La “Batalla” de Monte Chingolo o exterminio de población civil.

Por Raul Schnabel, miembro de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos (FUNLADDHH).

El próximo 23 de diciembre se cumplirán 36 años de lo que las Fuerzas Armadas reivindicaron como la “Madre de todas las Batallas contra la subversión apátrida”: esas fuerzas del mal que, como enemigo interno, satánico y difuso, encarnaba el demonio, oponente en una suerte de “Tercera Guerra Mundial” y portador del afán de destruir nuestro “ser nacional y el estilo de vida occidental y cristiano” para implantar vaya a saber qué filosofía de vida marxista, por ende “criminal y ajena a nuestras tradiciones”.

Profundizar el debate sobre los paradigmas de entonces, nos permitirá comprender mejor el presente de construcción social en paz, con creciente justicia social y democracia, este venturoso devenir que nuestra generación no logró alcanzar ni siquiera defendiendose con todos los medios, incluso ejerciendo la violencia política contra la violencia estatal y de las clases privilegiadas. La inmensa mayoría de trabajadores, estudiantes, intelectuales, obreros, campesinos, maestros, científicos, artistas, las mayorías populares, carecíamos de libertades democráticas para expresar nuestros reclamos y sufrimos una y otra vez represión indiscriminada desde la llamada “Revolución Libertadora”, aun en los breves interregnos de democracia controlada.

¿Quiénes fueron los actores de esa “batalla” de Monte Chingolo?: Por una parte, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, fundado en 1965 como heredero del FRIP, al calor de la lucha de los obreros de la FOTIA[1]. El EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO, dirigido por el PRT,  con más de ciento cincuenta combatientes, muchos de ellos muy jóvenes, intentaron copar el Batallón Domingo Viejobueno de Monte Chingolo en el sudeste del Gran Buenos Aires a los fines de recuperar una gran cantidad de armamento pesado para abastecerla Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, ya instalada en el monte tucumano. Para ello encaró una acción de envergadura que proyectaba diversas acciones distractivas desdeLa Plata hasta el límite sur dela Capital.

Del otro lado, las Fuerzas Armadas ya disponían de un entramado de normas secretas que, en general, disponían el aniquilamiento del opositor político, sea o no guerrillero, por lo cual no iban a regir las leyes humanitarias de guerra como las Convenciones de Ginebra: las Fuerzas Armadas y de Seguridad habrían de cometer numerosos actos criminales de los que hoy el derecho internacional humanitario tipifica y castiga como delitos de lesa humanidad, porque forman parte de un plan sistemático de aniquilamiento de población civil, para imponer, en nuestro caso, un proyecto económico y social de entrega ilimitada a los intereses imperialistas y a los grupos del poder concentrado de nuestro país con ellos entrelazados.

La infiltración previa de las filas del ERP por el agente del 601, el “Oso” Rainier, la detención días antes de quien debía comandar la acción, el capitán del ERP Juan Ledesma, asesinado bajo las peores  torturas que ni podemos rememorar por su inusitada crueldad en Campo de Mayo, el secuestro de varios militantes antes del 23 de diciembre, la incentivación para llevar adelante la acción mientras se los esperaba en las instalaciones militares atrincherados, el decomiso de armas y granadas de parte de Rainier para bajar su rendimiento y dañar sus mecanismos, la toma de prisioneros vivos durante el enfrentamiento -los que una vez rendidos fueron tirturados y asesinados, sin que haya habido ningún sobreviviente capturado por el Ejército-, la muerte de decenas de pobladores de las barriadas populares cercanas al cuartel y el secuestro de personal del ERP para su interrogatorio bajo torturas y posterior asesinato, configuraron el cuadro de delitos de lesa humanidad por lo que deberieron responder ante la justicia personal de inteligencia y jefes militares, y algunos referentes políticos de entonces como la ex Presidente María Estela Martínez de Perón. Los militares ya ejecutaban las ordenes secretas y sólo les faltaba institucionalizar el Estado terrorista el 24 de marzo de 1976. Consideraron Monte Chingolo la gran victoria militar  frente a la “·subversión”: sin embargo cientos de integrantes de las tres fuerzas armadas y de seguridad combatieron hasta con helicópteros y aviones contra unos cien guerrilleros que sobrevivieron a las primeras caídas, por más de 6 horas, para conjurar la situación. Es decir que tampoco los militares demostraron la idoneidad profesional que alegaban y cuya incapacidad se iba a ver ampliamente demostrada enla Guerrade Malvinas, siete años después.

En el presente se lleva adelante la investigación judicial de los hechos que constituyen delitos de lesa humanidad y que serán motivo de juicio oral en su momento, donde se juzgará la labor de la inteligencia del Batallón 601 que tuvo la principal responsabilidad en los hechos y cuyos integrantes también participaron en el operativo Cóndor con la persecusión de oponentes políticos en todas la región, incluso en Centroamérica en sociedad conla Centralde Inteligencia Americana (CIA).

Para comprender la violencia política hay que situarse en esos contextos históricos donde las formas democráticas condicionadas y el marco represivo, como el Plan Conintes, recortaban las expresiones del pueblo y violentaban sus derechos primordiales. Una gran parte de la juventud y de las clases populares entendían por entonces que ya no había otro camino que no fuera el de la lucha armada al calor del Mayo Francés de 1969,la Revolución. Cubanay los diversos escenarios del mundo donde se enfrentaba con decisión al Imperialismo y a las formas bestiales del capitalismo, como en el caso de Vietnam. No es fácil condenar la legitimidad o la oportunidad de la lucha armada de entonces cuando hoy conocemos las “leyes” militares secretas que imponían ANIQUILAR a los opositores políticos.

Por eso, hoy celebramos que nuestro pueblo pueda conquistar banderas de justicia social y vigencia de los derechos humanos mediante la via democrática y en la disputa de ideas, sin necesidad de ejercer la violencia política. Pero no debemos olvidar que muchas de estas conquistas que tienen la perspectiva de avanzar hacia la justicia social y la construcción de una sociedad de nuevo tipo no son sólo producto del presente, sino que la sangre de aquellos compañeros que hoy no están ha sido tributada con generosidad y valentía para esta Patria que hoy celebramos y compartimos en democracia, cada vez más protagónica y profunda, una Argentina convertida en verdadero ejemplo de los derechos humanos en el mundo. Pero la lucha sigue hasta que no haya una sola injusticia y no estén condenados todos los genocidas y sus cómplices civiles.

Diversos puntos de vista perdurarán sobre la pertinencia o la legitimidad de la lucha armada que protagonzó una parte significativa de los jóvenes que militaban por una sociedad justa en las décadas de 1960 y 1970. Pero lo que no podrá ponerse en duda es la voluntad, la entrega, la nobleza de quienes no dudaron en entregarlo todo, incluso su vida. La militancia política de entonces no era premiada con cargos importantes o sueldos atractivos. Cuanto más responsabilidades asumíamos, aumentaban los riesgos y, en todo caso, la política ha sido para esa generación un acto de amor y entrega por su pueblo, del que formaban parte inseparable. Por eso ha sido penoso que el primer gobierno de la democracia en 1983 adoptara una posición injusta pretendiendo igualar a “dos demonios” cuando en rigor no son equiparables desde lo ético quienes lucharon por una sociedad justa frente a los que pretendían imponer un proyecto de sometimiento social en provecho de minorías y de entrega de la soberanía. No eran equiparables quienes disponían del inmenso poder del Estado y bajo su amparo cometieron delitos de lesa humanidad con el propósito de aniquilar una parte importante de la población para lo cual emplearon los medios más aberrante afectando el derecho de gentes. Por lo mismo no eran equiparables desde lo jurídico los hechos violentos de la guerrilla, pues aun en caso de producirse muertes, ello no formaba parte de un plan sistemático de aniquilamiento de la población civil y no controlaban un territorio importante, por lo que no puede considerarse esos hechos como violaciones de los derechos humanos.

Nosotros expresamos nuestro homenaje a los que lucharon por la justicia social y la Patria, y dieron su vida para que hoy podamos construir una sociedad cada vez más democrática y justa.



[1]La Federación Obrera de Trabajadores dela Industria Azucarera (FOTIA) encarnaban una de las organizaciones sindicales más radicalizadas por cuanto la industria azucarera era una actividad que vinculaba las labores del campo, que se desarrollaban en condiciones muy duras y la de los ingenios donde se procesaba la caña de azúcar. Las protestas fueron duramente reprimidas en los ’60, por lo que los obreros del noroeste, una vez que comprendieron que habían agotado todos los medios pacíficos para defenderse de  las injusticias laborales, asumieron su defensa armada con el apoyo del Frente Revolucionario Indoamericano Popular, fundado en 1959 por Francisco René y Asdrúbal Santucho. Al unirse la organización de fuente indigenista y el Grupo Palabra Obrera del trotskista Nahuel Moreno de Bs. As. se marcha a la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Tras un fuerte debate sobre la necesidad de asumir la lucha armada se dividen las fracciones de Santucho y Moreno en el IV Congreso y, tras el V Congreso, el PRT Combatiente, el 29 de julio de 1970 fundará el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), bajo la dirección política del primero, en las islas lechiguanas frente a San Nicolás. El ERP en los hechos ya se había bautizado en las calles del Cordobazo protagonizando con el pueblo cordobés la gran gesta popular de resistencia contra la dictadura militar de Onganía.

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