¿Seguridad para quién?

 

El Acuerdo sobre Seguridad Democrática viene a hacerle frente pensando a la represión y estigmatización diaria, de los que solo algunos casos se hacen públicos: Luciano Arruga, los docentes de Santa Cruz, Rubén Carballo en el recital de Viejas Locas, los Qom. Aquí, las propuestas.

 

La idea es que existen hoy dos modelos o paradigmas en materia de “seguridad”: A)  punitivo   B)  democrático

Quienes integran el Acuerdo sobre Seguridad Democrática (ASD) también hablan de:    a) viejo    b) nuevo

Y aquí sus valoraciones. Uno es el mismo de siempre, el de ahora, aquél germen que dejó la dictadura y se consolidó en los ´90 gracias a la delegación de las políticas de seguridad a manos de las instituciones policiales: detenciones arbitrarias, torturas y muerte. Otro, el de las políticas “democráticas”, la respuesta necesaria. También es una búsqueda: no sabemos bien cuáles son ni hasta dónde podrán llegar. Y una esperanza: esperemos que lleguen lejos.

El ASD es hijo de un contexto histórico que, entre otras cosas, va en sintonía con la creación reciente del Ministerio de Seguridad. Es un grupo multisectorial, es decir, que integra profesores, intelectuales, políticos y militantes que desde hace años vienen empapados en causas sociales y por los derechos humanos. Nunca han podido formar parte del trazado de las agendas políticas, ni ahora. Se dicen “asesores” del Ministerio (la propia Nilda Garré expuso en su inauguración) y se ofrecen para lo que mejor saben: pensar. Muchos de ellos, inclusive, integran el Comité Provincial para la Memoria, el cual acaba de sacar su Informe anual 2011 que registra las estadísticas y análisis recogidos durante 2010 sobre las políticas penitenciarias, de seguridad y niñez. En él configuran un diagnóstico desgarrador de este paradigma punitivo: de 2009 a 2010, aumentaron los casos de secuestros, represión, torturas y muertes en las cárceles bonaerenses. También ganó la impunidad judicial. Algo había que hacer.

 

El paradigma punitivo

Según ellos mismos lo describen, el modelo punitivo podría quedar resuelto en estos pocos puntos (los ejemplos son agregados):

  • Expansión de la seguridad como política principal del Estado, postulando que los efectos de los conflictos sociales que la desigualdad y la pobreza generan se solucionan por vía del sistema penal. Ejemplo: construcción del otro delincuente como aquél no incluido, desarrollando un enfoque clasista y discriminador.
  • Pierde de vista la multicausalidad del delito y la necesidad de que el Estado actúe en común para reducir la violencia y el delito. Ejemplo: llaman a endurecer las leyes y a dar más poder a la policía.
  • Utilización de la policía bonaerense como control social sobre los segmentos más empobrecidos y jóvenes de la sociedad. Ejemplo: reclutamiento por parte de policías de pibes para robar.
  • Delegación de las políticas públicas de seguridad en la policía. Ejemplo: unificación de la carteras de Justicia y Seguridad, delegando el control de esta última en manos policiales.
  • El autogobierno policial desarrolla una corporación desprofesionalizada, con presión administrativa arbitraria desde la cúpula. Ejemplo: depuración del personal jerárquico de la fuerza policial; despojo de poder a las estructuras civiles del ministerio.
  • Se han incrementado las represiones policiales frente a manifestaciones pacíficas de vecinos (…) No reprimir la protesta social es una clave del Estado democrático, no constituye de por sí una política de seguridad. Ejemplo: reiteradas veces se ha reprimido salvajemente a los vecinos de Vicente López que se manifestaban contra construcciones que entienden son un daño al ecosistema.

La seguridad pública se construye así sobre una matriz autoritaria, militarizada y discriminatoria. Y extiende un concepto de seguridad que no representa a todos los ciudadanos. El aval social y judicial que hacen a este modelo impune se pueden sintetizar de dos modos: la seguridad trabaja sobre el miedo al “otro”, que es joven, empobrecido, morocho, argentino o inmigrante. Y la justicia actúa irregularmente tanto omitiendo elementos clave, alterando la escena del crimen o desatendiendo medidas urgentes. Es increíble pero no existen protocolos de actuación e investigación ante los casos de muertes o ejecuciones policiales. Por ejemplo, no se investigan las omisiones funcionales o el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Inclusive muchas veces la investigación penal llega a estar a manos de la misma fuerza policial.

La noción que sobrevuela al análisis es que las políticas no son “erradas” en sí mismas, es decir, que quienes las proyectan son “incapaces”, sino que lo hacen de acuerdo a discursos y lógicas discriminatorias y clasistas. ¿Qué rol juegan, por ejemplo, los medios al moldear esas subjetividades? ¿Qué nos dicen cuando rotulan “zona peligrosa” al conurbano bonaerense? El modelo punitivo trabaja también sobre la objetivización de esas nociones imparciales y que son propias de las clases medias y altas: mano dura, más poder a la policía, militarización de la pobreza, etc. Sus resultados son comprobadamente fracasados.

 

El paradigma democrático

El Acuerdo de Seguridad Democrática nació a fines de 2009 como anticuerpo del discurso de la mano dura y el actuar policial. Muchos de sus integrantes forman parte del conocido Comité Provincial para la Memoria, y de una de sus patas, el Comité Contra la Tortura, que año tras año publica un minucioso análisis sobre las políticas penitenciarias, de seguridad y niñez implementadas en el conurbano bonaerense. A fuerza de datos, estadísticas y casos concretos, el trabajo sobre la provincia les permitió entender que, a la par de esos “discursos fascistas”, se daba la construcción de un “otro” morocho, empobrecido, adolescente, quizá inmigrante: ése era el delincuente. El quehacer judicial confirmó la impunidad con que se movían los policías a la hora de aunar teorías y prácticas: las detenciones arbitrarias, o las inauguradas como “merodeo”, “actitud sospechosa”, “nerviosismo”, daban amplio margen de interpretación. La criminalización de ciertos grupos se develaba en amenazas, secuestros, torturas y hasta muertes. Unos pocos casos conocidos, como el de Luciano Nahuel Arruga, encarnan lo que es en verdad una práctica sistemática e interior a la lógica de esa “seguridad”. La pregunta: ¿seguridad para quiénes?

Lo “punitivo”, en este caso, se da por el endurecimiento de las penas y castigos y el esfuerzo por diseñar figuras penales de amplia interpretación y que, en definitiva, dejen a manos de las instituciones policiales la gestación de las políticas de seguridad. Entonces: la discusión del Acuerdo plantea un cambio de eje: no solamente hay que trabajar sobre las policías, las penas y los castigos, sino sobre la multicausalidad que antecede al delito: el acceso a la salud, a la educación, a un trabajo digno, a la vida.

 

El Acuerdo de Seguridad Democrática casi que inaugura la invención de un término: seguridad democrática. Aunque en su definición se amontonan subjetividades, la segunda palabra redefine a la primera. En oposición a lo “punitivo”, las políticas así entendidas tendrían en cuenta la prevención y multicausalidad del delito. En el comunicado que los inauguraba en aquél 2009, dijeron: “El ASD surgió como una alianza multisectorial destinada a diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente al problema de la inseguridad, desde una perspectiva respetuosa de los derechos y las libertades de los ciudadanos”. El Estado es entonces quién debe intervenir con “políticas sociales fuertes” para enmendar esos derechos esenciales y negados; por otro lado, se plantea intervenir la institución policial a partir de su control civil y una reestructuración.

Ahora, el desafío es que no queden en propuestas. Cierto es que el Ministerio de Seguridad ha prestado un oído a las voces del Acuerdo de Seguridad Democrática. De hecho, en su presentación de este 2011 expuso la propia Nilda Garré junto a Horacio Verbitsky, una especie de “padrino” del Acuerdo. En esta línea, hasta ahora, el 4 de abril de 2011, la ministra presentó el Plan de Participación Comunitaria en Seguridad, un dispositivo que permitirá diseñar, implementar y controlar políticas públicas en materia de seguridad con la intervención de los ciudadanos. Según sus palabras, “se propone algo sencillo, efectivo y de fondo: escuchar a la gente, conformar espacios orgánicos para que la comunidad participe activamente en la elaboración y control de las políticas públicas en Seguridad”. Y no mucho más. La represión a los docentes santacruceños o el trato al pueblo qom de Formosa escinden estas teorías de la práctica efectiva del gobierno. Los muertos y torturados y hacinados en las cárceles no pueden esperar. Los jóvenes marginados y perseguidos tampoco. Las buenas intenciones, cuanto antes, deben vestirse de realidad.