“Los juicios son una causa en sí misma”

Mientras se coquetea en medios masivos con querer encarar la hiperpendiente condena social a los cómplices civiles de la última dictadura, nos reunimos con dos integrantes del CELS, una de las organizaciones no gubernamentales de mayor compromiso con los juicios al retorno a la democracia. La organización, lo dilatado de las sentencias y la sociedad argentina involucrada.


Foto de Agustina Manuele.

El feroz terrorismo de Estado que ejecutaron las FF.AA., durante la última dictadura militar, impulsó en la Argentina de fines de los setenta el surgimiento de una extensa lista de organizaciones no gubernamentales que actuarían en defensa de los derechos humanos. Los familiares de las víctimas, especialmente en el caso de detenidos-desaparecidos, necesitaban asistencia legal de manera inmediata. Las violaciones sistemáticas ejercidas por parte del Estado debían quedar documentadas. Es en este contexto que en 1979 se crea el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),  ícono en la recepción de denuncias y testimonios, un registro que actualmente es fundamental en las causas judiciales.
El abogado José Nebbia y la socióloga Lorena Balardini son dos jóvenes integrantes del CELS. Actualmente, forman parte de esta organización que no sólo se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos, sino que también contribuye al fortalecimiento del sistema democrático y el Estado de Derecho en Argentina.

-¿Cómo funcionaba el CELS en sus comienzos?
Lorena: -En principio los temas estaban circunscriptos a denunciar a la dictadura públicamente, nacionalmente e internacionalmente. Pero algo que diferenció al CELS de otros organismos de la sociedad civil fue que se dedicó a hacer denuncias jurídicas: llevar hábeas corpus, tomar testimonios. Y a la vez, se iniciaba todo un trabajo de documentación y de archivo muy importante, que actualmente es considerado en los juicios a los responsables del genocidio.

-¿Qué representan los juicios hoy en día?

Lorena:- Los juicios son una causa en sí misma. Se tiene que pensar en desarticular la idea de “miremos al futuro, esto es pasado”. Estamos pensando en el futuro, y por eso creemos que designar jueces, armar equipos y capacitarlos, no implica un despilfarro de recursos del Estado en un proceso que va a durar diez años y que se va a terminar. Implica una inversión en el Poder Judicial para que el día de mañana esté a tono con las circunstancias de juzgar cualquiera sea el delito en cuestión.

-¿Por qué se dilatan tanto las sentencias?, el promedio es de un año y medio.

Foto de Agustina Manuele.

Lorena- En un principio, un gran problema que dilataba los procesos es que un mismo juez investigaba, por ejemplo, a cincuenta víctimas de un mismo centro clandestino, o de un mismo circuito represivo o una misma zona, es decir con una traza vincular, pero lo hacía en cincuenta expedientes por separado. Esta situación, con la incidencia de la Unidad Fiscal de la Procuración, y en menor medida de la Corte Suprema, empezó a solucionarse y se deben investigar en conjunto por el mismo hecho. Otra traba que persiste es que no hay suficientes tribunales orales, incluso en muchas jurisdicciones los jueces se excusan por haber tenido familiares implicados, y sin tribunal oral no hay juicio, y no termina el proceso.

José:- También existen cuestiones más sencillas como administrativas, por ejemplo en el juicio del Vesubio estaba la primera fecha para arrancar en diciembre del 2009 y no había sala, entonces se retrasó hasta enero cuando acondicionaron una específicamente. La localidad de San Martín tiene ocho juicios en espera porque no tiene una sala acorde. Estas trabas burocráticas entorpecen los tiempos, no sabemos si son de buena o mala fe, pero te retrasa.

-¿Ven predisposición en el Poder Judicial para que la situación mejore?

Lorena: -Concretamente el Poder Judicial es una entidad que de alguna manera se vio sorprendida e interpelada por todo este proceso. Hoy en día marcha bastante bien, pero también tuvo que ir acomodándose. Por ejemplo, no puede ser que recojan testimonios tan importantes, como lo son los de los familiares y víctimas de delitos de lesa humanidad, personas que no han sido capacitadas específicamente para eso. Se deben dar todas las condiciones para que el testigo pueda expresar lo que vivió en cautiverio. Cuando empezaron los juicios se hizo lo que se pudo, nosotros lo criticamos: habría que haber definido una estrategia de juzgamiento.

José:- No es un capricho pedir especificidad para este tipo de juicios, la especificidad tiene que estar en toda estrategia política de perseguir cualquier delito. Por ejemplo, ante un delito de drogas, ¿vamos a ir a perseguir al que está con un cigarrillo en la plaza, o vamos a ir detrás de la banda que lo gestiona? Se necesita un equipo particular idóneo para cada caso.

-¿Por qué creen que una parte de la sociedad desestima el debate por considerar estos crímenes como “hechos del pasado”?

Foto de Agustina Manuele.

Lorena:- Como toda grave violación a los derechos humanos impacta en la sociedad de una manera muy profunda y las respuestas son diversas. Siempre hay una voz que es la preponderante, y nosotros en Argentina tenemos, gracias a la fortaleza de la sociedad civil y por voluntades del Estado, un discurso mayoritario que tiende a querer discutir y recordar las violaciones a los derechos humanos, repensar sobre ellos. No podemos negar el disenso de ciertos sectores cuyos intereses tal vez se vieron vulnerados de alguna manera con la reapertura de los juicios, o simplemente porque son ideológicamente contrarios. Eso quizás en Argentina hace ruido, pero en cualquier lugar inclusive de Latinoamérica, donde ocurrieron este tipo de violaciones, no sé si el consenso o la opinión mayoritaria es justamente la que hay aquí.

José:- : Es muy fácil tener el discurso superficial de “son cosas del pasado”. Toda sociedad necesita reconstruir ese relato histórico y saber qué sucedió, y desde ese momento debe hacerse cargo. Y quien cometió un hecho reprobable tiene que ser castigado por eso. La tortura física no es un hecho que ya sucedió y que no existe más, entonces ese discurso es falaz. Estos debates interpelan y tocan determinadas fibras sensibles e intereses, como pasa con casos más actuales, como la discusión por el aborto, la situación de las cárceles, la violencia policial.

-¿Cómo encuentran el accionar actual de las fuerzas de seguridad?

José: Ciertas prácticas tienen que ver con una lógica equivocada con la que se conciben las instituciones, y que incluso son previas al golpe del ´76. Los organismos de seguridad, ya sean policías locales o provinciales, actúan de manera represiva hoy en día, en plena democracia. Durante la dictadura, la Policía Federal se encontraba preparada técnica y psicológicamente para responder a los operativos que disponía el Ejército, legado todavía latente.

Lorena:- En algún momento era mala palabra plantear que las fuerzas armadas salieran de su función de seguridad que habían adquirido durante la dictadura. En el caso de las fuerzas actuales de seguridad, es necesario pensar en un control civil de su desempeño. Sus prácticas están enquistadas y son impermeables. La creación de un Ministerio de Seguridad el año pasado deja en claro que la seguridad no solamente puede implicar represión, sino que se debe abordar integralmente.

-¿Un cambio de gobierno podría vulnerar la tarea llevada adelante?

Foto de Agustina Manuele.

Lorena: -Nos encontramos con candidatos a presidente que hacen pública su postura contraria a los juicios, como el caso de Duhalde (el ex presidente declaró en vísperas a un aniversario del golpe de Estado de 1976 que “la gente decida si quiere más juicios a militares”, mientras proponía llevar adelante un plebiscito público, y sentenciaba “los juicios tienen que terminar”) , pero contamos con una declaración dictaminada por el Congreso, la Corte Suprema y todos los partidos políticos que plantean la lucha como política de Estado, y como tal es apartidaria. No somos ingenuos, sabemos que el Estado representa intereses del oficialismo de turno, pero hay 200 personas condenadas por delitos de lesa humanidad en todo el país, y aunque el número represente un mínimo de la cantidad de personas involucradas en la represión, hay una construcción histórica de lo que sucedió, con sentencias que describen a estos crímenes como irrepetibles.

José:- Son treinta años de lucha, inclusive cuando haya retrocesos es imposible volver al estado anterior. Nuestro trabajo tiene que ver también con monitorear la labor judicial, y con cómo se manejan en estos procesos. Con un cambio de gobierno probablemente haya más dificultades, pero son heridas que calaron hondo en la sociedad y no va a ser fácil removerlo. Podemos estar seguros.

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