El Tigre que pretende destruir su historia

Un conjunto de organizaciones vecinales, ambientales e indigenistas se movilizan para preservar un asentamiento arqueológico sagrado indígena en Punta Querandí, Tigre. Se encuentra seriamente amenazado por un emprendimiento privado y la voluntad de desgaste de la movilización por parte la Intendencia.                                                                                                                                                                                                                    

 

 Por Sebastián Hadida

 

“Este es un problema no solamente de los pueblos originarios, sino de la sociedad en su conjunto”, resalta el referente kolla Pedro Moreira, fundador de la Biblioteca Popular Inti Huasi y miembro del Movimiento en Defensa de la Pacha. Su lucha es en contra de la privatización de un sitio arqueológico y ceremonial indígena en Punta Querandí, Tigre.
El conflicto comenzó en 2007, cuando el Estado Nacional vendió a la corporación inmobiliaria EIDICO el terreno milenario de casi dos hectáreas donde se asienta un predio de enorme valor cultural y ritual para los indígenas. Casualmente, el titular de la sociedad anónima, Jorge O´Reilly, es un ex asesor del intendente de Tigre Sergio Massa.
Según el Movimiento en Defensa de la Pacha, el Estado Nacional cedió el boleto de compra venta a O´Reilly, pero no se completó la escritura, por lo cual jurídicamente la transferencia no tiene validez. Sin embargo, esta situación de hecho no impidió que la prepotencia de la empresa, amparándose en un supuesto derecho a la propiedad privada, se lanzara a la realización de obras que deterioraron parcialmente el patrimonio arqueológico y ambiental de Punta Querandí.
EIDICO no sólo contó con la complicidad del Estado (“la empresa controla los resortes del poder” de quien son esas palabras sentencia Pedro Moreira), sino que se sirvió además de fundamentos científicos apócrifos para consumar su obra destructiva. La desarrolladora inmobiliaria contrató a un equipo de antropólogos, liderados por Daniel Loponte, para avalar las condiciones de construcción con informes de impacto arqueológico favorables a los intereses privados. Además, este científico, de acuerdo a la organización indigenista, falsificó un convenio entre el Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires y la empresa, según el cual el primero reconoce la propiedad privada del predio ancestral, lo cual posteriormente fue desmentido categóricamente por Moreira.   
Después de años de intensa actividad de protestas, en octubre de 2010 el gobierno de Tigre condescendió a frenar las obras y clausurar el emprendimiento privado. Desde entonces, el conflicto sigue abierto.
El Estado está siendo tironeado desde los dos sectores enfrentados. Por un lado, EIDICO exige que la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), dependiente del Estado Nacional, resuelva este equívoco legal dando cauce a la escritura de traspaso a capital privado del predio. De hecho, le hizo juicio a esta agencia por el aplazamiento de la resolución. 
Por el otro lado, las asociaciones ambientalistas e indigenistas, sumados a los vecinos autoconvocados, exigen al gobierno de Massa que tome inmediata posesión del sitio, en respuesta a los informes del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas y de la Secretaria de Derechos Humanos bonaerense, que avalan la importancia cultural y arqueológica de Punta Querandí.
Ni una cosa ni la otra. La actitud del gobierno de Tigre, hasta el momento, fue apostar a que las partes se pusieran de acuerdo de manera voluntaria, especulando con que el paso del tiempo podría desgastar la intransigencia de la comunidad organizada.
El subsecretario de Cultura de Tigre, Daniel Fariña, insiste en que el gobierno no puede actuar legalmente. Para colmo, en una reunión en el acampe de Punta Querandí a fines del mes pasado con referentes de las organizaciones en lucha, amenazó con cortar el diálogo si no se paralizaban las movilizaciones de protesta en el distrito. La petición, considerada por el Movimiento en Defensa de la Pacha como un “apriete inaceptable”, no fue aceptada.
Pese a tener el viento en contra, el movimiento indigenista no baja la frente y sigue dando batalla, a fuerza de actividades culturales y actos de protesta. Precisamente, ayer el Movimiento en Defensa de la Pacha convocó a una movilización hacia el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, en el barrio porteño de Belgrano, con el objeto de escrachar a Loponte y reclamar por la protección del sitio sagrado. Asistieron no sólo las organizaciones que defienden los derechos de los pueblos originarios y del medio ambiente, sino además partidos políticos como el Encuentro por la Democracia y la Equidad.
“Nosotros no pedimos la titularidad de la propiedad sino que el predio quede liberado del desastre, y que esté disponible para todos. Por eso no planteamos el reclamo como sectorial. Si así lo fuera, nuestra lucha tendría menos posibilidades. Esa actitud nuestra es un poco lo que a ellos los descoloca, y lo que los deja sin argumentos para defender los intereses corporativos”, señala Moreira.
El predio de Punta Querandí “tiene un gran valor cultural. Esto es incluso reconocido por Loponte”. En la excavación que dirigió el arqueólogo se encontraron restos arqueológicos de más de mil años, como cerámicas y utensilios hechos con piedra y huesos.
El líder aborigen señala que además de la disputa en torno a la preservación del patrimonio cultural aborigen, el movimiento incorpora reivindicaciones ecologistas: “El reclamo también tiene como objetivo preservar la biodiversidad de los humedales, que son muy importantes, ya que son fuentes ricas de biodiversidad. Eso explica que haya sido el lugar elegido para vivir por muchos grupos étnicos seminómades”.
En mayo sucedió un acontecimiento alentador para los activistas. El Concejo Deliberante de Tigre ordenó al gobierno municipal la posesión del sitio con carácter preventivo, apoyándose en los fundamentos de una medida cautelar de abril de este año por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la preservación de un sitio sagrado mapuche en Neuquén (así como también se nutrió de una extensa lista de normativas y resoluciones nacionales e internacionales).
Esta decisión (aún no obedecida por el gobierno) abre mejores perspectivas de cara a la resolución del conflicto, que llevará su tiempo. Las organizaciones indigenistas y ambientales siguen llevando su voz a todos los ámbitos de la comunidad: se organizan actividades de música folclórica aborigen, charlas y proyecciones de películas. También desde hace varios años cientos de alumnos de escuelas aledañas se acercan para conocer en profundidad los distintos aspectos de la disputa, y para discutir proyectos educativos que contemplen las reivindicaciones de las culturas aborígenes.
La batalla, como se puede apreciar, es substancialmente cultural. Moreira subraya que hay que tomar conciencia que a la violencia no se responde con violencia: “Si nosotros hubiésemos intentado tomar el terreno por la fuerza, nos habría corrido a palos la policía. Ellos están esperando de nosotros que reaccionemos a sus provocaciones con violencia, para denunciarnos y así sacarnos del medio. Pero nosotros somos pacientes y pacíficos. Tomamos el ejemplo de los pueblos originarios”.
La lucha que está librando Moreira no es aislada, sino que se enmarca en la condición histórica de un pueblo oprimido y saqueado durante siglos enteros, y cuyo designio es la restitución de los derechos a la tierra y a la vivienda.