¡Alto, policía!: Trapos arriba

El Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri va con todo.  Quiere prohibir a los cuidacoches y limpiavidrios. Criminalizar las protestas con capuchas y palos.  Endurecer las penas en estos nuevos delitos y aprobar el uso de las picanas eléctricas Taser X26.

Con las escuchas ilegales y la mafia de la Policía Metropolitana en boca de todos, y antes incluso de que el juez Norberto Oyarbide citase al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri a declarar, el PRO envió a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires duras reformas al Código Contravencional para desviar la atención del público. No funcionó. Los cambios en pos de la “seguridad ciudadana” resultaron un espejo del autoritarismo que –no- esconde el actual gobernador porteño. Las modificaciones que él desea establecer penan la actividad de las personas que cuidan coches, mal llamados “trapitos” y de los que limpian vidrios de los autos, con castigos de hasta quince días de arresto y seis mil pesos de multa. La intención es endurecer las penas también para los que porten armas blancas o elementos sospechosos sin justificación. Además prohíben el uso de capuchas y palos en manifestaciones sociales, eventos culturales o deportivos y en cualquier tipo de marcha, exceptuando que sea por motivos étnicos o religiosos. Por último, retoman un tema que se pensaba cerrado: enviaron un proyecto de ley para aprobar las picanas eléctricas Taser X26 para uso de la policía macrista.

“Vamos por el camino correcto y seguiremos trabajando para desterrar las mafias que hoy se han enquistado en la sociedad, manipulando y abusando de nuestros jóvenes”, argumentó Macri en la conferencia de prensa el 29 de marzo pasado, cuando junto a altos funcionarios de la cartera PRO, hizo públicas las variantes al Código. “La ciudadanía está preocupada, tiene miedo y necesita que se extreme todo lo que esté al alcance para mejorar la situación”, aseguró el jefe de Gobierno porteño.

PASANDO EL TRAPO

“¿Usted qué quiere, que los matemos directamente? No entiendo”, responde un confundido Mauricio Macri a la calificación de “medida poco profunda” que el periodista Nelson Castro le confirió a la reforma del Código Contravencional. El locutor de Radio Mitre, muchas veces funcional al ex presidente de Boca, no podía creerlo. Macri seguía confuso: “No entiendo ¿qué es más profundo?”. De todas formas explica por qué la mano dura: “Es que está tan xenófoba la sociedad y tan violenta que la gente plantea cosas que son inaplicables (NR: entiéndase, matarlos a todos)”. Como la cárcel es aplicable, allí las modificaciones y allí, entonces, el falso argumento macrista.

La reforma es superficial. Oculta una estrategia de carácter violento y, como dijo el jefe porteño, xenófoba. El año pasado, el modus operandi tenía su piedra basal en la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), cuya tarea era “limpiar” las calles de indigentes, tirar sus pertenencias a la basura e, implícitamente, correrlos de la Ciudad de Buenos Aires al Conurbano. Este mes, la UCEP se recicló, ahora su tarea la cumple el servicio de Higiene Urbana, que con variantes en su accionar, se dedica a lo mismo. Si la Legislatura aprueba la reforma al Código, el macrismo, amparado por la ley, erradicará una de las caras visibles de la pobreza, sustituyéndola por empleados del Gobierno, quienes seguirán cobrando el estacionamiento de los autos. Pero, ¿a dónde irán entonces los cuidacoches y limpiavidrios?: “A la cárcel, a pedir o a robar”, comenta Joaquín, trapito de Recoleta, representando a todos sus pares.

Las modificaciones, en todos los casos, tienden al agravamiento de la condena. Antes, los castigos por ejercer la actividad de trapito eran de uno a dos días de trabajo de “utilidad pública” o una multa de 200 a 400 pesos. La acción reparadora se quiere sustituir por cárcel, de uno a cinco días de arresto, y la multa aumentaría: 200 a dos mil pesos. Si existiese coordinación, el castigo se duplicaría; si existiese una organización -“las mafias” según Macri- se triplicaría.

EL 85 ESTÁ CARGADO

“Planteamos una modificación al Código Contravencional que para nosotros es importante”, comienza el ministro de Seguridad y Justicia porteño Guillermo Montenegro, en la conferencia de prensa del 29 de marzo pasado y especifica el cambio: “La prohibición de la utilización de palos y estar con la máscara cubierta en las protestas”. Pero el funcionario no dice toda la verdad: la reforma incluye como contravención, bajo pena de cárcel, “ocultar o cubrir el rostro o parte del mismo” en “reuniones o eventos masivos de índole cultural, deportivo, o en caso de marchas o manifestaciones”.

El bloque de reformas de las que habla Montenegro apunta al artículo 85 del Código que castiga la portación de armas no convencionales en la vía pública. La norma existente está focalizada estrictamente en el individuo, y esta connotación es la que quiere modificar el macrismo al apuntar a las movilizaciones, marchas y protestas. Este punto se explica con el agregado que duplicaría la condena, de cinco a veinte días de arresto, en las situaciones que se catalogarían como contravensión exclusivamente en aglomeraciones.

Además, como aditivo a la condena de las protestas, se especificaría dentro de la norma la prohibición injustificada de “cadenas, palos, bastones y fierros”, modificación que golpea directo a las organizaciones sociales de izquierda que marchan con dichos elementos como símbolo característico. Los castigos, según el PRO, serían para que estos tipos de agrupaciones dejen de generar “mucho miedo e incertidumbre a los vecinos, creando la sensación de “todo vale”. La paradoja es que muchos de los manifestantes de esas movilizaciones son los mismos vecinos.

Si se aprueba en la Legislatura, el artículo, además, se cargará de anexos. En primer lugar, el 85 bis castigará con cinco a veinte días de cárcel a quien se cubra total o parcialmente el rostro en una marcha, manifestación o evento. El mismo castigo tendría la portación injustificada de ganzúas o elementos para forzar cerraduras, “siempre y cuando constituya delito”.

LO QUE QUEDA

Como si la reforma no fuera lo suficientemente autoritaria, también se cambiarían las tareas reparadoras por cárcel a quienes ensucien “cualquier bien de utilidad pública y/o privada”. Estos delitos tendrían entonces una condena de uno a cinco días de arresto o una multa de  600 a cinco mil pesos. Además, pese al rechazo de la Justicia a las pistolas eléctricas –o picanas de mano- Taser X26, el macrismo envió un proyecto de ley a la Legislatura para aprobar su uso por la Policía Metropolitana.

En líneas generales, cada punto del proyecto de reforma apunta a criminalizar las manifestaciones y la pobreza; en este último punto, otorgándole a la actividad de “trapitos” y limpiavidrios el perfil de delincuente, sumando fichas a la sensación de siempre latente de inseguridad que deriva inevitablemente en más exclusión social. Conjuntamente, crea el mito de que los “trapitos” existen sólo en concepto de mafias. Esto se da, en gran medida, por el fuerte fogoneo de los medios, que muestran a los cuidacoches de los recitaes de futbol y recitales. Estas son las verdaderas mafias, cuyas gestiones exceden a quiénes desarrollan la actividad de mirar y estacionar autos. Entonces ¿A quién hay que castigar? ¿A la policía, de quiénes, junto con los barrabravas, se rumorea que tiene una fracción de la repartija por la actividad? ¿Y si empezamos por resolver la interna de la Metropolitana antes de correr el problema? ¿Y si se buscan medidas de inclusión social antes de una violenta y represiva exclusión? La respuesta está: en el PRO, con Macri como mentor fundamental, tienen la solución de la pobreza; la traba fundamental es que afortunadamente no es “aplicable”.

No Tan Distintos: Scioli no se queda atrás

El gobernador de la provincia de Buenos Aires intentó el año pasado que se aprobara una reforma similar a la del PRO. Organismos de Derechos Humanos y la misma oposición se encargaron de desaprobarla.

Ni Mauricio Macri ni su ministro de seguridad, Guillermo Montenegro, son adelantados en materia de trapitos y limpiavidrios. A mediados de noviembre del año pasado, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, en compañía de su ex-ministro de seguridad, Carlos Stornelli –hace pocos días fue remplazado por Ricardo Casal-, presentaban en la Legislatura un proyecto para la reforma  del código contravencional de faltas de la Provincia de Buenos Aires. Éste, entre otras cosas, también pretendía penalizar a los cuidacoches y limpiavidrios.

A fines del año pasado varios crímenes chorrearon de amarillo las páginas de diarios y las imágenes de los programas de televisión. Scioli, en concordancia con muchos medios de comunicación, que en vez de focalizar en el proceso que llevó al asesino a hacer lo que hizo, pusieron el énfasis sólo en el suceso, salió con los tapones de punta a exigir mano dura. “Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para enfrentar a estos brutales asesinos, no voy a parar hasta que uno por uno esté preso”.

La relación entre los asesinatos, y los trapitos y limpiavidrios es algo que Scioli y Stornelli asociaron para evitar preguntarse porqué…

Con la intención de “reestablecer el orden en la vía pública” buscaron con la reforma sancionar con multas o varios días de prisión a los cuidacoches y limpiavidrios.

¿Se preguntó el gobernador de la Provincia qué multa podrían pagar? No, claro.

La propuesta de modificación del Código exigía insólitas sanciones a quienes marcharan con máscaras en la calle, a personas que merodearan por las veredas, a hombres y mujeres a los que se les endilgaba el ‘delito’ de la vagancia. También a los responsables de “la exigencia compulsiva de dinero en la calle, a cambio o no de una contraprestación”, en referencia a los trapitos y limpiavidrios.

Las críticas de organismos de Derechos Humanos llevó a Scioli a dar marcha atrás con parte de la reforma. Eliminó del proyecto enviado a la Legislatura las figuras de “merodeo” y “vagancia” que había propuesto, aunque sigue firme con el resto de los postulados.

Hoy en día el Gobernador continúa buscando el apoyo de la mayoría en la Legislatura Provincial y así lograr su cometido. Su propia vagancia intelectual para idear proyectos que mejoren a la Sociedad toda, le están jugando en contra: pocos adeptos optan por merodear con él en una reforma que lejos está de aprobarse.

OTRAS VOCES

La reforma nos toca a todos: sentimental o personalmente. En conversación con NOS, distintos actores del arco político nos dan su opinión.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz 1980

Lo que veo es una fuerte oposición de Macri a todo aquello que surge desde organizaciones sociales. Logicamente que su mentalidad pasa por un condicionamiento territorial pero también del pensamiento. En vez de buscar las medidas de represión tiene que buscar medidas de contención. En síntesis: ¡Que busque la solución concreta para las ciudadanas y ciudadanos de Buenos Aires! No pueden ser medidas represivas, sino de contención y seguridad social. Ha cambiado bastante el contexto de la Legisladura y aquellos legisladores conscientes de las políticas sociales se van a oponer a esa vil medida del gobierno de Macri.

Aníbal Ibarra, legislador porteño por Diálogo por Buenos Aires

El proyecto de Macri de castigar a los trapitos y a los limpiavidrios es una cortina de humo para tapar otras cosas. Además no sólo es inviable sino que va a perjudicar seriamente a la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Macri pretende castigar la actividad de los trapitos aun cuando sea gratuita o se haga esperando una propina. Hay algunos grupos organizados que “aprietan” a la gente, pero ya existe una normativa para perseguirlos y castigarlos, lo que Macri no hizo cuando era presidente de Boca y le daba a la barra brava la explotación de las playas de estacionamiento del club.

Con respecto a los limpiavidrios la situación es similar, ya que se pretende perseguir a todos los que ofrecen el servicio más allá de que la gente lo acepte o lo rechace.

Si se aprobaran las reformas propuestas por Macri obligaría a la Policía Federal y a la Metropolitana a dedicarse a los trapitos y a los limpiavidrios en lugar de prevenir verdaderos hechos de inseguridad en la Ciudad.

Carlos Mas Velez, presidente del Cómite de Ciudad de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical

El problema de las crecientes contravenciones a los denominados “trapitos” no debe estar vinculado con un aumento de las penas ni con un incremento de una actitud represiva por parte del Estado, sino que tiene que ver con priorizar las políticas públicas tendientes a generar empleos y a ofrecer una alternativa a un conjunto de ciudadanos que, producto de las desigualdades propias del capitalismo, están fuera del sistema: ellos son los marginados del sistema productivo y del trabajo.

La desaprobación de la reforma en la Legislatura va a ser difícil por el número de legisladores que tiene el bloque del PRO. Habrá que ver si algún sector del arco opositor está dispuesto a acompañar estas modificaciones. Creo que se debe poner el eje en discutir políticas de Estado en materia social y generación de empleo porque la Ciudad cada vez tiene mas índices de desocupación, de marginalidad y de inclusión social e inequidad en la distribución.

Es imposible seguir justificando el problema con inseguridad. Cuando uno conduce, condiciona y condena a la exclusión social a millones de ciudadanos, porque es natural que se tenga el reflejo inmediato en los índices de criminalidad y de trabajos informales: de alguna manera tienen que darle de comer a su familia. La reforma es un “guardar debajo de la alfombra” y esto es una constante en el gobierno de Macri.

Marcelo Parrilli, legislador porteño por MST – Nueva Izquierda

Desde ya, estoy totalmente en contra de la reforma al Código Contravencional. En la Legislatura no se debería aprobar porque entre la oposición sumamos 34 votos y la única posibilidad que existe es que del arco no macrista apoye la medida. El lunes 10 de mayo se hizo la primera reunión para tratar el tema y aparentemente se va a votar en contra.

Fernando Esteche, líder del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho

La Legislatura porteña no tiene condiciones como para aprobar semejante reforma al Código Contravencional. Macri tiene en el conciente y en el inconciente deplorar, deportar y criminalizar a la protesta. No fue más que una bravuconada para conformar a su electorado y no tiene forma de cristalizarse. Si la norma no expresa posibilidades de realidad no va a ningún lado, entonces, sacar a los malabaristas, los chicos que limpian vidrios, los que cuidan los estacionamientos y prohibir la protesta no tienen ninguna viabilidad histórica, mas allá que la norma se apruebe.

Federico Orchani, vocero del Movimiento Darío Santillán

En principio digamos que es claramente discriminatorio, fundamentalmente porque no tiene nada que ver con resolver el problema de fondo que sigue siendo la falta de trabajo, educación y acceso a los bienes necesarios de todo un sector de la población que hace muchos años está postergado: hablo claramente de los sectores populares. Tiene que ver con un contexto muy particular donde el gobierno de Macri enfrenta una crisis muy fuerte.

Hay dos sentidos: el más político es tender una cortina de humo por las escuchas, el espionaje y la Metropolitana; el otro es que Macri, cada vez que puede recortar ayuda social y participación del Estado, lo hace.

Lo de las capuchas roza lo ridículo, si hay un grupo de murga que lleva la cara cubierta lo van a llevar preso. Es parte de la ideología del gobierno de Macri, mas emparentada con la derecha europea que con los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Toma medidas de ese tipo porque tiene determinado consenso de la clase media capitalista que es bastante influenciable.

Diego Recuna, vocero del Movimiento Humanista

Lo primordial es que toda la gente tenga igualdad de oportunidades, pero no es así. Entonces, hay que construir una sociedad donde la gente tenga los derechos básicos: salud, educación y un trabajo bien remunerado. El gobierno de Macri es para nosotros la expresión del anti-humanismo. Estamos totalmente en contra. Para mi es patético y si no fuera tan terrible sería gracioso.