Me amenazan las bestias, no me dejan dormir

La Masacre de San Patricio. Los fusiles que asesinaron a los curas palotinos en el ´76. El ensañamiento, el terrorismo de Estado y la propagación del miedo. La represión con connivencia de la Justicia argentina para el periodista investigador Kimel, ya en democracia. Y la restitución histórica, sin otorgamientos de culpabilidad.

 

La madrugada del 4 de julio de 1976, en plena dictadura, se produjo uno de los asesinatos más sangrientos y fisgones llevados adelante por la –siempre entre comillas- “inteligencia militar”. Un grupo de personas armadas estacionó frente a la parroquia de San Patricio, ubicada en pleno corazón del barrio de Belgrano. Entraron a la fuerza, se dirigieron al primer piso donde descansaban sacerdotes y seminaristas, y luego de maniatarlos unos junto a otros, los obligaron a arrodillarse para fusilarlos por la espalda.

“Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M.”, una de las inscripciones con tiza que dejaron los asesinos en el lugar. M.S.T.M. corresponde a Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, sigla con la que se reconocían aquellos sectores de la iglesia católica que creían en la acción social y política como herramienta para la renovación de la sociedad.

Lo llamativo y particular de este hecho fue la metodología con que se implementó el terrorismo de Estado. En lugar de secuestrar y desaparecerlos, se los acribilló dejando los cuerpos como un mensaje de amenaza, comunicando miedo a través de tanta sangre derramada, impune y serena.[1]

Las víctimas fueron tres sacerdotes, Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y dos seminaristas, Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Formaban parte de la comunidad de Padres Palotinos, un grupo de religiosos que predicaba en defensa de los derechos humanos y de la igualdad social. Eran una camada novedosa dentro de esta congregación por entender que la religión y la política no podían de ninguna forma separarse en su misión pastoral. Lo particular de la iglesia San Patricio era que entre sus colaboradores e integrantes figuraba una gran cantidad de jóvenes universitarios. El responsable principal del acercamiento juvenil había sido el párroco Alfredo Kelly, quien se había atrevido a denunciar en más de una oportunidad a aquellos miembros de la iglesia que remataban bienes robados de desaparecidos. No pasó mucho tiempo antes de que el padre Kelly pasase a ser tildado de “comunista” por los feligreses del barrio de Belgrano, habitáculo natural de parte sustancial de la oligarquía conservadora porteña.

El crimen fue el más significativo que sufrió la Iglesia Católica argentina en toda su historia. Sin embargo, las jerarquías eclesiásticas poco hicieron para recordar a las víctimas y mucho menos para impulsar la búsqueda de los culpables. La causa de los palotinos se abrió aún en dictadura, pero no contó con el compromiso necesario de los jueces, condescendientes ellos con el poder militar de turno. A pesar de que existieron testimonios que involucran en la participación a un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), hasta hoy no hay responsables.

Eduardo Kimel y la masacre a la libertad de expresión

Eduado Kimel

“¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? La actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta (…) La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”. Eduardo Kimel, segmento de La masacre de San Patricio que le costaría una condena judicial.

Detrás de escena de este crimen, llevado adelante en 1976, se dibuja la figura del periodista, historiador y escritor Eduardo Kimel, quien investigó incansablemente los detalles de estos asesinatos. En noviembre 1989, su publicación titulada “La masacre de San Patricio”, lo llevó a 16 años de persecución judicial, al mismo tiempo en que se convertía en el único procesado vinculado a la causa de los palotinos. No por culpabilidad en el desarrollo de los fusilamientos, sino porque en su libro, en el párrafo citado, Kimel denunciaba la actuación irregular del juez Guillermo Rivarola, a cargo en aquel momento de la causa, y dejaba entrever que la responsabilidad militar en los hechos del 4 de julio había sido tapada por los magistrados. Estas líneas de su investigación le costarían una querella por parte de Rivarola, y para luego de un largo juicio, en 1995 recibir su sentencia en manos de la jueza Ángela Braidot, quien lo condenó a un año de prisión en suspenso y a la obligación de pagarle una indemnización al juez por injurias. Las palabras de Braidot fueron: “No se limitó a informar, además emitió una opinión innecesaria y sobreabundante”. Era, entonces, un supuesto delito de opinión.

A partir de ese momento continuaron años de lucha por parte del periodista. No se trataba de una limitación a su trabajo en lo personal, sino que lo entendió como una traba a la libertad de expresión en general, que no solo afectaba al periodismo en su conjunto, sino a toda la población, ya que cercenaba su derecho a ser informada. Paradójicamente, mientras que en el ´76 los asesinos de los curas palotinos habían dejado un mensaje amenazante a ciertos sectores de la iglesia, años después, los mismos jueces que no habían encontrado respuestas para el siniestro del 4 de julio, se disponían a sentar un precedente intimidatorio en la prensa argentina.

Recién en el 2000, con la ayuda de abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió a favor de Kimel. La CIDH obligaba al Estado argentino a que anulara los efectos de la sentencia en su contra en un plazo de 6 meses. Pero no pasaron meses sino años sin que el Estado cumpliera este compromiso. Fue entonces que en el 2007 la Comisión Interamericana denunció el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (órgano judicial del sistema). El gobierno del ex presidente Néstor Kirchner dispuso que se fijaran las reparaciones para el periodista, y ya para el año siguiente, el máximo tribunal interamericano volvió a ordenarle a Argentina que dejara sin efecto la condena. Asimismo,  exigía una revisión del delito en materia de libertad de expresión y se debía realizar un acto público de desagravio a Eduardo Kimel.

Finalmente, en septiembre del 2009, ya se aprobó en el Congreso la ley 26.551, conocida como “ley Kimel”, por la cual nadie que opine sobre temas de interés público pondrá en riesgo su libertad.

 


[1] Aunque nunca integraron formalmente el Movimiento de Curas Tercermundistas, el pensamiento y la labor de algunos de los palotinos podrían ser encuadrados en los principios de aquel grupo que lideró el padre Carlos Mújica. Según Adolfo Pérez Esquivel: “Los palotinos asumieron un compromiso concreto con el pueblo, pero no era de los que estaban más en evidencia. Sin embargo, se los tomó como una represalia general para atemorizar a las otras órdenes religiosas, obligándolas al silencio”.

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