Comunicación y medios en América Latina

En busca de conformar una herramienta para entender y analizar las implicancias y disputas en la Ley de Medios argentina, enlazamos las singularidades actuales de distintos paises de Latinoamerica y las orientaciones compartidas. Los diversos proyectos, respaldados por voces autorizadas.

El Anteproyecto de una Ley de Medios en Ecuador asegura que “adoptará medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos de la comunicación a colectivos humanos que se consideren, fundadamente, en situación de desigualdad real”.

Un tiempo antes, en 1999, Chávez refundó el Estado venezolano y la nueva Constitución consagraba la existencia de medios comunitarios y empujaba una estrategia estatal de la comunicación. La consecuencia: medios que se instalaban en los barrios más pobres de las ciudades y entre los pauperizados del campo.

El análisis de la reciente Ley de Medios en nuestro país queda a cargo de usted lector, pero es innegable el recorte que establece sobre las licencias y programaciones a los multimedios; también aclárese el espectro reservado a entidades sin fines de lucro, o el mínimo requerido a la producción nacional. Entre otras varias cosas.

Bastó golpear dos veces la puerta de la Vicepresidencia boliviana para estar dentro junto a Juan Carlos Pinto – militante, compañero de vida de Álvaro García Linera-, charla reflejada en la nota de la edición de marzo (http://www.nosdigital.dreamhosters.com//2011/03/es-mas-facil-hacer-una-revolucion-y-fusilar-a-los-enemigos/). Ese día despertó nuestra sensibilidad respecto a estas coincidencias, o no, que acaban de enumerarse. Pinto habló con palabras que se parecían mucho a las que veníamos escuchando en Argentina: monopolios de información, multimedios, intereses económicos, prensa dependiente. Entonces: no éramos los únicos que lo padecíamos. Entonces: no estamos solos en esa pelea. Así lo confirmó Pinto cuando habló de una próxima Ley de Medios boliviana. La idea: “que finalmente los medios sean medios y no poderes absolutos. Poder democratizar la comunicación, cesar con la impunidad de algunos periodistas que bajo la figura de la libertad de prensa esconden todo”. La actual ley que regula la configuración mediática en Bolivia data de 1928, acaso unos años menos que la sellada por la dictadura y que rigió en nuestro país hasta 2009.

El proceso venezolano se adelantó con esa nueva Constitución – conocida como Bolivariana en honor a los valores de Simón Bolívar-, y profundizó con dos sucesos que Marcos Salgado, periodista argentino de la caraquense Radio Sur y ex miembro de Telesur, recuerda de este modo: “Hubo dos momentos importantes:

  • · El golpe de Estado de 2002, del que se cumplen por estos días 9 años, donde los medios privados tradicionales tuvieron un rol destacado en el golpe, llamando a la movilización primero, instigando para que ésta se desvíe hacia zonas de la ciudad de Caracas en manos de manifestantes chavistas y mintiendo luego para hacer creer que desde el chavismo se disparaba sobre los opositores. Pero la balanza se inclinó cuando miles salieron a la calle a exigir la vuelta de Chávez. El golpe duró apenas 47 horas. Y los medios siguieron transmitiendo. Todos. Con la misma dirección y los mismos periodistas. El único medio censurado en Venezuela en aquellos días fue Canal 8, el canal estatal, cerrado por los golpistas.

  • · Otro momento fue en marzo de 2007, cuando se venció la licencia del canal RCTV (uno de los tradicionales y activo partícipe del golpismo en 2002) y el Estado -en el marco de la legalidad- decide no prorrogarla ni renovarla.

Entonces el mundo salió a hablar de lo malo que era Chávez. Pero la noticia era otra: el debate sobre la comunicación estaba en el tapete.”

En Ecuador también se revolvieron cosas. Desde la embajada en el país se negaron a hablar sobre el proyecto de ley que regula los medios, pero enviaron gentilmente su Anteproyecto vía mail. Compartimos algunos de sus puntos clave sobre los frenos que se imponen a las entidades privadas y con fines comerciales:

  • Art. 13.- Derecho a la libertad de emprendimiento.- Todas las personas tienen derecho a formar libremente y en igualdad de oportunidades  empresas, organizaciones o entidades para dedicarse a actividades de comunicación con fines lícitos, salvo las entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas, quienes, por mandato constitucional, tienen prohibido la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social.

  • Art. 28.- Derecho a usar los medios de comunicación públicos.- Los medios de comunicación públicos audiovisuales destinarán gratuitamente al menos el 20 por ciento del espacio de su programación a la producción de programas a cargo de las organizaciones de la sociedad civil que así lo soliciten, siempre que éstas se hallen debidamente acreditadas ante las instituciones estatales competentes.
    La distribución de este espacio de programación se realizará en función de la demanda de las organizaciones solicitantes. Estos espacios serán utilizados con total independencia y libertad para tratar los temas de interés general en los que trabajan estas organizaciones. Está prohibido el uso de este espacio para autopromover su gestión institucional.

Los medios de comunicación públicos pondrán a disposición de las organizaciones de la sociedad civil su infraestructura, tecnología y personal para la producción de estos espacios ciudadanos.

Las voces que atacan este proyecto hablan de que el control mediático pasa a estar supeditado casi en su totalidad por el poder Ejecutivo. En efecto, el artículo 48 establece que el nombramiento del Superintendente del órgano regulador “será desginado/a por el Consejo de Participación Ciudada y Control Social de entre una terna propuesta por el Presidente de la República”. La polémica se emparenta con el artículo de la Ley de Medios argentina que establece la designación del interventor del COMFER a dedo por el presidente. Se diferencia, en cambio, el nombramiento compartido (gobierno y oposición) de los directores de Radio y Televisión Argentina, el ente que administra los medios estatales.

Lo cierto es que, a pesar de todas estas medidas, los medios hegemónicos siguen siendo los mismos. En el caso boliviano, aún virgen de leyes e intervenciones que regulen esos superpoderes, “los medios siempre han estado vinculados a la política y a empresas, no son independientes. Han sido descaradamente parte de una opción política neoliberal. Y han sido favorecidos por los sucesivos gobiernos en ese sentido. Por eso son pocos grupos con ramificaciones”, dice Pinto.

Imaginemos que todo esto se lleve al extremo, y estamos en Venezuela. Es el caso donde el gobierno más ha intervenido sobre los medios, y viceversa (recordemos el intento de golpe de Estado). La hegemonía comunicacional se mantiene naturalmente en manos privadas. Tienen la mayor cantidad de canales, radios y diarios. Y los de mayor audiencia. Pinto, desde Bolivia, refiere una anécdota: “Todos se quejan de la falta de libertad de expresión. Un taxista, el otro día, me dice que ya no se puede vivir, no hay libertad de expresión. Y está repitiendo lo que escucha y ve. ¿Quién te priva, a vos, taxista, de que grites y hables lo que quieras?”. El ejemplo también sirve para entender la polarización en el país venezolano. Allí nadie atiende las opiniones de taxistas, acaso porque los problemas son mayores: “Yo jamás en mis más de 20 años de periodista he visto o he conocido un país en donde los medios operen como en Venezuela: plena libertad, incluso, para atacar al presidente y más, para conspirar contra el gobierno democrático. Y ahí están, funcionando”, relata Salgado. Así se entiende el polémico sistema de penas para los delitos de calumnias e injurias, que en Argentina están despenalizados. Se abre entonces el debate sobre los límites de esa libre expresión. ¿La democracia no es un límite? Para el Anteproyecto de Ley de Medios ecuatoriano sí:

  • · Derecho a la libertad de expresión, con límites a:

-presentar información falsa como si fuera verdadera

-formular juicios de culpabilidad sobre hechos o conductas respecto de las cuales no se ha pronunciado la administración de justicia

-hacer afirmaciones injuriosas o infundadas que afecten o lesionen derechos o la honra

-realizar invocaciones o incitaciones al uso de la violencia, a la comisión de delitos establecidos como tales en el ordenamiento jurídico, a la discriminación, persecución o explotación de un determinado grupo humano u organización de cualquier índole, o a la confrontación armada interna y a la guerra.

En efecto, las estrategias estatales sobre la comunicación lejos están de perfectuarse. Tiene esto que ver, por un lado, con una tecnología siempre dinámica que obliga a revisar medidas de alcances y accesos, y por otro con un enemigo que siempre encuentra la grieta. Las críticas hacia adentro en Bolivia se dan porque los canales estatales abusan de publicidad “y es una boba”, dirá Pinto. Y pone el caso de Telesur como ejemplo mediático de reflexión política a nivel continental. Marcos Salgado, que allí trabajó largos años, interpreta el guiño: “Creo que se menciona a Telesur en el sentido que no es un canal de `propaganda`. Realmente no lo es, pero eso no quita que le falte una definición más acabada de una estrategia comunicacional propia. Como decía antes, de cualquier forma, Telesur tiene absoluta vigencia y hasta podría ser una suerte de laboratorio de prueba para nuevas estrategias de abordaje de una agenda propia”. La cuestión planteada sería cómo mantener un nivel de reflexión democrático al alcance de todos en todo el continente. Todavía, dice Pinto, Bolivia se nutre demasiado de los medios venezolanos y argentinos “y eso tiene que ver con que no hay aquí clase media con cable como en Argentina”. En Venezuela el acceso a cable es sin duda mayor al de Bolivia, pero no tan importante como el argentino. El Anteproyecto ecuatoriano impulsa esta universalización:

  • Art. 122.- Universalización progresiva.- Es responsabilidad de las instituciones del Estado, de sus concesionarios y delegatarios en el sector de las telecomunicaciones garantizar progresivamente el acceso universal de todas las ciudadanas y los ciudadanos, sin discriminación alguna, a los servicios básicos de telecomunicaciones.

  • Art. 22.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar en su propio beneficio y en el de sus familias y comunidades las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo.
  • Art. 24.- Derecho al acceso igualitario a frecuencias y bandas.- Todas las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias y señales del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión y para el aprovechamiento las bandas libres, en los términos que señala esta Ley.

Moldear una estrategia que esté a la altura de la batalla política e ideológica sigue siendo la asignatura pendiente, aún en los casos donde los procesos están más maduros: Venezuela y Argentina. Recién ahora, por ejemplo, en nuestro país se está tejiendo una grilla televisiva que contemple los deportes, canales de niños, música. Los debates sobre las ideas siguen flaqueando acaso en lo mismo que en Venezuela, según señala Salgado, experiencia de la cual debemos aprender algo: “Hubo y hay intentos de armar una estrategia, y se van encontrando espacios para el debate. Pero la síntesis no llega al ritmo que se debería. Enfrente tenemos una maquinaria aceitada por años que trabaja sin un segundo de descanso para destruir a Chávez y lo que él representa en Venezuela y en América Latina. Si revisamos los resultados de las últimas elecciones (regionales y municipales y para la Asamblea Nacional) veremos que el lugar donde más se complica para el oficialismo son los grandes núcleos urbanos. Eso en mi opinión se explica en parte porque son los lugares donde se necesita convencer a través de los medios de comunicación. Los medios del Estado no han logrado hasta ahora dejar de ser reactivos a la derecha. No logramos componer una agenda propia y pasamos demasiado tiempo contestando los ataques de la oposición”.