Inquilinatos en la mira

Se escucha una voz por altoparlantes frente a la Jefatura de Gobierno porteña, furiosa, denunciante. No son los estudiantes, docentes, médicos que gritan no a las subejecuciones de presupuesto, ni son manifestantes en contra de algún nuevo ministro macrista nefasto. Tampoco son protestas por derrumbes de edificios o por las escuchas ilegales o por la mafia de la Policía Metropolitana. Es la radio abierta de protesta de los inquilinos desalojados en el marco de otra modalidad dentro de las políticas del Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri para estigmatizar la pobreza. Según la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) son más de 80mil las personas echadas de sus hogares alquilados desde que comenzó la gestión PRO en 2007, y aumenta a razón de entre 3mil y 5mil por año.


La Constitución porteña afirma en su artículo 31 que “la Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado”, y agrega en uno de sus anexos una de las responsabilidades del ejecutivo: resolver “progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos”.  Macri decidió hacerle caso omiso a la carta magna sobre la que juró al asumir y, a través de medidas que ignoran o estigmatizan la pobreza, -y ayudado por una justicia funcional, como es el caso de la jueza María Luisa Escrich- patea a familias a la intemperie. Todo el aparato es sostenid

Elizabeth Dos Santos (MAP), frente al micrófono, en la radio abierta.

o por un régimen impositivo que no grava los inmuebles ociosos ni genera ningún tipo de contención ante las personas en situación de calle.

Chacabuco 630

En el barrio de San Telmo sucedió un caso paradigmático y bisagra: un fallo teñido de irregularidades y sostenido con evidencias endebles condenó a seis meses de prisión a nueve familias de un inquilinato situado en la calle Chacabuco 630. Entre los acusados de usurpación de propiedad se encuentran cinco madres de doce niños solteras, un anciano de 78 años y un discapacitado. Quien los denunció ante la justicia es Néstor Osvaldo Nacama, un personaje particular que carga con condenas por estafa y una causa por asesinato; además, según autoridades del hospital neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda, en donde fue paciente, Nacama es “un peligro para si mismo y para terceros”.

La historia del inquilinato es de tinte casi novelesco. El inmueble de Chacabuco está inscripto en el Registro de la Propiedad a nombre de Julia Serikyaku, una señora de origen japonés fallecida en 1994. Los herederos de la casona son el esposo Ryoky Nacama y su hijo. Néstor Osvaldo Nacama, primo segundo de Serikyaku, prometió al viudo pagar la sucesión y comprar el bien en el futuro; con esta oferta de palabra se instalo en el domicilio. La familia de la fallecida abrió una causa judicial contra el okupa Nacama declarando que nunca le dieron permiso de habitar la casa.

Eso por un lado.

Por el otro, Nacama carga con dos condenas por estafa y está siendo investigado como presunto autor del asesinato de su prima, con quién disputaba la propiedad. Tiempo después fue su internación en el Borda.

Jornada frente a la Cámara de Apelaciones.

“Hace seis años que comparte la casa con un tal Carlos Benítez, un ex jugador de futbol.- comenta una de las vecinas de Chacabuco- Eran socios en algo de tráfico de chatarras, siempre discutían e incluso terminaba interviniendo la policía.”. Al parecer Benítez, durante una de las tantas inexplicables ausencias de Nacama, puso en alquiler las habitaciones. Su socio, cuando volvió, se encontró con la propiedad llena de inquilinos y no había recibido un peso de ello por parte de Benítez. Nacama inició entonces la primer denuncia por usurpación, que concluyó con una oferta de mediación. Nacama la rechazó y se cerró la causa.

El fiscal macrista Francisco Ángel Carestía tomó una segunda denuncia hecha Nacama y la jueza Escrich ordenó el desalojo a pesar de que todos los residentes pagaban al día su pensión a Benítez. Lo que a la magistrada se le pasó por alto fue que Nacama no tiene forma de comprobar el derecho sobre el inquilinato. “Aprovechó para lucrar con la casa”, comenta Elizabeth Dos Santos, una militante del Movimiento Asambleas del Pueblo (MAP), la organización que encabeza la lucha en defensa de las familias condenadas, y agrega: “Su socio Benítez ahora está prófugo”.

Una movilización motorizada en su mayoría por MAP impidió el desalojo forzoso de la vivienda de San Telmo. Actualmente, como forma de protesta y de divulgación, los vecinos y MAP organizaron, con la aprobación del cardenal Jorge Bergoglio, una radio abierta sobre las escalinatas de la Catedral Metropolitana todos los martes y jueves. El miércoles 10 de noviembre decidieron instalar los micrófonos sobre la calle frente a la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires en Libertad 1050 para obtener una respuesta; a media tarde los atendieron y les confirmaron que durante el transcurso de diciembre se iba a resolver la causa.

Cuestión de peso

A diferencia de CIBA, el MAP maneja un número menor de desalojados que ronda en los 15mil desde que asumió Macri. Ambas cifras son igualmente estremecedoras, sumando además que no se ha construido una sola vivienda para contener de alguna forma a las personas en situación de calle (que, no hay que olvidar, fue una de las propuestas de la campaña PRO). Muy por el contrario, la Unidad de Control de Espacios Públicos se ocupó de molerlos a golpes y robarles las pertenencias a mansalva durante el año pasado hasta que este grupo parapolicial fue descubierto y denunciado. Además, este año el macrismo hizo fuerza para aprobar la reforma al Código Contravencional para criminalizar a los trapitos y limpiavidrios; hoy avanza contra los inquilinatos a través de una justicia funcional. Mañana, quién sabe.