La pregunta de todos los días ¿Y LUCIANO?

Luciano Nahuel Arruga fue visto por última vez en enero de 2009. A un año y ocho meses de su desaparición, aún no hay respuestas. Los policías involucrados en la causa continúan en sus cargos y figuran como testigos en este papelón que protagoniza la Justicia.


La fiscal Cecilia Cejas, hace aproximadamente cuarenta días le pidió al juez Gustavo Banco, a cargo de la causa Arruga, que se declare “incompetente”. La fiscal, al igual que la familia de Luciano y sus abogados, quiere que haya un cambio de carátula. Consideran que es un delito federal o de “desaparición forzada de persona”. Hoy la causa está caratulada como “averiguación de paradero”. De esta forma, a Luciano aún se lo busca como si se hubiese escapado de la casa. Rechazando el pedido por parte de la fiscal, el juez contestó que se declara “competente”. A esto se sumó que el pedido de los abogados Damián Piraino y Juan Manuel Combi, quienes habían presentado 50 carillas con ocho puntos con sospechas y tentativas de investigación, fue ignorado por el juez. En el escrito que afirma su “competencia” no contesta ninguno de los ocho puntos. Sólo se atiene a responder cuestiones de forma, no de fondo, sin explicar por qué no están detenidos los dos policías que estuvieron en el móvil con Luciano, luego de que las pericias determinaran que el joven estuvo en el patrullero que, fuera de la zona de patrullaje, esa noche merodeó un descampado: El mismo descampado en el que se comprobaron rastros de Luciano.

La justicia no da respuestas. Mientras tanto los ocho policías involucrados en la causa figuran como testigos. Son los mismos ocho policías que tiempo atrás fueron desplazados por Carlos Stornelli, el entonces ministro de Seguridad bonaerense, y reincorporados días más tarde sin dar explicación alguna. Son los ocho policías que estaban en la comisaría de Lomas del Mirador la noche de la desaparición. El juez se expidió con los hechos, y los policías siguen todos en actividad.

Si se declaraba la incompetencia, la causa se sorteaba a un juzgado federal. Este juzgado analizaba si amerita que entre, y si se acepta, automáticamente tienen que cambiar la carátula porque esa órbita no admite una “averiguación de paradero”. Es lo que pasó con el caso por la desaparición de Jorge Julio López. Por eso los abogados de la familia Arruga entendían que podía haber un cambio de carátula si había un cambio de fuero, cosa que el juez rechazó.

La familia argumenta que existe una desaparición forzada de una persona a manos de una institución, que es el Estado provincial, por lo que el delito podría tipificarse de “lesa humanidad”. Sin embargo, los responsables están libres. “Los responsables están entre esos 8, y para saberlo necesitan que hablen. Para que hablen debe haber un rigor de la ley, en este caso la detención. Cualquier otra persona que estuviera investigada por un hecho así, que no tuviera que ver con la institución policial, estaría presa desde el primer momento. Por eso tenemos el 80% de presos de la provincia de Buenos Aires, de los cuales el 70 es pobre, y se los detiene y quizá luego de 5 años se dice si son culpables o no”, aseguró uno de los abogados de la familia Arruga, Juan Manuel Combi, y agregó: “Nosotros sostenemos que esto se trata de un delito federal, y por eso Banco no es competente porque quien sí lo es el juez federal de Morón. En eso citamos la jurisprudencia del caso López, y otras jurisprudencias que no tienen que ver con desapariciones pero sí con hechos de envergadura nacional. Nosotros habíamos solicitado medidas. Entre eso estaba la solicitud de indagatoria a los policías que estaban en la causa, y otras medidas que investiguen los delitos que nosotros entendemos se cometen en la causa, más allá de la desaparición forzada de Luciano”.

Con la voz llena de bronca por la impotencia que deriva de la impunidad enquistada, Combi enfatizó sobre los ocho delitos que denunció la querella: “Coacciones agravadas, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, supresión de documentos públicos (por la adulteración de los libros policiales), amenazas posteriores, apremios ilegales que existieron en la comisaría de Lomas del Mirador. A esa solicitud nuestra lo que hizo la fiscal es declarar la incompetencia del juez Banco, que la rechazó y se declaró competente para llevar adelante la causa. Esa medida la apelamos, y además pedimos que se investiguen las medidas que solicitamos, a las cuales no dio respuesta. Si vos sostenés que no son delitos de orden federal y que sos competente para investigarlos, tomá alguna medida”.

La defensa de la familia Arruga cree que la investigación debe darse sobre un cuerpo desaparecido y la participación del Estado, a través de la policía y el Ministerio de seguridad. Desde esa hipótesis, Combi pide el cambio de carátula. “Nosotros no podemos trabajar ahora en buscar a Luciano en una morgue, porque es perder el tiempo. Esas son cosas que van saliendo de la fiscalía y nosotros le ponemos el freno. Todos sabemos que no puede estar guardado por una banda de secuestradores. Acá tiene que haber una participación de una maquinaria que trabaja con cierto grado de logística. Llegar a sostener que Luciano Arruga se encuentra perdido, es más para una película de Olmedo que otra cosa. Esta causa es pública. Si Luciano se perdió, ¿nadie lo vio? Perdido no está. Está desaparecido. Y para desaparecer una persona un año y ocho meses nosotros sostenemos que es necesaria una maquinaria. Si la policía es la encargada de la protección general de la comunidad. Si un chico desaparece en un radio y una jurisdicción se tiene que investigar qué papel estaba cumpliendo el personal preventor”. De la investigación que se hizo sobre este personal los abogados entienden que hay elementos probatorios como para investigar. Entre ellos, no tener los libros de entrada en debida forma y los rastrillajes hechos con perros que dieron positivo acerca de la presencia de Luciano.

“Hay pruebas. No es lo mismo buscar un pibe que atacar un delito. Porque cuando se averigua un paradero, se busca a un pibe que se fue de la casa, que deliró; ahora se busca a un desaparecido por la policía, se ataca una metodología, una institución y un delito”, reflexionó Combi, y concluyó: “Ya tenemos una experiencia con esto, de otros casos. El problema de los NN es viejo. Acá puede haber un cuerpo enterrado durante 2 o 3 meses y nadie hace nada. Y son nuestros pibes, son nuestros hijos, ése es el problema. Son los desaparecidos de hoy”.