Puán, un balance

El 12 del mes pasado no fue simplemente una fecha de discusión sobre el “Día de la Raza” -debate con foco en la reivindicación de las poblaciones indígenas y el cambio de nombre por Día de la Diversidad Cultural- sino, que, paralelamente se estaba solucionando, luego de un mes de toma, el conflicto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Los puntos fundamentales presentados por los estudiantes rondaban por la necesidad de la ampliación del predio actual, reprogramación de los finales no tomados por la situación de toma, asignación de becas a todos aquellas que se les fue negado, financiación de todos los viajes de estudios, salario para todos los ad-honorem y financiamiento de las actividades deportivas. Sin embargo, aquel destinado al problema edilicio no era una simple petición hecha en el aire, sino que por el contrario, estaba fundamentada por un pre-proyecto realizado por una cátedra libre de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, que desde el 2008 había trabajado de manera conjunta con una comisión estudiantil (Comisión por el Presupuesto). Así, elaboraron un plan para construir un establecimiento integrado al actual, que contemplaba más de doscientas aulas nuevas, un comedor estudiantil, biblioteca ampliada, sala audiovisual, comedor estudiantil y hasta una guardería. De este modo los graves problemas originados por la sobrepoblación de alumnos serían solucionados a la vez que nuevas facilidades serían abiertas para resolver otras insuficiencias. Pero, cuando el 1 de septiembre el esto fue presentado a las autoridades, fue rechazado al tiempo que evidenciaron que su interés de ampliación edilicia estaría orientada a aulas para actividades aranceladas, ignorando las problemáticas de la comunidad universitaria.

Así, veía la luz un nuevo conflicto.

Puertas afuera

La toma de filosofía y letras no fue un hecho aislado dentro de la vida educativa, sino que al mismo tiempo se estaban dando numerosos enfrentamientos, ya sea entre los colegios secundarios y el gobierno porteño, como también en otros puntos del país tales como Jujuy, Córdoba y La Plata. Además, en el interior de la UBA una porción considerable de facultades iniciarían procesos de denuncia y movilización contra sus respectivos decanos (Ingeniería, Sociales, Arquitectura y Medicina) al que se sumarían  terciarios como el IUNA y el Joaquín V. González. En Capital Federal, el día a día era zarandeado continuamente por cortes, marchas y plenarios que sacaban a la luz del día la oscuridad en la que se encontraba la educación pública general. Así, que la Noche de los lápices los encontró unidos en la conflictividad bajo un mismo lema que sin embargo traería un sinnúmero de disensos al interior de los estudiantes: Macri= Cristina.

Esta consigna fue repudiada por muchos jóvenes dentro de la facultad, a la vez que las organizaciones kirchneristas tuvieron su oportunidad de aparecer en una escena que los había ignorado. Rechazando el postulado Macri= Cristina mostraron también su oposición a la toma, ya que los guiaba la lógica que el Gobierno nacional desde el 2003 hacia el día de la fecha había aumentado al 7% del presupuesto nacional lo destinado a educación entonces era indenunciable su labor. De modo que –en este caso- la presidenta no tendría que hacerse responsable por la situación educativa universitaria, que el problema era generado por la burocracia corrupta de la UBA y que los estudiantes debían plegarse a criticar y luchar contra Macri en Buenos Aires, ya que era aquí donde “el desgaste de las escuelas presenta un panorama desolador” (Insurexit, 9/9).

Pero frente a estas diferentes interpretaciones valen las siguientes dudas: ¿esta frase se equivoca realmente al equiparar a los culpables, por un lado, de la situación terciaria (Gobierno Nacional) y, por el otro, a la secundaria (Gobierno porteño)? Y ¿bajo que otra consigna se podría haberse unificado los dos reclamos para articular frentes únicos?

La luz al final del túnel

En 31 días de toma, se mostraron interesantes rasgos a destacar: por un lado, las asambleas –hasta la última semana, donde la resolución de las negociaciones era inminente- mostraron un nivel de participación muy alto, rondando siempre entre setecientas a mil personas, es decir, casi un 10% de la facultad. A su vez, se creó la comisión de Autogestión del conocimiento, que tuvo como objetivo que los mismos alumnos tomasen las riendas de las clases que los profesores se negaron a dar en situación de toma; aunque no tuvo mucho auge ni llegada, la misma intención y puesta en marcha en algunas materias, demostró un nivel muy alto de organización de los alumnos. Por último, el nivel de integración orgánica entre la Asamblea y sus representantes en las negociaciones con las autoridades, cuyas decisiones y votos siempre tenían que ser legitimadas por la primera, es decir, por los cientos de estudiantes que participasen.

Así, el 12 de octubre se llegó a común acuerdo, firmándose las siguientes resoluciones:

ARTÍCULO 1º: Encomendar a la Secretaría Académica la reprogramación del turno de exámenes correspondiente al mes de septiembre, perdido por la situación de excepción creada en la Facultad, teniendo en cuenta las posibilidades y los tiempos requeridos por los trabadores docentes y no docentes.

ARTÍCULO 2º: Establecer el compromiso de iniciar todas las acciones necesarias para construir un nuevo edificio en el predio que ocupa hoy día el estacionamiento, en la calle José Bonifacio 1347. Para su construcción, una vez propuesto y aprobado el proyecto definitivo por parte del Consejo Directivo, deberá buscarse financiamiento con fondos públicos.

ARTÍCULO 3º: Crear una comisión de trabajo con representación en representación proporcional de consejeros directivos de los diferentes claustros (dos por mayoría y uno por minoría), los dos consejeros no docentes, tres representantes del CEFyL, tres representantes de AGD Filo, y tres representantes de la Comisión Interna APUBA, que funcionará conjuntamente con las secretarías académica, Hacienda, Investigación, Posgrado y SEUBE.

ARTÍCULO 4ª: La Comisión referida en el Art. Anterior deberá reunirse quincenalmente y tendrá su cargo la formulación del o de los proyectos integrales edilicios, para ser tratados por el Consejo Directivo, y el seguimiento de la implementación del proyecto resultante. Los avances de la Comisión tendrán la más amplia difusión por todos los medios de comunicación disponibles, incluyendo todos los proyectos y estudios vinculados a la cuestión edilicia.

ARTÍCULO 5º: La Comisión deberá tener en cuenta el compromiso de que el futuro edificio no será destinado a la realización de actividades aranceladas, priorizando la gratuidad de las actividades académicas en todos sus niveles. 

ARTÍCULO 6º: El debate integral de la cuestión edilicia incluirá distintas necesidades y demandas, tomando como base la intención de construir la mayor cantidad de metros cuadrados para uso académico, prioritariamente para aulas de grado, teniendo en cuenta además los institutos de investigación, las bibliotecas, y la construcción de un jardín maternal y un comedor universitario. Si es posible, técnica y arquitectónicamente, ambos edificios estarán integrados en todos los pisos y aspectos posibles, atendiendo a la problemática de la seguridad y la circulación en todos sus espacios.

Leyendo cada artículo surge la pregunta ¿fueron necesarios un mes de movilización para que el decanato aceptase la situación edilicia? Si se firmó de manera unánime este documento, ¿por qué no lo hicieron el día uno del conflicto, o más aún, por qué no aceptaron el pliego propuesto el 1 de septiembre, en vez de proponer construir aulas para actividades aranceladas? Tal vez, la respuesta será que no querían hacerlo y que solo gracias a la situación de excepción académica se vieron obligados a prestar atención a las necesidades concretas.