Cursos de luto en la Ciudad de Buenos Aires

No están. Los sacaron. Los vaciaron. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso el cierre de 221 grados. Decidió bajar el presupuesto utilizado en un tres por ciento. Aquí, una recopilación de números y de historias que se cruzan para dejar en claro el abandono de la escuela pública en el 2012.

La política sistemática del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que perjudica a la educación pública primaria, secundaria y terciara tuvo este año una nueva escalada: la disposición n° 15 de la Dirección General de Educación que dispuso el cierre de 221 grados, 143 grados de primaria, 53 de nivel medio y 25 cursos de escuelas técnicas. Desde el 29 febrero en que se decretó la medida hasta hoy, docentes, alumnos y padres lograron apenas que el número se reduzca a 96 de los cursos, siendo la mayoría ya disueltos y sólo algunos que continúan resistiendo.

La resolución se aplica en base a una norma vigente desde 1997 (que ningún gobierno usó) que plantea la reubicación de los docentes “en el lugar donde más se los necesita”, estando contemplada la posibilidad del cierre de cursos como forma de integrar alumnos. El propio Macri argumentó la disposición según las cantidades de alumnos en los grados: “en las escuelas del sur hay mucha demanda, los grados están saturados de alumnos, mientras que en el norte hay muchas clases con 9, 11 y 12 alumnos cuando la ley marca que tiene que haber por lo menos 25″. Qué dijo Esteban Bullrich: “la integración propiciada contempla una nueva reasignación del espacio físico, que posibilitará la apertura de 52 salas de educación inicial, que beneficiarán a aproximadamente 1500 niños”.

La calculadora de Bullrich, por lo pronto, anda mal. Su perspectiva de los beneficios que traerá la reciente norma muy lejos está de los reclamos que se estallaron en toda Capital federal, en una organización inédita entre docentes, padres y alumnos que siguen planeando la resistencia en asambleas distritales. Y sobre la demanda en la zona sur, sólo alcanza rastrear las movidas que organizaron las escuelas de ese distrito en solidaridad con el reclamo: “No al cierre de los cursos”.

De movida, el presupuesto de educación en 2012 reduce aproximadamente un 3% la inversión para infraestructura en escuelas públicas y aumenta un 32% los subsidios destinados a las privadas. Mientras el colegio Excelsior recibe $8.238.80, el Calasanz $5.383.021, el Sagrado Corazón $8.466469 y el Marianista $4.171.632 (en una repartición que incluye a 11 colegios más y trepa hasta los $1.332.869.952), la escuela n° 10 debió cerrar 5 de sus 9 cursos, la n° 18 clausuró cuatro de sus nueve y la n° 14 cinco de sus diez grados. Carteles pegados sobre la fachada de la escuela pública n° 3, en Caballito, suman al menos 18 cursos cerrados en colegios secundarios y 15 grados menos en técnicas. El conteo es acompañado por un distintivo negro con forma de escarapela, y una frase: Cursos de luto.

Desde que se conoció la medida, los colegios salieron, literalmente, a la calle. Organizaron una “semana de lucha contra el cierre de grados y cursos” que se inició con una conferencia de prensa frente a la Jefatura de Gobierno, continuó con abrazos a escuelas, cortes de calle y volanteadas, y culminó con una masiva marcha. En ese proceso se fortalecieron asambleas que agrupan distintos colegios según la zona, que trazaban el plan de lucha: cortes de calle en lugares estratégicos del barrio, volanteadas en las plazas, actividades de difusión con los vecinos. También, rescatan los protagonistas, la organización incluyó una fuerte solidaridad de padres y familias de los alumnos. E incluso muchas escuelas que no fueron afectadas participaron de cada de una de estas movidas.

En ningún caso los docentes lograron ser atendidos por autoridades del Gobierno de la Ciudad. La única instancia de diálogo se generó increíblemente a partir del programa radial Perros de la calle, a través de su sección “Evitemos un paro”. Allí reunieron al ministro Bullrich con uno de los titulares del gremio docente Ademys, que intercambiaron sus pareceres sobre el tema, sin mayores resultados. José, docente de uno de los colegios afectados y miembro de Ademys, interpreta estos desencuentros: “Si ya saben cuáles son nuestros reclamos, ¿para qué nos van a recibir? La medida la van a efectivizar igual”.

José es docente de la Escuela n° 4 del barrio de Constitución: “está dentro de una comunidad que atraviesa otros conflictos: desalojos, malas condiciones económicas”. En ese marco, desde hace años que los docentes intentan trazar lazos con la zona y e incluir a los padres en los reclamos de la escuela. Por ejemplo, el año pasado se movilizaron hasta el propio Ministerio y lograron que se instalen estufas en algunas de las aulas. Curtidos en esa lucha lograron que se limiten a dos grados cerrados de los seis que había estipulado el gobierno. Desde su experiencia cuenta por qué el cierre de cursos en los colegios públicos de la Capital no sólo no resuelve los argumentos que describen quienes decretaron la medida (que podrían resumirse en: superpoblación, calidad pedagógica y reubicación de docentes) sino que empeora su situación aún más:

– “No se contempla para nada las condiciones particulares de los chicos de cada escuela. Tenemos alumnos que están bajo tratamiento psicopedagógico o con capacidades especiales, y parte de nuestro trabajo es contenerlos. Al duplicar la matrícula de cada curso se pierde entones la capacidad de atención sobre estos alumnos y todos en general”

-“Asi, ciertas condiciones pedagógicas se pierden. La mayoría de los docentes que trabajan en primaria lo hacen en doble turno, entonces imagínate si tenés encima el doble de alumnos. Si a dos meses de arrancar las clases tenés un grado y se te suma otro –que fue lo que sucedió, porque la medida se efectivizó una vez iniciado el curso lectivo- la tarea docente no es la misma que con un grupo reducido”

-“En las escuelas donde se cerraron grados da la “casualidad” que eran de docentes que son interinos, es decir, que pueden ser desplazados sin pasar a disponibilidad, porque no son titulares. Entonces quedan despedidos. Es más, una de las dos docentes interinas que tuvimos todavía no enganchó nada…”

Escudados en estas razones, padres, docentes y alumnos lograron estirar el plazo de cierre de los cursos según los tiempos del gobierno porteño. La supervisora encargada de efectivizar el cierre no se presentó el 29 de febrero estipulado, y en ese interín lograron bajar a dos los cursos que serían clausurados. “Por esa presión la supervisora no se hace presente y cita a los directivos para efectivizar el cierre de manera administrativa”, cuenta José. Y aclara: “Es decir, en ningún momento hubo presencia docente”.

La diferencia entre las realidades de José y los cuentos de Macri o el ministro Bullrich no sólo se explican en la inclinada prioridad de la gestión hacia las escuelas privadas, sino también en el desconocimiento absoluto de la situación de cada uno de las escuelas públicas. Tanto los docentes como los propios directivos que firmaron el cierre reconocen que no hubo un relevamiento de información acorde con lo tajante de la medida. José: “Lo increíble es que, teniendo una cantidad enorme de problemas a resolver, como ser la infraestructura, el presupuesto, la contención, e incluso los argumentos que ellos esgrimen como la superpoblación o argumentos pedagógicos, opten por cerrar cursos”.

Si lo increíble es algo extraordinario, algo que no puede creerse o al menos es muy difícil de creer, el gobierno de la Ciudad ha logrado que medidas como éstas se tornen ya completamente creíbles. Desde el conocido Decreto 330 que intenta reglamentar los centros de estudiantes de las escuelas (medida introducida por Ibarra y adaptada por Macri en 2010) hasta el cambio en el estatuto docente en 2011, el gobierno porteño deja en claro su afán de controlar la educación pública para desgastarla.

Una resistencia similar a la de este año con los cursos (movilizaciones, cortes de calle, hasta la toma de la planta baja del Ministerio) sucedió el año pasado tras la iniciativa del gobierno de cambiar los modos en la designación de los docentes. Hasta entonces, la junta encargada de evaluarlos estaba compuesta por responsables del Ministerio y autoridades del sindicato elegidas por votación docente. Históricamente, excepto durante las dictaduras militares, la representación docente tiene mayoría en la votación para la designación de los cargos. El gobierno de Mauricio Macri intentó cambiarlo en 2011, al igual Videla y Onganía: en principio planteó la eliminación de las juntas docentes para poner en su lugar una “oficina de designación docente” a cargo únicamente del Ministerio. “Después, con mucho revuelo se votó un proyecto parecido, que dejaba algunas juntas pero ya sin la mayoría docente”, explica Ana Goldberg, estudiante del Magisterio del Normal 4 y guía en esta nota. “En aquella ocasión se hizo una vigilia en la Legislatura y se tuvo que levantar por una patota que fue a pegarle a los docentes”, recuerda.

Entonces se viene el pasado al presente. El cierre de 96 cursos se interpreta según la misma lógica que el Decreto 330, la modificación del estatuto en la designación docente, en general de toda la política pública: escuelas, hospitales, psiquiátricos.

Entonces se adivina el futuro. “El próximo paso que quieren dar es sobre la evaluación docente”, advierte José. “Quieren implementar un sistema que fracasó en Francia, acá en latinoamérica en Ecuador y en Chile, y es evaluarlo al docente con un puntaje y, según eso, el salario”.

Ante este panorama negro, ya saben: “Hay un núcleo muy fuerte de organización en asambleas distritales, los maestros empezaron a verse las caras, los alumnos conocen las problemáticas, las familias están involucradas”, dice José. Estas cosas no se pueden dejar pasar, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para resistir pero no alcanza, porque en el día a día se juega la educación de los pibes. Por eso estamos y vamos a seguir peleando”.