas pooles de siembra sí comparten los venenos que matan todas las malezas y nutrientes que la soja no precisa, y contamina poblaciones cercanas.
Tampoco deben decir lo mismo que Norma Giarraca, docente de sociología del Instituto Gino Germani: “Los inversores llegaron y contrataron guardas privadas de seguridad para expulsar los campesinos. El movimiento indígena fue tratado de la misma forma. Los productores de soja llegaron acompañados de guardias de seguridad, la policía provincial e incluso algunos funcionarios judiciales (el sistema judicial argentino es una vergüenza, sobre todo en Salta y Santiago del Estero). Deshicieron las comunidades, destrozaron sus tierras sagradas, sus cementerios y sus escuelas”.
Ni recordará la tanda publicitaria que el alud de tierra, agua y troncos en Tartagal, que mató a dos personas y destrozó un pueblo en 2009, había sido advertido posible la Universidad Nacional de Salta, por la fragilidad del ambiente ante el desmonte para cultivar soja. “Cuesta decirlo. Son empresas con mucho poder, que decidenla vida del lugar”, le dijo Alfredo Molina, de la Comunidad Guaraní Cherenta a Aranda. La Defensoría del Pueblo de la Nación sí: “El modelo económico impuesto supone la sustitución de bosques centenarios de alta complejidad biológica, cuyo aprovechamiento bien planificado puede alcanzar altos niveles de sostenibilidad, pormonocultivos anuales de estructura simple que, en el mejor de los casos, provocan el agotamiento del suelo entre cinco y cincuenta años dando paso a un desierto yermo”.
Las formas de desalojo sojero son variadas e incluyen la muerte.