Proyectos con olor a naftalina

Por Analía Godoy

Quizá debido a alguna falla de las fuerzas que gobiernan la naturaleza, en la última semana parece haberse abierto el túnel del tiempo que trajo al presente imágenes del más sórdido pasado latinoamericano.

En efecto, mientras una sublevación policial ponía en riesgo el gobierno democráticamente electo de Rafael Correa en Ecuador, por estas tierras obtenía media sanción un proyecto que apunta a actualizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la sociedad civil.

El proyecto de ley para la creación de un Servicio Cívico Voluntario tiene como finalidad, según sus impulsores de la UCR y el Peronismo Disidente, el brindar a los adolescentes en riesgo la capacitación en algún oficio que permita su inserción social. Ahora bien, el que sea un proyecto impulsado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad y Narcotráfico y que no haya pasado nunca por la Comisión de Educación sumado al hecho de que la contención sería en el marco de la institución militar, parece demostrar que el objetivo no es “educar y contener” sino más bien vigilar y castigar a los adolescentes pobres.

El proyecto aprobado esta semana en la Cámara de Diputados nos lleva a reflexionar sobre la cuestión del papel de las Fuerzas Armadas en relación con la sociedad civil. En efecto, la problemática de la inseguridad en las grandes zonas urbanas y suburbanas ha llevado a plantear a algunos políticos la idea de que las Fuerzas Armadas vuelvan a cumplir funciones de seguridad interior, a lo que apunta por ejemplo, el proyecto de Eduardo Duhalde de declarar la “Emergencia Nacional en Materia de Seguridad”.

Ahora bien, si miramos el pasado para intentar comprender el presente, podemos plantear que la intervención de las Fuerzas Armadas para el control de la sociedad civil, una tendencia que comienza hacia finales de los años 50 es el “huevo de la serpiente” del Proceso de Reorganización Nacional iniciado en 1976.

En esta línea de tiempo que proponemos trazar, encontramos en primer lugar el Plan CONINTES –Conmoción Interna del Estado-. Sancionado en 1958 con el acceso a la presidencia de Arturo Frondizi, este plan represivo fue puesto en funcionamiento en 1960 con la declaración del “estado CONINTES”. Esto implicaba la suspensión de los derechos y garantías que reconoce la Constitución –derechos y garantías que, vale aclarar, la Revolución Fusiladora había venido a garantizarle a los argentinos en 1955-. En este sentido, se procedió a la militarización de la sociedad civil: la policía fue puesta bajo el mando de las Fuerzas Armadas y los detenidos durante el plan CONINTES, juzgados por tribunales militares.

CONINTES tiene como sustancia básica la represión de un pueblo trabajador que luchaba por el retorno de Juan Perón y fundamentalmente por sus condiciones económicas y sociales frente a los intentos –que serían cada vez más apremiantes- de racionalización y modernización económica. Su carácter clasista, entonces, no puede ocultarse.

El siguiente hito en la línea de tiempo que describe la intervención de las Fuerzas Armadas para la represión de la movilización de los sectores populares lo ocupa la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional”. La misma, consiste en un desplazamiento en el papel de las Fuerzas Armadas: desde la defensa contra enemigos externos se pasa a poner el énfasis en los “enemigos internos”. Y los enemigos internos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas que, actuando como artífices de los intereses de los sectores más concentrados de la burguesía argentina, pretenden “racionalizar” la estructura productiva, eran quienes iban a salir perdiendo de esta transformación: los trabajadores. Nuevamente, el mismo carácter clasista que luego revestirá el Proceso.

Para datarla podemos tomar el año 1964, cuando Juan Carlos Onganía adscribe a la misma en una de las Conferencias que organizan las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para adiestrar a los ejércitos latinoamericanos en la lucha contra la subversión. (Sí, digo “subversión” aunque sea políticamente incorrecto, porque no veo el carácter oprobioso de pretender subvertir las condiciones de desigualdad que existen en la sociedad).

Entonces, en el contexto de amplia movilización de las clases populares que ningún fusilamiento pudo frenar, la transformación de la estructura productiva se tenía que imponer con sangre y esta tarea debía ser cumplimentada por las Fuerzas Armadas, como descubrieron los generales y los empresarios que los apoyaban. Dado que son harto conocidos los resultados más macabros de esta línea de desarrollo histórico siempre es interesante indagar “los comienzos”, que aunque no logremos aprehenderlos completamente, echan luz sobre la coyuntura actual.

Resumiendo entonces, podemos proponer que desde ciertas fuerzas políticas la respuesta al problema acuciante de la inseguridad es la actualización de una tendencia con olor a naftalina: la intervención de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior. Más llanamente, la represión de los sectores populares marginalizados por las políticas económicas neoliberales que la represión logró imponer. Como se ve, no se distingue claramente cuál es el remedio y cuál es la enfermedad.

Charly dice que el miedo siempre es tonto, ojalá no sea desmemoriado también.