Conquistas y desafíos del cine latinoamericano

Las leyes de cine en la región proclaman como objetivo promover el cine como forma cultural en pos de generar una identidad. Pero se enfrentan al monstruo Hollywood que obnubila y destruye. ¿Cómo reemplazarlo en las pantallas grandes y chicas? ¿Cómo aprovechar el cine digital? ¿Cómo financiar más producciones?

El cine latinoamericano promueve y modifica constantemente sus leyes. El último 16 de diciembre fue Perú el país que sancionó una, aunque discutida. Argentina y México van a la vanguardia, pero también Venezuela propuso medidas importantes en los últimos años. Como resultado, este año, La Teta asustada, peruana, El secreto de sus ojos, Sin Retorno, Carancho y Rompecabezas, argentinas, Biútiful y Chicogrande, mexicanas, Postmortem y La Nana, chilenas, recibieron premios internacionales. Pero quedan todavía pasos por dar para que la cantidad sea más representativa en festivales.

Desde 2003, ya, Armando Robles Godoy, peruano-estadounidense, aseguraba que su película Imposible Amor se estrenaría tarde porque había “una dimensión cinematográfica en Perú y estaban sometidos al monopolio. Argentina o Brasil tienen una ley de protección del cine nacional contra ese monopolio de facto”.

Fernando Epstein, productor de Gigante, decía, en referencia a su país de origen, Uruguay: “Lo que necesitamos para que la industria del cine sea prolífera es una Ley de Cine que sirva para financiar las películas”, y destacaba la de Argentina: “Su ley establece que todas las entradas de cine que se venden pagan un impuesto que va al Instituto de Cine y con eso se financian más de 40 películas al año. Eso implica aplicar la idea de que el cine no es solamente una actividad comercial, sino más bien cultural porque se produce más y eso genera diversidad e identidad cultural propia, gusto o costumbre de ver cine local, y también muchas fuentes de trabajo”.

Liliana Mazure, la presidenta del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, presentó un proyecto en 2008 para considerar la actividad cinematográfica no más como un servicio, sino como una industria para que las productoras puedan acceder a programas de fomento y a exportar sus productos en igualdad de condiciones con otras industrias, pero reconoce que “hay una cantidad excesiva de sectores dependiendo de los subsidios del Estado”. A su vez, reconocía por aquel año, que para que el cine funcione como industria, había que resolver el tema de la comercialización y la exhibición. La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual solucionó el tema.

 

Los licenciatarios de servicios de televisión abierta deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho (8) películas de largometraje nacionales, pudiendo optar por incluir en la misma cantidad hasta tres (3) telefilmes nacionales, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes nacionales, cuyos derechos de antena hubieran sido adquiridos con anterioridad a la iniciación del rodaje. Todos los licenciatarios de servicios de televisión por suscripción del país y los licenciatarios de servicios de televisión abierta cuya área de cobertura total comprenda menos del veinte por ciento (20%) de la población del país, podrán optar por cumplir la cuota de pantalla adquiriendo, con anterioridad al rodaje, derechos de antena de películas nacionales y telefilmes producidos por productoras independientes nacionales, por el valor del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de la facturación bruta anual del año anterior82. Las señales que no fueren consideradas nacionales, autorizadas a ser retransmitidas por los servicios de televisión por suscripción, que difundieren programas de ficción en un total superior al cincuenta por ciento (50%) de su programación diaria, deberán destinar el valor del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de la facturación bruta anual del año anterior a la adquisición, con anterioridad a la iniciación del rodaje, de derechos de antena de películas nacionales”.

“Para nosotros, esa ley es un tema de supervivencia”, rogaba Mazure.

En Perú, el último 16 de diciembre se aprobó la Ley Procine que elimina el impuesto municipal de las entradas de cine y establece que los exhibidores y distribuidores aporten el 3,33% de la taquilla de los lunes a un fondo ProCine. Christian Wiener, presidente de la Unión de Cineastas Peruanos, explicó que el cine nacional está sumiso hacia las grandes transnacionales de Hollywood, lo que hace que las películas peruanas se reproduzcan en los peores horarios. Por lo tanto, le enviaron una carta al presidente Alan García para que revise el proyecto antes de promulgarla.

Por otra parte, denuncia concentración de las técnicas y de la información, lo que tiene como consecuencia que los ganadores de los concursos sean siempre los mismos.

Lo que hace, puntualmente, la Ley de Cine peruana es crear el Fondo Procine para reemplazar los aportes del Estado. De esa manera, la promoción del cine peruano se privatizó y ya depende solamente de los aportes de distribuidores y exhibidores.

En Colombia, la ley reconoce como su objetivo “facilitar la producción de películas y contribuir a convertirla gradualmente en una industria sostenible”, a través de dos mecanismos de fomento: el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que recibe los dineros recaudados a través de una cuota parafiscal que pagan los exhibidores, distribuidores y productores como resultado de la exhibición de obras cinematográficas en el territorio nacional, monto que vuelve al mismo sector cinematográfico; y el otorgamiento de estímulos tributarios para inversiones y donaciones a proyectos cinematográficos: Se trata de una deducción a los impuestos de donantes e inversionistas en proyectos cinematográficos colombianos, contribuyentes del impuesto a la renta.

En Venezuela, la última modificación de la Ley de Cine en Venezuela propone el acceso a películas de todo el mundo, no solo locales, para sacarle el monopolio estadounidense. El objetivo es diversificar el cine que ve el pueblo venezolano. El Ministro del Poder Popular para la Cultura, Farruco Sesto, espera que la normativa logra garantizar que la películas nacionales tengan el espacio que merece en las distintas salas. “Después, el público tendrá la palabra, si al pueblo no le gusta, tendrá más o menos taquilla, pero que el espacio esté garantizado suficientemente”. Además, la Ley de Cine bolivariana contempla, a la vanguardia latinoamericana, la copia de películas extranjeras en el país, para estimular la labor de los laboratorios.

El objetivo de la actual Ley de Cine mexicana dice ser la promoción de la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y preservación, procurando siempre el estudio y atención   de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional.

Su artículo 3 sí reconoce, a diferencia de la Ley argentina, a la actividad cinematográfica como una industria, y, como agrega el 14, “de interés social”.

El artículo 19 dispone que los exhibidores reserven el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. Además, “toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente”.

En Cuba, el paradigma es otro. Su cine, como toda su actividad cultural, debe ser Revolucionario. Omar González, presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, sostiene que el arte debe ser inclusivo y responsable. Busca un cine que tome distancia de lo mercantil analgésico para el espectador. “El nuestro es un cine que parte de la honestidad intelectual y de un compromiso con la realidad”, declaró a El Jirillo.
Su Ley de Cine promulgada en “el año de la Liberación” (1959) establece simplemente que, para facilitar la distribución y explotación de los films cubanos en el mercado interno, existe un sistema de cuotas justo y proporcional que garantice a la producción nacional.

Los países latinoamericanos se van mostrando entre ellos cuál sí puede ser el camino para generar una ley de cine que genere interés social, que sea una industria, que se independice de los estereotipos hollywoodenses y trace su propio camino, que se vuelva exportable, que tenga promoción interna en cines y televisión y que sea pasible de ir amoldándose a las nuevas tecnologías.